Autor: Fernando Cuadros Luque*
Como resultado del significativo crecimiento económico registrado en el país, en términos generales, del año 2003 en adelante, es innegable la mejora observada en los principales indicadores laborales, reflejada en el incremento del nivel de empleo formal (registrado en planilla y con acceso a beneficios laborales), la cobertura de la protección social en salud y pensiones, y la productividad laboral (traducida en una disminución del porcentaje de trabajadores con jornadas superiores a la máxima), así como en la reducción de las tasas de informalidad laboral (empleo asalariado no registrado en planilla), de subempleo (empleo precario) y de desempleo (ver el gráfico 1).
Gráfico 1Elaboración: Fernando Cuadros Luque
Sin embargo, como consecuencia de la desaceleración del crecimiento económico del país a partir del año 2013, el ritmo de mejora en las principales variables que miden el desempeño del mercado laboral, ha venido decayendo (ver el gráfico 2).
GRÁFICO 2
ELABORACIÓN: FERNANDO CUADROS LUQUE
Tampoco debemos perder de vista que las mejoras han sido insuficientes, considerando que solo cerca del 50% de los trabajadores tiene un empleo asalariado en el sector empresarial privado o en el sector público (que suelen ser los empleos mejor pagados y con acceso a beneficios laborales), mientras que el grueso del resto de trabajadores se desempeña en segmentos del mercado de trabajo con predominio del empleo precario, como es el caso de los trabajadores independientes que realizan actividades no profesionales, los trabajadores familiares no remunerados y los trabajadores del hogar, donde, dicho sea de paso, se concentra el empleo femenino (ver el gráfico 3).
GRÁFICO 3
ELABORACIÓN: FERNANDO CUADROS LUQUE
Además, si bien se ha dado una mejora significativa del empleo registrado en planilla y con acceso a beneficios laborales, la mayoría de puestos de trabajo se han creado bajo modalidades de contratación a plazo fijo, lo cual genera diversos efectos negativos para los trabajadores como inseguridad laboral, desincentivo a la afiliación sindical, restricción del acceso a la negociación colectiva y por tanto, disminución de las posibilidades de obtener mayores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo, que reflejen los incrementos de su productividad (ver los gráficos 4 y 5).
GRÁFICO 4
ELABORACIÓN: FERNANDO CUADROS LUQUE
GRÁFICO 5
Asimismo, todavía la mitad de trabajadores asalariados no se encuentran registrados en planilla y por ende, no acceden a beneficio laboral alguno; y ha quedado demostrado que la política de reducción de derechos laborales como incentivo para la formalización laboral de las empresas ha sido un rotundo fracaso, considerando que la tasa de informalidad laboral se ha mantenido prácticamente estancada en los segmentos a los que se ha dirigido, mientras que en los estratos empresariales sujetos a la regulación laboral general con derechos laborales completos para sus trabajadores, la informalidad laboral ha disminuido drásticamente (ver los gráficos 6 y 7).
GRÁFICO 6
ELABORACIÓN: FERNANDO CUADROS LUQUE
GRÁFICO 7
ELABORACIÓN: FERNANDO CUADROS LUQUE
Tampoco se ha logrado desarrollar de manera importante la actividad industrial en el país, a pesar de su indiscutible importancia como segmento generador de empleo de calidad, tomando en cuenta que continúa el predominio de la absorción de la mano de obra por parte de actividades económicas con bajos niveles de productividad, como la agricultura tradicional, los servicios no calificados y el comercio al menudeo (ver los gráficos 8 y 9).
GRÁFICO 8
ELABORACIÓN: FERNANDO CUADROS LUQUE
GRÁFICO 9
ELABORACIÓN: FERNANDO CUADROS LUQUE
En tal sentido, queda como tarea pendiente para la política pública recuperar las tasas de crecimiento económico registradas antes del año 2013, de tal forma que se dinamice la generación de empleo formal (sobre todo industrial), lo cual deberá ser acompañado con mecanismos que promuevan la mejora significativa de la productividad de las empresas (principalmente de las más pequeñas), de tal manera que crezca su capacidad de asumir los costos de la regulación laboral general; así como por un fortalecimiento de la fiscalización laboral, que contribuya a una mayor reducción de la informalidad laboral, con énfasis en las empresas con más de 10 trabajadores.
*Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico