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Entrevista al Congresista Hernando Cevallos

“Las leyes se ganan en la calle, con la sociedad luchando por sus derechos”.

Hernando Cevallos

El pasado viernes 19 de setiembre se realizó el conversatorio “La agenda legislativa de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social”, en las instalaciones del Congreso de la República. Hernando Cevallos, congresista del Frente Amplio y presidente de la Comisión, nos comenta las prioridades de su gestión.

¿Qué implica que el Frente Amplia presida la Comisión de Trabajo?

No puedo asegurar qué significó para otras bancadas presidir esta Comisión. Pero para nosotros significa, primero, un enorme compromiso y responsabilidad. Pero además, una importante posibilidad de acercar todo un conjunto de visiones, de formas de ver la realidad laboral, acercarla a los trabajadores. Significa la posibilidad de compartir con las centrales sindicales de diferentes niveles de representatividad, las mismas preocupaciones por lo que pasa en el sector laboral. Sentir que se puede tener una Comisión de Trabajo más cerca de los problemas de los trabajadores. Que podemos profundizar el análisis de la realidad laboral del país y proponer soluciones. Significa dos cosas fundamentales: la posibilidad de generar un debate en el Congreso y en el país, sobre los problemas y alternativas de solución en materia laboral. De desarrollar un plan de fiscalización y de representación, en lo que compete a la labor congresal y a la presidencia de la Comisión. Es un desafío y una alegría poder desarrollar una expectativa de trabajo social.

¿Cuáles son las prioridades para este periodo en la Comisión de Trabajo?

Primero, que las entidades sindicales y los trabajadores recobren la confianza en que esta Comisión puede desarrollar una serie de iniciativas útiles a los trabajadores. Que formamos parte de un equipo de trabajo que quiere estar cerca de los trabajadores, conocer sus problemas y juntos buscar las soluciones que desde este espacio podamos aportar.

El ministro de Trabajo Alfonso Grados planteó su plan de formalización y habló de regímenes “especiales”. ¿Qué opinión le merece?

Cuando a mí me hablan de regímenes especiales me genera una gran preocupación y desconfianza. Porque lo que han hecho este tipo de regímenes, es crear una gran anarquía y quitarle derechos a los trabajadores. Una de las cosas que necesitamos solucionar en el país es ordenar el sector laboral. Entonces, si hablamos de formalizar a ese 70% de la fuerza laboral que no está “formalizada” (entre comillas, porque los “formales” tampoco son tan formales), tendría que darse sobre la base de una legislación laboral clara, que les permita a los trabajadores tener los derechos que la Constitución establece.

Lo racional es que una persona que trabaja tenga derecho a una pensión justa, a ser atendido cuando se enferma con calidad y de manera oportuna. Tener derecho a las bonificaciones respectivas que se merecen todos los trabajadores; a una remuneración justa; a no estar pensando todos los días que lo pueden despedir. En fin, a tener un trabajo con derechos. Espero que la formalización [de la que habla el ministro Grados], vaya en esa dirección. Y no en lograr algunas formas precarias de relación laboral.

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En la última sesión de la Comisión de Trabajo, se aprobó el dictamen de la Ley de Trabajo Médico.

Tiene muchas implicancias para el sector de salud. Primero, porque la Ley de Trabajo Médico fue lograda luego de una enorme lucha del gremio médico para que se respeten sus derechos. Pero, además, porque de manera racional, plantea cómo debe transcurrir la atención de salud en nuestro país. Esta ley fue diseñada sobre la base de estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre el tiempo de la jornada médica, las horas de consulta, de guardia. Esta Ley fue vulnerada; y el restituir los artículos que faltaban –los más importantes en mi opinión: la posibilidad de remuneraciones y bonificaciones para los médicos, el horario de trabajo de consulta externa, la extensión de las guardias– es importante no solo para los médicos, sino para el conjunto de otros sectores que trabajan en Salud (que han visto distorsionados sus regímenes laborales sectoriales). Finalmente, es importante para la salud del país, porque está pensando en respetar la pieza más importante del esquema de Salud, que son los recursos humanos. No se puede pensar en una salud democrática para todos, maltratando a los recursos humanos que llevan el acto médico: enfermeras, obstetrices, el trabajador que lleva la camilla y la ambulancia. Todos son importantes.

Una de las preocupaciones de los trabajadores públicos son las restricciones impuestas a la negociación colectiva por la ley de presupuesto.

La realidad del Congreso nos indica que tenemos que avanzar en lo que podamos. En los proyectos, mejorando las normas en relación con muchas cosas no resueltas; entre ellas, la posibilidad de negociar las condiciones y las remuneraciones. El Tribunal Constitucional dijo que es un derecho; a nadie lo puedes hacer trabajar y que no tenga la posibilidad de discutir cuánto le vas a pagar. Eso no pasa ni en los países más atrasados. Pero además de eso, entender que la Comisión tiene que hacer su trabajo, y al mismo tiempo la sociedad organizada el suyo. Esto quiere decir que las normas se ganan en la calle, con la sociedad expresando sus reclamos y luchando por sus derechos. Más importante todavía que las normas que podamos construir en un gabinete, es la necesidad de que la Comisión diseñe normas que garanticen más derechos y que lo haga con participación de los gremios.

En materia de seguridad social y previsional, por dónde va ir el trabajo de la Comisión.

Aquí hay varias cosas. Primero nos hemos reunido con el presidente Ejecutivo de EsSalud, para preguntarle si va a privatizar o no la seguridad social. Vamos a invitar al presidente Ejecutivo del Seguridad Social. Ahí hay dos o tres ejes. El primer tema es el financiamiento de la seguridad. Al ser una Comisión que tiene que ver esto –porque somos cajas de resonancia de nuestro pueblo–, fiscalizaremos cómo están las finanzas de la Seguridad Social: si todas las tercerizaciones que se han hecho fueron necesarias o han debilitado la posibilidad de que EsSalud pueda brindar una atención de calidad, sin necesidad de dilapidar sus recursos. Otro tema que preocupa a la sociedad es la atención que se da a los asegurados. En el caso de EsSalud, la atención de los asegurados es una gran preocupación: cómo están funcionando los hospitales, si hay una correcta atención en sus diferentes niveles. Si la atención en el nivel más básico o primario está mejorando, que es una debilidad de la seguridad social. Por ejemplo, si las normas que amparan la protección que da la seguridad social, se han ido renovando con el tiempo. Hay muchas denuncias de gente que tienen enfermedades raras, que cada vez son más frecuentes conforme se desarrolla nuestra sociedad, si tienen el respaldo de la seguridad social para su cobertura. Necesitamos fiscalizar cómo están trabajando en los hospitales, si el tema de seguridad en el trabajo está caminando. El acceso a la seguridad social de algunos sectores (los pescadores no acceden, porque hay normas absurdas que les impiden tener acceso a la seguridad), Y el tema del financiamiento del aseguramiento social es un tema muy importante

En esto corto tiempo como presidente de la Comisión de Trabajo, ha acompañado algunos sindicatos en conflicto al Ministerio de Trabajo. ¿Qué respuesta ha encontrado?

