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Trabajo Digno.pe es un blog sobre temas laborales, de empleo y seguridad social. Ofrece a sus lectores una gama amplia de documentos, información, noticias y opiniones referidas al mundo del trabajo, en el ámbito peruano e internacional, compiladas en un solo sitio web y de manera amigable para el público interesado.

Acá podrá encontrar información útil para investigadores y especialistas laborales, periodistas económicos, trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, docentes y estudiantes universitarios, entre otros.

Vivir del trabajo, y particularmente del trabajo digno, es un derecho fundamental que merece ser destacado y cumplido por todos los actores de la sociedad. Es fuente de progreso personal y colectivo; es el medio para acceder a otros derechos fundamentales; el camino seguro para lograr una vida digna y al desarrollo profesional y humano. Continúe leyendo

PROPUESTAS PARA UNA POLÍTICA LABORAL Y DE EMPLEO A FAVOR DEL TRABAJO DIGNO

Editorial 11:01:17

La escena nos evoca un déjà vu. Un Ministro de Trabajo convocando a especialistas laboralistas para evaluar políticas públicas de trabajo y empleo. Sesiones de presentación, informes entregados, acuerdos pendientes, problemas sin resolver. Sin ir muy lejos, el anterior gobierno presidido por Ollanta Humala, congregó a ex ministros y viceministros para que revisaran el anteproyecto de Ley General de Trabajo consensuado en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), planteando observaciones y mejoras que nadie –ni en el Congreso ni el Ejecutivo– aplicaron o hicieron suyas.

Esta vez el nuevo gobierno vuelve a convocar –a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)– a un conjunto de especialistas para que formen una Comisión Consultiva de Trabajo encargada de revisar “las principales reformas laborales que se implementarían con el propósito de generar empleo digno en el país”, según informa en comunicado institucional. Como ha señalado el titular del sector Trabajo, Alfonso Grados Carraro, “las propuestas a las que llegue este grupo de especialistas serán puestas a consideración del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), donde se espera que los actores tomen decisiones respecto de estas”.

Pero, ¿qué hay de nuevo en esta medida? En TrabajoDigno.pe consideramos importante destacar algunos aspectos claves, que al mismo tiempo que posibilidad pueden ser fuente de dispersión o irrelevancia.

Por un lado, la metodología y temas a los que se abocarán las personalidades convocadas. Durante su presentación, el Ministro listó seis ejes estratégicos: a) formalización de la fuerza laboral; b) inserción juvenil al mercado de trabajo; c) diálogo social en materia laboral; d) empleabilidad y protección de grupos vulnerables; e) programas promotores y f) modernización de la gestión. Todos ellos importantes, sin duda. Pero, ¿son todos los que tienen que estar? ¿Cuál será la prioridad y con qué recursos se cuenta? Los especialistas convocados, ¿están de acuerdo con estos ejes?

Por otro lado, la conformación de este grupo de trabajo expresa también una orientación ideológica-programática definida. Si bien la composición alberga diversas corrientes de pensamiento, en TrabajoDigno.pe consideramos que existe un claro predominio de los defensores del statu quo laboral o peor aún, de su mayor flexibilización.

Así, mientras que por un lado la Comisión cuenta -en menor o mayor medida- con ex-ministros de gobiernos pro-mercado y pro-flexibilización laboral (como son Fernando Villarán, Jorge Villasante y Nancy Laos), conjuntamente con representantes de estudios de abogados que asesoran a grandes empresas (como Luis Vinatea Recoba, Franco Giuffra Monteverde, Beatriz Alva Hart y José Luis Ramírez Gastón Ballón) y tecnócratas especialistas en economía laboral con sesgo empresarial (como Gustavo Yamada Fukusaki y Miguel Jaramillo Baanante), al otro lado de la mesa la representación de los trabajadores reposa en los docentes universitarios Adolfo Ciudad Reynaud, Martín Carillo Calle y Alfredo Villavicencio Ríos (todos abogados). Ningún representante sindical, como ha hecho notar Carlos Mejía. Si acaso se logra establecer un equilibrio, este no será alrededor de una mejora progresiva de los derechos laborales. Probablemente sea para evitar un mayor deterioro de los mismos.

En tercer lugar –y a pesar de los antecedentes poco promisorios en términos de avances y medidas aplicadas–, esta Comisión tiene la oportunidad de abrir un debate sobre el carácter de la política laboral que debe implementar el actual gobierno para mejorar la calidad del empleo y evitar que este se precarice más. Con la presentación de sus recomendaciones y propuestas, esta Comisión debiera lograr (cuando menos) el mismo nivel de atención que tuvo la Comisión de Integridad que propuso un conjunto de medidas para enfrentar la corrupción en el Estado. Y los actores sociales y productivos, colaborar con su elaboración y aplicación.

Para contribuir al debate, TrabajoDigno.pe propone un conjunto de medidas –enriquecidas con el aporte de colegas y colaboradores– para que sean consideradas por el grupo de trabajo consultivo. El debate no se cierra con estas medidas. Todo lo contrario: pretende ampliarse y nutrirse de estas propuestas para alcanzar, mediante la discusión técnica e informada, las fórmulas y estrategias más convenientes para mejorar la calidad del empleo en el país.

Ingresos y salario mínimo

  • Institucionalización vía ley del mecanismo técnico de revisión de la remuneración mínima aprobado en consenso por el CNTPE en el año 2007. La aplicación de esta fórmula, con indicadores consensuados, aliviaría en gran medida los debates sobre los aumentos del salario mínimo.
  • Fomento de la negociación colectiva, que es el principal mecanismo que tienen los trabajadores para acceder a mayores remuneraciones que reflejen la mejora de la productividad en el sector empresarial privado.

Relaciones individuales de trabajo

  • Regulación equilibrada de la contratación a plazo fijo. Se debe usar estrictamente para actividades temporales. Esto supone reducir la cantidad de modalidades de contratación temporal y su plazo máximo de duración.
  • Derogación de los regímenes especiales de exportación no tradicional (D. Ley N° 22342) y agrario (Ley N° 27360), por sus limitaciones para generar empleo adecuado y su impacto en la precarización del empleo.
  • Modificar el régimen laboral especial MYPE para que se aplique solo para empresas con menos de 20 trabajadores que decidan acogerse a él y estableciendo mayores beneficios laborales que los vigentes. Se debe acompañar con mecanismos concretos que fomenten la productividad empresarial (acceso a financiamiento, capacitación laboral, innovaciones tecnológicas, nuevos mercados, etc.) y medidas tributarias promocionales. Dicho régimen debe tener vigencia permanente y acogimiento temporal para las empresas (no más de 10 años). Y debe estar sujeto a un estricto monitoreo de sus resultados y una significativa fiscalización de las empresas.
  • Derogar la reciente eliminación de la obligación de los empleadores de registrar los contratos a plazo fijo y los convenios de modalidades formativas laborales ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Relaciones colectivas de trabajo

  • Fomentar la sindicalización reduciendo el requisito para formar sindicatos de empresa de 20 a 10 trabajadores en aquellas empresas que tengan menos de 20 trabajadores.
  • Fortalecer el arbitraje potestativo. Ante falta de acuerdo, el nivel de negociación colectiva debe ser definido por esta vía.
  • Agilizar y sistematizar el Sistema de Registro Sindical, especialmente en las regiones.
  • Flexibilizar el criterio restrictivo para la declaración de la procedencia de las huelgas, con el fin de que los trabajadores puedan contar con este recurso legal para lograr equilibrar el poder de negociación con sus empleadores.

Fiscalización laboral

  • Dotar de mayores recursos a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que le permitan implementar un incremento gradual de inspectores a nivel nacional en los próximos 5 años; contar con 26 intendencias regionales operando a plenitud a nivel nacional antes del 2021; explotar la planilla electrónica para fines inspectivos, aplicar fiscalización coordinada con la SUNAT, etc.
  • Combatir la informalidad laboral en el sector privado formal, incluyendo en planilla como trabajadores dependientes a los 600 mil locadores de servicios que están registrados en la planilla electrónica en el sector privado, siempre que se encuentren en relación de dependencia en la práctica.

Poblaciones vulnerables

  • Ratificar el Convenio N° 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo del hogar. La OIT da un plazo de un año para adecuar la normativa interna a los estándares del convenio una vez ratificado.
  • Completar la agenda pendiente de lucha contra el trabajo forzoso y eliminación del trabajo infantil. También debe protegerse especialmente los casos de despido discriminatorios.
  • Poner en conformidad a la legislación nacional con las observaciones de la Comisión de Expertos y aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, de todos los convenios ratificados por nuestro país.

Promoción del empleo

  • Implementar un solo programa de capacitación laboral que absorba a Impulsa Perú y Jóvenes Productivos; ampliar significativamente su cobertura; ponerse metas más exigentes vinculadas a la inserción laboral formal de sus beneficiarios; y contar con un sistema de monitoreo y evaluación permanente.
  • La Dirección General del Servicio Nacional de Empleo (sistema de colocaciones laborales y otros) debería ser absorbida por la Dirección General de Promoción del Empleo. No tiene sentido que existan dos Direcciones con similares funciones. Sus competencias se cruzan.
  • Eliminar el Programa Perú Responsable. Nunca tuvo razón de ser. Implica un gasto innecesario de recursos públicos escasos.
  • El programa de empleo temporal Trabaja Perú debe incluir un componente de capacitación laboral básica y rediseñarse con un enfoque de acción contracíclica (más recursos cuando se desacelera la economía y menos cuando crece).
  • La Dirección General de Formación Profesional debe jugar un rol clave –en sintonía con la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU)– en la reducción de la inadecuación ocupacional que es causada por la escasa vinculación entre la oferta formativa y la demanda laboral.
  • Crear una oficina de estudios económicos laborales que fusione la Dirección de Investigación Socio Económico Laboral y la Oficina de Estadística del MTPE. Hace varios años que el MTPE no hace investigación económica formal.

