Día Internacional de la Mujer: AVANCES IMPORTANTES, BRECHAS PENDIENTES

imagen-trabajadorasdelhogar(Foto: Internet)

Este 8 de marzo, como todos los años, celebramos el Día Internacional de la Mujer.

En TrabajoDigno.pe consideramos importante esta conmemoración, uno de los actos político-cultural más relevantes en el calendario mundial. Lo creemos así más cuando persisten en el mundo injustificables desigualdades que tienen a la mujer (y en general, al género femenino), en condiciones de subordinación, exclusión, explotación y pobreza, en clara desventaja frente a sus pares varones.

Tal panorama de inequidad y desventaja de la mujer frente al hombre ha sido estudiado, sistematizado y publicado por diversos organismos internacionales y centros de investigación, que dan cuenta, por un lado, de los importantes avances registrados en las últimas décadas, relacionados con una mayor participación de la mujer en los campos laboral, político, social y cultural; en algunos casos expresando tendencias claras hacia la democratización de la esfera pública y el rol protagónico que vienen adquiriendo, progresivamente, mujeres en diversos lados del planeta. Pero también del difícil terreno que deben transitar las mujeres, al menos la gran mayoría, para alcanzar condiciones de dignidad, equidad, igualdad, respeto y reconocimiento, para siquiera acercarse a lo obtenido históricamente por los hombres. Continúe leyendo

En respuesta a las “Grandes Reformas” que pretende el Ejecutivo EXPERTOS LABORALISTAS PROPONEN POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA LABORAL, DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EDITORIAL FEBRERO 1 Editorial febrero 2017(Fotos: Internet)

Las declaraciones brindadas esta semana por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados Carraro, han dado lugar para razonables y justificadas preocupaciones. Especialmente para los sectores laborales y sindicales.

En entrevista con La Republica, Grados Carraro señaló que “en lo laboral, aún no se dan las grandes medidas que permitirán el gran salto”, y anunció que el Gobierno estaría por presentar, en el mes de junio, un conjunto de medidas “que podría(n) ser la gran reforma laboral del país”.

¿Y qué estaría entendiendo por “grandes reformas”? El Ministro Grados lo resume así: “La simplificación de regímenes laborales. Que no sean más de tres: un régimen general, respetuoso de derechos sin sobrecargar al empleador; uno promotor de exportaciones; y otro para la micro y pequeña empresa. Otro gran tema es facilitar el ciclo laboral: los mecanismos para contratar mano de obra, desarrollarla y concluir el ciclo laboral. No refleja las distintas modalidades de una relación de trabajo” (énfasis nuestro).

El enfoque del gobierno, tal como lo propone el Ministro Grados, expresa el espíritu de las (esas sí grandes) reformas laborales implementadas durante los años noventa. Un enfoque que apunta a mantener los regímenes discriminatorios que establecen categorías escalonadas de trabajadores según la cantidad y tipos de derechos a los que acceden. Medidas que perseguirían reducir los mal denominados “sobre costos laborales”, obviando la importancia que tienen otros factores (económicos, organizacionales, administrativos o tributarios) en la mejora de la productividad y competitividad de las unidades productivas; principal factor explicativo de los altos niveles de informalidad empresarial y laboral registrados en la actualidad. Políticas que además, como han evidenciado diversos estudios e investigaciones, tuvieron un impacto negativo en la calidad del empleo y el ejercicio de derechos laborales.

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Cambios en la SUNAFIL. ¿Más de lo mismo?

En los últimos días ha trascendido que el gobierno designará finalmente al Superintendente de la SUNAFIL. ¿Qué podemos esperar de este cambio? ¿Se mejorará la eficiencia de la fiscalización laboral? ¿Habrá la suficiente voluntad política para implementar los cambios que se requieren y no ceder a las presiones para minimizar el alcance de la fiscalización laboral y favorecer la inocua e intrascendente orientación laboral? Continúe leyendo

PROPUESTAS PARA UNA POLÍTICA LABORAL Y DE EMPLEO A FAVOR DEL TRABAJO DIGNO

Editorial 11:01:17

La escena nos evoca un déjà vu. Un Ministro de Trabajo convocando a especialistas laboralistas para evaluar políticas públicas de trabajo y empleo. Sesiones de presentación, informes entregados, acuerdos pendientes, problemas sin resolver. Sin ir muy lejos, el anterior gobierno presidido por Ollanta Humala, congregó a ex ministros y viceministros para que revisaran el anteproyecto de Ley General de Trabajo consensuado en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), planteando observaciones y mejoras que nadie –ni en el Congreso ni el Ejecutivo– aplicaron o hicieron suyas. Continúe leyendo

NAVIDADES INGRATAS

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La Navidad es una fiesta que algunos esperamos con alegría. No se necesita ser practicante para encontrarle un sentido fraternal, incluso espiritual, dentro de tanta frivolidad y consumismo. Lamentablemente, para muchos, la posibilidad de tener una Navidad alegre y gratificante no pasará de ser un comprensible y justificado deseo. Es más, habrá quienes pasen unas fiestas preñados de incertidumbre y desazón. Es lo que deben estar sintiendo los trabajadores despedidos de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Trabajo y el Congreso. O los trabajadores de Papeleras Atlas. O los trabajadores de las petroleras de Talara y la Amazonía, cuya parálisis productiva (como consecuencia de la “caída” del precio del crudo) ha generado una “crisis de empleo”. Y así, podríamos seguir. Continúe leyendo

Primeros cien días en el Sector Trabajo ¿EN LA REPETICIÓN ESTÁ EL GUSTO?