Después de ser dirigente sindical, y que a uno no lo reciban por ningún lado, es bueno poder decir “Te viene a ver el presidente de la Comisión de Trabajo y te recibe el Ministro” (risas). Uno siente dos cosas: primero, qué lejos están las autoridades de nuestra gente, de nuestro pueblo. Las estructuras de ministerios como el de Trabajo o el de Salud, no están diseñadas pensando que necesitamos tener trabajo para que la gente viva mejor y feliz. Hemos diseñado una estructura para “construir trabajo” y para que unos pocos ganen más. Mentiría si te digo que nos han recibido mal; lo han hecho de manera atenta. Pero llama la atención cuando los trabajadores te dicen: “Mira, si usted no me acompaña, aquí no me reciben. Hemos venido enviando solicitudes para que me reciba el viceministro y ahora nos recibe el ministro”. Uno siente, más que una satisfacción, una enorme responsabilidad y mucha impotencia. Tengo la sensación que nos hemos alejado tanto de la gente, que sentimos que hay mucho por hacer y que no basta con una Comisión de Trabajo.

Sin novedad en el frente

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Gobierno presenta su política laboral

Luego de algunas semanas de silencio, el gobierno presentó finalmente las que serán sus líneas de acción en materia laboral y de empleo para este quinquenio. La bandera que levanta –y uno de sus principales retos–, gira en torno a la informalidad y su meta de formalizar al 60% de trabajadores hacia el final de su mandato.

Dos fueron los escenarios en los que el titular del Trabajo, el ministro Alfonso Grados Carraro, expuso los objetivos de su gestión y los mecanismos que usará para concretarlos. El primero se llevó a cabo en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, el pasado martes 6 de setiembre, donde presentó las líneas de acción que seguirá su cartera en el corto y mediano plazo.

El segundo momento fue dos días después, el jueves ocho, con la reinstalación del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) luego de varios meses de inactividad, y que contó con la participación del Presidente Pedro Pablo Kuczynski, además de las representaciones sindicales y empresariales. Este acto estuvo revestido de un halo de nostalgia y remembranzas, considerando que el padre del actual ministro –el recordado Alfonso Grados Bertorini– fuera un entusiasta impulsor de este foro tripartito.

Se trató de dos momentos claves que trazaron la cancha del gobierno ppkausista. La presentación ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social –que preside el Frente Amplio– le permitió al ministro medirse con el fujimorismo, que sin duda ejercerá un peso gravitante en el Congreso; lo mismo como oposición como para reafirmar sus coincidencias programáticas. Por otro lado, la convocatoria a retomar el diálogo en el CNTPE no solo fue clave para entablar canales de diálogo institucionales con los actores sociales (especialmente con las centrales sindicales); al mismo tiempo traslada al terreno de la negociación y la concertación social, la discusión en torno a las nuevas regulaciones o reformas laborales por implementar. El lugar central que se le quiere asignar al CNTPE puede servir para descargar al gobierno de presiones diversas, y en ese sentido, funcionar como válvula de escape. A su favor juega el piso normativo vigente, ya de por sí flexible; sin que ello niegue el interés de algunos sectores empresariales por desregular y flexibilizar más la ya bastante endeble legislación laboral.

A partir de lo expuesto estos días, encontramos que la actual administración mantendrá –en términos generales– el enfoque que ha dominado la política laboral de los últimos gobiernos desde Fujimori. Si bien los principios de gestión expuestos por el ministro Grados recogen planteamientos que consideramos oportunos y razonables (la promoción del diálogo y concertación social; procesos transparentes equitativos y eficientes de negociación colectiva y fiscalización; gestión descentralizada y fortalecimiento de la autoridad de Trabajo a nivel regional; ampliación de la cobertura de los servicios), cuando nos remitimos a la letra pequeña (el diablo está en los detalles) nos topamos con políticas e iniciativas que replican (con pequeños matices) lo hecho por los antecesores, con resultados localizados e impacto mínimo.

Esta valoración general se basa en los siguientes elementos: 1) insuficiente presupuesto asignado al sector Trabajo, relegado en el orden de prioridades del presupuesto general para el sector público; 2) los cargos de la alta dirección del MTPE son ocupados por representantes o ex empleados de la gran empresa, lo que genera suspicacia sobre su imparcialidad en la gestión.

Si queremos resumirlo en una oración, el MTPE seguirá poniendo su energía y escasos recursos en los programas de empleo temporal y capacitación laboral, subordinando la política laboral (entendida como la promoción de la generación de empleo adecuado) a los objetivos de la política macroeconómica. En este contexto, la “estrategia de formalización” del Ejecutivo se resume en un paquete de medidas tributarias (reducción del IGV) que buscará aprobar mediante facultades legislativas, y por el lado de Trabajo, por la implementación de ferias locales de orientación y servicios con las que se espera formalizar a 1500 trabajadores a fin de año.

Un sector sin presupuesto, un sector fantasma

Cuando se analiza el proyecto de Ley de Presupuesto General de la República para el 2017, presentado y debatido la semana pasada en el Parlamento, encontramos que la función Trabajo aumentó en S/. 57 millones respecto del presupuesto actual (2016), siguiendo la tendencia de los últimos años. Sin embargo, visto proporcionalmente, el presupuesto asignado a Trabajo sigue representando una proporción mínima y marginal (apenas 0.30%) respecto del total del presupuesto público.

Distribución por Funciones del Presupuesto General de la República 2017, proyecto presentado al Congreso de la República (millones de S/)

Funciones 2016 2017 Variación absoluta Variación porcentual Estructura porcentual
Saneamiento 3,593 6,032 2,439 68% 4.20%
Educación 24,960 26,181 1,221 5% 18.40%
Transporte 12,878 14,083 1,205 9% 9.90%
Orden Publico y Seguridad 8,336 9,361 1,025 12% 6.60%
Cultura y Deporte 1,086 1,738 652 60% 1.20%
Deuda Publica 11,147 11,712 565 5% 8.20%
Previsión Social 12,183 12,614 431 4% 8.90%
Justicia 4,574 4,997 423 9% 3.50%
Salud 13,471 13,776 305 2% 9.70%
Agropecuaria 3,460 3,635 175 5% 2.60%
Relaciones Exteriores 558 714 156 28% 0.50%
Protección Social 5,638 5,780 142 3% 4.10%
Ambiente 2,331 2,462 131 6% 1.70%
Comunicaciones 305 407 102 33% 0.30%
Comercio 418 517 99 24% 0.40%
Turismo 412 495 83 20% 0.30%
Pesca 357 415 58 16% 0.30%
Trabajo 357 414 57 16% 0.30%
Energía 982 996 14 1% 0.70%
Minería 130 127 -3 -2% 0.10%
Legislativa 595 588 -7 -1% 0.40%
Industria 312 223 -89 -28% 0.20%
Defensa Y Seguridad Nacional 5,376 4,886 -490 -9% 3.40%
Vivienda Y Desarrollo Urbano 2,833 2,080 -753 -27% 1.50%
Planeamiento, Gestión Y Reserva De Contingencia 22,201 18,236 -3,965 -18% 12.80%
Total (millones de S/) 138,491 142,469 3,978 2.90% 100.00%

Este financiamiento (que engloba lo asignado al Gobierno nacional y subnacional, equivalente a S/ 414`467,564), no corresponde a los requerimientos de un sector clave para la economía y gobernabilidad del país, pero sobre todo para la cohesión social. La regulación de las relaciones laborales, así como la promoción del empleo adecuado, requieren no solo de un contexto de crecimiento económico, sino principalmente de una Autoridad de Trabajo presente territorialmente, con los recursos necesarios para operar oportunamente y con eficiencia. Situación que, obviamente, no se da en la actualidad.

En las regiones la situación es más que preocupante. El presupuesto previsto para el próximo año continúa con la tendencia centralista que ha seguido en los últimos años. Mientras que el MTPE se reserva el 88% del presupuesto del Sector, las Direcciones Regionales de Trabajo reciben, para similares funciones, el 12% del total asignado para el Sector. Así las cosas, nos queda claro que con el financiamiento asignado el sector no podrá cumplir a cabalidad con las funciones asignadas.