Sistema de Justicia Laboral

  • Fortalecimiento del Sistema de Conciliación Administrativa para reducir los casos que llegan al Poder Judicial.
  • Efectuar modificaciones a la nueva Ley Procesal de Trabajo, aprobada el 2010, para incluir mayor protección y tutela de los derechos fundamentales en el trabajo y restituir la capacidad procesal de los sindicatos para hacer reclamos colectivos jurídicos.

Seguridad social

  • Aprobar una política y estrategia nacional de ampliación de la seguridad social. Ello debe conllevar a que el MTPE ejerza su rectoría en materia de seguridad social y a una reforma institucional que permita mejores niveles de coordinación y mayor eficiencia en la gestión.
  • Sentar las bases para conformar un verdadero sistema de seguridad social, que considere las observaciones efectuadas por la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, en particular: financiamiento solidario, cobertura universal, protección integral y oportuna, y gestión democrática.

Y todo esto para comenzar. En TrabajoDigno.pe estaremos atentos a los resultados del trabajo de esta nueva Comisión.

Canessa recomienda

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Nuestro colega y amigo, Miguel Canessa Montejo, abogado y sociólogo del Trabajo,  reincide en un gesto que es muy propio de él, como es su conocida generosidad intelectual, potenciada en estos tiempos por las tecnologías de la comunicación.

Así que en ejercicio de ese vicio sano e irremediable, Miguel comparte con los lectores y visitantes de TrabajoDigno.pe las siguientes lecturas por considerarlas de interés.

“El ‘pinball’ en el desempleo europeo”. De los cerca de 22 millones desempleados en Europa, casi la mitad lleva un año sin trabajo. Un nota de es.euronews.com

“Requiem for the American Dream”. Trailer de un documental sobre uno de los principales intelectuales críticos, como es el norteamericano Noam Chomsky.

Miguel Canessa. “The Constitutional Right to Collective Bargaining of Public Servants”.  International Labor Rights Case Law 3 (2017) 23-28

Últimas medidas laborales adoptadas por el Ejecutivo

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En el marco de las facultades otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo presentó la semana pasada 112 decretos legislativos, incluidos varios en material laboral, habiéndose publicado previamente algunos decretos supremos con similar contenido. Estas disposiciones laborales han sido reseñadas en el portal La Ley.

Los decretos aprobados abordan diversas aristas en materia de seguridad y salud ocupacional; tramitación de los contratos de trabajo ante la Autoridad Administrativa; la inhabilitación civil de servidores públicos procesados y juzgados por corrupción, así como la informatización y almacenaje de las boletas de pago, entre otros. Medidas que en el discurso del gobierno apuntan a simplificar los trámites administrativos y a desburocratizar la regulación del trabajo.

Estas medidas han generado apoyos y cuestionamientos. Entre los que celebran su aprobación, El Comercio considera que el gobierno “aprobó una docena de normas cuya finalidad principal ha sido la simplificación administrativa, que no es otra cosa que la simplificación de la vida a las personas y empresas”. Y saluda especialmente la eliminación “del redundante registro físico de algunos contratos laborales ante el Ministerio de Trabajo cuando dicha información ya era accesible a través de las planillas electrónicas”.

Desde una perspectiva crítica, Arturo Rodríguez y Mario Huamán plantean un conjunto de observaciones, al considerar que erosionan la capacidad regulatoria del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas laborales.

Debates: El precariado. ¿Una clase social peligrosa o revolucionaria?

Libro Guy Stantindg

Si durante el siglo XX el sujeto del cambio social estaba representado –para la izquierda y los sectores progresistas– por el proletariado industrial, hoy en día esta posibilidad la encarna –para Guy Standing y sus seguidores– el denominado “precariado”.

Este concepto ha generado un interesante debate en torno al futuro del proletariado en tiempos de Globalización neoliberal, y el surgimiento de una nueva capa social a la que le es difícil definirse como tal.

Standing, profesor de Estudios sobre Desarrollo en la Universidad de Londres, plantea una respuesta a sus detractores –publicada en la Revista Sociología de Trabajo (“Por qué el precariado no es un «concepto espurio”. Siglo XXI Editores)– donde enumera una serie de elementos que definen o caracterizan a este sector social surgido de los embates de la globalización neoliberal y la reestructuración económica que la hizo posible:

  • “El precariado tiene características de clase: puede ser definido en relación con otros grupos y consiste en un grupo de personas que comparten tres rasgos de clase similares, todos ellos tendencias o modas. A diferencia de lo que es común en el proletariado, el precariado tiene un empleo inseguro, inestable, va cambiando rápidamente de un trabajo a otro, a menudo con contratos incompletos o forzados a puestos de trabajo negociados e intermediados mediante agencias o brokers”.
  • “El aspecto clave aquí es que este precariado está sometido a lo que yo llamo precarización –adaptación de las expectativas vitales a un empleo inestable y a una vida inestable–. (…) una pérdida de control sobre el propio tiempo y sobre el desarrollo y uso de las capacidades propias”.
  • “El trabajo que ocupan los miembros del nuevo precariado está considerablemente por debajo de sus habilidades profesionales, de sus capacidades”.
  • “Tienen que dedicar mucho tiempo, al margen de su trabajo, a buscar trabajo a través de papeleos burocráticos, haciendo colas, rellenando impresos, reciclándose, etcétera”.
  • “El precariado, este recibe casi todos sus ingresos en forma de salarios monetarios; sin embargo, no recibe la serie de beneficios no salariales de empresa que normalmente han recibido los asalariados y el proletariado, y no recibe beneficios regulados por las leyes del Estado. Su dependencia de los salarios significa que el precariado no puede ser equiparado con el «amplio sector informal» (…), refiriéndose a los salarios que quedan fuera del mercado de trabajo regulado”
  • “El precariado es la primera clase social de masas en la historia que ha ido perdiendo sistemáticamente los derechos conquistados por los ciudadanos”.

Recomendamos la lectura de los documentos acá citados. De hecho, son un insumo útil para pensar y reflexionar sobre las características sociodemográficas y económicas de la masa laboral en nuestro país.

Pensando en el caso peruano, Rocío Silva Santisteban asoció la definición de Standing con la situación de los millones de ciudadanos que laboran en condiciones precarias e inestables.

Sin embargo, en su análisis logra distinguir a los sectores que calzan con la definición de precariado de Standing. Estos estarían compuestos, mayoritariamente, por las generaciones más jóvenes. Aquellas que, habiéndose formado y especializado como consecuencia de la extensión de la educación regular y superior, se topan con importantes limitaciones estructurales en el sistema económico que les impiden una rápida (y adecuada) inserción laboral. Fundamentalmente, porque no encuentran oportunidades laborales acorde con sus calificaciones y expectativas.

La mirada de Standing no es, a pesar de la dureza del diagnóstico, pesimista. Para él, esta capa de trabajadores en proceso de constitución de una nueva clase social, los condenados a laborar en el subempleo o en ocupaciones para las que están sobrecalificados, vienen acumulando un malestar social que será el caldo de cultivo para una transformación de las estructuras económicas y políticas impulsadas por la movilización popular y ciudadana. Y será el precariado quien merezca los cimientos de este sistema. Una tesis para evaluar y tomar en cuenta.

Otros enlaces relacionados:

Clase magistral: “El precariado: una nueva clase peligrosa”. Dictada en MA Talks. Copenhague, marzo del 2015.

Entrevista. “El ‘precariado’ es una clase social muy radical, la única que quiere ser lo suficientemente fuerte para abolirse a sí misma”. Revista Directa, Diciembre del 2015

Comentarios al libro, hechos por Vidal Aragonés publicados en el portal Mientras Tanto (Enero 2016)

Informes de SERVIR sobre empleo en el Sector Público

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Durante el 2016, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), publicó un conjunto de informes sobre la situación y características del servicio civil o público. Estos documentos arrojan importantes luces acerca de un sector también importante de la sociedad peruana –como es el aparato estatal–, contribuyendo a su mejor comprensión y análisis sobre la base de información verificable y actualizada. Aparecen, además, en momentos claves en que se implementa la reforma del Servicio Civil y se discute la adopción de mecanismos de regulación de las relaciones colectivas de trabajo. Punto para SERVIR.

Negociación colectiva en el sector público

Desafíos de las modalidades formativas laborales en el Perú

Características del Servicio Civil peruano 2016

La mujer en el Servicio Civil Peruano 2016

En este enlace puede encontrar todos los informes, incluidos los de años anteriores

NAVIDADES INGRATAS

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La Navidad es una fiesta que algunos esperamos con alegría. No se necesita ser practicante para encontrarle un sentido fraternal, incluso espiritual, dentro de tanta frivolidad y consumismo. Lamentablemente, para muchos, la posibilidad de tener una Navidad alegre y gratificante no pasará de ser un comprensible y justificado deseo. Es más, habrá quienes pasen unas fiestas preñados de incertidumbre y desazón. Es lo que deben estar sintiendo los trabajadores despedidos de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Trabajo y el Congreso. O los trabajadores de Papeleras Atlas. O los trabajadores de las petroleras de Talara y la Amazonía, cuya parálisis productiva (como consecuencia de la “caída” del precio del crudo) ha generado una “crisis de empleo”. Y así, podríamos seguir.