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Cien días es un periodo corto para exigir resultados a un nuevo gobierno. Pero son, al mismo tiempo, un lapso de tiempo razonable para identificar matices, tendencias y orientaciones de lo que busca hacer –y hará– la administración entrante.

En el caso del sector Trabajo, el ejercicio no es ocioso: se trata, sin duda, de uno de los ámbitos que más expectativa genera en la población. El acceso a un empleo digno y adecuado determina en gran medida la calidad y condiciones de vida de los ciudadanos-trabajadores; paquete en el que los ingresos y derechos laborales son un elemento determinante. Y en el Perú, valgan verdades, son pocos los que acceden a una vida plenamente gratificante a partir de una posición de seguridad y prosperidad económica. Por lo mismo, el reto es mayúsculo y urgente.

¿Qué se puede decir de la política laboral de PPK? En realidad, no mucho. Más allá de las formas y la retórica políticamente correcta a favor de la formalización laboral y el empleo digno, lo cierto es que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) –el ente rector en la materia– no logra distinguirse del todo de gestiones anteriores. Sus mayores esfuerzos están orientados a lo mismo: un despliegue publicitario alrededor de los programas de empleo y ferias laborales, con un débil impacto práctico en el mercado de trabajo. Poca atención (y menores recursos) para el tratamiento de los conflictos originados por una inadecuada (y muchas veces inexistente o inaplicable) regulación laboral. Una existencia cuasi fantasmal del Sistema de Inspecciones Laborales. Direcciones Regionales convertidas en mesas de parte. Todo lo cual deriva en vulneraciones generalizadas a los derechos colectivos e individuales, despidos y precarización laboral; afectaciones que reciben poca prensa, pero erosionan progresivamente la confianza de los ciudadanos respecto de sus autoridades y la democracia como sistema.

EL PRIMER TRAMO

En reciente entrevista en RPP, el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, destacó la reactivación del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) como uno de los principales avances de su gestión. Lo volvió a señalar días después en Gestión.

Entrevista al Ministro de Trabajo

Él mismo ha señalado en repetidas ocasiones que este foro tripartito –en el que los sectores laboral y empresarial debaten el sentido de las políticas públicas en materia de trabajo y empleo–, será el espacio de donde salgan las propuestas que luego se convertirán en normas laborales.

“Es el espacio donde plantearemos las primeras medidas de destrabe, simplificación, mejora y relacionamiento laboral del país”, fueron sus palabras para ser exactos.

Lo que no mencionó fue el entrampamiento interno que se habría generado por el nombramiento del nuevo secretario técnico del CNTPE aprobado por las centrales sindicales y los gremios empresariales que lo integran. Esta situación sería particularmente delicada, considerando la importancia de mantener la confianza y respaldo de la parte sindical, sin duda, el sector menos favorecido en la mesa laboral; así como el respeto por los acuerdos logrados mediante el diálogo social tripartito

En la misma entrevista el Ministro abordó el tema del empleo juvenil y la necesidad de generar políticas que promuevan la contratación de más jóvenes en condiciones formales y adecuadas. El problema radicaría, a nuestro entender, en su diagnóstico. Grados Carraro encuentra en la “tramitología” un primer dique que impide una mayor inserción laboral juvenil. “Los trámites y documentos que una empresa debe cumplir para contratar jóvenes no agregan mucho valor para el seguimiento de su nivel de empleabilidad en las industrias y otros planes”, señaló.

Desde su perspectiva, un cuello de botella en este problema lo constituiría la burocracia que impide la creación de planes de capacitación a mediano y largo plazo, así como el monitoreo y evaluación de los resultados del entrenamiento; específicamente de sus niveles de empleabilidad en las industrias –según informa Gestión–.

Es en este punto que las salidas planteadas por el titular de Trabajo para enfrentar el problema de la informalidad laboral resuenan a la letanía absurda y fracasada con la que se ha abordado el tema en los últimos años. “Tenemos que aligerar la legislación laboral, permitir que las modalidades de contratación sean mucho más expeditivas”, reiteró, sin mencionar en qué aspectos las normas laborales se convierten en un impedimento para la contratación formal de trabajadores.

No obstante, en una entrevista posterior realizada por el diario Gestión, Grados señala que su Sector viene preparando un conjunto de medidas normativas con el objetivo de promover la contratación de trabajadores a tiempo parcial (modalidad con menores beneficios laborales que la contratación a tiempo completo); y permitir la contratación a plazo fijo sin necesidad de que el empleador la sustente en una necesidad temporal de mano de obra (a pesar de que se ha demostrado hasta la saciedad lo lesiva que resulta esta modalidad de contratación para el ejercicio de derechos individuales y colectivos).

Estas medidas habrían generado alarmas en el sector sindical. Por lo pronto, la Internacional de los Servicios Públicos (IPS), destacó en un comunicado público que dichas medidas tendrían como objetivo quebrar la negociación colectiva y debilitar a la organización sindical, al crear nuevas plazas pero en términos de precariedad y fáciles de controlar por el empleador.

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En la misma línea se ha pronunciado la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que en comunicado público ha manifestado su preocupación respecto de las últimas declaraciones del Ministro que hacen referencia a la revisión de los estándares de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo aprobados por el Gobierno anterior; pero también a la evaluación del mecanismo técnico de incremento de la remuneración mínima que tanto costó aprobar en consenso por las centrales sindicales, los gremios empresariales y el Poder Ejecutivo en el año 2007; y a la revisión del arbitraje potestativo (que ha fomentado la solución más rápida de los procesos de negociación colectiva entre empresas y trabajadores sindicalizados). En este paquete se incluiría también la realización de cambios a la regulación que fomenta la contratación de personas con discapacidad en las empresas privadas; entre otras medidas con claro corte antilaboral.

Comunicado de la CGTP

Estas declaraciones contrastan con las brindadas al diario La República, donde se cuida mucho en señalar que el gobierno de PPK no apostará por un régimen laboral al “estilo” de la Ley Pulpín (Régimen Laboral Juvenil). Ante la insistencia del periodista, Grados Carraro señala que no se impulsarán regímenes especiales, “hasta el momento”….

Lo que no mencionó fueron las acciones que adoptará el MTPE para atender las observaciones realizadas por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en el marco del TLC entre ambos países. Como se recordará, en marzo de este año la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (OTLA) emitió un Informe Público dando por válida la queja presentada por siete organizaciones sindicales peruanas, al considerar que el gobierno peruano incumplía con los acuerdos contenidos en el capítulo laboral. Todo lo cual concluyó con un conjunto de recomendaciones al Estado peruano –vinculadas con cambios normativos en los regímenes especiales implicados, el fortalecimiento de la SUNAFIL y la modernización de la justicia laboral–; recomendaciones que tienen como primer plazo de cumplimiento el mes de diciembre de este año.

Sin embargo, y a pesar del impacto en términos de imagen y la posibilidad de ser objeto de denuncias ante el capítulo de solución de controversias del TLC, el Gobierno peruano no parece dar señales de querer atender estas recomendaciones. Particularmente las que instan a adecuar los regímenes laborales especiales cuestionados por los sindicatos.

Esto se desprende de una respuesta brindada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, luego de que se realizara una presentación ante la Comisión de Comercio Exterior del Congreso, con relación a los impactos sociales, económicos, laborales y ambientales de los acuerdos de libre comercio firmados por el Perú. Sobre el Informe público del Departamento de Trabajo norteamericano, señala que:

“Al respecto, es pertinente precisar que los regímenes laborales contenidos en la Ley N° 22342, Ley de Exportaciones No Tradicionales; y la Ley N° 27360, Ley que aprueba normas de promoción del Sector Agrario, son plenamente consistentes con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Promoción Comercial, debiendo tomar en cuenta que ambos regímenes estaban vigentes durante la negociación e implementación de dicho acuerdo (…)

Por otro lado, cabe resaltar que para determinar un incumplimiento de las obligaciones del capítulo laboral del APC, se debe demostrar que ha habido un incumplimiento de una norma, reglamento o práctica, o en su aplicación, de una manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes, lo cual no se dio en este caso” (Pp. 15-16).

Sobre el particular queremos puntualizar que las observaciones hechas por la OTLA son los efectos prácticos de la aplicación de dichas normas sobre los derechos colectivos; siendo los más graves la posibilidad de contratar a plazo fijo o temporal de manera indefinida, estableciendo de facto una situación de inestabilidad laboral que es usada como cortapisa para frenar los intentos de sindicalización en ambos sectores.

Y con respecto a la afectación del comercio o inversión entre las partes, los incumplimientos denunciados por las organizaciones sindicales no solo han sido reconocidos por la autoridad de Trabajo de los Estados Unidos, sino también por empresas extranjeras importadoras de la producción textil y de confecciones de nuestro país.

En efecto, como informó La República, en marzo del 2013 diversas compañías internacionales –como New Balance, Nike, PVH Corp. (dueña de las marcas Tommy Hilfiger y Calvin Klein), VF Corporation (propietaria de las marcas Wrangler, Lee’s, North Face, Nautica y Timberland), 47 Brand, y Life Is Good– remitieron una carta pública al Presidente Ollanta Humala, instándolo a “demostrar su fuerte apoyo a la inclusión social y condiciones de trabajo decentes, apoyando la derogación del Decreto Ley N° 22342”. La razón: ser el principal obstáculo para la formación de sindicatos y para iniciar procesos de negociación colectiva en los segmentos empresariales dedicados a la exportación no tradicional.

Como es de conocimiento público, el gobierno nacionalista no movió un ápice al respecto. Poco tiempo después, sería el propio gobierno norteamericano quien exigiera medidas concretas en este punto particular. Veremos la respuesta del gobierno de PPK, tan amigo de ese país.

SERVIDORES PÚBLICOS

Los otros aspectos claves abordados por el ministro Grados en este primer balance de su gestión están relacionados con el futuro de la Ley del Servicio Civil y las relaciones laborales en el Estado.

En ambos puntos también ha sido cauto, por no decir que ha evitado una opinión clara y orientadora, dado el carácter rector del MTPE en el ámbito laboral privado. Y en ese plan, el Ministro ha optado por delegar a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), entidad rectora en dicha materia, la responsabilidad de aclarar el panorama del empleo público; y al Congreso de la República la tarea de legislar en materia de negociación colectiva para los trabajadores públicos.

Acá el reto de la hora está en destrabar el derecho a la negociación colectiva de ingresos económicos, impedida por sendos dispositivos legales (el artículo 6º y la 58ª disposición complementaria final) de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2013, los cuales han sido incorporados cada año en la Ley de Presupuesto, hasta la fecha, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 2015, en la que declara inconstitucionales estas restricciones, al contravenir un derecho fundamental consagrado en la Constitución y en Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el Estado peruano.

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El asunto está en ¿qué modelo de negociación colectiva se requiere para el Estado peruano? Al respecto, SERVIR –en reciente foro público organizado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social– ha delineado cinco dimensiones que en parte ayudarán a ordenar una discusión bastante compleja:

  • Definición del nivel de negociación: ¿centralizada (a nivel de todo el Estado) o descentralizada (a nivel de cada entidad)?
  • Determinación del nivel de representatividad del Estado en caso de optar por una negociación centralizada: ¿una sola representación nacional o una representación por cada nivel de gobierno (nacional, regional y local)? ¿Quién asume esa representación?
  • Definición del nivel de representatividad de los trabajadores en caso de optar por una negociación centralizada: ¿centrales sindicales? ¿federaciones? ¿cuántas? ¿cuáles? ¿por representatividad?
  • Determinación del procedimiento a seguir cuando no se llegue a acuerdos entre las partes: ¿arbitraje? ¿no se aplica ninguna mejora remunerativa?
  • Definición del procedimiento de negociación colectiva a seguir: ¿etapas? ¿periodicidad? ¿vigencia del convenio?

Las centrales sindicales del sector público –CITE, CTE, UNASSE, Coordinadora de Trabajadores Estatales– están trabajando una propuesta coordinada para regular la negociación colectiva en el sector público. El reto que tienen por delante es plantear un modelo que deje atrás el unilateralismo y el desorden salarial; y permita la construcción de relaciones estables e institucionalizadas entre el Estado, en su rol de empleador, y los trabajadores, en su rol de servidores públicos con derechos y obligaciones laborales.

Por lo pronto, en estos días los trabajadores del Poder Judicial han realizado un paro de dos días, con una plataforma que incluye, entre otros temas, mejoras presupuestales para aumentar remuneraciones y cumplir sentencias.

LA AGENDA LEGISLATIVA

Los balances por los primeros cien días deben extenderse a los otros poderes públicos relacionados con la problemática laboral.

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En el Congreso, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social –presidida por el Frente Amplio– inició el periodo con una ronda de invitaciones a autoridades públicas y actores sociales. Esto llevó a que las primeras sesiones fueran dedicadas a escuchar la situación de EsSalud, del Ministerio de Trabajo, de la SUNAFIL, de los gremios sindicales y empresariales.

Pero en las últimas sesiones se ha iniciado el debate de propuestas legislativas, y en ese marco hay algunos proyectos que apuntan a mejorar las condiciones laborales de sectores específicos de la población económicamente activa (PEA). Sin duda, la aprobación de una ley que regule la negociación colectiva en el Sector Público –como manda una sentencia del Tribunal Constitucional– será uno de los puntos que mayor debate, polémica y resistencias encontrará en la presente legislatura.

Pero hay otras iniciativas importantes que merecen destacarse. Por ejemplo, la congresista Indira Huilca presentó hace unos días el proyecto de Ley de Primer Empleo Juvenil, del cual dimos cuenta en un anterior post de Trabajo Digno. Con esta iniciativa el Frente Amplio recoge los aportes de especialistas y jóvenes involucrados en las movilizaciones que derogaron la Ley Pulpín y los convierte en una alternativa legislativa que apunta a facilitar la contratación de trabajadores jóvenes, en condiciones adecuadas y promoviendo su formación y capacitación laboral.