Distribución del Gasto del Presupuesto de la Función Trabajo para el Año Fiscal 2017

Función Trabajo Total 414`467,564
Gobierno Nacional 363`231,099
Regiones 49´999,438

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SUNAFIL: En casa de herrero, cuchillo de palo.

En su presentación ante la Comisión de Trabajo, el ministro Grados insistió en que una prioridad de su gestión será fortalecer el sistema inspectivo. Así lo reiteró cada vez que un congresista, y fueron varios (Justiniano Apaza, Jhonny Lescano, Indira Huilca, Ursula Letona y el presidente de la Comisión, Hernando Cevallos), dieron cuenta de la situación actual de las inspecciones de trabajo: insuficiencia operativa y económica; escases de personal; incumplimiento de convenios colectivos, entre otras perlas.

Actualmente la SUNAFIL –una de las pocas decisiones importantes que en materia laboral adoptó el gobierno anterior; junto con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo–, no cuenta con el número de inspectores suficientes. Apenas son 400 inspectores a nivel nacional, de los cuales 270 son auxiliares con competencias reducidas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el Perú requiere 2,000 inspectores de trabajo para cubrir al conjunto de la PEA. A más de tres años de constituida, la SUNAFIL solo ha implementado 6 intendencias a nivel nacional, de un total de 25 regiones. A nivel nacional (sin contar Lima), solo se cuenta con dos inspectores con competencias para fiscalizar cualquier tipo de empresa, para 24 regiones. Esta situación explica por qué más del 80% de la PEA se encuentra al margen de la fiscalización laboral, esto es, en la total desprotección y vulnerabilidad.

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Lo grave del asunto es que todo parece indicar que esta situación se mantendrá algún tiempo más. Según Víctor Gómez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de SUNAFIL Lima Metropolitana, el proyecto de Ley de Presupuesto de 2017 presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha previsto: a) la creación de ninguna intendencia nueva; b) ningún ascenso interno en el personal de la SUNAFIL; tampoco c) el pago del bono por función Inspectiva (fijado por laudo arbitral del 23 de marzo del 2012), incumplido a la fecha.

En su presentación en el Congreso, el ministro Grados Carraro adelantó que pedirá una demanda presupuestal adicional de S/ 82 millones, para: a) crear 4 intendencias; b) ascender a 60 inspectores (de los 275 auxiliares que deberían adquirir la condición de inspectores, con todas sus facultades); y cumplir con el bono por inspección (por un monto de S/ 23 millones).

La cuestión está en que dicha demanda adicional, comentada por el titular del Sector, debió incluirse como parte del presupuesto institucional de la SUNAFIL, en el marco de la Ley de Presupuesto del 2017. No como una demanda adicional, sujeta a disponibilidad presupuestaria.

Donde sí cabe pedir una ampliación presupuestal es para este 2016, para atender uno de los requerimientos hechos por la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que en el marco del TLC recomendó al Estado peruano fortalecer el sistema inspectivo. Esto supone –entre otras cosas – un mayor presupuesto que le permita a la SUNAFIL incrementar el número de inspectores y constituir las intendencias en las regiones donde no las hay. Tiene hasta diciembre para cumplir con estas recomendaciones.

Trabajadores

Problemática de los servidores civiles

Un aspecto donde también el gobierno tendrá que hilar fino está relacionado con la negociación colectiva en el sector público; y particularmente, con el levantamiento de las restricciones impuestas por el artículo 6° de la Ley de Presupuesto del Sector Público, que excluye los aumentos salariales de los convenios colectivos.

Al respecto, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en setiembre pasado, declarando inconstitucional las restricciones impuestas a la negociación colectiva y fijando un plazo para el desarrollo de una normativa que regule la negociación colectiva en el sector público (la primera legislatura de este año, o sea hasta junio del 2017). Mientras, queda intacta la situación legal vigente que establece las restricciones, por lo menos para el próximo año, al ser pocas las posibilidades reales de que el Congreso apruebe de aquí a noviembre los cambios sugeridos, plazo en el que concluye el “debate” en el Pleno y se aprueba la Ley presupuestal.

Pero la situación laboral del sector público no se limita a lo económico. La calidad de los empleos deja mucho que desear en varios casos. La quinta parte de los trabajadores del sector público se encuentra bajo modalidades laborales (CAS), que no garantizan mayor estabilidad laboral y cuentan con menos derechos laborales que sus colegas con regímenes estables.

Trabajadores en el Sector Público por régimen de contratación, en porcentajes (2014)

Regímenes Personal
Carreras especiales 50%
CAS 19%
Ley 276 18%
Ley 728 13%

Fuente: SERVIR.

En el caso del MTPE –el ente rector en materia de empleo–, es asombroso que una cantidad importante de trabajadores esté contratado bajo una modalidad inestable y exigua en derechos como son los contratos CAS (“CASI” trabajadores). Este segmento de trabajadores aumentó significativamente en los últimos años: si en el 2011 representaban el 59%, en el 2016 ascendió a 85%. Por si fuera poco, en el caso de la SUNAFIL –cuyos integrantes son los encargados de fiscalizar el cumplimiento pleno de los derechos– los CAS representan el 46% (uno de cada dos).

Personal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2011-2016), por tipo de contratación

REGIMEN LABORAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VARIACIÓN
( 2011 – 2016)
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
D.L. 276 195 196 193 180 174 171
D.L. 728 12 9 8 15 15 14
DGIT(hoy Sunafil) 361 382 353
C.A.S. 851 953 1,051 995 1,239 1,191
OTROS 17 14 15 36 35 24
Sub Total MTPE 1,436 1,554 1,620 1,226 1,463 1,400 (+30.2%)
Superintendencia Nacional de Fiscalización laboral (SUNAFIL)
DL 728 402 399 407
CAS 218 339 352
Sub Total 620 738 759 (+110.2%)
TOTAL 1,436 1,554 1,620 1,846 2,201 2,159 723 (+50.3%)

Fuente: MTPE.

Los programas de empleo: impacto reducido

Cuando uno analiza la distribución del presupuesto del Sector Trabajo, encuentra que el grueso del financiamiento está orientado a los programas de promoción del empleo. Si sumamos los montos asignados a los pliegos número 002, 005, 006 y 007 para el año 2017 –relativos a programas de empleo temporal, intermediación laboral o capacitación básica–, tenemos que un total de S/. 185.9 millones se encuentran orientados a esta línea de acción, lo que representa el 65% del presupuesto del MTPE y el 50% de lo destinado al sector.

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RO (Recursos Ordinarios)                                                                                                          RDR (Recursos Directamente Recaudados)                                                                                DyT (Donaciones y Transferencias)                                                                                        ROOC (Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito)

Fuente: MTPE

El problema radica en el impacto generado por este tipo de intervención prioritaria para el sector. Ya no se trata solo de un asunto de carácter cuantitativo, entendido como el alcance limitado de los programas, considerando que al año aproximadamente 300 mil jóvenes se insertan en los mercados laborales (el año 2014 Trabaja Perú benefició a 46,000 personas, mientras que Impulsa Perú y Jóvenes Productivos a 13,436 individuos y 16,244 jóvenes, respectivamente). Incluso el impacto cualitativo es puesto en cuestión, como encuentra un estudio global realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente en el caso de las beneficiarias mujeres:

Respecto de la calidad del trabajo, el programa aumentó la posibilidad de que los participantes obtuvieran un empleo informal. Sobre todo se observa un incremento de la probabilidad de tener un trabajo por cuenta propia y (en menor medida) de ser un trabajador asalariado, mientras que se observa una reducción de las posibilidades de ser un empleo asalariado. También se observa un incremento en la probabilidad de ser un trabajador pobre. (Soluciones Eficaces: Políticas Activas del mercado de trabajo en América Latina y el Caribe. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT, 2016. Pp. 174-179).