Pero la pegada trasciende el caso concreto, la afectación personal y específica. A otro nivel, en el ámbito de las políticas públicas, los trabajadores peruanos tienen razones justificadas para estar preocupados.

Por un lado, los anuncios hechos por el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, ante el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), relacionados con un listado de diecinueve políticas para “promover” la formalidad laboral,  apuntan –de manera general y casi en su totalidad– a flexibilizar aún más, si se puede, la regulación laboral y desregular algunos procedimientos administrativos relacionados con  el registro de los contratos laborales (eximiendo a los empleadores a sustentar ante la Autoridad de Trabajo el uso de modalidades formativas, contratos temporales y de extranjeros). También se ha hablado de relajar los requerimientos en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (limitando su alcance solo a las empresas que califiquen como de “alto riesgo”) y de reducir la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores (poniendo en entredicho el arbitraje potestativo). Y aunque algunas de estas medidas son tan solo anuncios (y otras ya han sido aprobadas), queda claro que lo dicho refleja una manera de pensar y encarar la problemática laboral en el país.

Pero hay más. La línea planteada por Grados Carraro ha sido confirmada por el Ministro de Economía, Alfredo Thorne. En declaraciones a la Hora N el día 21 de diciembre, Thorne afirmó que uno de los ejes para promover la formalización pasaba por reducir los “costos” relacionados a la protección social de los trabajadores (los otros dos son el régimen tributario especial para las Mypes y facilidades crediticias). Se rumorea un próximo paquete de medidas del Ejecutivo que incluirían iniciativas dirigidas a concretar algunos de los anuncios en medios de sus principales voceros. Es costumbre en nuestro país hacerlo en fiestas, para que pasen desapercibidas y con “anestesia”.

Lo laboral en el sector público

A todo esto, la política laboral no ha estado ajena a las tensiones entre el Ejecutivo y la mayoría fujimorista en el Congreso.

La observación que hace el Gobierno a la Ley que decretaba el pase del personal CAS de EsSalud al régimen laboral de la actividad privada, tiene mucho de sustento técnico pero también de reflejos políticos. Siendo iniciativa de congresistas fujimoristas (y del Frente Amplio), la aprobación del dictamen debía pasar por el filtro político, además.

En la observación que hace el Ejecutivo del dictamen, argumenta que el tránsito que corresponde a los CAS de EsSalud es al ámbito de la Ley de Servicio Civil, y no al régimen del D. Leg. 728 (régimen privado). Y que dicha incorporación al Servicio Civil debe ser progresiva y mediante procesos de meritocracia.

Por el lado de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, señalan que la Ley de Creación del Seguro Social establece que su personal debe regularse por el régimen de la actividad privada (artículo 16°). Y sustentan esta afirmación citando el artículo 103° de la Constitución, que establece que las leyes de carácter específico se aplican por sobre las leyes de carácter general.

De otro lado, la suspicacia sobre la sostenibilidad financiera de EsSalud es una preocupación válida. En tal sentido, bien haría el Ejecutivo por comenzar a saldar la deuda de millones de soles que tiene el Estado con la seguridad social. O bien modificar el régimen especial de promoción del Sector Agrario, que redujo a menos de la mitad el aporte empresarial a la seguridad social, haciendo que los trabajadores urbanos subsidien la atención de sus pares rurales, desnaturalizando y distorsionando la eficiencia global del sistema.

El problema en sí es otro. Los trabajadores CAS están bajo un régimen que no asegura derechos laborales completos y los expone al cadalso de la inestabilidad y precariedad laboral. Situación de debería solucionarse con la pronta implementación de la Ley del Servicio Civil.

Persisten incumplimientos del TLC laboral con los Estados Unidos

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Una mención aparte merece el cumplimiento del plazo otorgado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos al Gobierno peruano, este 18 de diciembre, para atender unas observaciones hechas a la normativa que regula los contratos temporales en el sector de exportaciones no tradicionales, el fortalecimiento de la SUNAFIL y la ampliación de los juzgados especializados en lo laboral, luego de que sindicatos peruanos presentaran –en junio del 2015– una queja por incumplimiento del capítulo laboral del Acuerdo de Complementariedad Comercial entre ambos países.

Bueno pues, agotados los nueve meses de plazo que distan de la presentación del primer informe público (marzo 2016), el Departamento de Trabajo elaboró el documento Primera revisión periódica del informe público, circulado la semana pasada. En este documento se señala que los “compromisos por parte del gobierno, si se aplicaran plenamente, representarían avances en abordar las preocupaciones identificadas en marzo”, pero es concluyente al afirmar que persisten “una serie de áreas en las que el Perú no ha abordado recomendaciones claves”.

El gobierno ha mostrado como “avances” la creación de la intendencia de la SUNAFIL en Arequipa y el pedido de mayores recursos al MEF (como si este no fuera parte del gobierno) para formar seis nuevas intendencias y contratar inspectores. Nada más.

Sobre lo que no se ha informado es respecto de cambios en la normativa cuestionada; sin duda, la madre del cordero. En lo que respecta al Ejecutivo, es cuestionable que a pesar de existir un borrador de Decreto Supremo consensuado con los sindicatos textiles para modificar el régimen laboral del D. Leg. Nº 22342, este no se haya implementado, ahorrándole al Estado peruano nuevas observaciones sobre las áreas requeridas, vinculadas con el ejercicio de derechos fundamentales en el trabajo.

El Departamento de Trabajo de los EEUU ha planteado las siguientes observaciones que el gobierno peruano deberá atender en los próximos seis meses:

  • La adopción y aplicación de un instrumento jurídico que limite el uso de contratos de corta duración, en consonancia con el límite que rige en otros sectores;
  • Aumentar la capacidad de la SUNAFIL y del MTPE para convertir contratos temporales en permanentes, cuando se detecte fraude a la ley;
  • Emitir protocolos de inspección para verificar contratos de corta duración; y
  • Aumentar el número de juzgados especializados de Trabajo.

Estas son algunas pinceladas sobre la situación de la política laboral en este año que acaba. Y un anuncio de lo que puede venir el próximo. Todo lo cual nos exige estar alertas y dispuestos a denunciar los atropellos a la institucionalidad laboral y los derechos de los trabajadores.

TrabajoDigno.pe les desea unas felices fiestas y un buen 2017.

La política laboral de PPK a contraluz

¿Hacia dónde apuntan las políticas laborales del gobierno de Peruanos por el Kambio? ¿Qué se puede esperar de la actual gestión en esta materia? ¿Existe alguna orientación clara y definida en la actual administración del Trabajo?

TrabajoDigno.pe conversó con colegas y especialistas sobre el carácter de la política laboral del Ejecutivo, y recogió importantes alcances y vacíos.

Nos acompañó en esta ocasión el abogado Adolfo Ciudad, actual presidente de la Sociedad Peruana de Derecho de Trabajo y Seguridad Social. También participaron los abogados Elmer Arce y Christian Sánchez, docentes universitarios y ex Directores generales de Inspecciones y Trabajo, respectivamente, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). A ellos nuestros sinceros agradecimientos.

 “Tenemos un modelo de relaciones laborales que está enfermo, defectuoso”

Trabajo Digno (TD). ¿Cuál es tu valoración de la política laboral del actual gobierno?

Adolfo Ciudad (AC). Creo de una parte que no hay una definición clara de la política laboral del actual gobierno. Hay anuncios, pero no hay concreciones específicas. Hasta el momento no se valora dos grandes déficits en nuestro país: la ausencia de libertad sindical y de negociación colectiva. Ambas se han visto sumamente disminuidas. En 1990 hemos tenido casi 22% de afiliación sindical y en los últimos años apenas llega a 5%.  Es claro que hay un modelo de relaciones laborales que está enfermo, defectuoso. Lo mismo se corrobora en la negociación colectiva. Hay persistencia de restricciones de negociación colectiva en el sector público. En el sector privado, a través de diversas medidas, se ha desincentivado del diálogo entre las partes. Esto lo muestran las estadísticas. Si vemos que la negociación colectiva en el 1987 era de 2,500 convenios registrados, en estos años no pasamos de 500. Ahí hay un problema serio: ausencia de libertad sindical y de negociación colectiva. Lo que nos lleva a un déficit de diálogo en el sector productivo entre empleadores y trabajadores.

TD. ¿Este problema se explica solo desde el ámbito de la regulación o hay otros factores en juego?

AC. Hay diversos factores, pero el aspecto normativo es clave. A partir de la reforma laboral de Fujimori, en 1992, se produjeron serios retrocesos tanto en libertad sindical como en negociación colectiva. A las organizaciones sindicales se les quitó el derecho de reclamación colectiva en el ámbito jurídico. Anteriormente, hasta 1991, estuvo vigente el fuero administrativo de trabajo, que comenzó desde 1954. Había procedimientos administrativos para la administración y solución de conflictos colectivos jurídicos que presentaban los sindicatos. Ese era el brazo derecho que tenían. El otro brazo era la negociación colectiva. La reclamación directa y la negociación colectiva. A partir de 1992, en la primera reforma profunda de la legislación laboral, se eliminó esto sin sustituirse con nada.

Actualmente, tenemos que en la jurisdicción laboral no se admiten demandas colectivas. Es decir, en el preámbulo de la ley se establece la procedencia de procesar causas colectivas. Pero en la práctica se ponen tantos problemas que todos los casos que se tramitan en el Poder Judicial, son de carácter individual. Y ese es un serio problema para las organizaciones sindicales, cuando quieren defender los derechos colectivos de los trabajadores que tienen afiliados.

