Entrevista a Juan Carlos Celis

El principal factor que explica la violencia antisindical es el Neoliberalismo, la desindustrialización y la privatización de las empresas estratégicas

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¿Cuál es la situación actual de los trabajadores en Colombia? ¿Cuáles son sus problemas más acuciantes? ¿Cómo impacta el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla en los procesos e indicadores laborales? ¿Cuál es el aporte de las Ciencias Sociales, y en particular de la Sociología, a la solución de las inequidades e injusticias sociales que definen al mundo del trabajo contemporáneo?

TrabajoDigno.pe tuvo la oportunidad de conversar sobre estos temas con el sociólogo Juan Carlos Celis, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (ALAST). Celis, que es Doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y docente del Departamento de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, nos recibió en Bogotá y compartió su testimonio sobre la situación laboral actual, en un momento político particular en que la sociedad colombiana se juega la salida a un conflicto armado interno que lleva cuatro décadas desangrando al país.  
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La política laboral de PPK a contraluz

¿Hacia dónde apuntan las políticas laborales del gobierno de Peruanos por el Kambio? ¿Qué se puede esperar de la actual gestión en esta materia? ¿Existe alguna orientación clara y definida en la actual administración del Trabajo?

TrabajoDigno.pe conversó con colegas y especialistas sobre el carácter de la política laboral del Ejecutivo, y recogió importantes alcances y vacíos.

Nos acompañó en esta ocasión el abogado Adolfo Ciudad, actual presidente de la Sociedad Peruana de Derecho de Trabajo y Seguridad Social. También participaron los abogados Elmer Arce y Christian Sánchez, docentes universitarios y ex Directores generales de Inspecciones y Trabajo, respectivamente, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). A ellos nuestros sinceros agradecimientos.

 “Tenemos un modelo de relaciones laborales que está enfermo, defectuoso”

Trabajo Digno (TD). ¿Cuál es tu valoración de la política laboral del actual gobierno?

Adolfo Ciudad (AC). Creo de una parte que no hay una definición clara de la política laboral del actual gobierno. Hay anuncios, pero no hay concreciones específicas. Hasta el momento no se valora dos grandes déficits en nuestro país: la ausencia de libertad sindical y de negociación colectiva. Ambas se han visto sumamente disminuidas. En 1990 hemos tenido casi 22% de afiliación sindical y en los últimos años apenas llega a 5%.  Es claro que hay un modelo de relaciones laborales que está enfermo, defectuoso. Lo mismo se corrobora en la negociación colectiva. Hay persistencia de restricciones de negociación colectiva en el sector público. En el sector privado, a través de diversas medidas, se ha desincentivado del diálogo entre las partes. Esto lo muestran las estadísticas. Si vemos que la negociación colectiva en el 1987 era de 2,500 convenios registrados, en estos años no pasamos de 500. Ahí hay un problema serio: ausencia de libertad sindical y de negociación colectiva. Lo que nos lleva a un déficit de diálogo en el sector productivo entre empleadores y trabajadores.

TD. ¿Este problema se explica solo desde el ámbito de la regulación o hay otros factores en juego?

AC. Hay diversos factores, pero el aspecto normativo es clave. A partir de la reforma laboral de Fujimori, en 1992, se produjeron serios retrocesos tanto en libertad sindical como en negociación colectiva. A las organizaciones sindicales se les quitó el derecho de reclamación colectiva en el ámbito jurídico. Anteriormente, hasta 1991, estuvo vigente el fuero administrativo de trabajo, que comenzó desde 1954. Había procedimientos administrativos para la administración y solución de conflictos colectivos jurídicos que presentaban los sindicatos. Ese era el brazo derecho que tenían. El otro brazo era la negociación colectiva. La reclamación directa y la negociación colectiva. A partir de 1992, en la primera reforma profunda de la legislación laboral, se eliminó esto sin sustituirse con nada.

Actualmente, tenemos que en la jurisdicción laboral no se admiten demandas colectivas. Es decir, en el preámbulo de la ley se establece la procedencia de procesar causas colectivas. Pero en la práctica se ponen tantos problemas que todos los casos que se tramitan en el Poder Judicial, son de carácter individual. Y ese es un serio problema para las organizaciones sindicales, cuando quieren defender los derechos colectivos de los trabajadores que tienen afiliados.

“Hay un gran enemigo de la libertad sindical, que es la informalidad laboral”

TD. En materia laboral, ¿este gobierno tiene un perfil propio o mantiene una línea de continuidad con los anteriores?

Christian Sánchez (CS). Bueno, si analizamos lo que viene ocurriendo desde la década del noventa, en los últimos años –concretamente el 2012– se dio la última medida normativa que intenta promover y destrabar los procesos de negociación colectiva, concretamente el Decreto Supremo N° 014-2012-TR que establece el arbitraje potestativo. Pero esta es una medida prácticamente aislada; no menos importante, pero no responde a una política. Una política que trate recuperar los niveles de libertad sindical que hubo antes de la reforma laboral de 1990: expresada en la tasa de afiliación, en los pliegos de reclamos. A la fecha no se ha hecho mucho. Esto revela la ausencia de una política vinculada a los derechos laborales.

Pero también quería incidir en lo individual. En materia individual, hay un gran enemigo de la libertad sindical que es la informalidad laboral. El número de trabajadores sin contrato –55% de trabajadores no registrados, personas que declaran en los hechos que cumplen una relación subordinada, pero su trabajo no lo registran en la planilla electrónica– es altísimo. Ese es el mundo de la ausencia de los derechos. Por supuesto, también está ausente el derecho y la posibilidad concreta de organizarse colectivamente. En el mundo de la formalidad laboral, o de los trabajadores registrados –el 45% de ese universo–, las estadísticas nos muestran que predomina el otro enemigo de los derechos colectivos, que son los contratos temporales…

TD. Que han sido cuestionados por una institución como el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC).

