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Acá podrá encontrar información útil para investigadores y especialistas laborales, periodistas económicos, trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, docentes y estudiantes universitarios, entre otros.

Vivir del trabajo, y particularmente del trabajo digno, es un derecho fundamental que merece ser destacado y cumplido por todos los actores de la sociedad. Es fuente de progreso personal y colectivo; es el medio para acceder a otros derechos fundamentales; el camino seguro para lograr una vida digna y al desarrollo profesional y humano. Continúe leyendo

Dossier: Informalidad: buscando la fórmula correcta

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La reducción de la informalidad laboral se ha convertido en el leit motiv de la política y discurso “oficial”, tanto del Ejecutivo como del Congreso. Qué duda cabe.

Sin embargo, una proporción muy ínfima de todo lo que se dice sobre el tema se sostiene en información objetiva; o cuando menos recurre a fuentes confiables que permitan tener un juicio objetivo sobre las causas y efectos de este rasgo de nuestra realidad sociolaboral. Para muestra un botón. Si el lector o lectora es paciente y acucioso, le sugerimos revisar las siguientes opiniones expresadas en algunos medios locales, acerca de lo que debe hacerse (y deshacerse) en la política laboral local para fomentar la formalización de la fuerza laboral. Juzgue por usted mismo.

El corazón del monstruo. Rolando Arellano.

El cuco de las reformas laborales. Víctor Ferro.

Formalización: una reforma necesaria. Juan José Garrido.

Editorial El Comercio: La formalización incompleta

Ahora, en contraposición a lo presentado, lo invitamos a revisar el siguiente texto de Julio Gamero publicado en la última edición de Perú Hoy (DESCO, 2016), titulado El empleo informal en el Perú: retos y desafíos.

En este ensayo Gamero expone una útil síntesis sobre las diversas aproximaciones que se han dado desde los estudios sociales al problema de la informalidad en la región. La tesis principal del ensayo –y que le resulta tan difícil de entender al conjunto de analistas y editorialistas que han escrito al respecto–, está relacionada con la racionalidad que mueve al informal a optar por actuar al margen de la legalidad.

Contra lo que proponen las tesis neoliberales, que enfocan sus baterías contra el derecho laboral como el generador de informalidad, Gamero nos plantea que este fenómeno representa la última y única alternativa que le queda al informal para generarse ingresos. Argumento que es aplicable tanto al autoempleado como para el micro y pequeño empresario.

De acuerdo a esta tesis, si el agente económico contara con las condiciones materiales y económicas para solventar la formalidad laboral, este lo haría. Si su capacidad para producir y acumular le permitiera pagar el costo estándar de la formalidad, su apuesta sería por ello. Desde esta perspectiva, la informalidad no forma parte de una estrategia empresarial, sino representa –la mayor de las veces– la única alternativa que le ofrece el sistema a muchos para sobrevivir.

Asimismo, ponemos a su disposición el artículo de Fernando Cuadros Luque, titulado La informalidad laboral en el Perú y propuestas para su reducción (así como una presentación al respecto) publicado en la última edición de la revista Trabajo & Desarrollo de PLADES, donde se aborda la definición de la informalidad laboral, su evolución en los últimos años y un conjunto de propuestas para su disminución.

Presentacion sobre la informalidad laboral en Perú

El triunfo de Trump en Estados Unidos: ¿Qué explica su victoria?

El siguiente reportaje, escrito algunos meses antes de la elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos, advierte algunas de las principales razones que explican el posterior (y no tan sorprendente) triunfo del magnate de los casinos. A saber: el extenso desempleo y las paupérrimas condiciones que ofrecen los servicios públicos a un sector importante de la población blanca y rural. Sectores obreros que vieron cambiar su vida radicalmente al ver migrar la potente industria norteamericana que hizo creíble el american dream. Recomendable.

Primeros cien días en el Sector Trabajo ¿EN LA REPETICIÓN ESTÁ EL GUSTO?

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Cien días es un periodo corto para exigir resultados a un nuevo gobierno. Pero son, al mismo tiempo, un lapso de tiempo razonable para identificar matices, tendencias y orientaciones de lo que busca hacer –y hará– la administración entrante.

En el caso del sector Trabajo, el ejercicio no es ocioso: se trata, sin duda, de uno de los ámbitos que más expectativa genera en la población. El acceso a un empleo digno y adecuado determina en gran medida la calidad y condiciones de vida de los ciudadanos-trabajadores; paquete en el que los ingresos y derechos laborales son un elemento determinante. Y en el Perú, valgan verdades, son pocos los que acceden a una vida plenamente gratificante a partir de una posición de seguridad y prosperidad económica. Por lo mismo, el reto es mayúsculo y urgente.

¿Qué se puede decir de la política laboral de PPK? En realidad, no mucho. Más allá de las formas y la retórica políticamente correcta a favor de la formalización laboral y el empleo digno, lo cierto es que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) –el ente rector en la materia– no logra distinguirse del todo de gestiones anteriores. Sus mayores esfuerzos están orientados a lo mismo: un despliegue publicitario alrededor de los programas de empleo y ferias laborales, con un débil impacto práctico en el mercado de trabajo. Poca atención (y menores recursos) para el tratamiento de los conflictos originados por una inadecuada (y muchas veces inexistente o inaplicable) regulación laboral. Una existencia cuasi fantasmal del Sistema de Inspecciones Laborales. Direcciones Regionales convertidas en mesas de parte. Todo lo cual deriva en vulneraciones generalizadas a los derechos colectivos e individuales, despidos y precarización laboral; afectaciones que reciben poca prensa, pero erosionan progresivamente la confianza de los ciudadanos respecto de sus autoridades y la democracia como sistema.

EL PRIMER TRAMO

En reciente entrevista en RPP, el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, destacó la reactivación del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) como uno de los principales avances de su gestión. Lo volvió a señalar días después en Gestión.

Entrevista al Ministro de Trabajo

Él mismo ha señalado en repetidas ocasiones que este foro tripartito –en el que los sectores laboral y empresarial debaten el sentido de las políticas públicas en materia de trabajo y empleo–, será el espacio de donde salgan las propuestas que luego se convertirán en normas laborales.

“Es el espacio donde plantearemos las primeras medidas de destrabe, simplificación, mejora y relacionamiento laboral del país”, fueron sus palabras para ser exactos.

Lo que no mencionó fue el entrampamiento interno que se habría generado por el nombramiento del nuevo secretario técnico del CNTPE aprobado por las centrales sindicales y los gremios empresariales que lo integran. Esta situación sería particularmente delicada, considerando la importancia de mantener la confianza y respaldo de la parte sindical, sin duda, el sector menos favorecido en la mesa laboral; así como el respeto por los acuerdos logrados mediante el diálogo social tripartito

En la misma entrevista el Ministro abordó el tema del empleo juvenil y la necesidad de generar políticas que promuevan la contratación de más jóvenes en condiciones formales y adecuadas. El problema radicaría, a nuestro entender, en su diagnóstico. Grados Carraro encuentra en la “tramitología” un primer dique que impide una mayor inserción laboral juvenil. “Los trámites y documentos que una empresa debe cumplir para contratar jóvenes no agregan mucho valor para el seguimiento de su nivel de empleabilidad en las industrias y otros planes”, señaló.

Desde su perspectiva, un cuello de botella en este problema lo constituiría la burocracia que impide la creación de planes de capacitación a mediano y largo plazo, así como el monitoreo y evaluación de los resultados del entrenamiento; específicamente de sus niveles de empleabilidad en las industrias –según informa Gestión–.

Es en este punto que las salidas planteadas por el titular de Trabajo para enfrentar el problema de la informalidad laboral resuenan a la letanía absurda y fracasada con la que se ha abordado el tema en los últimos años. “Tenemos que aligerar la legislación laboral, permitir que las modalidades de contratación sean mucho más expeditivas”, reiteró, sin mencionar en qué aspectos las normas laborales se convierten en un impedimento para la contratación formal de trabajadores.

No obstante, en una entrevista posterior realizada por el diario Gestión, Grados señala que su Sector viene preparando un conjunto de medidas normativas con el objetivo de promover la contratación de trabajadores a tiempo parcial (modalidad con menores beneficios laborales que la contratación a tiempo completo); y permitir la contratación a plazo fijo sin necesidad de que el empleador la sustente en una necesidad temporal de mano de obra (a pesar de que se ha demostrado hasta la saciedad lo lesiva que resulta esta modalidad de contratación para el ejercicio de derechos individuales y colectivos).