“Hay un gran enemigo de la libertad sindical, que es la informalidad laboral”

TD. En materia laboral, ¿este gobierno tiene un perfil propio o mantiene una línea de continuidad con los anteriores?

Christian Sánchez (CS). Bueno, si analizamos lo que viene ocurriendo desde la década del noventa, en los últimos años –concretamente el 2012– se dio la última medida normativa que intenta promover y destrabar los procesos de negociación colectiva, concretamente el Decreto Supremo N° 014-2012-TR que establece el arbitraje potestativo. Pero esta es una medida prácticamente aislada; no menos importante, pero no responde a una política. Una política que trate recuperar los niveles de libertad sindical que hubo antes de la reforma laboral de 1990: expresada en la tasa de afiliación, en los pliegos de reclamos. A la fecha no se ha hecho mucho. Esto revela la ausencia de una política vinculada a los derechos laborales.

Pero también quería incidir en lo individual. En materia individual, hay un gran enemigo de la libertad sindical que es la informalidad laboral. El número de trabajadores sin contrato –55% de trabajadores no registrados, personas que declaran en los hechos que cumplen una relación subordinada, pero su trabajo no lo registran en la planilla electrónica– es altísimo. Ese es el mundo de la ausencia de los derechos. Por supuesto, también está ausente el derecho y la posibilidad concreta de organizarse colectivamente. En el mundo de la formalidad laboral, o de los trabajadores registrados –el 45% de ese universo–, las estadísticas nos muestran que predomina el otro enemigo de los derechos colectivos, que son los contratos temporales…

TD. Que han sido cuestionados por una institución como el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC).

CS. En efecto, por el tema del Decreto Ley N° 22342. En el universo de los trabajadores formales, predomina el contrato temporal. En un 78%. Poco más de los ¾ de los trabajadores registrados, son temporales.

TD. ¿Cómo afecta esto la sindicalización?

CS. Además de otros perjuicios, sobre todo con la posibilidad de afiliarte. Simplemente el empleador podrá tener el control de la duración del contrato. Y ahí donde alguien decida organizarse colectivamente con un conjunto de trabajadores que son temporales, lo que puede ocurrir –o finalmente ocurre– es que se pone fin al contrato. Y no pasa nada. En ese escenario, la regulación laboral individual vigente de los 1990, tiene una incidencia directa en los derechos colectivos.

“El tema de trasfondo es económico: reducir beneficios sociales para generar una lógica de mayor disparidad y poder”

TD. Por tu ejercicio profesional, tienes permanente vínculo con organizaciones sindicales. ¿Cómo sientes que perciben a este gobierno que firmó compromisos con algunos miembros de mantener niveles mínimos de estabilidad laboral?

Elmer Arce (EA). En principio, creo que la visión general es que los trabajadores están al margen de las políticas. En el MTPE, los funcionarios son bastante ligados a empresas, en su momento han participado en estudios o empresas mineras, y obviamente están defendiendo intereses de ellas.

Otro parte del contexto es el tema del presupuesto. Salimos de un análisis de la Ley de Presupuesto donde, en definitiva, no se ha dotado de mejores y mayores recursos al MTPE, que sigue siendo de los últimos ministerios. Estamos hablando de políticas públicas laborales, de temas que puedan brindar una mayor cohesión desde el punto de vista laboral. Y sin embargo, no se ha atendido eso. Se sigue manteniendo la inercia de gestiones anteriores, como indicios y contextos de principio.

Ahora, coincido con el diagnóstico de un golpe contra los derechos colectivos. Detrás de eso una política de individualización de las relaciones laborales. Ese es el contexto completo. Destruyes organizaciones sindicales, pero a la vez tratas de que todos los conflictos se solucionen en la mesa, entre un empleador y un trabajador, donde obviamente va a salir siempre vencedor  quien tenga mayor poder. Ahí, en definitiva, erosiona la libertad sindical el hecho de tener contratos temporales, de obstruir las negociaciones colectivas, de que no se pueda llegar a un acuerdo. Pero al mismo tiempo, hay otros elementos que subordinan cada vez más al trabajador, visto desde una lógica de poder, como la libertad que tiene el empleador para establecer los sistemas de cálculo de la remuneración. Sistemas a destajo donde pueden aumentar o reducir los porcentajes, con un impacto específico.

Y por último, la lógica es la creación de los regímenes especiales. Los últimos gobiernos –y este también probablemente– no se enfrentaron de manera directa a romper la legislación laboral, gruesa, dura. [Por lo que optan por ir] excluyendo colectivos. Se hizo con la ley de trabajo de los jóvenes, con el régimen agrario, de exportación.  Entonces, vas sacando colectivos, importantes, numerosos. Y el tema de trasfondo es económico: reducir beneficios sociales para generar una lógica de mayor disparidad y mayor poder dentro de esa relación jurídica.

TD. Has señalado un tema clave. El presupuesto asignado al MTPE evidencia la poca disposición de fortalecer a esta institución encargada de regular y promover el empleo adecuado. ¿Cómo está la situación en las regiones? ¿Están en condiciones de cumplir con estos objetivos?

EA. Mucho peor. Las transferencias han sido hechas de manera muy rápida. El corazón del MTPE –que debería ser, por ejemplo, las inspecciones–, al momento que salen del Ministerio y se van a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), sigue habiendo un déficit de llegada a las regiones. Y menos aún con el tema de políticas públicas que las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) puedan hacer. Estamos a menos de 10 intendencias de SUNAFIL creadas, y nos queda un largo camino por recorrer. Para el 2017 se está previendo [la creación de] dos. Eso revela la poca intención de solucionar un problema que viene de años.

¿Simplificaciones administrativas o desregulación laboral? Una mirada al Decreto Legislativo 1246

“No se puede regular generando perjuicios en temas tan importantes como la fecha cierta de los contratos de trabajo”.

TD. En este segundo bloque vamos a conversar sobre el Decreto Legislativo aprobado hace unas semanas por el gobierno, que busca simplificar algunos trámites administrativos en el Estado. Entre estos, considera algunas medidas relacionadas con la regulación laboral. Una de las medidas incluidas elimina la obligación de las empresas para registrar los contratos de trabajo a plazo fijo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Christian, ¿crees que va a incrementar la formalización laboral de las empresas, o por el contrario, va a generar un perjuicio a los trabajadores?

CS. Quiero empezar señalando que esta discusión de regular, desregular, flexibilizar, rigidez, es una discusión que tiene de trasfondo falsos dilemas, falsas oposiciones. ¿A qué me refiero con esto? Me parece que el primer enfoque que debe tener una administración de trabajo, es entender hasta qué punto es necesaria la regulación de ciertos aspectos del contrato de trabajo. Y la obligación de regular el contrato a plazo fijo era una obligación formal que responde a un fin. Al fin de tener una autoridad que de fecha cierta de cuando se celebró ese contrato a plazo fijo. Si suprimo esa obligación, lo que estamos haciendo es poner en los hombros del trabajador el esfuerzo que tener que encontrar una fecha cierta de cuándo empezó su contrato.

Claro, esta información está en la planilla electrónica. Pero la planilla electrónica no es de acceso del trabajador. También podrán decir que se le entrega una copia del contrato al trabajador, por mandato de ley. ¿Pero esa copia está en manos de los trabajadores temporales? La mayoría de trabajadores no recibe una copia de su contrato de trabajo como cuando es firmado y cuando era comunicado a la Autoridad de Trabajo.

TD. Y además tampoco se registran las causas objetivas que sustentan los contratos a plazo fijo.

CS. No se señala nada sobre las causas, en efecto, y la prueba está en control del empleador. Esto de regular, o desregular, debería estar guiado por la razonabilidad, por la proporcionalidad. Pero no se puede regular generando perjuicios en temas tan importantes como la fecha cierta de los contratos de trabajo.

TD. ¿Consideras que con esta medida va a ser más complicada la fiscalización adecuada del uso de los contratos temporales?

CS. Cuando surja un conflicto, simplemente ya no vamos a tener una Autoridad que tenga en su poder un documento que de fecha cierta de su celebración. Entraremos a una disputa entre el trabajador y su empleador. Por lo que se ha establecido en el contrato o se haya pactado oportunamente en él.

TD. ¿Se podría concluir que esta medida va a traer perjuicios a los trabajadores?

CS. A la mayoría de los trabajadores.

“Si elimino los requisitos de configuración de estas modalidades, lo que voy a tener es una libertad muy amplia para poder defraudar”.

TD. Elmer, este dispositivo elimina la obligación de los empleadores de registrar las modalidades formativas laborales y planes de capacitación y formación anual. ¿Cuáles consideras que serán los efectos de esta medida en cuanto a inserción laboral de los jóvenes al mercado de trabajo?

EA. En realidad, estos convenios de formación laboral juvenil, son convenios que están fuera del marco laboral; con lo cual, si de pronto, siendo labores personales, subordinadas y remuneradas, los excluyo del contrato de trabajo, y además, elimino los requisitos de configuración de estas modalidades, lo que voy a tener es una libertad muy ampliar para poder defraudar. Y nos estamos jugando, además, con modalidades formativas donde, la esencia y el corazón, debería ser la formación del beneficiario. ¿Qué sería de una práctica pre profesional si de pronto no tiene ese fin formativo? En primer lugar, la defensa de la exclusión de la laboralidad, es precisamente la formación. Y si es que no hay elementos de protección y de seguimiento, esto puede terminar siendo un simbolismo. Un sistema de fraude legal.

