Desde el 2003, cada 28 de abril se celebra en todo el mundo el día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Una fecha importante, considerando que –según la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– cada año mueren aproximadamente dos millones de trabajadores producto de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales.
El Perú no escapa a esta realidad trágica y espeluznante: según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el año 2015 se registraron 20,968 accidentes de trabajo no mortales, de los cuales el 86% eran hombres. En el caso de los accidentes mortales, estos fueron 197 (un promedio de 16 por mes), el 93% de los cuales también eran hombres. Información detallada sobre accidentes y enfermedades ocupacionales la pueden encontrar en el Boletín Estadístico Mensual de Notificaciones de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales.
Para destacar la importancia de la conmemoración, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) organizó el Tribunal Ética sobre Seguridad y Salud Ocupacional en el local de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil; precisamente un sector de los más afectados por la inseguridad ocupacional.
Esta actividad –que contó con la participación de importantes dirigentes sindicales de Lima y el interior–, presentó el caso de tres trabajadores que sufrieron accidentes de trabajo fatales o incapacitantes, y cuyos empleadores se han negado a compensar y resarcir a los deudos, a pesar de haberse determinado responsabilidad por parte de sus empresas.
Se trató de una muestra simbólica de una realidad extendida que tiene a los trabajadores como la parte más débil de una realidad marcada por la informalidad y la ausencia de Estado. Con la representación de un Tribunal Ético, lo que busca la central obrera es llamar la atención sobre el entorno de vulnerabilidad, abandono e inseguridad en el que laboran miles de trabajadores que peligran su integridad y salud al realizar labores riesgosas, la mayoría de veces pudiéndolo evitar.
Durante el evento, el abogado Luis Castillo, asesor de la CGTP, señaló que a cinco años de aprobarse la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional –y a pesar de las modificaciones realizadas el año pasado, consideradas por algunos especialistas como un retroceso–, en términos generales constituye un avance normativo importante, considerando que no solo ha instalado el tema en la agenda empresarial y sindical, sino que ha forzado la adopción de mecanismos de prevención de la integridad y seguridad de los trabajadores. Entre los aspectos destacados por el especialista se señaló la implementación de Sistemas de Gestión de Riesgos y la adopción de Reglamentos internos, que ha permito incorporar protocolos y prácticas preventivas al interior de las empresas (actualmente se está trabajando su implementación en sectores claves como la administración pública y el sector agrario). La obligación de realizar auditorías de cumplimiento, cada dos años en empresas de alto riesgo y cada tres en las que no lo son, es otro aspecto importante de destacar.
Los problemas vienen, sin embargo, por el lado de la fiscalización. A pesar de los esfuerzos desplegados por la Autoridad de Trabajo –que implicaron procesos de capacitación con especialistas extranjeros, dado el poco desarrollo del tema en el medio–, actualmente un amplio sector de empresas (principalmente micro y pequeñas) no recibe asistencia técnica ni son objeto de fiscalización por parte del sistema inspectivo. En este sector la Ley es, paradójicamente, letra muerta.
(Foto: CGTP)