Estas medidas habrían generado alarmas en el sector sindical. Por lo pronto, la Internacional de los Servicios Públicos (IPS), destacó en un comunicado público que dichas medidas tendrían como objetivo quebrar la negociación colectiva y debilitar a la organización sindical, al crear nuevas plazas pero en términos de precariedad y fáciles de controlar por el empleador.

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En la misma línea se ha pronunciado la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que en comunicado público ha manifestado su preocupación respecto de las últimas declaraciones del Ministro que hacen referencia a la revisión de los estándares de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo aprobados por el Gobierno anterior; pero también a la evaluación del mecanismo técnico de incremento de la remuneración mínima que tanto costó aprobar en consenso por las centrales sindicales, los gremios empresariales y el Poder Ejecutivo en el año 2007; y a la revisión del arbitraje potestativo (que ha fomentado la solución más rápida de los procesos de negociación colectiva entre empresas y trabajadores sindicalizados). En este paquete se incluiría también la realización de cambios a la regulación que fomenta la contratación de personas con discapacidad en las empresas privadas; entre otras medidas con claro corte antilaboral.

Comunicado de la CGTP

Estas declaraciones contrastan con las brindadas al diario La República, donde se cuida mucho en señalar que el gobierno de PPK no apostará por un régimen laboral al “estilo” de la Ley Pulpín (Régimen Laboral Juvenil). Ante la insistencia del periodista, Grados Carraro señala que no se impulsarán regímenes especiales, “hasta el momento”….

Lo que no mencionó fueron las acciones que adoptará el MTPE para atender las observaciones realizadas por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en el marco del TLC entre ambos países. Como se recordará, en marzo de este año la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (OTLA) emitió un Informe Público dando por válida la queja presentada por siete organizaciones sindicales peruanas, al considerar que el gobierno peruano incumplía con los acuerdos contenidos en el capítulo laboral. Todo lo cual concluyó con un conjunto de recomendaciones al Estado peruano –vinculadas con cambios normativos en los regímenes especiales implicados, el fortalecimiento de la SUNAFIL y la modernización de la justicia laboral–; recomendaciones que tienen como primer plazo de cumplimiento el mes de diciembre de este año.

Sin embargo, y a pesar del impacto en términos de imagen y la posibilidad de ser objeto de denuncias ante el capítulo de solución de controversias del TLC, el Gobierno peruano no parece dar señales de querer atender estas recomendaciones. Particularmente las que instan a adecuar los regímenes laborales especiales cuestionados por los sindicatos.

Esto se desprende de una respuesta brindada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, luego de que se realizara una presentación ante la Comisión de Comercio Exterior del Congreso, con relación a los impactos sociales, económicos, laborales y ambientales de los acuerdos de libre comercio firmados por el Perú. Sobre el Informe público del Departamento de Trabajo norteamericano, señala que:

“Al respecto, es pertinente precisar que los regímenes laborales contenidos en la Ley N° 22342, Ley de Exportaciones No Tradicionales; y la Ley N° 27360, Ley que aprueba normas de promoción del Sector Agrario, son plenamente consistentes con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Promoción Comercial, debiendo tomar en cuenta que ambos regímenes estaban vigentes durante la negociación e implementación de dicho acuerdo (…)

Por otro lado, cabe resaltar que para determinar un incumplimiento de las obligaciones del capítulo laboral del APC, se debe demostrar que ha habido un incumplimiento de una norma, reglamento o práctica, o en su aplicación, de una manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes, lo cual no se dio en este caso” (Pp. 15-16).

Sobre el particular queremos puntualizar que las observaciones hechas por la OTLA son los efectos prácticos de la aplicación de dichas normas sobre los derechos colectivos; siendo los más graves la posibilidad de contratar a plazo fijo o temporal de manera indefinida, estableciendo de facto una situación de inestabilidad laboral que es usada como cortapisa para frenar los intentos de sindicalización en ambos sectores.

Y con respecto a la afectación del comercio o inversión entre las partes, los incumplimientos denunciados por las organizaciones sindicales no solo han sido reconocidos por la autoridad de Trabajo de los Estados Unidos, sino también por empresas extranjeras importadoras de la producción textil y de confecciones de nuestro país.

En efecto, como informó La República, en marzo del 2013 diversas compañías internacionales –como New Balance, Nike, PVH Corp. (dueña de las marcas Tommy Hilfiger y Calvin Klein), VF Corporation (propietaria de las marcas Wrangler, Lee’s, North Face, Nautica y Timberland), 47 Brand, y Life Is Good– remitieron una carta pública al Presidente Ollanta Humala, instándolo a “demostrar su fuerte apoyo a la inclusión social y condiciones de trabajo decentes, apoyando la derogación del Decreto Ley N° 22342”. La razón: ser el principal obstáculo para la formación de sindicatos y para iniciar procesos de negociación colectiva en los segmentos empresariales dedicados a la exportación no tradicional.

Como es de conocimiento público, el gobierno nacionalista no movió un ápice al respecto. Poco tiempo después, sería el propio gobierno norteamericano quien exigiera medidas concretas en este punto particular. Veremos la respuesta del gobierno de PPK, tan amigo de ese país.

SERVIDORES PÚBLICOS

Los otros aspectos claves abordados por el ministro Grados en este primer balance de su gestión están relacionados con el futuro de la Ley del Servicio Civil y las relaciones laborales en el Estado.

En ambos puntos también ha sido cauto, por no decir que ha evitado una opinión clara y orientadora, dado el carácter rector del MTPE en el ámbito laboral privado. Y en ese plan, el Ministro ha optado por delegar a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), entidad rectora en dicha materia, la responsabilidad de aclarar el panorama del empleo público; y al Congreso de la República la tarea de legislar en materia de negociación colectiva para los trabajadores públicos.

Acá el reto de la hora está en destrabar el derecho a la negociación colectiva de ingresos económicos, impedida por sendos dispositivos legales (el artículo 6º y la 58ª disposición complementaria final) de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2013, los cuales han sido incorporados cada año en la Ley de Presupuesto, hasta la fecha, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 2015, en la que declara inconstitucionales estas restricciones, al contravenir un derecho fundamental consagrado en la Constitución y en Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el Estado peruano.

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El asunto está en ¿qué modelo de negociación colectiva se requiere para el Estado peruano? Al respecto, SERVIR –en reciente foro público organizado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social– ha delineado cinco dimensiones que en parte ayudarán a ordenar una discusión bastante compleja:

  • Definición del nivel de negociación: ¿centralizada (a nivel de todo el Estado) o descentralizada (a nivel de cada entidad)?
  • Determinación del nivel de representatividad del Estado en caso de optar por una negociación centralizada: ¿una sola representación nacional o una representación por cada nivel de gobierno (nacional, regional y local)? ¿Quién asume esa representación?
  • Definición del nivel de representatividad de los trabajadores en caso de optar por una negociación centralizada: ¿centrales sindicales? ¿federaciones? ¿cuántas? ¿cuáles? ¿por representatividad?
  • Determinación del procedimiento a seguir cuando no se llegue a acuerdos entre las partes: ¿arbitraje? ¿no se aplica ninguna mejora remunerativa?
  • Definición del procedimiento de negociación colectiva a seguir: ¿etapas? ¿periodicidad? ¿vigencia del convenio?

Las centrales sindicales del sector público –CITE, CTE, UNASSE, Coordinadora de Trabajadores Estatales– están trabajando una propuesta coordinada para regular la negociación colectiva en el sector público. El reto que tienen por delante es plantear un modelo que deje atrás el unilateralismo y el desorden salarial; y permita la construcción de relaciones estables e institucionalizadas entre el Estado, en su rol de empleador, y los trabajadores, en su rol de servidores públicos con derechos y obligaciones laborales.

Por lo pronto, en estos días los trabajadores del Poder Judicial han realizado un paro de dos días, con una plataforma que incluye, entre otros temas, mejoras presupuestales para aumentar remuneraciones y cumplir sentencias.

LA AGENDA LEGISLATIVA

Los balances por los primeros cien días deben extenderse a los otros poderes públicos relacionados con la problemática laboral.