A esta iniciativa se suman las presentadas por el presidente de la Comisión de Trabajo, el congresista Hernando Cevallos del Frente Amplio, orientadas a modificar los regímenes laborales de las leyes de promoción de las Exportaciones No Tradicionales (Decreto Ley N° 22342) y de Promoción del Sector Agrario (Ley N° 27360); a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores a medio tiempo (o tiempo parcial); a regular el pago del trabajo nocturno, la nulidad del despido sin causa, así como la protección contra el despido arbitrario, la CTS y las vacaciones.

También ingresó a dicha Comisión una propuesta legislativa de la congresista oficialista Mercedes Araoz, que apunta a favorecer la igualdad laboral y remunerativa entre hombres y mujeres. Interesante iniciativa, que sin embargo carece de “dientes” para quebrar la desigualdad que afecta principalmente a las mujeres en la distribución del poder y la riqueza en el Perú de nuestros días.

Asimismo, en el contexto de la casación de la Corte Suprema de Justicia, que admitió la reducción discrecional del salario por parte de los empleadores y generó no pocas críticas, los congresistas Apaza, Cevallos y Del Castillo, presentaron proyectos normativos para eliminar esta posibilidad, considerando que violenta el derecho al trabajo y constituye en si misma un despido indirecto.

Centrales sindicales presentan demandas

Quienes han sido claras en sus planteamientos son las centrales sindicales. En las dos últimas semanas han tenido sendas reuniones tanto con el Ministro de Trabajo (4 de noviembre) y la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado (octubre). Sus propuestas se reflejan en una plataforma de lucha consistente en diez puntos que combinan políticas generales con medidas específicas.

Temas laborales para ser tratados en el Congreso

Mientras, el panorama laboral para los trabajadores no es muy alentador. Tanto al MTPE como al Congreso de la República llegan los reportes de casos de violación a los derechos laborales y sindicales.

Esta situación se agrava con la inacción de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Su estado de precariedad institucional y desfinanciamiento no puede ser entendido sino como la falta de voluntad política del anterior y actual gobierno por fortalecer el sistema de inspecciones laborales.

En reciente sesión de la Comisión de Trabajo, el superintendente Carlos Ernesto Benites Saravia fue explícito al señalar que el principal escollo para mejorar el presupuesto de la SUNAFIL radica en la negativa del MEF de otorgarle la partida que se necesita, en principio, para crear las 19 intendencias que faltan implementar a nivel nacional. Además de promover a los más de 200 inspectores auxiliares a la condición de inspectores, a secas, con capacidad para fiscalizar empresas de todo calado.

Bajo estas circunstancias, ¿está la Autoridad de Trabajo en condiciones de velar por el efectivo cumplimiento de las normas laborales? Creemos que no, porque no se están haciendo todos los esfuerzos que se requieren para mejorar la capacidad inspectiva del Estado. Pasando por la asignación de los recursos necesarios para un adecuado funcionamiento. Y en eso hay responsabilidades claras y directas.

Finalmente

Era previsible que el gobierno de PPK no fuera una administración orientada a cumplir con las demandas de los trabajadores. Los compromisos asumidos y apoyos brindados, entendemos, se dieron en el contexto específico de la campaña electoral. Pero eso no les resta valor, sino constituyen un imperativo del cual dependerá la legitimidad y respaldo social a su mandato. Incumplirlos sería un error; sobre todo considerando que los principales acuerdos estuvieron orientados a no profundizar más la flexibilización y desigualdad laboral existente en el país.

Dicho ello, las medidas anunciadas por el Ministro de Trabajo nos dan cuenta de una visión de la problemática laboral que no ofrece nuevas luces sobre cómo enfrentar los problemas de la informalidad y precariedad laboral. Lejos de apostar por la diversificación productiva (de manera coordinada con el MEF y los ministerios productivos) y el fortalecimiento de las relaciones laborales (asegurando que la Autoridad de Trabajo haga cumplir efectivamente la legislación), con el objetivo de generar las condiciones para la creación de empleo productivo y adecuado, el Sector ha preferido seguir en la línea de sus predecesores, manteniendo el piloto automático en muchos aspectos de la gestión.

Así visto, se trata de una apuesta riesgosa considerando el embalse de expectativas y demandas sociales contenidas, luego de una década y media de crecimiento con desigualdad social.

Sin novedad en el frente

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Gobierno presenta su política laboral

Luego de algunas semanas de silencio, el gobierno presentó finalmente las que serán sus líneas de acción en materia laboral y de empleo para este quinquenio. La bandera que levanta –y uno de sus principales retos–, gira en torno a la informalidad y su meta de formalizar al 60% de trabajadores hacia el final de su mandato.

Dos fueron los escenarios en los que el titular del Trabajo, el ministro Alfonso Grados Carraro, expuso los objetivos de su gestión y los mecanismos que usará para concretarlos. El primero se llevó a cabo en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, el pasado martes 6 de setiembre, donde presentó las líneas de acción que seguirá su cartera en el corto y mediano plazo.