Con lo cual, más grave me parece el tema de los planes. Porque, a final de cuentas, el propio convenio lo vas a poder plantear en la planilla electrónica. Pero si un practicante, de pronto no tiene un fin, una secuencia de qué elementos de formación va a tener en esa instancia, de qué estamos hablando. En realidad estaríamos dejando una formación en manos del empleador. Con lo cual, toda la ley de modalidades formativas, quedaría en un ridículo evidente. Porque la ley de modalidades formativas te habla que el centro de formación tiene que dirigir la lógica de formación del beneficiario. Pero si quitas eso, al final de cuentas, quedarías en el aire.

TD. ¿Esta medida va a facilitar el uso inadecuado de esta modalidad, va a fomentar el fraude por parte del empleador?

EA. Sí, porque los tiempos que mantienen nuestra legislación son muy amplios. Por ejemplo, para prácticas pre profesionales son todos los años que uno pasa en la universidad. Que podrían ser 5 o 6 años haciendo una práctica pre profesional. Un año para profesionales. Capacitación laboral juvenil tenemos hasta 2 años. Con lo cual, tenemos que si son los empleadores quienes van a decidir sobre la marcha su plan de formación, es un gran hándicap porque al final de cuentas, está claro que una empresa siempre va a tender a aumentar su capacidad de crear capital. Y si al final no hay elementos de equilibrio, el tema se puede terminar yendo de las manos.

“Aquel que trabaja con contrato temporal no puede sindicalizarse porque pierde el empleo”.

TD. Este decreto legislativo, también contempla la eliminación de ciertas obligaciones para el empleador con relación a la contracción de trabajadores extranjeros. ¿Generará esto algún efecto positivo en el mercado de trabajo?

AC. Con los trabajadores extranjeros, está ocurriendo lo mismo que con los trabajadores contratados a través de modalidades formativas o sujetos a modalidad. En realidad, lo que se está haciendo es facilitar esa vía de contratación.

El problema fundamental es que de 10 diez trabajadores, 6 están contratados con contratos temporales; que incluyen modalidades formativas, sujetos a modalidad, etc. Entonces, ese es un problema político muy importante. Porque de lo que se trata, entonces, es de continuar con el mismo modelo que desincentiva la sindicalización. Y que no permite a los trabajadores tener una voz de representación en su centro de trabajo. Eso es lo que se busca eliminar. Esa es la política que se estableció con la reforma fujimorista en 1992. Y lo que se busca es profundizar ese modelo, en lugar de difundir alternativas a través de las cuales se limite este tipo de contratación temporal. O sea, no es posible que en el país las actividades productivas sean mayoritariamente temporales, sabemos que no es así. Es más, la actividad económica sigue creciendo. Y por cierto, la nueva contratación que se hace es para actividades que son permanentes. No puede ser que 6 de 10 trabajadores estén trabajando en tareas que por su naturaleza son permanentes.  Es claro que ahí hay algunas actitudes ilegales que no cumplen ni siquiera con las normas establecidas en los contratos sujetos a modalidad y que serían materia de fiscalización y cumplimiento.

Ahora, en lugar de poner algunos requisitos, morigerar este tipo de contratación, lo que se hace es facilitarla. Porque ni siquiera hay la obligación de presentar en físico los contratos de trabajo. Menos fiscalización posible. O sea va a ver mayor cantidad de trabajadores contratados, pero que no van a poder sindicalizarse. Porque no pueden sindicalizarse.

Muchas veces me he encontrado con trabajadores que les pregunto, “bueno, ¿está usted sindicalizado?, “no yo trabajo por contrato temporal”. Está claro, aquel que trabaja con contrato temporal no puede sindicalizarse porque pierde el empleo.

TD. ¿Qué alternativa ven ustedes que podría implementarse que promueva o busque incentivar la contratación formal en el país?

CS. Para promover la formalización en el empleo, hay que pensar en varias medidas. Creo que habría que empezar por lo que menos esfuerzo le puede deparar a una inspección que de por sí está debilitada y golpeada. Ir a los sectores más visibles donde hay bolsones de informalidad. En la mediana y gran empresa, hay bolsones de informalidad, y parece que es menos costoso para poder combatir el fraude a la ley.

Y luego, la contratación laboral. En un artículo que escribimos hace un tiempo, la llamamos la “informalidad escondida”. Ahí habría que combatir el fraude de la ley.

Después, el crecimiento del empleo formal se produce por crecimiento de la economía. Si la economía no crece, no va a crecer el empleo formal. Pero los planes de inspecciones no tienen líneas directrices, una conducción estratégica. No vemos hasta ahora que SUNAFIL tampoco ponga sobre la mesa sus políticas, en blanco y negro, para combatir la informalidad. Creo que estas medidas se podrían ir ejecutando. Y pasa no solo por la capacitación, promoción de los derechos laborales, difusión de la legislación laboral, sino por una labor activa de la inspección. De combatir el fraude de ley.

TD. En el caso de la promoción del empleo formal en los jóvenes, ¿qué medidas podrían adoptar?

EA. En realidad, el tema de cuotas. En el ánimo de no reducir beneficios laborales, permitir que el empleador pueda contratar un porcentaje determinado y motivar además con incentivos tributarios, sumar el tema de la capacitación. Me parecen que pueden ser elementos interesantes a efectos de utilizar no solamente la estrategia de reducir beneficios para que sea más interesante contratarlos; mantener los mismos beneficios, pero incentivar su contratación.

TD. ¿Qué medidas alternativas plantearías para la formalización laboral en el Perú, sobre todo para el sector asalariado-dependiente, que es en el que se puede hablar de formalidad laboral?

AC. Creo que uno de los temas claves es la reducción de los contratos temporales. Ahí hay que volver a los orígenes, en el sentido de que se considere la procedencia de la contratación temporal cuando las labores no sean de naturaleza permanente. Pero si se trabaja en labores que son cotidianas, en empresas donde siempre se viene trabajando, en esos casos no debería proceder la contratación temporal. Peor todavía en los regímenes agrarios y de micro empresas, donde es más visible esta situación. ¿Por qué eso? Porque incorpora en el sistema de relaciones laborales, un factor de desestabilización a toda la mano de obra, que impide a los trabajadores sindicalizarse. Y esto es un tema es profundamente importante.

Lo que se viene: ¿fin del arbitraje potestativo? ¿Hacia dónde apunta la Seguridad Social y las inspecciones de trabajo?

“Hay quienes plantean la sanción como si fuera un monstruo que va a venir a destrozarte la empresa. Cuando en realidad, la sanción debe estar presente”.

TD. Sin bien es cierto, no se ha planteado de manera explícita una política laboral, como se dijo en el primer bloque, sin embargo, el ministro ha hecho anuncios en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) como en el Congreso. Uno de estos anuncios fue el objetivo de reducir la informalidad laboral, y para eso se anunció un incremento de la cantidad de inspectores para el 2017 en un 5% y un incremento de presupuesto en la SUNAFIL. ¿Qué tanto efecto puede tener este tipo de medidas en el proceso de formalización que se espera se siga en este gobierno?

EA. En realidad, el tema netamente monetario o de aumentar el porcentaje, puede ser engañoso. Por ejemplo, en el caso de SUNAFIL, fue una ley de maquillaje. Se cambiaron unos aspectos externos, que hasta ahora no se terminan de consolidar (por ejemplo, no está el Consejo Directivo, el Tribunal de Fiscalización). Pero la manera de trabajar sigue siendo la misma. Seguimos siendo una inspección reactiva, que no hace operativos, que basa sus metas sobre la base de cuantas llegadas a empresas tienen, que muchas veces no están programadas. Falta organización. No solamente en las diligencias inspectivas, sino también en el procedimiento sancionador: muchas de las actas de infracción son declaradas nulas. Si nos damos cuenta del universo de las órdenes de inspección (que llegan a casi a 80 mil), un porcentaje muy pequeño –5%, cerca de 4 mil–, acaban con multas. Con lo cual siento que terminan siendo anuncios. La consolidación de SUNAFIL tiene que ser orgánica (en cuanto llegue a todas las regiones) e institucional (en cuanto se terminan respetando). Se irá aumentando el número de inspectores (contamos con 400 inspectores, de un universo que debería ser 2000, según las pautas de la OIT). Pero, eventualmente, estamos por debajo de lo que deberíamos estar.

TD. ¿Qué modificaciones sustanciales deberían realizarse en el procedimiento inspectivo? Tenemos una inspección que es básicamente presencial, mientras que en otros ámbitos –como el tributario– reciben notificaciones masivas a nivel nacional, que amplían el alcance de la fiscalización. ¿En el ámbito laboral no se podría implementar algo así con la planilla electrónica?

EA. Sí. Se podría implementar y hacer mucho más rápida la inspección. Creo que hay un tema de fondo, que es la lógica de fortalecer la actuación del inspector. Las últimas normas han ido siempre en la situación inversa. Voy recortando facultades a los inspectores. Si la ley dice que ellos no pueden estar siendo impugnados durante sus diligencias inspectivas, los empleadores dicen: “acá hay un tema de derecho de defensa”. Se va resquebrajando la fortaleza que debería tener el inspector. O sea, fortalecer la discrecionalidad. Otro tema es el requerimiento y la modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 30222). Dice que siempre hay que requerir, pero no siempre. Muchas veces podrías poner una multa y además hacer el requerimiento. Si es que colocas como centro de actuación el requerimiento, sucede que antes que llegue el inspector todo es una fiesta; llega el inspector y recién tratas de subsanar. Más o menos en la lógica de las ayudas que se dan a las MYPES. “Si son infracciones leves, te vamos a dar siempre la opción de que subsanes antes de ponerte la multa”. Con lo cual, estamos planteando la sanción como si fuera un monstruo que va a venir a destrozarte la empresa. Cuando en realidad, la sanción debe estar presente. Pero una sanción adecuada, dependiendo de las posibilidades de la empresa.