En términos generales, el Sector seguirá mirando el problema del empleo como un problema de la oferta de trabajo (que sin duda muestra aspectos por atender en términos de educación, formación y capacitación), para lo cual los programas de empleo temporal, capacitación o intermediación laboral son un paliativo y no una solución. Hace falta incidir sobre la estructura productiva para generar más oportunidades de empleo en sectores intensivos en mano de obra, calificada y no calificada. El reto de la diversificación productiva, a contrapelo de lo que piensa el ministro de la Producción, Bruno Giuffra, es sin duda prioritario para el país y el Estado debiera jugar un rol clave en su implementación.

En suma, lamentable y sombrío panorama el que le espera al Sector Trabajo en los próximos cinco años. Más de lo mismo.

Entrevista a María Bastidas Aliaga

“LA FUENTE DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO ES LA DIVISIÓN SEXUAL EN EL TRABAJO”.

MARIA BASTIDAS

El Perú atraviesa un momento crucial. Asistimos a una toma de conciencia colectiva sobre uno de los problemas estructurales que tenemos como sociedad: el machismo exacerbado y su expresión extrema en el feminicidio y la violencia contra la mujer. María Bastidas Aliaga, experta en temas de trabajo y género, con una importante experiencia profesional como consultora, activista y docente, conversó con TrabajoDigno.pe sobre la situación actual de las trabajadoras peruanas y la importancia de la Economía del Cuidado hoy en día.

Estamos ad portas de una movilización importante en nuestro país, en respuesta a la violencia contra la mujer. ¿Cómo ves la situación de la mujer peruana en el mundo del trabajo?

En el periodo 2004 al 2014 se han dado avances sustanciales. No obstante, todavía hay muchas preocupaciones. La participación ha crecido en 10%, pero si lo comparamos con la situación de los hombres, se perciben brechas del orden del 20%. Otra característica es una mayor presencia de mujeres rurales que en las urbanas, pero igual con brechas sustanciales con relación a los hombres. A pesar de contar con mejores indicadores académicos y educativos, las mujeres estamos ganando 30% menos del salario de los hombres. Los procesos de tercerización son más altos entre las mujeres que entre los hombres (comercio, servicios no personales y las trabajadoras del hogar), que están representando aproximadamente el 6% de la PEA. El empleo público es una fuente de trabajo importante para las mujeres. Sin embargo, cuando hacemos el cruce dónde están las mujeres, solo uno de cada 3 funcionarios son mujeres, lo amplía la brecha en términos de ascenso y promoción laboral. Por otro lado, hay una fuerte presencia de mujeres en los empleos de menor calidad; hablamos del empleo independiente, trabajadoras no remuneradas, y nuevamente el servicio doméstico. Otra característica es la presencia de las mujeres en la mal llamada “economía informal”. Las mujeres representamos el 78% aproximadamente de la economía informal, siendo mayor en el ámbito rural, donde son más del 95%. Y cuando hablamos de economía informal, nos referimos a aquellos trabajadores y trabajadoras que carecen de seguridad social; es decir, no tienen un futuro para adelante.

¿Qué factores estarían detrás de esta realidad, que a pesar de los avances que comentas, mantienen brechas que parecen insalvables hoy en día, pero que movimientos como el que se va a dar mañana, dan luces sobre posibles cambios en nuestro país? ¿Cuáles son las razones de estas desigualdades?

Una de las razones fundamentales, y que creo no estamos teniendo en cuenta, tiene que ver con la división sexual del trabajo. La valoración de lo público, lo reproductivo y lo no reproductivo. Cuando hablamos de lo productivo, estamos hablando del trabajo que te genera salario, recursos, derechos (a pesar que, como he dicho, no está tan bien para las mujeres). Y el trabajo de la economía del cuidado, es el que significa toda la gama del trabajo doméstico (lavado, planchado, cocinar); pero además los famosos “cuidados”: el cuidado de los niños, de la persona enferma o con discapacidad, de nuestros padres, por ejemplo. Así vista, la fuente de la discriminación en el empleo es la división sexual en el trabajo.

“Hay resistencias para aceptar la economía del cuidado como parte de la agenda pública”

Has publicado recientemente Economía del cuidado, empleo femenino y sindicalismo en el Perú (ADC, 2016), donde desarrollas el concepto de economía del cuidado. ¿Cuál es su importancia para una sociedad como la nuestra?

En América Latina se está en un proceso de tránsito. Cómo vemos esta transición de la asociación del cuidado con la afectividad; el cuidado desde la lógica del famoso sacrificio. Ahora entramos a una nueva discusión sobre cómo el cuidado debe ser concebido desde una lógica de los derechos. Y si hablamos desde la lógica de los derechos, hablamos por tanto de un bien público. Entonces, tiene que tener un nivel de valoración y reconocimiento.

Lamentablemente, en pleno siglo XXI, este trabajo lo estamos haciendo fundamentalmente las mujeres (no quiero decir que los hombres no lo hagan, pero lo hacen de manera puntual). Explicábamos algunas tendencias de los mercados laborales: las mujeres salen al mundo de trabajo masivamente, pero ya no es un problema de carácter de crisis, sino un tema de estructura de la economía. Y eso no solo se está produciendo en América Latina, sino en el mundo entero. Lo que pasa es que [las mujeres] salen al mercado laboral, pero no han reconsiderado las labores en el quehacer doméstico. Entonces, las mujeres asumen una doble jornada. Y aquellas mujeres que se organizan y participan en sindicatos, cumplen un triple rol. Esa doble o triple jornada de trabajo es un impedimento para el desarrollo personal, profesional y laboral de las mujeres. Entonces, cuando hablamos del cuidado, estamos entrando a cómo ver la economía convencional desde una lógica diferente. Eso es un aporte sustancial del feminismo, relativo a los procesos que generan recursos para la vida. Estamos hablando de los cuidados de los seres humanos. ¿Qué pasaría si no se diera ese cuidado? La economía del cuidado se está discutiendo en paralelo con la economía convencional. Y un aporte sustancial tiene que ver con la visibilización de ese trabajo invisible que por siglos se ha mantenido, y que hoy está comenzando a tener mayor fuerza en el ámbito público. Insisto: todavía hay muchas resistencias en las políticas públicas para aceptar que el cuidado debe ser parte de la agenda pública.

PORTADA LIBRO

En qué se debe traducir este reconocimiento del valor social y económico de la economía del cuidado?

Creo que es importante plantear algunos datos del INEI del 2010. Se hizo un estudio del uso de los tiempos de las mujeres y hay grandes diferencias. Por ejemplo, las mujeres trabajan aproximadamente 23 horas en el ámbito del trabajo reproductivo, frente a las 14 horas que trabajan los hombres. A diferencia de eso, los hombres trabajan en el ámbito productivo más de 50 horas, versus las casi 40 horas de las mujeres. Si te das cuenta, las mujeres estamos trabajando más en casa, y los hombres fuera. Situación que está generando un menor ingreso para las mujeres, porque es un trabajo que no se está pagando. Ese es el hándicap que nos está generando todo el tema del doble o triple esfuerzo que realizamos las mujeres en el mercado laboral. Por eso me parece clave tener en cuenta en la agenda pública –pero incluso dentro la agenda de las mujeres, empresas y sindicatos–, el tema del cuidado como un elemento sustancial en las discusiones sobre las políticas.