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En el Congreso, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social –presidida por el Frente Amplio– inició el periodo con una ronda de invitaciones a autoridades públicas y actores sociales. Esto llevó a que las primeras sesiones fueran dedicadas a escuchar la situación de EsSalud, del Ministerio de Trabajo, de la SUNAFIL, de los gremios sindicales y empresariales.

Pero en las últimas sesiones se ha iniciado el debate de propuestas legislativas, y en ese marco hay algunos proyectos que apuntan a mejorar las condiciones laborales de sectores específicos de la población económicamente activa (PEA). Sin duda, la aprobación de una ley que regule la negociación colectiva en el Sector Público –como manda una sentencia del Tribunal Constitucional– será uno de los puntos que mayor debate, polémica y resistencias encontrará en la presente legislatura.

Pero hay otras iniciativas importantes que merecen destacarse. Por ejemplo, la congresista Indira Huilca presentó hace unos días el proyecto de Ley de Primer Empleo Juvenil, del cual dimos cuenta en un anterior post de Trabajo Digno. Con esta iniciativa el Frente Amplio recoge los aportes de especialistas y jóvenes involucrados en las movilizaciones que derogaron la Ley Pulpín y los convierte en una alternativa legislativa que apunta a facilitar la contratación de trabajadores jóvenes, en condiciones adecuadas y promoviendo su formación y capacitación laboral.

A esta iniciativa se suman las presentadas por el presidente de la Comisión de Trabajo, el congresista Hernando Cevallos del Frente Amplio, orientadas a modificar los regímenes laborales de las leyes de promoción de las Exportaciones No Tradicionales (Decreto Ley N° 22342) y de Promoción del Sector Agrario (Ley N° 27360); a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores a medio tiempo (o tiempo parcial); a regular el pago del trabajo nocturno, la nulidad del despido sin causa, así como la protección contra el despido arbitrario, la CTS y las vacaciones.

También ingresó a dicha Comisión una propuesta legislativa de la congresista oficialista Mercedes Araoz, que apunta a favorecer la igualdad laboral y remunerativa entre hombres y mujeres. Interesante iniciativa, que sin embargo carece de “dientes” para quebrar la desigualdad que afecta principalmente a las mujeres en la distribución del poder y la riqueza en el Perú de nuestros días.

Asimismo, en el contexto de la casación de la Corte Suprema de Justicia, que admitió la reducción discrecional del salario por parte de los empleadores y generó no pocas críticas, los congresistas Apaza, Cevallos y Del Castillo, presentaron proyectos normativos para eliminar esta posibilidad, considerando que violenta el derecho al trabajo y constituye en si misma un despido indirecto.

Centrales sindicales presentan demandas

Quienes han sido claras en sus planteamientos son las centrales sindicales. En las dos últimas semanas han tenido sendas reuniones tanto con el Ministro de Trabajo (4 de noviembre) y la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado (octubre). Sus propuestas se reflejan en una plataforma de lucha consistente en diez puntos que combinan políticas generales con medidas específicas.

Temas laborales para ser tratados en el Congreso

Mientras, el panorama laboral para los trabajadores no es muy alentador. Tanto al MTPE como al Congreso de la República llegan los reportes de casos de violación a los derechos laborales y sindicales.

Esta situación se agrava con la inacción de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Su estado de precariedad institucional y desfinanciamiento no puede ser entendido sino como la falta de voluntad política del anterior y actual gobierno por fortalecer el sistema de inspecciones laborales.

En reciente sesión de la Comisión de Trabajo, el superintendente Carlos Ernesto Benites Saravia fue explícito al señalar que el principal escollo para mejorar el presupuesto de la SUNAFIL radica en la negativa del MEF de otorgarle la partida que se necesita, en principio, para crear las 19 intendencias que faltan implementar a nivel nacional. Además de promover a los más de 200 inspectores auxiliares a la condición de inspectores, a secas, con capacidad para fiscalizar empresas de todo calado.

Bajo estas circunstancias, ¿está la Autoridad de Trabajo en condiciones de velar por el efectivo cumplimiento de las normas laborales? Creemos que no, porque no se están haciendo todos los esfuerzos que se requieren para mejorar la capacidad inspectiva del Estado. Pasando por la asignación de los recursos necesarios para un adecuado funcionamiento. Y en eso hay responsabilidades claras y directas.

Finalmente

Era previsible que el gobierno de PPK no fuera una administración orientada a cumplir con las demandas de los trabajadores. Los compromisos asumidos y apoyos brindados, entendemos, se dieron en el contexto específico de la campaña electoral. Pero eso no les resta valor, sino constituyen un imperativo del cual dependerá la legitimidad y respaldo social a su mandato. Incumplirlos sería un error; sobre todo considerando que los principales acuerdos estuvieron orientados a no profundizar más la flexibilización y desigualdad laboral existente en el país.

Dicho ello, las medidas anunciadas por el Ministro de Trabajo nos dan cuenta de una visión de la problemática laboral que no ofrece nuevas luces sobre cómo enfrentar los problemas de la informalidad y precariedad laboral. Lejos de apostar por la diversificación productiva (de manera coordinada con el MEF y los ministerios productivos) y el fortalecimiento de las relaciones laborales (asegurando que la Autoridad de Trabajo haga cumplir efectivamente la legislación), con el objetivo de generar las condiciones para la creación de empleo productivo y adecuado, el Sector ha preferido seguir en la línea de sus predecesores, manteniendo el piloto automático en muchos aspectos de la gestión.

Así visto, se trata de una apuesta riesgosa considerando el embalse de expectativas y demandas sociales contenidas, luego de una década y media de crecimiento con desigualdad social.

Presentación del Proyecto de Ley del Primer Empleo Digno y Productivo

Presentación del Proyecto de Ley N° 00410/2016-CR, Ley del Primer Empleo Digno y Productivo, presentado por la parlamentaria del Frente Amplio Indira Huilca en el auditorio de la facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Se contó con la participación del economista Julio Gamero, el profesor de Derecho del Trabajo de la UNMSM Leopoldo Gamarra, Álvaro Vidal, profesor de Derecho del Trabajo de la PUCP y miembro de TrabajoDigno.pe, y la congresista y presidenta de la Comisión de la Mujer Indira Huilca.

Congresista Huilca presenta proyecto de Ley de Primer Empleo Digno y Productivo

Esta semana se presentó el proyecto de Ley de Primer Empleo Digno y Productivo, suscrito por la congresista Indira Huilca e ingresado por la bancada del Frente Amplio.

La iniciativa fue lanzada públicamente en un foro organizado por el Taller de Derecho Laboral José Matías Manzanilla, el lunes 17 de octubre, en la Universidad San Marcos. El sitio no podía ser más oportuno: un espacio donde se concentraron y salieron los jóvenes que se movilizaron contra la Ley Pulpín.

Ley de Primer Empleo Digno y Productivo

A casi dos años de la aprobación y posterior derogatoria de esta Ley, la iniciativa del Frente Amplio busca precisamente lo contrario: promover el empleo formal y adecuado de los jóvenes, pero con derechos laborales.

El proyecto parte de la constatación de la precaria realidad laboral de los jóvenes. En la exposición de motivos se señala: “La población laboral juvenil tiene una menor inserción laboral y menores niveles de protección social que la población adulta. Solamente el 63% tiene cobertura en un sistema de salud (menos que el promedio nacional) y tan solo el 27% está afiliado a un sistema de pensiones”.

Según el Panorama Laboral para América Latina y El Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la población juvenil forma parte de los sectores más afectados por el proceso de recesión económica global. Las tasas de desempleo juvenil triplican el promedio nacional de desempleados, un parte importante en condiciones severas de vulnerabilidad y exclusión social.

Frente a este contexto, la iniciativa apunta a mejorar la regulación en la contratación de trabajadores bajo modalidades formativas o como practicantes. Precisamente, una práctica extendida en el Perú es contratar jóvenes estudiantes como practicantes, pero haciéndoles realizar labores permanentes o profesionales. Lo que en lenguaje técnico se traduce como “desnaturalización” del vínculo laboral. Un estudio hecho por PLADES, sobre el uso de prácticas pre-profesionales y formativas por empresas transnacionales, da cuenta de este tipo de situaciones:

“En algunos casos se viene desnaturalizando la figura de los convenios de prácticas pre-profesionales y de los convenios de formación laboral juvenil, así, por ejemplo, la empresa REPSOL-YPF vendría cubriendo puestos de trabajo de personal estable con practicantes, quienes inclusive se desempeñarían en áreas que no concuerdan con el objeto de su contratación”.

