El Estado tomado
Anoche presentó su renuncia Christian Sánchez como Intendente Nacional de Supervisión de la Superintendencia de Inspecciones Laborales, por las presiones sufridas desde los más altos niveles del gobierno, habida cuenta que firmó un comunicado pidiendo que no se aprueben las propuestas empresariales (SNI y ADEX) de reducir derechos laborales a cuenta de formalizar trabajadores, situación que se ha demostrado en innumerables oportunidades como falaz e interesada.
El tema es muy grave: se sanciona el ejercicio de la libertad de expresión de una persona frente a propuestas de gremios privados, en función de que se trata de un funcionario público que debería mantenerse al margen.
Los trabajadores, públicos y privados, no pierden su condición de personas y ciudadanos en ningún caso, razón por la cual siguen teniendo derechos fundamentales. Y el ejercicio la libertad de expresión, derecho fundamentalísímo, hecho con el máximo respeto y sustentado en sólidos argumentos dirigidos a enriquecer el debate sobre un tema medular, no puede ser penalizado con la pérdida del empleo.
¿Dónde estamos? ¿Acaso hemos llegado al punto en que los empresarios son los únicos que pueden plantear propuestas y el Estado sanciona a quienes las contradicen? ¿Esta es la democracia en el Perú? ¿Dónde está el interés público? ¿Se ha mimetizado con el de los empresarios?
Queda claramente demostrado que hemos llegado a la posdemocracia de la que habla Colin Crouch en la que las corporaciones se impregnan en el Estado para travestir de públicos sus intereses. Qué lamentable.
45 académicos y profesionales especialistas en trabajo publicamos el 15 de este mes un comunicado en “La República”, manifestándonos en contra de los proyectos de reforma laboral presentados por los gremios empresariales. Uno de los firmantes fue Christian Sanchez Reyes, Intendente Nacional de Supervisión del Servicio Inspectivo de la SUNAFIL. Ayer le han pedido su renuncia, por presión de los gremios empresariales. ¿Estos solo creen en su libertad de expresión, pero no en la de los ciudadanos? ¿Por qué no puede opinar un funcionario sobre una materia técnica que será resuelta en el Congreso? Ya han habido antes medidas de este tipo en el MTPE -durante este gobierno- contra este y otros calificados trabajadores. Lamentable.