“En el ámbito de la economía, de la producción, las mujeres no somos tratadas con igualdad”

Esta desigualdad que comentas, que persiste en el ámbito del trabajo, puede ser entendida como violencia estructural contra las mujeres.

Por cierto, cuando hablamos de la desigualdad, estamos hablamos de tratos diferentes que tienen las mujeres en diferentes ámbitos de la vida. Concretamente, en el ámbito de la economía, de la producción, las mujeres no estamos siendo tratadas con igualdad. Si tú analizas toda la gama de dificultades que tienen la mujer para insertarse al mercado laboral, la maternidad resulta “una dificultad” para ellas: no se les premia, sino se les sanciona, se le discrimina. Eso es un elemento sustancial que hay que tener en cuenta. Otro de los temas en discusión es el famoso acoso sexual en el trabajo. Entrando a explicar la importancia de la marcha #NiUnaMenos, que va a marcar un hito histórico en el país, hay que advertir que esto es resultado de la lucha incesante de las mujeres desde sus diferentes vertientes y miradas. El movimiento feminista y el movimiento de las trabajadoras, han dado un aporte sustancial. Y esto es resultado de un proceso invisible que se estaba dando y que sale a la palestra ante tanta injusticia y ante las decisiones de los jueces que son tan evidentes. Estamos hablando de aquellas mujeres que se han atrevido a decir.

Tenemos un problema de la violencia dentro del hogar. Tenemos que conceptualizar el acoso sexual en el trabajo, que afecta su vida personal, familiar. Incluso para la productividad de las propias empresas: las mujeres que son maltratadas, acosadas y golpeadas en sus centros de labores, van a producir menos, por tanto van tener menos productividad. Si las empresas quieren mejorar sus ingresos, tendrán que asumir medidas contra la violencia. Además que tiene que ver con políticas de Estado.

¿Cuáles serían las prioridades de la agenda laboral de las mujeres, para este gobierno que comienza?

Este gobierno que comienza tiene un gran reto. Un elemento clave que puede generar un marco diferente, es cómo poner en la agenda pública el tema del cuidado como prioridad. Ayuda mucho, insisto, en visibilizar la economía desde otra perspectiva. Estamos reconocimiento esta economía que se encarga, de manera invisible, de reproducir la vida del ser humano, y que nadie lo paga. Y cuando hablamos de un reconocimiento de este trabajo, estamos hablando de inversiones, de valoraciones y de cambios culturales. Porque no solamente el tema de la corresponsabilidad social de los cuidados, se tiene que trabajar a nivel de las familias –porque las mujeres también tenemos que aprender a recomponer las funciones al interior; los hombres tendrán también que aportar, porque el trabajo del cuidado no es un voluntariado, es un deber, lo tienes que hacer porque es una obligación–.

A nivel de las empresas también se tiene que trabajar medidas, por ejemplo, en el tema del cuidado de los niños y niñas; el gobierno de Fujimori derogó los centros de cuidado y hasta ahora no los han devuelto. El tema de la paternidad, el cuidado desde los padres, que no es solamente dos o tres días, sino compartir permanentemente. A nivel de las propias empresas, cómo invierten en trabajar la corresponsabilidad de manera compartida en los centros de cuidado; políticas de sensibilización para la valoración del trabajo reproductivo. Además, desde la estructura del Estado hay que trabajar políticas de sensibilización y reconocimiento; el tema de las cuentas satélites, actualizar el estudio del 2010. También la valoración social y económica del trabajo realizado por las trabajadoras del hogar. Además de poner el tema del cuidado en la agenda pública, es importante que este gobierno ratifique el Convenio N° 189 de la OIT, que fue un comprimo del gobierno anterior, pues me parece que está negando el derecho a mujeres gracias a quienes se está reproduciendo la sociedad.

“Tenemos una ley discriminatoria, que reduce a la mitad los derechos de las trabajadoras del hogar”

¿En el Perú, actualmente, a cuanto asciende el número de trabajadoras del hogar? ¿Cuál es su situación?

De acuerdo a estadísticas del MTPE, estamos llegando a cerca de 5 mil trabajadoras del hogar a nivel nacional. Pero cuando hablas con las organizaciones de las mujeres. coinciden en señalar que son más. Además de la cantidad (que no siempre están registradas oficialmente), quisiera poner en agenda el tema de la precariedad con que realizan sus trabajos. Aquellas que trabajan cama adentro, no son dueñas de su tiempo. En pleno siglo xxi, permitimos que existan relaciones de esclavitud y servidumbre. Dos, la precariedad del trabajo: la mayoría no cuenta con contratos que te permitan oficializar el tema de la seguridad social: hay mujeres han trabajado hasta 20 o 30 años y ahora están fuera, no tienen ningún tipo de ingresos.

¿Se cumple el salario mínimo en el trabajo del hogar?

La ley lo dice, pero nunca se cumple. Lo cierto es que tenemos una ley bastante discriminatoria, que reconoce oficialmente la mitad de derechos a las trabajadoras del hogar. Ese es un elemento fundamental que este gobierno tendrá que abordar, pero que puede ir paralelo a la ratificación del Convenio N° 189. Otro tema que me parece importante levantar en el contexto de la movilización, es el de las violaciones y malos tratos que reciben las trabajadoras del hogar. Una parte de ellas vienen con experiencias de violación y mal trato en su niñez, para luego insertarse en un centro de trabajo donde son víctimas de violaciones y malos tratos. Me parece importante la revisión del sistema de inspecciones. Habrá que revisar la política del Sector Trabajo, cuánto tienen de inversión y recordar, por ejemplo, que el mismo sindicato de inspectores lo está poniendo en cuestión.

Otro tema que debemos trabajar es el cumplimiento de la Recomendación Núm. 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal. Acá hay una deuda histórica con ese gran sector de la economía informal que pasa el 70%. Estamos hablando de las trabajadoras que venden en las calles; si para nosotros resulta duro trabajar en un ambiente que es adecuado, imagínate lo que significa trabajar en las calles. Además de las tareas de cuidado que se les asigna como un asunto “natural”. No tienen acceso a crédito, seguridad social, esto es el famoso autoempleo. Como dicen las propias mujeres, son violentadas por las autoridades de los gobiernos locales. Les dicen “Salimos a vender no porque queremos, sino por necesidad”. Piensa si estas personas no venden, hablaríamos de una situación de precariedad. Nos falta mucha sensibilidad. Van al Ministerio de Trabajo, y les dicen: “Ustedes no están en nuestro sector. Nosotros vamos a los que están en las empresas”. Hay un grado de insensibilidad… Espero que este gobierno releve el tema de la economía informal dentro de sus políticas.

¿Zavala progresista?

Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno, 31 de julio 2016)

El primer discurso presidencial de PPK ha sido calificado de sobrio, previsible e incluso, para algunos, esperanzador. En cuarenta y cinco minutos retomó algunas de sus ofertas electorales; planteó metas de cara al Bicentenario y conminó públicamente a su gabinete a cumplirlas. En suma, lo más cercano a un estadista en el gobierno.

En materia laboral destacó el objetivo de incrementar la formalidad al 60% de la población económicamente activa (PEA). Una meta ambiciosa, considerando el punto de partida (7 de cada 10 peruanos trabajan sin derechos ni seguridad social). En su discurso, Kuczynski adelantó que implementará medidas tributarias y administrativas (orientadas a las micro y pequeñas empresas) como incentivo para transitar el camino a la legalidad.