El proyecto distingue el aprendizaje laboral de la capacitación laboral juvenil. En el primer caso, la modalidad de primer empleo posibilitaría completar la formación iniciada en una organización empresarial, mientras que en el segundo toda la formación se daba dentro de una empresa. Para cada una de estas modalidades se establecen requisitos y se establecen una serie de beneficios y facilidades.

Lo más gravitante del proyecto radica en los incentivos tributarios ofrecidos a las empresas que emplean jóvenes bajo el alcance de esta ley.

Por ejemplo, aquellas que decidan capacitar a su personal joven podrán utilizar esta inversión como crédito fiscal hasta en un 20% del costo laboral. Las empresas que contraten a plazo indeterminado a jóvenes beneficiarios de la Ley de primer Empleo, recibirán un subsidio estatal para la seguridad social el primer año; y los dos primeros, si se trata de jóvenes con discapacidad o responsabilidades familiares.

De esta forma, el proyecto presenta una fórmula legal que ofrece incentivos tributarios para la contratación formal de trabajadores jóvenes, sin caer en formulas trilladas como la reducción de derechos laborales. Ahora toca a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, agendar, debatir y aprobar la iniciativa de ley, como paso previo para su debate ante el Pleno del Congreso.

Para profundizar en la reflexión sobre este tema, TrabajoDigno.pe entrevistó al ex Ministro de Trabajo y docente universitario, Javier Neves Mujica, quien comenta los alcances y potencialidades de la propuesta legislativa presentada por el Frente Amplio.

Entrevista al Congresista Hernando Cevallos

“Las leyes se ganan en la calle, con la sociedad luchando por sus derechos”.

Hernando Cevallos

El pasado viernes 19 de setiembre se realizó el conversatorio “La agenda legislativa de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social”, en las instalaciones del Congreso de la República. Hernando Cevallos, congresista del Frente Amplio y presidente de la Comisión, nos comenta las prioridades de su gestión.

¿Qué implica que el Frente Amplia presida la Comisión de Trabajo?

No puedo asegurar qué significó para otras bancadas presidir esta Comisión. Pero para nosotros significa, primero, un enorme compromiso y responsabilidad. Pero además, una importante posibilidad de acercar todo un conjunto de visiones, de formas de ver la realidad laboral, acercarla a los trabajadores. Significa la posibilidad de compartir con las centrales sindicales de diferentes niveles de representatividad, las mismas preocupaciones por lo que pasa en el sector laboral. Sentir que se puede tener una Comisión de Trabajo más cerca de los problemas de los trabajadores. Que podemos profundizar el análisis de la realidad laboral del país y proponer soluciones. Significa dos cosas fundamentales: la posibilidad de generar un debate en el Congreso y en el país, sobre los problemas y alternativas de solución en materia laboral. De desarrollar un plan de fiscalización y de representación, en lo que compete a la labor congresal y a la presidencia de la Comisión. Es un desafío y una alegría poder desarrollar una expectativa de trabajo social.

¿Cuáles son las prioridades para este periodo en la Comisión de Trabajo?

Primero, que las entidades sindicales y los trabajadores recobren la confianza en que esta Comisión puede desarrollar una serie de iniciativas útiles a los trabajadores. Que formamos parte de un equipo de trabajo que quiere estar cerca de los trabajadores, conocer sus problemas y juntos buscar las soluciones que desde este espacio podamos aportar.

El ministro de Trabajo Alfonso Grados planteó su plan de formalización y habló de regímenes “especiales”. ¿Qué opinión le merece?

Cuando a mí me hablan de regímenes especiales me genera una gran preocupación y desconfianza. Porque lo que han hecho este tipo de regímenes, es crear una gran anarquía y quitarle derechos a los trabajadores. Una de las cosas que necesitamos solucionar en el país es ordenar el sector laboral. Entonces, si hablamos de formalizar a ese 70% de la fuerza laboral que no está “formalizada” (entre comillas, porque los “formales” tampoco son tan formales), tendría que darse sobre la base de una legislación laboral clara, que les permita a los trabajadores tener los derechos que la Constitución establece.

Lo racional es que una persona que trabaja tenga derecho a una pensión justa, a ser atendido cuando se enferma con calidad y de manera oportuna. Tener derecho a las bonificaciones respectivas que se merecen todos los trabajadores; a una remuneración justa; a no estar pensando todos los días que lo pueden despedir. En fin, a tener un trabajo con derechos. Espero que la formalización [de la que habla el ministro Grados], vaya en esa dirección. Y no en lograr algunas formas precarias de relación laboral.

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En la última sesión de la Comisión de Trabajo, se aprobó el dictamen de la Ley de Trabajo Médico.

Tiene muchas implicancias para el sector de salud. Primero, porque la Ley de Trabajo Médico fue lograda luego de una enorme lucha del gremio médico para que se respeten sus derechos. Pero, además, porque de manera racional, plantea cómo debe transcurrir la atención de salud en nuestro país. Esta ley fue diseñada sobre la base de estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre el tiempo de la jornada médica, las horas de consulta, de guardia. Esta Ley fue vulnerada; y el restituir los artículos que faltaban –los más importantes en mi opinión: la posibilidad de remuneraciones y bonificaciones para los médicos, el horario de trabajo de consulta externa, la extensión de las guardias– es importante no solo para los médicos, sino para el conjunto de otros sectores que trabajan en Salud (que han visto distorsionados sus regímenes laborales sectoriales). Finalmente, es importante para la salud del país, porque está pensando en respetar la pieza más importante del esquema de Salud, que son los recursos humanos. No se puede pensar en una salud democrática para todos, maltratando a los recursos humanos que llevan el acto médico: enfermeras, obstetrices, el trabajador que lleva la camilla y la ambulancia. Todos son importantes.

Una de las preocupaciones de los trabajadores públicos son las restricciones impuestas a la negociación colectiva por la ley de presupuesto.

La realidad del Congreso nos indica que tenemos que avanzar en lo que podamos. En los proyectos, mejorando las normas en relación con muchas cosas no resueltas; entre ellas, la posibilidad de negociar las condiciones y las remuneraciones. El Tribunal Constitucional dijo que es un derecho; a nadie lo puedes hacer trabajar y que no tenga la posibilidad de discutir cuánto le vas a pagar. Eso no pasa ni en los países más atrasados. Pero además de eso, entender que la Comisión tiene que hacer su trabajo, y al mismo tiempo la sociedad organizada el suyo. Esto quiere decir que las normas se ganan en la calle, con la sociedad expresando sus reclamos y luchando por sus derechos. Más importante todavía que las normas que podamos construir en un gabinete, es la necesidad de que la Comisión diseñe normas que garanticen más derechos y que lo haga con participación de los gremios.

En materia de seguridad social y previsional, por dónde va ir el trabajo de la Comisión.

Aquí hay varias cosas. Primero nos hemos reunido con el presidente Ejecutivo de EsSalud, para preguntarle si va a privatizar o no la seguridad social. Vamos a invitar al presidente Ejecutivo del Seguridad Social. Ahí hay dos o tres ejes. El primer tema es el financiamiento de la seguridad. Al ser una Comisión que tiene que ver esto –porque somos cajas de resonancia de nuestro pueblo–, fiscalizaremos cómo están las finanzas de la Seguridad Social: si todas las tercerizaciones que se han hecho fueron necesarias o han debilitado la posibilidad de que EsSalud pueda brindar una atención de calidad, sin necesidad de dilapidar sus recursos. Otro tema que preocupa a la sociedad es la atención que se da a los asegurados. En el caso de EsSalud, la atención de los asegurados es una gran preocupación: cómo están funcionando los hospitales, si hay una correcta atención en sus diferentes niveles. Si la atención en el nivel más básico o primario está mejorando, que es una debilidad de la seguridad social. Por ejemplo, si las normas que amparan la protección que da la seguridad social, se han ido renovando con el tiempo. Hay muchas denuncias de gente que tienen enfermedades raras, que cada vez son más frecuentes conforme se desarrolla nuestra sociedad, si tienen el respaldo de la seguridad social para su cobertura. Necesitamos fiscalizar cómo están trabajando en los hospitales, si el tema de seguridad en el trabajo está caminando. El acceso a la seguridad social de algunos sectores (los pescadores no acceden, porque hay normas absurdas que les impiden tener acceso a la seguridad), Y el tema del financiamiento del aseguramiento social es un tema muy importante

En esto corto tiempo como presidente de la Comisión de Trabajo, ha acompañado algunos sindicatos en conflicto al Ministerio de Trabajo. ¿Qué respuesta ha encontrado?