Un último tema, el de la trilateralidad del procedimiento sancionador. Hoy en día el procedimiento solamente enfrenta a la SUNAFIL con el empleador. Y los trabajadores quedan fuera del espectro. Si es que la SUNAFIL reduce la sanción, probablemente el empleador no tiene que impugnar esa decisión. Se queda como está. Pero no hay trabajadores que puedan participar como parte implicada, con legítimo interés.

En España ha habido el año pasado una modificatoria de la ley de inspección. Y han creado una trilateralidad del sistema inspectivo en la parte del procedimiento sancionador. Eso sería muy importante porque el procedimiento tiene que ser fiscalizado, y la fiscalización si no la hace SUNAFIL, la tienen que hacer los sindicatos.

“El arbitraje potestativo es bastante positivo para la negociación y el diálogo, porque ha ido rompiendo aquellas negociaciones colectivas que por negativa del empleador dejan el conflicto abierto”

TD. Uno de los anuncios que hizo el Ministro en el CNTPE, fue la necesidad, desde su perspectiva, de hacer cambios en el arbitraje potestativo. ¿Cuál es tu evaluación de esta etapa de arbitraje potestativo, y si estás de acuerdo con estas preocupaciones del Ejecutivo sobre los supuestos efectos negativos que ha tenido el arbitraje potestativo?

AC. Las estadísticas y las formas de las costumbres negociales en el país han sufrido una modificación importante. Desde el 2012, cuando se aprobó esta reglamentación respecto del arbitraje potestativo causado, que podía someter obligatoriamente una negociación colectiva no resuelta, por actos de mala fe, al arbitraje obligatorio. Se podía llegar al arbitraje aun cuando la otra parte estuviese en contra. Creo que eso ha significado un resultado bastante positivo para ir creando una cultura del diálogo y negociación colectiva. Porque, desde el 1992, que se dictó la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el problema era que, cuando una negociación colectiva no se resolvía, simplemente quedaba abierta. Bastaba ahí tener una posición negativa al diálogo, y se acabó, no había nadie quien –en ausencia de un acuerdo entre las partes– pudiera dar una solución. Se pasó del extremo anterior de un arbitraje autoritario de la AAT, a que no se resolviera nada. Creo que el arbitraje potestativo por actos de mala fe es bastante positivo para la negociación y el diálogo, porque ha ido rompiendo aquellas negociaciones colectivas que por simple una negativa del empleador, se quedaban en el conflicto abierto.

A mí me preocupan las iniciativas gubernamentales a este respecto. Porque no son medidas que fomenten la negociación colectiva, siendo que el arbitraje se ha convertido en una medida de fomento a la negociación. Más bien, hay tres medidas bastante cuestionables en relación al arbitraje potestativo. En primer lugar, eliminar las facultades de actuación de los árbitros. Me parece que es un sistema muy negativo el sistema del arbitraje en base a la última oferta. Eso hace que en las negociaciones que presentan (ambas) posiciones extremas, los árbitros puedan tener un margen para buscar una solución alternativa. [Que no se pueda] es contrario al principio de la negociación. La negociación colectiva es un procedimiento a través del cual se van intercambiando posiciones de las partes y se arriba a una que puede ser de consenso. Pero eliminar la facultad de atenuación de los árbitros, va en sentido contrario.

La otra es entrar al contenido de la negociación, excluyendo el beneficio de la bonificación por cierre de pliegue o conceptos análogos. Me parece negativo porque es entrar a lo que las partes tienen que ponerse de acuerdo.

“El reajuste de las pensiones sigue en control del poder de turno, expresado en el Ministerio de Economía”.

TD. Uno de los anuncios que ha hecho el gobierno y que está dentro de los anuncios hechos en la campaña electoral, es la reforma integral del sistema de pensiones. El MEF anunció la formación de dos comisiones (una técnica y otra política). A nivel de proceso como a nivel de contenidos, ¿hacia dónde debería ir este proceso de reforma y qué contenidos debería involucrar?

CS. Me llama la atención que se sigan creando espacios sin aprovechar los espacios que ya existen. Y precisamente un espacio que ya existe es el CNTPE, que tiene una comisión técnica sobre seguridad social. Ahí debería plantearse esta discusión política y técnica. Ese es el espacio que hay que fortalecer. No veo necesario crear otro espacio.

De otro lado, en lo que respecta de los contenidos, me parece que las líneas básicas deben ir a mejorar la administración. Hay graves problemas en la administración de la seguridad social de pensiones. Por ejemplo, lo que ha venido ocurriendo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Cientos, miles de sentencias (pueden encontrar en la página web del TC), que repararon una actitud siempre renuente en la administración de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) al momento de negar las pensiones, sin acoger los criterios que ha ido dando el Tribunal. Informes defensoriales [de la Defensoría del Pueblo] que dan cuenta de esta situación inconstitucional. Parece que ahí hay todavía un tema que trabajar. Veo sentencias del TC que salen permanentemente en materia pensionaria vinculada al régimen común (jubilación) o al régimen derivado de accidentes o enfermedades ocupacionales. Hay todo un trabajo para seguir ajustando la administración de las pensiones.

Otro tema es mejorar las prestaciones. En otros países existen mecanismos de reajuste permanente de las pensiones; establecidos por ley, siguiendo criterios objetivos, como puede ser el costo de vida. Sin embargo, acá, todavía no se establece un mecanismo de reajuste de las pensiones que proteja a los pensionistas de los incrementos inflacionarios. El reajuste de las pensiones sigue en control del poder de turno, expresado en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde está adscrita la ONP.

En el sistema privado creo que hay varios problemas por solucionar. Las últimas normas que se han dado me parece que se preocupan en privilegiar  todo el aspecto individual, que ha estado rigiendo este sistema, olvidando que es un sistema de pensiones y no una cuenta de ahorros.

La cobertura es importante en cualquier sistema, sea de salud, de pensiones o de seguridad social. Y la cobertura, principalmente, en materia de pensiones se ve dañada por lo que hemos señalado: la informalidad. Si queremos construir un verdadero sistema de protección social en pensiones, y contamos con niveles altos de informalidad laboral, tenemos ahí un primer gran reto: tratar de ampliar la cobertura del sistema y que todos los que declaran en los hechos una relación de trabajo subordinada, estén cubiertos por un sistema de seguridad social.

Dossier: Informalidad: buscando la fórmula correcta

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La reducción de la informalidad laboral se ha convertido en el leit motiv de la política y discurso “oficial”, tanto del Ejecutivo como del Congreso. Qué duda cabe.

Sin embargo, una proporción muy ínfima de todo lo que se dice sobre el tema se sostiene en información objetiva; o cuando menos recurre a fuentes confiables que permitan tener un juicio objetivo sobre las causas y efectos de este rasgo de nuestra realidad sociolaboral. Para muestra un botón. Si el lector o lectora es paciente y acucioso, le sugerimos revisar las siguientes opiniones expresadas en algunos medios locales, acerca de lo que debe hacerse (y deshacerse) en la política laboral local para fomentar la formalización de la fuerza laboral. Juzgue por usted mismo.

El corazón del monstruo. Rolando Arellano.

El cuco de las reformas laborales. Víctor Ferro.

Formalización: una reforma necesaria. Juan José Garrido.

Editorial El Comercio: La formalización incompleta

Ahora, en contraposición a lo presentado, lo invitamos a revisar el siguiente texto de Julio Gamero publicado en la última edición de Perú Hoy (DESCO, 2016), titulado El empleo informal en el Perú: retos y desafíos.

En este ensayo Gamero expone una útil síntesis sobre las diversas aproximaciones que se han dado desde los estudios sociales al problema de la informalidad en la región. La tesis principal del ensayo –y que le resulta tan difícil de entender al conjunto de analistas y editorialistas que han escrito al respecto–, está relacionada con la racionalidad que mueve al informal a optar por actuar al margen de la legalidad.

Contra lo que proponen las tesis neoliberales, que enfocan sus baterías contra el derecho laboral como el generador de informalidad, Gamero nos plantea que este fenómeno representa la última y única alternativa que le queda al informal para generarse ingresos. Argumento que es aplicable tanto al autoempleado como para el micro y pequeño empresario.

De acuerdo a esta tesis, si el agente económico contara con las condiciones materiales y económicas para solventar la formalidad laboral, este lo haría. Si su capacidad para producir y acumular le permitiera pagar el costo estándar de la formalidad, su apuesta sería por ello. Desde esta perspectiva, la informalidad no forma parte de una estrategia empresarial, sino representa –la mayor de las veces– la única alternativa que le ofrece el sistema a muchos para sobrevivir.

Asimismo, ponemos a su disposición el artículo de Fernando Cuadros Luque, titulado La informalidad laboral en el Perú y propuestas para su reducción (así como una presentación al respecto) publicado en la última edición de la revista Trabajo & Desarrollo de PLADES, donde se aborda la definición de la informalidad laboral, su evolución en los últimos años y un conjunto de propuestas para su disminución.

Presentacion sobre la informalidad laboral en Perú

El triunfo de Trump en Estados Unidos: ¿Qué explica su victoria?

El siguiente reportaje, escrito algunos meses antes de la elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos, advierte algunas de las principales razones que explican el posterior (y no tan sorprendente) triunfo del magnate de los casinos. A saber: el extenso desempleo y las paupérrimas condiciones que ofrecen los servicios públicos a un sector importante de la población blanca y rural. Sectores obreros que vieron cambiar su vida radicalmente al ver migrar la potente industria norteamericana que hizo creíble el american dream. Recomendable.

Primeros cien días en el Sector Trabajo ¿EN LA REPETICIÓN ESTÁ EL GUSTO?

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Cien días es un periodo corto para exigir resultados a un nuevo gobierno. Pero son, al mismo tiempo, un lapso de tiempo razonable para identificar matices, tendencias y orientaciones de lo que busca hacer –y hará– la administración entrante.

En el caso del sector Trabajo, el ejercicio no es ocioso: se trata, sin duda, de uno de los ámbitos que más expectativa genera en la población. El acceso a un empleo digno y adecuado determina en gran medida la calidad y condiciones de vida de los ciudadanos-trabajadores; paquete en el que los ingresos y derechos laborales son un elemento determinante. Y en el Perú, valgan verdades, son pocos los que acceden a una vida plenamente gratificante a partir de una posición de seguridad y prosperidad económica. Por lo mismo, el reto es mayúsculo y urgente.

¿Qué se puede decir de la política laboral de PPK? En realidad, no mucho. Más allá de las formas y la retórica políticamente correcta a favor de la formalización laboral y el empleo digno, lo cierto es que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) –el ente rector en la materia– no logra distinguirse del todo de gestiones anteriores. Sus mayores esfuerzos están orientados a lo mismo: un despliegue publicitario alrededor de los programas de empleo y ferias laborales, con un débil impacto práctico en el mercado de trabajo. Poca atención (y menores recursos) para el tratamiento de los conflictos originados por una inadecuada (y muchas veces inexistente o inaplicable) regulación laboral. Una existencia cuasi fantasmal del Sistema de Inspecciones Laborales. Direcciones Regionales convertidas en mesas de parte. Todo lo cual deriva en vulneraciones generalizadas a los derechos colectivos e individuales, despidos y precarización laboral; afectaciones que reciben poca prensa, pero erosionan progresivamente la confianza de los ciudadanos respecto de sus autoridades y la democracia como sistema.

EL PRIMER TRAMO

En reciente entrevista en RPP, el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, destacó la reactivación del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) como uno de los principales avances de su gestión. Lo volvió a señalar días después en Gestión.

Entrevista al Ministro de Trabajo

Él mismo ha señalado en repetidas ocasiones que este foro tripartito –en el que los sectores laboral y empresarial debaten el sentido de las políticas públicas en materia de trabajo y empleo–, será el espacio de donde salgan las propuestas que luego se convertirán en normas laborales.

“Es el espacio donde plantearemos las primeras medidas de destrabe, simplificación, mejora y relacionamiento laboral del país”, fueron sus palabras para ser exactos.

Lo que no mencionó fue el entrampamiento interno que se habría generado por el nombramiento del nuevo secretario técnico del CNTPE aprobado por las centrales sindicales y los gremios empresariales que lo integran. Esta situación sería particularmente delicada, considerando la importancia de mantener la confianza y respaldo de la parte sindical, sin duda, el sector menos favorecido en la mesa laboral; así como el respeto por los acuerdos logrados mediante el diálogo social tripartito

En la misma entrevista el Ministro abordó el tema del empleo juvenil y la necesidad de generar políticas que promuevan la contratación de más jóvenes en condiciones formales y adecuadas. El problema radicaría, a nuestro entender, en su diagnóstico. Grados Carraro encuentra en la “tramitología” un primer dique que impide una mayor inserción laboral juvenil. “Los trámites y documentos que una empresa debe cumplir para contratar jóvenes no agregan mucho valor para el seguimiento de su nivel de empleabilidad en las industrias y otros planes”, señaló.

Desde su perspectiva, un cuello de botella en este problema lo constituiría la burocracia que impide la creación de planes de capacitación a mediano y largo plazo, así como el monitoreo y evaluación de los resultados del entrenamiento; específicamente de sus niveles de empleabilidad en las industrias –según informa Gestión–.

Es en este punto que las salidas planteadas por el titular de Trabajo para enfrentar el problema de la informalidad laboral resuenan a la letanía absurda y fracasada con la que se ha abordado el tema en los últimos años. “Tenemos que aligerar la legislación laboral, permitir que las modalidades de contratación sean mucho más expeditivas”, reiteró, sin mencionar en qué aspectos las normas laborales se convierten en un impedimento para la contratación formal de trabajadores.

No obstante, en una entrevista posterior realizada por el diario Gestión, Grados señala que su Sector viene preparando un conjunto de medidas normativas con el objetivo de promover la contratación de trabajadores a tiempo parcial (modalidad con menores beneficios laborales que la contratación a tiempo completo); y permitir la contratación a plazo fijo sin necesidad de que el empleador la sustente en una necesidad temporal de mano de obra (a pesar de que se ha demostrado hasta la saciedad lo lesiva que resulta esta modalidad de contratación para el ejercicio de derechos individuales y colectivos).

Estas medidas habrían generado alarmas en el sector sindical. Por lo pronto, la Internacional de los Servicios Públicos (IPS), destacó en un comunicado público que dichas medidas tendrían como objetivo quebrar la negociación colectiva y debilitar a la organización sindical, al crear nuevas plazas pero en términos de precariedad y fáciles de controlar por el empleador.

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En la misma línea se ha pronunciado la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que en comunicado público ha manifestado su preocupación respecto de las últimas declaraciones del Ministro que hacen referencia a la revisión de los estándares de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo aprobados por el Gobierno anterior; pero también a la evaluación del mecanismo técnico de incremento de la remuneración mínima que tanto costó aprobar en consenso por las centrales sindicales, los gremios empresariales y el Poder Ejecutivo en el año 2007; y a la revisión del arbitraje potestativo (que ha fomentado la solución más rápida de los procesos de negociación colectiva entre empresas y trabajadores sindicalizados). En este paquete se incluiría también la realización de cambios a la regulación que fomenta la contratación de personas con discapacidad en las empresas privadas; entre otras medidas con claro corte antilaboral.

Comunicado de la CGTP

Estas declaraciones contrastan con las brindadas al diario La República, donde se cuida mucho en señalar que el gobierno de PPK no apostará por un régimen laboral al “estilo” de la Ley Pulpín (Régimen Laboral Juvenil). Ante la insistencia del periodista, Grados Carraro señala que no se impulsarán regímenes especiales, “hasta el momento”….

Lo que no mencionó fueron las acciones que adoptará el MTPE para atender las observaciones realizadas por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en el marco del TLC entre ambos países. Como se recordará, en marzo de este año la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (OTLA) emitió un Informe Público dando por válida la queja presentada por siete organizaciones sindicales peruanas, al considerar que el gobierno peruano incumplía con los acuerdos contenidos en el capítulo laboral. Todo lo cual concluyó con un conjunto de recomendaciones al Estado peruano –vinculadas con cambios normativos en los regímenes especiales implicados, el fortalecimiento de la SUNAFIL y la modernización de la justicia laboral–; recomendaciones que tienen como primer plazo de cumplimiento el mes de diciembre de este año.

Sin embargo, y a pesar del impacto en términos de imagen y la posibilidad de ser objeto de denuncias ante el capítulo de solución de controversias del TLC, el Gobierno peruano no parece dar señales de querer atender estas recomendaciones. Particularmente las que instan a adecuar los regímenes laborales especiales cuestionados por los sindicatos.

Esto se desprende de una respuesta brindada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, luego de que se realizara una presentación ante la Comisión de Comercio Exterior del Congreso, con relación a los impactos sociales, económicos, laborales y ambientales de los acuerdos de libre comercio firmados por el Perú. Sobre el Informe público del Departamento de Trabajo norteamericano, señala que:

“Al respecto, es pertinente precisar que los regímenes laborales contenidos en la Ley N° 22342, Ley de Exportaciones No Tradicionales; y la Ley N° 27360, Ley que aprueba normas de promoción del Sector Agrario, son plenamente consistentes con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Promoción Comercial, debiendo tomar en cuenta que ambos regímenes estaban vigentes durante la negociación e implementación de dicho acuerdo (…)

Por otro lado, cabe resaltar que para determinar un incumplimiento de las obligaciones del capítulo laboral del APC, se debe demostrar que ha habido un incumplimiento de una norma, reglamento o práctica, o en su aplicación, de una manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes, lo cual no se dio en este caso” (Pp. 15-16).

Sobre el particular queremos puntualizar que las observaciones hechas por la OTLA son los efectos prácticos de la aplicación de dichas normas sobre los derechos colectivos; siendo los más graves la posibilidad de contratar a plazo fijo o temporal de manera indefinida, estableciendo de facto una situación de inestabilidad laboral que es usada como cortapisa para frenar los intentos de sindicalización en ambos sectores.

Y con respecto a la afectación del comercio o inversión entre las partes, los incumplimientos denunciados por las organizaciones sindicales no solo han sido reconocidos por la autoridad de Trabajo de los Estados Unidos, sino también por empresas extranjeras importadoras de la producción textil y de confecciones de nuestro país.