El segundo momento fue dos días después, el jueves ocho, con la reinstalación del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) luego de varios meses de inactividad, y que contó con la participación del Presidente Pedro Pablo Kuczynski, además de las representaciones sindicales y empresariales. Este acto estuvo revestido de un halo de nostalgia y remembranzas, considerando que el padre del actual ministro –el recordado Alfonso Grados Bertorini– fuera un entusiasta impulsor de este foro tripartito.

Se trató de dos momentos claves que trazaron la cancha del gobierno ppkausista. La presentación ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social –que preside el Frente Amplio– le permitió al ministro medirse con el fujimorismo, que sin duda ejercerá un peso gravitante en el Congreso; lo mismo como oposición como para reafirmar sus coincidencias programáticas. Por otro lado, la convocatoria a retomar el diálogo en el CNTPE no solo fue clave para entablar canales de diálogo institucionales con los actores sociales (especialmente con las centrales sindicales); al mismo tiempo traslada al terreno de la negociación y la concertación social, la discusión en torno a las nuevas regulaciones o reformas laborales por implementar. El lugar central que se le quiere asignar al CNTPE puede servir para descargar al gobierno de presiones diversas, y en ese sentido, funcionar como válvula de escape. A su favor juega el piso normativo vigente, ya de por sí flexible; sin que ello niegue el interés de algunos sectores empresariales por desregular y flexibilizar más la ya bastante endeble legislación laboral.

A partir de lo expuesto estos días, encontramos que la actual administración mantendrá –en términos generales– el enfoque que ha dominado la política laboral de los últimos gobiernos desde Fujimori. Si bien los principios de gestión expuestos por el ministro Grados recogen planteamientos que consideramos oportunos y razonables (la promoción del diálogo y concertación social; procesos transparentes equitativos y eficientes de negociación colectiva y fiscalización; gestión descentralizada y fortalecimiento de la autoridad de Trabajo a nivel regional; ampliación de la cobertura de los servicios), cuando nos remitimos a la letra pequeña (el diablo está en los detalles) nos topamos con políticas e iniciativas que replican (con pequeños matices) lo hecho por los antecesores, con resultados localizados e impacto mínimo.

Esta valoración general se basa en los siguientes elementos: 1) insuficiente presupuesto asignado al sector Trabajo, relegado en el orden de prioridades del presupuesto general para el sector público; 2) los cargos de la alta dirección del MTPE son ocupados por representantes o ex empleados de la gran empresa, lo que genera suspicacia sobre su imparcialidad en la gestión.

Si queremos resumirlo en una oración, el MTPE seguirá poniendo su energía y escasos recursos en los programas de empleo temporal y capacitación laboral, subordinando la política laboral (entendida como la promoción de la generación de empleo adecuado) a los objetivos de la política macroeconómica. En este contexto, la “estrategia de formalización” del Ejecutivo se resume en un paquete de medidas tributarias (reducción del IGV) que buscará aprobar mediante facultades legislativas, y por el lado de Trabajo, por la implementación de ferias locales de orientación y servicios con las que se espera formalizar a 1500 trabajadores a fin de año.

Un sector sin presupuesto, un sector fantasma

Cuando se analiza el proyecto de Ley de Presupuesto General de la República para el 2017, presentado y debatido la semana pasada en el Parlamento, encontramos que la función Trabajo aumentó en S/. 57 millones respecto del presupuesto actual (2016), siguiendo la tendencia de los últimos años. Sin embargo, visto proporcionalmente, el presupuesto asignado a Trabajo sigue representando una proporción mínima y marginal (apenas 0.30%) respecto del total del presupuesto público.

Distribución por Funciones del Presupuesto General de la República 2017, proyecto presentado al Congreso de la República (millones de S/)

Funciones 2016 2017 Variación absoluta Variación porcentual Estructura porcentual
Saneamiento 3,593 6,032 2,439 68% 4.20%
Educación 24,960 26,181 1,221 5% 18.40%
Transporte 12,878 14,083 1,205 9% 9.90%
Orden Publico y Seguridad 8,336 9,361 1,025 12% 6.60%
Cultura y Deporte 1,086 1,738 652 60% 1.20%
Deuda Publica 11,147 11,712 565 5% 8.20%
Previsión Social 12,183 12,614 431 4% 8.90%
Justicia 4,574 4,997 423 9% 3.50%
Salud 13,471 13,776 305 2% 9.70%
Agropecuaria 3,460 3,635 175 5% 2.60%
Relaciones Exteriores 558 714 156 28% 0.50%
Protección Social 5,638 5,780 142 3% 4.10%
Ambiente 2,331 2,462 131 6% 1.70%
Comunicaciones 305 407 102 33% 0.30%
Comercio 418 517 99 24% 0.40%
Turismo 412 495 83 20% 0.30%
Pesca 357 415 58 16% 0.30%
Trabajo 357 414 57 16% 0.30%
Energía 982 996 14 1% 0.70%
Minería 130 127 -3 -2% 0.10%
Legislativa 595 588 -7 -1% 0.40%
Industria 312 223 -89 -28% 0.20%
Defensa Y Seguridad Nacional 5,376 4,886 -490 -9% 3.40%
Vivienda Y Desarrollo Urbano 2,833 2,080 -753 -27% 1.50%
Planeamiento, Gestión Y Reserva De Contingencia 22,201 18,236 -3,965 -18% 12.80%
Total (millones de S/) 138,491 142,469 3,978 2.90% 100.00%