Sin embargo, sería su primer ministro –Fernando Zavala– quien profundizaría en el planteamiento de PPK. En La Hora N (28/07/16) torearía a un insidioso Jaime de Althaus, que casi le exigía profundizar la flexibilización laboral. Por el contrario, Zavala identificó a la productividad como principal factor explicativo de las tasas altas de informalidad empresarial.

Para el primer ministro, serían la falta de información y un sistema tributario engorroso los principales obstáculos a encarar. Como solución planteó la implementación de un régimen simplificado denominado 10×10 (10% de impuesto a la renta, por 10 años, para las empresas que tributen menos de 10 millones de soles anuales). A lo que sumaría la articulación de empresas de diverso calado. El resto de medidas (seguro de desempleo, etc.) las expondría en detalle en su presentación ante el Congreso. No hizo referencias a cambios en la legislación laboral.

¿Son estas medidas suficientes? Julio Gamero –siguiendo las tesis de Mario Tello– plantea que la informalidad laboral no es una decisión voluntaria, sino una salida ante la falta de oportunidades en la economía formal (Perú Hoy, Desco, 2016. Pp. 285-303). El problema estaría en los bajos niveles de productividad y la incapacidad para generar excedentes de un sector mayoritario de unidades productivas. El déficit institucional radicaría en la prácticamente nula regulación y fiscalización gubernamental, así como la ausencia de políticas sectoriales.

Con todo, el sustrato ideológico del gobierno justifica las preocupaciones que algunos sectores han manifestado públicamente. La congresista del FA, Indira Huilca, opinó que “PPK habló de formalización, pero no mencionó si lo conseguirá respetando derechos laborales” (LR, 29/07/16). Es probable, sin embargo, que el nuevo gobierno se cuide de adentrarse en terrenos sensibles para una ciudadanía que ha demostrado capacidad de movilización y resistencia. Estaremos atentos.

Retos y prioridades del Ministerio de Trabajo

Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno, 24 de julio 2016)

Dos opciones enfrenta el próximo ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro. O mantiene la cartera como está, convertida en un anexo del Ministerio de Economía, en mesa de partes de la Confiep. O asume un camino más costoso y riesgoso, pero al mismo tiempo ambicioso y gratificante, como es devolverle autoridad y respeto al MTPE. ¿Cómo? Cumpliendo con su rol regulador de las relaciones de trabajo. Convirtiéndolo en un activo promotor del empleo digno. En el ente articulador de los ministerios sociales y productivos. Devolviéndole la función social que algunos despistados le niegan interesadamente.

Pero para avanzar hacia ese ministerio que hoy no es, hacen falta dos cosas: voluntad política y recursos financieros. ¿Los tendrá el nuevo ministro? Acá listamos una serie de retos y prioridades que deberá asumir, siempre que quiera trascender la mediocridad y conformismo de las últimas gestiones.

Relanzar las inspecciones. El nacionalismo lo intentó al crear la SUNAFIL. Sin embargo, una combinatoria de presiones empresariales, escasos recursos y una dirección errática, hicieron de la superintendencia un bluff burocrático. Según el Sindicato de Lima Metropolitana, se necesitan 2,000 inspectores a nivel nacional. Actualmente son apenas 105 a nivel nacional, 97 de los cuales están en Lima.

Sacar al MTPE de la orfandad presupuestal. Los recursos asignados a la función Trabajo representan este año apenas el 3.2% del presupuesto público y el 0.04% del PBI. Está en el ministro AGC (y en el MEF) revertir esta situación. En esta tarea se puede apoyar en el fujimorismo, que incluyó en su plan de gobierno mejoras presupuestales y cuenta con mayoría parlamentaria para ello.

Evaluar la pertinencia y sentido de los programas de empleo. A estos se orientan ¾ partes del presupuesto sectorial. Sin embargo, un estudio reciente de OIT (2016) encuentra que Trabaja Perú –el programa de mayor alcance– aumenta la “inserción” informal o autónoma de los beneficiarios (menos de 50 mil el 2014); y en menor medida el empleo asalariado. Estos resultados se explican no solo por los escasos recursos invertidos (a nivel regional estamos a la cola en este tipo de programas), sino porque es el mercado –y no el ministerio– el espacio dinamizador del empleo.

Replantear el proceso de descentralización. Tal como fue diseñado, ha implicado diversas dificultades. La transferencia de competencias a los gobiernos subnacionales encontró resistencias en las Direcciones Regionales, carentes de personal y recursos, cuando no sometidas al poder económico local o transnacional. En este escenario, la Autoridad de Trabajo perdió legitimidad y credibilidad, pero sobre todo capacidad operativa. Especialmente en el manejo de los conflictos laborales.

Reformas ineludibles. Aprobar una Ley General del Trabajo (como propone el FA), en las actuales circunstancias (con un congreso neoliberal), no es estratégico. Sí lo es exigir algunos cambios que el próximo gobierno deberá encarar inevitablemente y que están relacionados con las recomendaciones hechas por el Departamento de Trabajo norteamericano, que exige al Estado peruano modificar el régimen laboral de las exportaciones no tradicionales, por vulnerar derechos colectivos y sindicales. El gobierno tiene hasta diciembre de este año para acatarlas. De lo contrario, podrían suspenderse las ventajas arancelarias obtenidas en el marco del TLC.

Designar funcionarios competentes. Estos deben ser especialistas ética y profesionalmente solventes. Ubicar a ex funcionarios cuestionados en cargos de dirección, puede resultar contraproducente si quiere mantener buenas migas con el movimiento sindical (http://www.sindicalistas.net/).

Promover el diálogo social, como lo hiciera su padre Alfonso Grados Bertorini. La aprobación del convenio OIT sobre el salario mínimo, incorporando criterios técnicos para su ajuste periódico, es una primera gran tarea para el Consejo Nacional del Trabajo. Volveremos sobre ello.

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Pero para avanzar hacia ese ministerio que hoy no es, hace falta dos cosas: voluntad política y recursos financieros. ¿Los tendrá el nuevo ministro? Acá listamos una serie de retos y prioridades que deberá asumir, siempre que quiera trascender la mediocridad y conformismo de las últimas gestiones.

Cuestión de Grados

Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno, 17 de julio 2016)

El nombramiento de Alfonso Grados Carraro (AGC) como Ministro de Trabajo, sorprende menos por su perfil ideológico que por el particular hecho de asumir un cargo anteriormente ocupado por su padre, el recordado Alfonso Grados Bertorini (1925-2010). Una coincidencia pocas veces vista, acaso la única, lo que enaltece (y complejiza) el reto.

AGC está estrechamente vinculado al sector privado. El semanario de Hilderbrandt (01/07/16) lo calificó como el “hombre fuerte de Backus&Johnson”. El Frente Amplio le atribuye “una gran cantidad de procesos laborales derivados de tercerizaciones fraudulentas”, que han terminado con sentencias judiciales por violaciones a derechos laborales (Comunicado público, 14/07/16). El congresista Yonhy Lescano (AP) denunció un evidente conflicto de interés en el nombramiento de un representante de una transnacional en la cartera de Trabajo (Hora N, 15/07/16).

A diferencia de su hijo, a Grados Bertorini –periodista, funcionario internacional, embajador– se le recuerda como un dedicado promotor del diálogo y la concertación. En su paso por el Ministerio de Trabajo (1980-1983) impulsó múltiples espacios de negociación tripartita (entre el Estado, trabajadores y empresarios), en el marco de una accidentada transición democrática e intensas movilizaciones sociales, como fue el segundo belaundismo.