Después de ser dirigente sindical, y que a uno no lo reciban por ningún lado, es bueno poder decir “Te viene a ver el presidente de la Comisión de Trabajo y te recibe el Ministro” (risas). Uno siente dos cosas: primero, qué lejos están las autoridades de nuestra gente, de nuestro pueblo. Las estructuras de ministerios como el de Trabajo o el de Salud, no están diseñadas pensando que necesitamos tener trabajo para que la gente viva mejor y feliz. Hemos diseñado una estructura para “construir trabajo” y para que unos pocos ganen más. Mentiría si te digo que nos han recibido mal; lo han hecho de manera atenta. Pero llama la atención cuando los trabajadores te dicen: “Mira, si usted no me acompaña, aquí no me reciben. Hemos venido enviando solicitudes para que me reciba el viceministro y ahora nos recibe el ministro”. Uno siente, más que una satisfacción, una enorme responsabilidad y mucha impotencia. Tengo la sensación que nos hemos alejado tanto de la gente, que sentimos que hay mucho por hacer y que no basta con una Comisión de Trabajo.

Sin novedad en el frente

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Gobierno presenta su política laboral

Luego de algunas semanas de silencio, el gobierno presentó finalmente las que serán sus líneas de acción en materia laboral y de empleo para este quinquenio. La bandera que levanta –y uno de sus principales retos–, gira en torno a la informalidad y su meta de formalizar al 60% de trabajadores hacia el final de su mandato.

Dos fueron los escenarios en los que el titular del Trabajo, el ministro Alfonso Grados Carraro, expuso los objetivos de su gestión y los mecanismos que usará para concretarlos. El primero se llevó a cabo en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, el pasado martes 6 de setiembre, donde presentó las líneas de acción que seguirá su cartera en el corto y mediano plazo.

El segundo momento fue dos días después, el jueves ocho, con la reinstalación del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) luego de varios meses de inactividad, y que contó con la participación del Presidente Pedro Pablo Kuczynski, además de las representaciones sindicales y empresariales. Este acto estuvo revestido de un halo de nostalgia y remembranzas, considerando que el padre del actual ministro –el recordado Alfonso Grados Bertorini– fuera un entusiasta impulsor de este foro tripartito.

Se trató de dos momentos claves que trazaron la cancha del gobierno ppkausista. La presentación ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social –que preside el Frente Amplio– le permitió al ministro medirse con el fujimorismo, que sin duda ejercerá un peso gravitante en el Congreso; lo mismo como oposición como para reafirmar sus coincidencias programáticas. Por otro lado, la convocatoria a retomar el diálogo en el CNTPE no solo fue clave para entablar canales de diálogo institucionales con los actores sociales (especialmente con las centrales sindicales); al mismo tiempo traslada al terreno de la negociación y la concertación social, la discusión en torno a las nuevas regulaciones o reformas laborales por implementar. El lugar central que se le quiere asignar al CNTPE puede servir para descargar al gobierno de presiones diversas, y en ese sentido, funcionar como válvula de escape. A su favor juega el piso normativo vigente, ya de por sí flexible; sin que ello niegue el interés de algunos sectores empresariales por desregular y flexibilizar más la ya bastante endeble legislación laboral.

A partir de lo expuesto estos días, encontramos que la actual administración mantendrá –en términos generales– el enfoque que ha dominado la política laboral de los últimos gobiernos desde Fujimori. Si bien los principios de gestión expuestos por el ministro Grados recogen planteamientos que consideramos oportunos y razonables (la promoción del diálogo y concertación social; procesos transparentes equitativos y eficientes de negociación colectiva y fiscalización; gestión descentralizada y fortalecimiento de la autoridad de Trabajo a nivel regional; ampliación de la cobertura de los servicios), cuando nos remitimos a la letra pequeña (el diablo está en los detalles) nos topamos con políticas e iniciativas que replican (con pequeños matices) lo hecho por los antecesores, con resultados localizados e impacto mínimo.

Esta valoración general se basa en los siguientes elementos: 1) insuficiente presupuesto asignado al sector Trabajo, relegado en el orden de prioridades del presupuesto general para el sector público; 2) los cargos de la alta dirección del MTPE son ocupados por representantes o ex empleados de la gran empresa, lo que genera suspicacia sobre su imparcialidad en la gestión.

Si queremos resumirlo en una oración, el MTPE seguirá poniendo su energía y escasos recursos en los programas de empleo temporal y capacitación laboral, subordinando la política laboral (entendida como la promoción de la generación de empleo adecuado) a los objetivos de la política macroeconómica. En este contexto, la “estrategia de formalización” del Ejecutivo se resume en un paquete de medidas tributarias (reducción del IGV) que buscará aprobar mediante facultades legislativas, y por el lado de Trabajo, por la implementación de ferias locales de orientación y servicios con las que se espera formalizar a 1500 trabajadores a fin de año.

Un sector sin presupuesto, un sector fantasma

Cuando se analiza el proyecto de Ley de Presupuesto General de la República para el 2017, presentado y debatido la semana pasada en el Parlamento, encontramos que la función Trabajo aumentó en S/. 57 millones respecto del presupuesto actual (2016), siguiendo la tendencia de los últimos años. Sin embargo, visto proporcionalmente, el presupuesto asignado a Trabajo sigue representando una proporción mínima y marginal (apenas 0.30%) respecto del total del presupuesto público.

Distribución por Funciones del Presupuesto General de la República 2017, proyecto presentado al Congreso de la República (millones de S/)

Funciones 2016 2017 Variación absoluta Variación porcentual Estructura porcentual
Saneamiento 3,593 6,032 2,439 68% 4.20%
Educación 24,960 26,181 1,221 5% 18.40%
Transporte 12,878 14,083 1,205 9% 9.90%
Orden Publico y Seguridad 8,336 9,361 1,025 12% 6.60%
Cultura y Deporte 1,086 1,738 652 60% 1.20%
Deuda Publica 11,147 11,712 565 5% 8.20%
Previsión Social 12,183 12,614 431 4% 8.90%
Justicia 4,574 4,997 423 9% 3.50%
Salud 13,471 13,776 305 2% 9.70%
Agropecuaria 3,460 3,635 175 5% 2.60%
Relaciones Exteriores 558 714 156 28% 0.50%
Protección Social 5,638 5,780 142 3% 4.10%
Ambiente 2,331 2,462 131 6% 1.70%
Comunicaciones 305 407 102 33% 0.30%
Comercio 418 517 99 24% 0.40%
Turismo 412 495 83 20% 0.30%
Pesca 357 415 58 16% 0.30%
Trabajo 357 414 57 16% 0.30%
Energía 982 996 14 1% 0.70%
Minería 130 127 -3 -2% 0.10%
Legislativa 595 588 -7 -1% 0.40%
Industria 312 223 -89 -28% 0.20%
Defensa Y Seguridad Nacional 5,376 4,886 -490 -9% 3.40%
Vivienda Y Desarrollo Urbano 2,833 2,080 -753 -27% 1.50%
Planeamiento, Gestión Y Reserva De Contingencia 22,201 18,236 -3,965 -18% 12.80%
Total (millones de S/) 138,491 142,469 3,978 2.90% 100.00%

Este financiamiento (que engloba lo asignado al Gobierno nacional y subnacional, equivalente a S/ 414`467,564), no corresponde a los requerimientos de un sector clave para la economía y gobernabilidad del país, pero sobre todo para la cohesión social. La regulación de las relaciones laborales, así como la promoción del empleo adecuado, requieren no solo de un contexto de crecimiento económico, sino principalmente de una Autoridad de Trabajo presente territorialmente, con los recursos necesarios para operar oportunamente y con eficiencia. Situación que, obviamente, no se da en la actualidad.