En efecto, como informó La República, en marzo del 2013 diversas compañías internacionales –como New Balance, Nike, PVH Corp. (dueña de las marcas Tommy Hilfiger y Calvin Klein), VF Corporation (propietaria de las marcas Wrangler, Lee’s, North Face, Nautica y Timberland), 47 Brand, y Life Is Good– remitieron una carta pública al Presidente Ollanta Humala, instándolo a “demostrar su fuerte apoyo a la inclusión social y condiciones de trabajo decentes, apoyando la derogación del Decreto Ley N° 22342”. La razón: ser el principal obstáculo para la formación de sindicatos y para iniciar procesos de negociación colectiva en los segmentos empresariales dedicados a la exportación no tradicional.

Como es de conocimiento público, el gobierno nacionalista no movió un ápice al respecto. Poco tiempo después, sería el propio gobierno norteamericano quien exigiera medidas concretas en este punto particular. Veremos la respuesta del gobierno de PPK, tan amigo de ese país.

SERVIDORES PÚBLICOS

Los otros aspectos claves abordados por el ministro Grados en este primer balance de su gestión están relacionados con el futuro de la Ley del Servicio Civil y las relaciones laborales en el Estado.

En ambos puntos también ha sido cauto, por no decir que ha evitado una opinión clara y orientadora, dado el carácter rector del MTPE en el ámbito laboral privado. Y en ese plan, el Ministro ha optado por delegar a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), entidad rectora en dicha materia, la responsabilidad de aclarar el panorama del empleo público; y al Congreso de la República la tarea de legislar en materia de negociación colectiva para los trabajadores públicos.

Acá el reto de la hora está en destrabar el derecho a la negociación colectiva de ingresos económicos, impedida por sendos dispositivos legales (el artículo 6º y la 58ª disposición complementaria final) de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2013, los cuales han sido incorporados cada año en la Ley de Presupuesto, hasta la fecha, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 2015, en la que declara inconstitucionales estas restricciones, al contravenir un derecho fundamental consagrado en la Constitución y en Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el Estado peruano.

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El asunto está en ¿qué modelo de negociación colectiva se requiere para el Estado peruano? Al respecto, SERVIR –en reciente foro público organizado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social– ha delineado cinco dimensiones que en parte ayudarán a ordenar una discusión bastante compleja:

  • Definición del nivel de negociación: ¿centralizada (a nivel de todo el Estado) o descentralizada (a nivel de cada entidad)?
  • Determinación del nivel de representatividad del Estado en caso de optar por una negociación centralizada: ¿una sola representación nacional o una representación por cada nivel de gobierno (nacional, regional y local)? ¿Quién asume esa representación?
  • Definición del nivel de representatividad de los trabajadores en caso de optar por una negociación centralizada: ¿centrales sindicales? ¿federaciones? ¿cuántas? ¿cuáles? ¿por representatividad?
  • Determinación del procedimiento a seguir cuando no se llegue a acuerdos entre las partes: ¿arbitraje? ¿no se aplica ninguna mejora remunerativa?
  • Definición del procedimiento de negociación colectiva a seguir: ¿etapas? ¿periodicidad? ¿vigencia del convenio?

Las centrales sindicales del sector público –CITE, CTE, UNASSE, Coordinadora de Trabajadores Estatales– están trabajando una propuesta coordinada para regular la negociación colectiva en el sector público. El reto que tienen por delante es plantear un modelo que deje atrás el unilateralismo y el desorden salarial; y permita la construcción de relaciones estables e institucionalizadas entre el Estado, en su rol de empleador, y los trabajadores, en su rol de servidores públicos con derechos y obligaciones laborales.

Por lo pronto, en estos días los trabajadores del Poder Judicial han realizado un paro de dos días, con una plataforma que incluye, entre otros temas, mejoras presupuestales para aumentar remuneraciones y cumplir sentencias.

LA AGENDA LEGISLATIVA

Los balances por los primeros cien días deben extenderse a los otros poderes públicos relacionados con la problemática laboral.

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En el Congreso, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social –presidida por el Frente Amplio– inició el periodo con una ronda de invitaciones a autoridades públicas y actores sociales. Esto llevó a que las primeras sesiones fueran dedicadas a escuchar la situación de EsSalud, del Ministerio de Trabajo, de la SUNAFIL, de los gremios sindicales y empresariales.

Pero en las últimas sesiones se ha iniciado el debate de propuestas legislativas, y en ese marco hay algunos proyectos que apuntan a mejorar las condiciones laborales de sectores específicos de la población económicamente activa (PEA). Sin duda, la aprobación de una ley que regule la negociación colectiva en el Sector Público –como manda una sentencia del Tribunal Constitucional– será uno de los puntos que mayor debate, polémica y resistencias encontrará en la presente legislatura.

Pero hay otras iniciativas importantes que merecen destacarse. Por ejemplo, la congresista Indira Huilca presentó hace unos días el proyecto de Ley de Primer Empleo Juvenil, del cual dimos cuenta en un anterior post de Trabajo Digno. Con esta iniciativa el Frente Amplio recoge los aportes de especialistas y jóvenes involucrados en las movilizaciones que derogaron la Ley Pulpín y los convierte en una alternativa legislativa que apunta a facilitar la contratación de trabajadores jóvenes, en condiciones adecuadas y promoviendo su formación y capacitación laboral.

A esta iniciativa se suman las presentadas por el presidente de la Comisión de Trabajo, el congresista Hernando Cevallos del Frente Amplio, orientadas a modificar los regímenes laborales de las leyes de promoción de las Exportaciones No Tradicionales (Decreto Ley N° 22342) y de Promoción del Sector Agrario (Ley N° 27360); a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores a medio tiempo (o tiempo parcial); a regular el pago del trabajo nocturno, la nulidad del despido sin causa, así como la protección contra el despido arbitrario, la CTS y las vacaciones.

También ingresó a dicha Comisión una propuesta legislativa de la congresista oficialista Mercedes Araoz, que apunta a favorecer la igualdad laboral y remunerativa entre hombres y mujeres. Interesante iniciativa, que sin embargo carece de “dientes” para quebrar la desigualdad que afecta principalmente a las mujeres en la distribución del poder y la riqueza en el Perú de nuestros días.

Asimismo, en el contexto de la casación de la Corte Suprema de Justicia, que admitió la reducción discrecional del salario por parte de los empleadores y generó no pocas críticas, los congresistas Apaza, Cevallos y Del Castillo, presentaron proyectos normativos para eliminar esta posibilidad, considerando que violenta el derecho al trabajo y constituye en si misma un despido indirecto.

Centrales sindicales presentan demandas

Quienes han sido claras en sus planteamientos son las centrales sindicales. En las dos últimas semanas han tenido sendas reuniones tanto con el Ministro de Trabajo (4 de noviembre) y la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado (octubre). Sus propuestas se reflejan en una plataforma de lucha consistente en diez puntos que combinan políticas generales con medidas específicas.

Temas laborales para ser tratados en el Congreso

Mientras, el panorama laboral para los trabajadores no es muy alentador. Tanto al MTPE como al Congreso de la República llegan los reportes de casos de violación a los derechos laborales y sindicales.

Esta situación se agrava con la inacción de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Su estado de precariedad institucional y desfinanciamiento no puede ser entendido sino como la falta de voluntad política del anterior y actual gobierno por fortalecer el sistema de inspecciones laborales.

En reciente sesión de la Comisión de Trabajo, el superintendente Carlos Ernesto Benites Saravia fue explícito al señalar que el principal escollo para mejorar el presupuesto de la SUNAFIL radica en la negativa del MEF de otorgarle la partida que se necesita, en principio, para crear las 19 intendencias que faltan implementar a nivel nacional. Además de promover a los más de 200 inspectores auxiliares a la condición de inspectores, a secas, con capacidad para fiscalizar empresas de todo calado.

Bajo estas circunstancias, ¿está la Autoridad de Trabajo en condiciones de velar por el efectivo cumplimiento de las normas laborales? Creemos que no, porque no se están haciendo todos los esfuerzos que se requieren para mejorar la capacidad inspectiva del Estado. Pasando por la asignación de los recursos necesarios para un adecuado funcionamiento. Y en eso hay responsabilidades claras y directas.

Finalmente

Era previsible que el gobierno de PPK no fuera una administración orientada a cumplir con las demandas de los trabajadores. Los compromisos asumidos y apoyos brindados, entendemos, se dieron en el contexto específico de la campaña electoral. Pero eso no les resta valor, sino constituyen un imperativo del cual dependerá la legitimidad y respaldo social a su mandato. Incumplirlos sería un error; sobre todo considerando que los principales acuerdos estuvieron orientados a no profundizar más la flexibilización y desigualdad laboral existente en el país.

Dicho ello, las medidas anunciadas por el Ministro de Trabajo nos dan cuenta de una visión de la problemática laboral que no ofrece nuevas luces sobre cómo enfrentar los problemas de la informalidad y precariedad laboral. Lejos de apostar por la diversificación productiva (de manera coordinada con el MEF y los ministerios productivos) y el fortalecimiento de las relaciones laborales (asegurando que la Autoridad de Trabajo haga cumplir efectivamente la legislación), con el objetivo de generar las condiciones para la creación de empleo productivo y adecuado, el Sector ha preferido seguir en la línea de sus predecesores, manteniendo el piloto automático en muchos aspectos de la gestión.

Así visto, se trata de una apuesta riesgosa considerando el embalse de expectativas y demandas sociales contenidas, luego de una década y media de crecimiento con desigualdad social.