En un paper sobre los procesos de diálogo social en el Perú, Sagasti y Prada (2005) encuentran que la Comisión Nacional Tripartita, que empujara esforzadamente Grados Bertorini, logró que: “Los empresarios participaran en la orientación de las políticas económicas, los trabajadores en la protección de sus ingresos reales y el Gobierno contara con el apoyo de estos grupos para su política antiinflacionaria”.

Prueba de su talante democrático lo encontramos en su última entrevista, brindada a un estudiante universitario: “Yo me iba a parar las huelgas más importantes, que no eran pocas. Iba a donde sea a conversar con cada parte. Claro, en ese tiempo el diálogo todavía era importante” (http://oigaenlinea.blogspot.pe/).

No extraña, por eso, el cuarto lugar que ocupó en la Encuesta de Poder (1981 y 1982), publicada anualmente por la revista Debate. Muestra del respeto granjeado en ambos lado de la mesa.

Las diferencias en cuanto a las trayectorias de padre e hijo son evidentes. Lo cual no sentencia de antemano una mala gestión del nuevo ministro, si bien instala comprensibles dudas. Está en AGC aminorar las preocupaciones y suspicacias que diversos sectores han expresado con su nombramiento.

La próxima semana listaremos las tareas prioritarias que deberá enfrentar en un sector disminuido y soslayado intencionalmente por los últimos gobiernos.

CGTP evalúa contexto político y define estrategia frente al próximo gobierno

La Confederación General de Trabajadores (CGTP) celebró este 25 de junio último, la X Asamblea Nacional de delegados (AND), evento que contó con la asistencia de más de 300 dirigentes sindicales de todo el país. Producto del conclave se aprobó el Informe balance 2016, que contiene, entre otros puntos, una evaluación del contexto actual local e internacional, así como un conjunto de reivindicaciones que no se circunscriben a lo estrictamente laboral-sindical.

En TrabajoDigno.pe queremos destacar del documento dos elementos que consideramos claves: por un lado, la que será la estrategia de la CGTP para el próximo gobierno; y por otro, algunas autocríticas que hace la Confederación relacionadas con factores que dificultan su crecimiento y mayor presencia en la vida política y laboral del país.

Respecto del primer punto, considerando el perfil ideológico del gobierno de PPK y la conformación del Congreso, la CGTP asume que el próximo será un periodo de resistencia activa organizada: “Las demandas de trasformación y cambio de la política neoliberal no serán acogidos ni por el ejecutivo ni por el legislativo. Por lo que debemos de evaluar nuestra plataforma de lucha alrededor de la defensa efectiva de nuestros derechos” (pp. 8).

Con relación al segundo punto, consideramos importante que la evaluación sindical se haya detenido sobre los factores que explicarían la situación de debilidad en que se encuentra el sindicalismo peruano. Entre los aspectos por mejorar de la actividad sindical, se señalaron los siguientes:

  • Debilidad económica: La cotización sindical es muy limitada especialmente a nivel de federaciones. Algunos sindicatos de base aportan, pero son las federaciones sectoriales las que no cumplen regularmente con la cuota sindical.
  • Brecha de edad y género: Se ha incrementado el número de mujeres sindicalistas así como el porcentaje de participación en responsabilidades dirigenciales. Pero aún falta desarrollar una mayor participación de trabajadores jóvenes y mujeres en los sindicatos.
  • Baja afiliación: La tasa de afiliación sindical en el país está alrededor del 8 % siendo una de las más bajas de América latina.
  • Dispersión sindical: Tenemos uno de los índices de dispersión sindical más altos de la región, es decir, que hay más sindicatos pequeños (de empresa) antes que organizaciones grandes.

Finalmente, un elemento crítico que la CGTP debería considerar para próximos debates y reflexiones internas. El conjunto del documento versa sobre los problemas e impacto ocasionado por la política económica y laboral en la situación de los trabajadores peruanos y peruanas. Sin embargo, carece de medidas afirmativas de política económica, social y laboral que vayan más allá de los cuestionamientos generales al neoliberalismo y el listado de aspectos que deben reformarse y cambiarse. Hace falta que las dirigencias y bases sindicales construyan y debatan propuestas programáticas que ofrezcan alternativas tangibles y viables a las políticas vigentes. Otro reto de envergadura para el sindicalismo peruano en su conjunto.

Notas relacionadas: http://diariouno.pe/columna/una-asamblea-provechosa/

http://diariouno.pe/columna/sindicatos-en-conflicto-sindicalismo-intacto/

Congresista Indira Huillca se pronuncia sobre política laboral del próximo gobierno

En entrevista realizada por el Sindicato de Inspectores de la SUNAFIL Lima Metropolitana, la congresista electa por el Frente Amplio (FA), Indira Huilca, listó los principales problemas laborales que deberá enfrentar el gobierno de Peruanos Por el Kambio (PPK), desde el 28 de julio próximo. Entre otros temas, se pronunció a favor de fortalecer el Sistema Inspectivo, para garantizar que desde el Estado se exigirá y regulará el cumplimiento de los derechos laborales.

(Fuente: Albert Díaz)

SERVIR presenta informe sobre el Sector Público peruano

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) publicó recientemente el Informe Características del Servicio Civil Peruano, donde describe un conjunto de variables relacionadas a las principales características de quienes ocupan cargos y funciones en el Estado. El documento abarca un conjunto de ítems vinculados con la presencia del Estado en el territorio peruano, el número de servidores y su distribución por nivel de gobierno, los regímenes laborales en los que están contratados y sus características socioeconómicas. Incluye también información sobre el costo de la planilla pública. Termina con un balance sobre cómo ha evolucionado el nivel de desarrollo del servicio civil peruano en los últimos años, así como su vinculación con la competitividad y el desarrollo económico de un país.

Algunos analistas han destacado la primacía de las Regiones por sobre el gobierno nacional en la contratación de personal (47% contra 39%), lo cual puede significar muchas cosas. Para comenzar, como un proceso previsible de crecimiento y expansión de la burocracia estatal, ahí donde hay mayor demanda de presencia del Estado o proyectos que implementar. Las preocupaciones que generan este tipo de datos (que revierten anteriores tendencias) suele ser centralistas y cargadas de prejuicios neoliberales. Como señala Mirko Lauer: “Probablemente en la mayoría de las regiones no hay este tipo de preocupación, que suele clasificar por el lado ideológico, en la medida que el personal adecuadamente capacitado para las tareas de gobierno tiende a ser escaso”. Una debilidad transversal en los tres niveles de gobierno, que se agrava conforme nos acercamos a la base.

Por otro lado, aunque ha crecido el número de servidores públicos de un millón en el 2004, a 1´400 mil en el 2014, encontramos que la desigual distribución de la administración pública en el territorio nacional lleva a que 9 regiones tengan menos servidores públicos que el promedio nacional, equivalente a 5 servidores por cada 100 habitantes. Desigualdad que se expresa, también, en la composición de género de la burocracia estatal, con una primacía masculina (54%) que viene siendo revertida, lentamente, en la administración pública.

Un reto para el nuevo gobierno, y que el actual gobierno pone en evidencia, está relacionado con las condiciones laborales y contractuales de los servidores públicos.

Según el Informe de SERVIR, la mitad de empleados de la administración pública está incluido en las denominadas “carreras especiales” (profesores de educación básica, profesionales y asistenciales de la salud, fuerzas armadas y policiales, diplomáticos, docentes universitarios, magistrados, fiscales y servidores penitenciarios), que cuentan con regímenes laborales también “especiales”.

El problema radica en el resto de la burocracia estatal, donde conviven diversos regímenes que establecen diferencias sustanciales entre sí. Por un lado están los contratados bajo el régimen público (D. Leg. N° 276), que cuentan con la seguridad de la estabilidad laboral, si bien sus remuneraciones no son las mejores. En una proporción similar están los Contratos por Administración de Servicios (CAS), sin estabilidad laboral pero con salarios cercanos a los promedios del sector privado formal. Con un menor porcentaje (13%) están los trabajadores públicos contratados bajo el régimen de la actividad privada (D. Leg. N° 728), un “sin sentido” que se explica por el desorden burocrático del Estado peruano.

Otros datos relevantes están relacionados con el costo de la planilla estatal (ésta creció de S/ 21,903 millones el 2009 a S/ 38,000 millones el 2014); las edades de los servidores (constatándose un envejecimiento respecto de años pasados); y la evolución de la administración pública (en el mismo periodo el Índice de Desarrollo del servicio civil peruano se incrementó en 27 puntos según el BID, superando el promedio latinoamericano equivalente a 40 puntos).

Sin duda algunos elementos para una discusión y análisis sobre el presente y futuro de la administración pública peruana. El informe completo puede leerse en: http://storage.servir.gob.pe/biblioteca/SERVIR-El_servicio_civil_peruano-Anx1.PDF

¿Despidos de novela?

TrabajoDigno.pe recibió la colaboración de Walter Díaz, dirigente sindical de Telefónica. Un texto que transita entra la ficción y la crónica periodística, para retratar la difícil situación de los trabajadores telefónicos. Cualquier semejanza con la realidad, ya saben….

 Walter Díaz de la Vega Castillo                                                                                 Secretario General en SINATTEL-Telefónica

Llegas al trabajo y un funcionario de recursos humanos está esperándote en la sala de reuniones. El funcionario no te mira a los ojos. Y como si repitiera un guion aprendido, te dice que la empresa ha iniciado un proceso de despido en tu contra. El motivo: haber quebrado la buena fe laboral y no cumplir con el reglamento interno.

Sales de la sala de reuniones. Todos te miran. Nadie dice nada. Sientes que murmuran. En un par de horas toda la empresa ya se enterará que te han cursado una carta de pre despido. En tu oficina, solo se te acerca una persona. Te abraza y te dice:

– Son unos desgraciados. Han venido a humillarte en la oficina. Es una práctica para crear un clima de miedo. ¡Defiéndete!

La miras. Le agradeces por su gesto.

En ese instante, recuerdas que tu jefa, quien nunca se mostró interesada en tu persona, por la mañana te había preguntado cómo estaban tus hijos, la familia, lo habitual. Comparas y te dices a ti mismo: Ella ya sabía lo del despido. Compruebas lo hipócrita y repudiable que puede ser una jefa.

Sigues en shock. Sales de tu oficina. No aguantas más y te pones a llorar. No sabes qué hacer. Tienes miedo. Ira. Indignación. Son casi veinte años de trabajo dónde nunca tuviste problemas y diste todo por la empresa. Incluso, hasta te premiaron por hacer bien tu trabajo. Pero ahora eso parece no importarles. Llamas a los dirigentes de tu sindicato. Te citan para tratar de manera urgente tu caso.

* * *

Te encuentras con los dirigentes del sindicato. Estrechan tu mano y comienzan a interrogarte. Te cuentan que uno de ellos pasó por lo mismo. Ellos saben muy bien lo que se siente una carta de despido. Por eso es necesario saber hasta el mínimo detalle. Porque si no investigas, terminas repitiendo y creyendo lo que dice el empleador.

Después del interrogatorio, te das cuenta que la empresa está acusándote de hacer ventas en el mes en el que tú te encontrabas de vacaciones (algo ilógico). Al día siguiente, los dirigentes del sindicato piden que revises si alguno de los días en los que se hicieron esas ventas (por las que te acusan), estuviste con descanso médico. A ellos no les sorprende que la empresa ni siquiera se haya percatado de eso. Vas a tu oficina y ¡sorpresa! También te acusan de hacer ventas en tus días de descanso. No lo puedes creer…

Ese mismo día por la tarde, acompañas a los dirigentes y asesores al Ministerio de Trabajo. Desde hace meses el sindicato viene intuyendo que la empresa tenía intenciones de despedir trabajadores. Por eso solicitaron con anticipación la intervención del Ministerio. Observas en vivo y en directo una discusión entre el sindicato, la Oficina de Recursos Humanos y la Autoridad de Trabajo.

La empresa no sabe qué responder cuando el sindicato le reprocha que están acusando a sus afiliados de supuestas faltas, cuando los trabajadores se encontraban de vacaciones. Los de Recursos Humanos se miran entre ellos. Una de ellas mira a los dirigentes con odio. Se ven desconcertados. El asesor del sindicato interviene indicando que su exhaustiva investigación no ha sido tal y que esto responde a una mala práctica del Área de Recursos Humanos. Interviene el funcionario del Ministerio y le pregunta a la empresa cómo pueden acusar de cometer faltas en el periodo de vacaciones. La empresa solo atina a decir que revisará el tema.

Te das cuenta también que por más pruebas que te dan la razón, el funcionario está atado de manos. Él mismo explica cuál es el rol que cumple el Ministerio de Trabajo y asevera que si la empresa no actúa correctamente, el sindicato tendría que ir por la vía legal.

Salen del Ministerio. Valoras lo importante de estar sindicalizado y respaldado por personas que a pesar que no tengan una relación de amistad contigo, tratan tu caso como si fuera el de ellos mismos. Sabes que eres inocente. Tienes pruebas. Y por los mismos asesores, sabes que los principios legales te amparan. Pero sigues angustiado.

Los dirigentes lo captan y te dicen:

– Si el Ministerio cumpliera su rol protector, tú no estarías en esta situación ¿No crees que con lo que hemos encontrado, el Ministerio de Trabajo debería ordenar a la empresa que deje sin efecto tu proceso de despido? ¿Para qué crees que las empresas financian a los políticos? ¿Crees que es casual que el Ministerio de trabajo esté atado de manos? Tú, que nunca hablas de política, asientas con la cabeza lo que dicen los dirigentes del sindicato porque ahora lo estás viviendo en carne propia. Comprendes algunas cosas y sientes que empiezas a pensar diferente.

* * *

Me gustaría que lo narrado hasta aquí sea parte de una novela. De un relato producto de la ficción. Pero no lo es. Es la dura realidad que pasan miles de trabajadores en el Perú. Miles son despedidos injustamente y la mayoría de ellos no tienen una organización sindical comprometida en la defensa de los trabajadores. Tampoco una condición económica que les permita defenderse a través de una buena asesoría.

Hoy en Lima, una situación parecida vienen afrontando las compañeras Erika Arce Márquez y Rocío Guzmán Jó, ambas afiliadas a SINATTEL. La razón: la empresa Telefónica del Perú les ha cursado una carta de pre despido en las cual les imputan que habrían realizado ventas a personas que estaban fallecidas.

Lo curioso es que Telefónica no se percata en sus acusaciones y les imputa realizar ventas en un periodo en el que Erika y Rocío se encontraban de vacaciones. Y en días en los que se encontraban con descanso médico.

Otro dato curioso es que son informadas del procedimiento de ese tipo de ventas recién el primero de diciembre, cuando dichas ventas fueron realizadas entre setiembre 2014 y noviembre 2015. Razón por la cual no tendría sentido acusarlas de no cumplir un procedimiento que en el momento de las ventas no existía. Que no estaba vigente.

Acompañadas de los dirigentes de SINATTEL, Erika y Rocío presentaron su descargo el pasado 14 de Junio. Ahora están a la espera de que la empresa deje sin efecto dicho proceso de despido debido a la falsedad y a los errores encontrados en la acusación de la empresa.