En las regiones la situación es más que preocupante. El presupuesto previsto para el próximo año continúa con la tendencia centralista que ha seguido en los últimos años. Mientras que el MTPE se reserva el 88% del presupuesto del Sector, las Direcciones Regionales de Trabajo reciben, para similares funciones, el 12% del total asignado para el Sector. Así las cosas, nos queda claro que con el financiamiento asignado el sector no podrá cumplir a cabalidad con las funciones asignadas.

Distribución del Gasto del Presupuesto de la Función Trabajo para el Año Fiscal 2017

Función Trabajo Total 414`467,564
Gobierno Nacional 363`231,099
Regiones 49´999,438

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SUNAFIL: En casa de herrero, cuchillo de palo.

En su presentación ante la Comisión de Trabajo, el ministro Grados insistió en que una prioridad de su gestión será fortalecer el sistema inspectivo. Así lo reiteró cada vez que un congresista, y fueron varios (Justiniano Apaza, Jhonny Lescano, Indira Huilca, Ursula Letona y el presidente de la Comisión, Hernando Cevallos), dieron cuenta de la situación actual de las inspecciones de trabajo: insuficiencia operativa y económica; escases de personal; incumplimiento de convenios colectivos, entre otras perlas.

Actualmente la SUNAFIL –una de las pocas decisiones importantes que en materia laboral adoptó el gobierno anterior; junto con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo–, no cuenta con el número de inspectores suficientes. Apenas son 400 inspectores a nivel nacional, de los cuales 270 son auxiliares con competencias reducidas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el Perú requiere 2,000 inspectores de trabajo para cubrir al conjunto de la PEA. A más de tres años de constituida, la SUNAFIL solo ha implementado 6 intendencias a nivel nacional, de un total de 25 regiones. A nivel nacional (sin contar Lima), solo se cuenta con dos inspectores con competencias para fiscalizar cualquier tipo de empresa, para 24 regiones. Esta situación explica por qué más del 80% de la PEA se encuentra al margen de la fiscalización laboral, esto es, en la total desprotección y vulnerabilidad.

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Lo grave del asunto es que todo parece indicar que esta situación se mantendrá algún tiempo más. Según Víctor Gómez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de SUNAFIL Lima Metropolitana, el proyecto de Ley de Presupuesto de 2017 presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha previsto: a) la creación de ninguna intendencia nueva; b) ningún ascenso interno en el personal de la SUNAFIL; tampoco c) el pago del bono por función Inspectiva (fijado por laudo arbitral del 23 de marzo del 2012), incumplido a la fecha.

En su presentación en el Congreso, el ministro Grados Carraro adelantó que pedirá una demanda presupuestal adicional de S/ 82 millones, para: a) crear 4 intendencias; b) ascender a 60 inspectores (de los 275 auxiliares que deberían adquirir la condición de inspectores, con todas sus facultades); y cumplir con el bono por inspección (por un monto de S/ 23 millones).

La cuestión está en que dicha demanda adicional, comentada por el titular del Sector, debió incluirse como parte del presupuesto institucional de la SUNAFIL, en el marco de la Ley de Presupuesto del 2017. No como una demanda adicional, sujeta a disponibilidad presupuestaria.

Donde sí cabe pedir una ampliación presupuestal es para este 2016, para atender uno de los requerimientos hechos por la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que en el marco del TLC recomendó al Estado peruano fortalecer el sistema inspectivo. Esto supone –entre otras cosas – un mayor presupuesto que le permita a la SUNAFIL incrementar el número de inspectores y constituir las intendencias en las regiones donde no las hay. Tiene hasta diciembre para cumplir con estas recomendaciones.

Trabajadores

Problemática de los servidores civiles

Un aspecto donde también el gobierno tendrá que hilar fino está relacionado con la negociación colectiva en el sector público; y particularmente, con el levantamiento de las restricciones impuestas por el artículo 6° de la Ley de Presupuesto del Sector Público, que excluye los aumentos salariales de los convenios colectivos.

Al respecto, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en setiembre pasado, declarando inconstitucional las restricciones impuestas a la negociación colectiva y fijando un plazo para el desarrollo de una normativa que regule la negociación colectiva en el sector público (la primera legislatura de este año, o sea hasta junio del 2017). Mientras, queda intacta la situación legal vigente que establece las restricciones, por lo menos para el próximo año, al ser pocas las posibilidades reales de que el Congreso apruebe de aquí a noviembre los cambios sugeridos, plazo en el que concluye el “debate” en el Pleno y se aprueba la Ley presupuestal.

Pero la situación laboral del sector público no se limita a lo económico. La calidad de los empleos deja mucho que desear en varios casos. La quinta parte de los trabajadores del sector público se encuentra bajo modalidades laborales (CAS), que no garantizan mayor estabilidad laboral y cuentan con menos derechos laborales que sus colegas con regímenes estables.

Trabajadores en el Sector Público por régimen de contratación, en porcentajes (2014)

Regímenes Personal
Carreras especiales 50%
CAS 19%
Ley 276 18%
Ley 728 13%

Fuente: SERVIR.

En el caso del MTPE –el ente rector en materia de empleo–, es asombroso que una cantidad importante de trabajadores esté contratado bajo una modalidad inestable y exigua en derechos como son los contratos CAS (“CASI” trabajadores). Este segmento de trabajadores aumentó significativamente en los últimos años: si en el 2011 representaban el 59%, en el 2016 ascendió a 85%. Por si fuera poco, en el caso de la SUNAFIL –cuyos integrantes son los encargados de fiscalizar el cumplimiento pleno de los derechos– los CAS representan el 46% (uno de cada dos).

Personal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2011-2016), por tipo de contratación

REGIMEN LABORAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VARIACIÓN
( 2011 – 2016)
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
D.L. 276 195 196 193 180 174 171
D.L. 728 12 9 8 15 15 14
DGIT(hoy Sunafil) 361 382 353
C.A.S. 851 953 1,051 995 1,239 1,191
OTROS 17 14 15 36 35 24
Sub Total MTPE 1,436 1,554 1,620 1,226 1,463 1,400 (+30.2%)
Superintendencia Nacional de Fiscalización laboral (SUNAFIL)
DL 728 402 399 407
CAS 218 339 352
Sub Total 620 738 759 (+110.2%)
TOTAL 1,436 1,554 1,620 1,846 2,201 2,159 723 (+50.3%)

Fuente: MTPE.

Los programas de empleo: impacto reducido

Cuando uno analiza la distribución del presupuesto del Sector Trabajo, encuentra que el grueso del financiamiento está orientado a los programas de promoción del empleo. Si sumamos los montos asignados a los pliegos número 002, 005, 006 y 007 para el año 2017 –relativos a programas de empleo temporal, intermediación laboral o capacitación básica–, tenemos que un total de S/. 185.9 millones se encuentran orientados a esta línea de acción, lo que representa el 65% del presupuesto del MTPE y el 50% de lo destinado al sector.

cuadro-mtpe

RO (Recursos Ordinarios)                                                                                                          RDR (Recursos Directamente Recaudados)                                                                                DyT (Donaciones y Transferencias)                                                                                        ROOC (Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito)

Fuente: MTPE

El problema radica en el impacto generado por este tipo de intervención prioritaria para el sector. Ya no se trata solo de un asunto de carácter cuantitativo, entendido como el alcance limitado de los programas, considerando que al año aproximadamente 300 mil jóvenes se insertan en los mercados laborales (el año 2014 Trabaja Perú benefició a 46,000 personas, mientras que Impulsa Perú y Jóvenes Productivos a 13,436 individuos y 16,244 jóvenes, respectivamente). Incluso el impacto cualitativo es puesto en cuestión, como encuentra un estudio global realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente en el caso de las beneficiarias mujeres:

Respecto de la calidad del trabajo, el programa aumentó la posibilidad de que los participantes obtuvieran un empleo informal. Sobre todo se observa un incremento de la probabilidad de tener un trabajo por cuenta propia y (en menor medida) de ser un trabajador asalariado, mientras que se observa una reducción de las posibilidades de ser un empleo asalariado. También se observa un incremento en la probabilidad de ser un trabajador pobre. (Soluciones Eficaces: Políticas Activas del mercado de trabajo en América Latina y el Caribe. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT, 2016. Pp. 174-179).