Este financiamiento (que engloba lo asignado al Gobierno nacional y subnacional, equivalente a S/ 414`467,564), no corresponde a los requerimientos de un sector clave para la economía y gobernabilidad del país, pero sobre todo para la cohesión social. La regulación de las relaciones laborales, así como la promoción del empleo adecuado, requieren no solo de un contexto de crecimiento económico, sino principalmente de una Autoridad de Trabajo presente territorialmente, con los recursos necesarios para operar oportunamente y con eficiencia. Situación que, obviamente, no se da en la actualidad.

En las regiones la situación es más que preocupante. El presupuesto previsto para el próximo año continúa con la tendencia centralista que ha seguido en los últimos años. Mientras que el MTPE se reserva el 88% del presupuesto del Sector, las Direcciones Regionales de Trabajo reciben, para similares funciones, el 12% del total asignado para el Sector. Así las cosas, nos queda claro que con el financiamiento asignado el sector no podrá cumplir a cabalidad con las funciones asignadas.

Distribución del Gasto del Presupuesto de la Función Trabajo para el Año Fiscal 2017

Función Trabajo Total 414`467,564
Gobierno Nacional 363`231,099
Regiones 49´999,438

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SUNAFIL: En casa de herrero, cuchillo de palo.

En su presentación ante la Comisión de Trabajo, el ministro Grados insistió en que una prioridad de su gestión será fortalecer el sistema inspectivo. Así lo reiteró cada vez que un congresista, y fueron varios (Justiniano Apaza, Jhonny Lescano, Indira Huilca, Ursula Letona y el presidente de la Comisión, Hernando Cevallos), dieron cuenta de la situación actual de las inspecciones de trabajo: insuficiencia operativa y económica; escases de personal; incumplimiento de convenios colectivos, entre otras perlas.

Actualmente la SUNAFIL –una de las pocas decisiones importantes que en materia laboral adoptó el gobierno anterior; junto con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo–, no cuenta con el número de inspectores suficientes. Apenas son 400 inspectores a nivel nacional, de los cuales 270 son auxiliares con competencias reducidas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el Perú requiere 2,000 inspectores de trabajo para cubrir al conjunto de la PEA. A más de tres años de constituida, la SUNAFIL solo ha implementado 6 intendencias a nivel nacional, de un total de 25 regiones. A nivel nacional (sin contar Lima), solo se cuenta con dos inspectores con competencias para fiscalizar cualquier tipo de empresa, para 24 regiones. Esta situación explica por qué más del 80% de la PEA se encuentra al margen de la fiscalización laboral, esto es, en la total desprotección y vulnerabilidad.

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Lo grave del asunto es que todo parece indicar que esta situación se mantendrá algún tiempo más. Según Víctor Gómez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de SUNAFIL Lima Metropolitana, el proyecto de Ley de Presupuesto de 2017 presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha previsto: a) la creación de ninguna intendencia nueva; b) ningún ascenso interno en el personal de la SUNAFIL; tampoco c) el pago del bono por función Inspectiva (fijado por laudo arbitral del 23 de marzo del 2012), incumplido a la fecha.

En su presentación en el Congreso, el ministro Grados Carraro adelantó que pedirá una demanda presupuestal adicional de S/ 82 millones, para: a) crear 4 intendencias; b) ascender a 60 inspectores (de los 275 auxiliares que deberían adquirir la condición de inspectores, con todas sus facultades); y cumplir con el bono por inspección (por un monto de S/ 23 millones).

La cuestión está en que dicha demanda adicional, comentada por el titular del Sector, debió incluirse como parte del presupuesto institucional de la SUNAFIL, en el marco de la Ley de Presupuesto del 2017. No como una demanda adicional, sujeta a disponibilidad presupuestaria.

Donde sí cabe pedir una ampliación presupuestal es para este 2016, para atender uno de los requerimientos hechos por la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que en el marco del TLC recomendó al Estado peruano fortalecer el sistema inspectivo. Esto supone –entre otras cosas – un mayor presupuesto que le permita a la SUNAFIL incrementar el número de inspectores y constituir las intendencias en las regiones donde no las hay. Tiene hasta diciembre para cumplir con estas recomendaciones.

Trabajadores

Problemática de los servidores civiles

Un aspecto donde también el gobierno tendrá que hilar fino está relacionado con la negociación colectiva en el sector público; y particularmente, con el levantamiento de las restricciones impuestas por el artículo 6° de la Ley de Presupuesto del Sector Público, que excluye los aumentos salariales de los convenios colectivos.