En términos generales, el Sector seguirá mirando el problema del empleo como un problema de la oferta de trabajo (que sin duda muestra aspectos por atender en términos de educación, formación y capacitación), para lo cual los programas de empleo temporal, capacitación o intermediación laboral son un paliativo y no una solución. Hace falta incidir sobre la estructura productiva para generar más oportunidades de empleo en sectores intensivos en mano de obra, calificada y no calificada. El reto de la diversificación productiva, a contrapelo de lo que piensa el ministro de la Producción, Bruno Giuffra, es sin duda prioritario para el país y el Estado debiera jugar un rol clave en su implementación.

En suma, lamentable y sombrío panorama el que le espera al Sector Trabajo en los próximos cinco años. Más de lo mismo.

Entrevista a María Bastidas Aliaga

“LA FUENTE DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO ES LA DIVISIÓN SEXUAL EN EL TRABAJO”.

MARIA BASTIDAS

El Perú atraviesa un momento crucial. Asistimos a una toma de conciencia colectiva sobre uno de los problemas estructurales que tenemos como sociedad: el machismo exacerbado y su expresión extrema en el feminicidio y la violencia contra la mujer. María Bastidas Aliaga, experta en temas de trabajo y género, con una importante experiencia profesional como consultora, activista y docente, conversó con TrabajoDigno.pe sobre la situación actual de las trabajadoras peruanas y la importancia de la Economía del Cuidado hoy en día.

Estamos ad portas de una movilización importante en nuestro país, en respuesta a la violencia contra la mujer. ¿Cómo ves la situación de la mujer peruana en el mundo del trabajo?

En el periodo 2004 al 2014 se han dado avances sustanciales. No obstante, todavía hay muchas preocupaciones. La participación ha crecido en 10%, pero si lo comparamos con la situación de los hombres, se perciben brechas del orden del 20%. Otra característica es una mayor presencia de mujeres rurales que en las urbanas, pero igual con brechas sustanciales con relación a los hombres. A pesar de contar con mejores indicadores académicos y educativos, las mujeres estamos ganando 30% menos del salario de los hombres. Los procesos de tercerización son más altos entre las mujeres que entre los hombres (comercio, servicios no personales y las trabajadoras del hogar), que están representando aproximadamente el 6% de la PEA. El empleo público es una fuente de trabajo importante para las mujeres. Sin embargo, cuando hacemos el cruce dónde están las mujeres, solo uno de cada 3 funcionarios son mujeres, lo amplía la brecha en términos de ascenso y promoción laboral. Por otro lado, hay una fuerte presencia de mujeres en los empleos de menor calidad; hablamos del empleo independiente, trabajadoras no remuneradas, y nuevamente el servicio doméstico. Otra característica es la presencia de las mujeres en la mal llamada “economía informal”. Las mujeres representamos el 78% aproximadamente de la economía informal, siendo mayor en el ámbito rural, donde son más del 95%. Y cuando hablamos de economía informal, nos referimos a aquellos trabajadores y trabajadoras que carecen de seguridad social; es decir, no tienen un futuro para adelante.

¿Qué factores estarían detrás de esta realidad, que a pesar de los avances que comentas, mantienen brechas que parecen insalvables hoy en día, pero que movimientos como el que se va a dar mañana, dan luces sobre posibles cambios en nuestro país? ¿Cuáles son las razones de estas desigualdades?

Una de las razones fundamentales, y que creo no estamos teniendo en cuenta, tiene que ver con la división sexual del trabajo. La valoración de lo público, lo reproductivo y lo no reproductivo. Cuando hablamos de lo productivo, estamos hablando del trabajo que te genera salario, recursos, derechos (a pesar que, como he dicho, no está tan bien para las mujeres). Y el trabajo de la economía del cuidado, es el que significa toda la gama del trabajo doméstico (lavado, planchado, cocinar); pero además los famosos “cuidados”: el cuidado de los niños, de la persona enferma o con discapacidad, de nuestros padres, por ejemplo. Así vista, la fuente de la discriminación en el empleo es la división sexual en el trabajo.

“Hay resistencias para aceptar la economía del cuidado como parte de la agenda pública”

Has publicado recientemente Economía del cuidado, empleo femenino y sindicalismo en el Perú (ADC, 2016), donde desarrollas el concepto de economía del cuidado. ¿Cuál es su importancia para una sociedad como la nuestra?

En América Latina se está en un proceso de tránsito. Cómo vemos esta transición de la asociación del cuidado con la afectividad; el cuidado desde la lógica del famoso sacrificio. Ahora entramos a una nueva discusión sobre cómo el cuidado debe ser concebido desde una lógica de los derechos. Y si hablamos desde la lógica de los derechos, hablamos por tanto de un bien público. Entonces, tiene que tener un nivel de valoración y reconocimiento.

Lamentablemente, en pleno siglo XXI, este trabajo lo estamos haciendo fundamentalmente las mujeres (no quiero decir que los hombres no lo hagan, pero lo hacen de manera puntual). Explicábamos algunas tendencias de los mercados laborales: las mujeres salen al mundo de trabajo masivamente, pero ya no es un problema de carácter de crisis, sino un tema de estructura de la economía. Y eso no solo se está produciendo en América Latina, sino en el mundo entero. Lo que pasa es que [las mujeres] salen al mercado laboral, pero no han reconsiderado las labores en el quehacer doméstico. Entonces, las mujeres asumen una doble jornada. Y aquellas mujeres que se organizan y participan en sindicatos, cumplen un triple rol. Esa doble o triple jornada de trabajo es un impedimento para el desarrollo personal, profesional y laboral de las mujeres. Entonces, cuando hablamos del cuidado, estamos entrando a cómo ver la economía convencional desde una lógica diferente. Eso es un aporte sustancial del feminismo, relativo a los procesos que generan recursos para la vida. Estamos hablando de los cuidados de los seres humanos. ¿Qué pasaría si no se diera ese cuidado? La economía del cuidado se está discutiendo en paralelo con la economía convencional. Y un aporte sustancial tiene que ver con la visibilización de ese trabajo invisible que por siglos se ha mantenido, y que hoy está comenzando a tener mayor fuerza en el ámbito público. Insisto: todavía hay muchas resistencias en las políticas públicas para aceptar que el cuidado debe ser parte de la agenda pública.

PORTADA LIBRO

En qué se debe traducir este reconocimiento del valor social y económico de la economía del cuidado?

Creo que es importante plantear algunos datos del INEI del 2010. Se hizo un estudio del uso de los tiempos de las mujeres y hay grandes diferencias. Por ejemplo, las mujeres trabajan aproximadamente 23 horas en el ámbito del trabajo reproductivo, frente a las 14 horas que trabajan los hombres. A diferencia de eso, los hombres trabajan en el ámbito productivo más de 50 horas, versus las casi 40 horas de las mujeres. Si te das cuenta, las mujeres estamos trabajando más en casa, y los hombres fuera. Situación que está generando un menor ingreso para las mujeres, porque es un trabajo que no se está pagando. Ese es el hándicap que nos está generando todo el tema del doble o triple esfuerzo que realizamos las mujeres en el mercado laboral. Por eso me parece clave tener en cuenta en la agenda pública –pero incluso dentro la agenda de las mujeres, empresas y sindicatos–, el tema del cuidado como un elemento sustancial en las discusiones sobre las políticas.

“En el ámbito de la economía, de la producción, las mujeres no somos tratadas con igualdad”

Esta desigualdad que comentas, que persiste en el ámbito del trabajo, puede ser entendida como violencia estructural contra las mujeres.

Por cierto, cuando hablamos de la desigualdad, estamos hablamos de tratos diferentes que tienen las mujeres en diferentes ámbitos de la vida. Concretamente, en el ámbito de la economía, de la producción, las mujeres no estamos siendo tratadas con igualdad. Si tú analizas toda la gama de dificultades que tienen la mujer para insertarse al mercado laboral, la maternidad resulta “una dificultad” para ellas: no se les premia, sino se les sanciona, se le discrimina. Eso es un elemento sustancial que hay que tener en cuenta. Otro de los temas en discusión es el famoso acoso sexual en el trabajo. Entrando a explicar la importancia de la marcha #NiUnaMenos, que va a marcar un hito histórico en el país, hay que advertir que esto es resultado de la lucha incesante de las mujeres desde sus diferentes vertientes y miradas. El movimiento feminista y el movimiento de las trabajadoras, han dado un aporte sustancial. Y esto es resultado de un proceso invisible que se estaba dando y que sale a la palestra ante tanta injusticia y ante las decisiones de los jueces que son tan evidentes. Estamos hablando de aquellas mujeres que se han atrevido a decir.

Tenemos un problema de la violencia dentro del hogar. Tenemos que conceptualizar el acoso sexual en el trabajo, que afecta su vida personal, familiar. Incluso para la productividad de las propias empresas: las mujeres que son maltratadas, acosadas y golpeadas en sus centros de labores, van a producir menos, por tanto van tener menos productividad. Si las empresas quieren mejorar sus ingresos, tendrán que asumir medidas contra la violencia. Además que tiene que ver con políticas de Estado.

¿Cuáles serían las prioridades de la agenda laboral de las mujeres, para este gobierno que comienza?

Este gobierno que comienza tiene un gran reto. Un elemento clave que puede generar un marco diferente, es cómo poner en la agenda pública el tema del cuidado como prioridad. Ayuda mucho, insisto, en visibilizar la economía desde otra perspectiva. Estamos reconocimiento esta economía que se encarga, de manera invisible, de reproducir la vida del ser humano, y que nadie lo paga. Y cuando hablamos de un reconocimiento de este trabajo, estamos hablando de inversiones, de valoraciones y de cambios culturales. Porque no solamente el tema de la corresponsabilidad social de los cuidados, se tiene que trabajar a nivel de las familias –porque las mujeres también tenemos que aprender a recomponer las funciones al interior; los hombres tendrán también que aportar, porque el trabajo del cuidado no es un voluntariado, es un deber, lo tienes que hacer porque es una obligación–.

A nivel de las empresas también se tiene que trabajar medidas, por ejemplo, en el tema del cuidado de los niños y niñas; el gobierno de Fujimori derogó los centros de cuidado y hasta ahora no los han devuelto. El tema de la paternidad, el cuidado desde los padres, que no es solamente dos o tres días, sino compartir permanentemente. A nivel de las propias empresas, cómo invierten en trabajar la corresponsabilidad de manera compartida en los centros de cuidado; políticas de sensibilización para la valoración del trabajo reproductivo. Además, desde la estructura del Estado hay que trabajar políticas de sensibilización y reconocimiento; el tema de las cuentas satélites, actualizar el estudio del 2010. También la valoración social y económica del trabajo realizado por las trabajadoras del hogar. Además de poner el tema del cuidado en la agenda pública, es importante que este gobierno ratifique el Convenio N° 189 de la OIT, que fue un comprimo del gobierno anterior, pues me parece que está negando el derecho a mujeres gracias a quienes se está reproduciendo la sociedad.

“Tenemos una ley discriminatoria, que reduce a la mitad los derechos de las trabajadoras del hogar”

¿En el Perú, actualmente, a cuanto asciende el número de trabajadoras del hogar? ¿Cuál es su situación?

De acuerdo a estadísticas del MTPE, estamos llegando a cerca de 5 mil trabajadoras del hogar a nivel nacional. Pero cuando hablas con las organizaciones de las mujeres. coinciden en señalar que son más. Además de la cantidad (que no siempre están registradas oficialmente), quisiera poner en agenda el tema de la precariedad con que realizan sus trabajos. Aquellas que trabajan cama adentro, no son dueñas de su tiempo. En pleno siglo xxi, permitimos que existan relaciones de esclavitud y servidumbre. Dos, la precariedad del trabajo: la mayoría no cuenta con contratos que te permitan oficializar el tema de la seguridad social: hay mujeres han trabajado hasta 20 o 30 años y ahora están fuera, no tienen ningún tipo de ingresos.

¿Se cumple el salario mínimo en el trabajo del hogar?

La ley lo dice, pero nunca se cumple. Lo cierto es que tenemos una ley bastante discriminatoria, que reconoce oficialmente la mitad de derechos a las trabajadoras del hogar. Ese es un elemento fundamental que este gobierno tendrá que abordar, pero que puede ir paralelo a la ratificación del Convenio N° 189. Otro tema que me parece importante levantar en el contexto de la movilización, es el de las violaciones y malos tratos que reciben las trabajadoras del hogar. Una parte de ellas vienen con experiencias de violación y mal trato en su niñez, para luego insertarse en un centro de trabajo donde son víctimas de violaciones y malos tratos. Me parece importante la revisión del sistema de inspecciones. Habrá que revisar la política del Sector Trabajo, cuánto tienen de inversión y recordar, por ejemplo, que el mismo sindicato de inspectores lo está poniendo en cuestión.

Otro tema que debemos trabajar es el cumplimiento de la Recomendación Núm. 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal. Acá hay una deuda histórica con ese gran sector de la economía informal que pasa el 70%. Estamos hablando de las trabajadoras que venden en las calles; si para nosotros resulta duro trabajar en un ambiente que es adecuado, imagínate lo que significa trabajar en las calles. Además de las tareas de cuidado que se les asigna como un asunto “natural”. No tienen acceso a crédito, seguridad social, esto es el famoso autoempleo. Como dicen las propias mujeres, son violentadas por las autoridades de los gobiernos locales. Les dicen “Salimos a vender no porque queremos, sino por necesidad”. Piensa si estas personas no venden, hablaríamos de una situación de precariedad. Nos falta mucha sensibilidad. Van al Ministerio de Trabajo, y les dicen: “Ustedes no están en nuestro sector. Nosotros vamos a los que están en las empresas”. Hay un grado de insensibilidad… Espero que este gobierno releve el tema de la economía informal dentro de sus políticas.

¿Zavala progresista?

Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno, 31 de julio 2016)

El primer discurso presidencial de PPK ha sido calificado de sobrio, previsible e incluso, para algunos, esperanzador. En cuarenta y cinco minutos retomó algunas de sus ofertas electorales; planteó metas de cara al Bicentenario y conminó públicamente a su gabinete a cumplirlas. En suma, lo más cercano a un estadista en el gobierno.

En materia laboral destacó el objetivo de incrementar la formalidad al 60% de la población económicamente activa (PEA). Una meta ambiciosa, considerando el punto de partida (7 de cada 10 peruanos trabajan sin derechos ni seguridad social). En su discurso, Kuczynski adelantó que implementará medidas tributarias y administrativas (orientadas a las micro y pequeñas empresas) como incentivo para transitar el camino a la legalidad.

Sin embargo, sería su primer ministro –Fernando Zavala– quien profundizaría en el planteamiento de PPK. En La Hora N (28/07/16) torearía a un insidioso Jaime de Althaus, que casi le exigía profundizar la flexibilización laboral. Por el contrario, Zavala identificó a la productividad como principal factor explicativo de las tasas altas de informalidad empresarial.

Para el primer ministro, serían la falta de información y un sistema tributario engorroso los principales obstáculos a encarar. Como solución planteó la implementación de un régimen simplificado denominado 10×10 (10% de impuesto a la renta, por 10 años, para las empresas que tributen menos de 10 millones de soles anuales). A lo que sumaría la articulación de empresas de diverso calado. El resto de medidas (seguro de desempleo, etc.) las expondría en detalle en su presentación ante el Congreso. No hizo referencias a cambios en la legislación laboral.

¿Son estas medidas suficientes? Julio Gamero –siguiendo las tesis de Mario Tello– plantea que la informalidad laboral no es una decisión voluntaria, sino una salida ante la falta de oportunidades en la economía formal (Perú Hoy, Desco, 2016. Pp. 285-303). El problema estaría en los bajos niveles de productividad y la incapacidad para generar excedentes de un sector mayoritario de unidades productivas. El déficit institucional radicaría en la prácticamente nula regulación y fiscalización gubernamental, así como la ausencia de políticas sectoriales.

Con todo, el sustrato ideológico del gobierno justifica las preocupaciones que algunos sectores han manifestado públicamente. La congresista del FA, Indira Huilca, opinó que “PPK habló de formalización, pero no mencionó si lo conseguirá respetando derechos laborales” (LR, 29/07/16). Es probable, sin embargo, que el nuevo gobierno se cuide de adentrarse en terrenos sensibles para una ciudadanía que ha demostrado capacidad de movilización y resistencia. Estaremos atentos.