Al respecto, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en setiembre pasado, declarando inconstitucional las restricciones impuestas a la negociación colectiva y fijando un plazo para el desarrollo de una normativa que regule la negociación colectiva en el sector público (la primera legislatura de este año, o sea hasta junio del 2017). Mientras, queda intacta la situación legal vigente que establece las restricciones, por lo menos para el próximo año, al ser pocas las posibilidades reales de que el Congreso apruebe de aquí a noviembre los cambios sugeridos, plazo en el que concluye el “debate” en el Pleno y se aprueba la Ley presupuestal.

Pero la situación laboral del sector público no se limita a lo económico. La calidad de los empleos deja mucho que desear en varios casos. La quinta parte de los trabajadores del sector público se encuentra bajo modalidades laborales (CAS), que no garantizan mayor estabilidad laboral y cuentan con menos derechos laborales que sus colegas con regímenes estables.

Trabajadores en el Sector Público por régimen de contratación, en porcentajes (2014)

Regímenes Personal
Carreras especiales 50%
CAS 19%
Ley 276 18%
Ley 728 13%

Fuente: SERVIR.

En el caso del MTPE –el ente rector en materia de empleo–, es asombroso que una cantidad importante de trabajadores esté contratado bajo una modalidad inestable y exigua en derechos como son los contratos CAS (“CASI” trabajadores). Este segmento de trabajadores aumentó significativamente en los últimos años: si en el 2011 representaban el 59%, en el 2016 ascendió a 85%. Por si fuera poco, en el caso de la SUNAFIL –cuyos integrantes son los encargados de fiscalizar el cumplimiento pleno de los derechos– los CAS representan el 46% (uno de cada dos).

Personal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2011-2016), por tipo de contratación

REGIMEN LABORAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VARIACIÓN
( 2011 – 2016)
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
D.L. 276 195 196 193 180 174 171
D.L. 728 12 9 8 15 15 14
DGIT(hoy Sunafil) 361 382 353
C.A.S. 851 953 1,051 995 1,239 1,191
OTROS 17 14 15 36 35 24
Sub Total MTPE 1,436 1,554 1,620 1,226 1,463 1,400 (+30.2%)
Superintendencia Nacional de Fiscalización laboral (SUNAFIL)
DL 728 402 399 407
CAS 218 339 352
Sub Total 620 738 759 (+110.2%)
TOTAL 1,436 1,554 1,620 1,846 2,201 2,159 723 (+50.3%)

Fuente: MTPE.

Los programas de empleo: impacto reducido

Cuando uno analiza la distribución del presupuesto del Sector Trabajo, encuentra que el grueso del financiamiento está orientado a los programas de promoción del empleo. Si sumamos los montos asignados a los pliegos número 002, 005, 006 y 007 para el año 2017 –relativos a programas de empleo temporal, intermediación laboral o capacitación básica–, tenemos que un total de S/. 185.9 millones se encuentran orientados a esta línea de acción, lo que representa el 65% del presupuesto del MTPE y el 50% de lo destinado al sector.

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RO (Recursos Ordinarios)                                                                                                          RDR (Recursos Directamente Recaudados)                                                                                DyT (Donaciones y Transferencias)                                                                                        ROOC (Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito)

Fuente: MTPE

El problema radica en el impacto generado por este tipo de intervención prioritaria para el sector. Ya no se trata solo de un asunto de carácter cuantitativo, entendido como el alcance limitado de los programas, considerando que al año aproximadamente 300 mil jóvenes se insertan en los mercados laborales (el año 2014 Trabaja Perú benefició a 46,000 personas, mientras que Impulsa Perú y Jóvenes Productivos a 13,436 individuos y 16,244 jóvenes, respectivamente). Incluso el impacto cualitativo es puesto en cuestión, como encuentra un estudio global realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente en el caso de las beneficiarias mujeres:

Respecto de la calidad del trabajo, el programa aumentó la posibilidad de que los participantes obtuvieran un empleo informal. Sobre todo se observa un incremento de la probabilidad de tener un trabajo por cuenta propia y (en menor medida) de ser un trabajador asalariado, mientras que se observa una reducción de las posibilidades de ser un empleo asalariado. También se observa un incremento en la probabilidad de ser un trabajador pobre. (Soluciones Eficaces: Políticas Activas del mercado de trabajo en América Latina y el Caribe. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT, 2016. Pp. 174-179).

En términos generales, el Sector seguirá mirando el problema del empleo como un problema de la oferta de trabajo (que sin duda muestra aspectos por atender en términos de educación, formación y capacitación), para lo cual los programas de empleo temporal, capacitación o intermediación laboral son un paliativo y no una solución. Hace falta incidir sobre la estructura productiva para generar más oportunidades de empleo en sectores intensivos en mano de obra, calificada y no calificada. El reto de la diversificación productiva, a contrapelo de lo que piensa el ministro de la Producción, Bruno Giuffra, es sin duda prioritario para el país y el Estado debiera jugar un rol clave en su implementación.

En suma, lamentable y sombrío panorama el que le espera al Sector Trabajo en los próximos cinco años. Más de lo mismo.