CS. En efecto, por el tema del Decreto Ley N° 22342. En el universo de los trabajadores formales, predomina el contrato temporal. En un 78%. Poco más de los ¾ de los trabajadores registrados, son temporales.

TD. ¿Cómo afecta esto la sindicalización?

CS. Además de otros perjuicios, sobre todo con la posibilidad de afiliarte. Simplemente el empleador podrá tener el control de la duración del contrato. Y ahí donde alguien decida organizarse colectivamente con un conjunto de trabajadores que son temporales, lo que puede ocurrir –o finalmente ocurre– es que se pone fin al contrato. Y no pasa nada. En ese escenario, la regulación laboral individual vigente de los 1990, tiene una incidencia directa en los derechos colectivos.

“El tema de trasfondo es económico: reducir beneficios sociales para generar una lógica de mayor disparidad y poder”

TD. Por tu ejercicio profesional, tienes permanente vínculo con organizaciones sindicales. ¿Cómo sientes que perciben a este gobierno que firmó compromisos con algunos miembros de mantener niveles mínimos de estabilidad laboral?

Elmer Arce (EA). En principio, creo que la visión general es que los trabajadores están al margen de las políticas. En el MTPE, los funcionarios son bastante ligados a empresas, en su momento han participado en estudios o empresas mineras, y obviamente están defendiendo intereses de ellas.

Otro parte del contexto es el tema del presupuesto. Salimos de un análisis de la Ley de Presupuesto donde, en definitiva, no se ha dotado de mejores y mayores recursos al MTPE, que sigue siendo de los últimos ministerios. Estamos hablando de políticas públicas laborales, de temas que puedan brindar una mayor cohesión desde el punto de vista laboral. Y sin embargo, no se ha atendido eso. Se sigue manteniendo la inercia de gestiones anteriores, como indicios y contextos de principio.

Ahora, coincido con el diagnóstico de un golpe contra los derechos colectivos. Detrás de eso una política de individualización de las relaciones laborales. Ese es el contexto completo. Destruyes organizaciones sindicales, pero a la vez tratas de que todos los conflictos se solucionen en la mesa, entre un empleador y un trabajador, donde obviamente va a salir siempre vencedor  quien tenga mayor poder. Ahí, en definitiva, erosiona la libertad sindical el hecho de tener contratos temporales, de obstruir las negociaciones colectivas, de que no se pueda llegar a un acuerdo. Pero al mismo tiempo, hay otros elementos que subordinan cada vez más al trabajador, visto desde una lógica de poder, como la libertad que tiene el empleador para establecer los sistemas de cálculo de la remuneración. Sistemas a destajo donde pueden aumentar o reducir los porcentajes, con un impacto específico.

Y por último, la lógica es la creación de los regímenes especiales. Los últimos gobiernos –y este también probablemente– no se enfrentaron de manera directa a romper la legislación laboral, gruesa, dura. [Por lo que optan por ir] excluyendo colectivos. Se hizo con la ley de trabajo de los jóvenes, con el régimen agrario, de exportación.  Entonces, vas sacando colectivos, importantes, numerosos. Y el tema de trasfondo es económico: reducir beneficios sociales para generar una lógica de mayor disparidad y mayor poder dentro de esa relación jurídica.

TD. Has señalado un tema clave. El presupuesto asignado al MTPE evidencia la poca disposición de fortalecer a esta institución encargada de regular y promover el empleo adecuado. ¿Cómo está la situación en las regiones? ¿Están en condiciones de cumplir con estos objetivos?

EA. Mucho peor. Las transferencias han sido hechas de manera muy rápida. El corazón del MTPE –que debería ser, por ejemplo, las inspecciones–, al momento que salen del Ministerio y se van a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), sigue habiendo un déficit de llegada a las regiones. Y menos aún con el tema de políticas públicas que las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) puedan hacer. Estamos a menos de 10 intendencias de SUNAFIL creadas, y nos queda un largo camino por recorrer. Para el 2017 se está previendo [la creación de] dos. Eso revela la poca intención de solucionar un problema que viene de años.

¿Simplificaciones administrativas o desregulación laboral? Una mirada al Decreto Legislativo 1246

“No se puede regular generando perjuicios en temas tan importantes como la fecha cierta de los contratos de trabajo”.

TD. En este segundo bloque vamos a conversar sobre el Decreto Legislativo aprobado hace unas semanas por el gobierno, que busca simplificar algunos trámites administrativos en el Estado. Entre estos, considera algunas medidas relacionadas con la regulación laboral. Una de las medidas incluidas elimina la obligación de las empresas para registrar los contratos de trabajo a plazo fijo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Christian, ¿crees que va a incrementar la formalización laboral de las empresas, o por el contrario, va a generar un perjuicio a los trabajadores?

CS. Quiero empezar señalando que esta discusión de regular, desregular, flexibilizar, rigidez, es una discusión que tiene de trasfondo falsos dilemas, falsas oposiciones. ¿A qué me refiero con esto? Me parece que el primer enfoque que debe tener una administración de trabajo, es entender hasta qué punto es necesaria la regulación de ciertos aspectos del contrato de trabajo. Y la obligación de regular el contrato a plazo fijo era una obligación formal que responde a un fin. Al fin de tener una autoridad que de fecha cierta de cuando se celebró ese contrato a plazo fijo. Si suprimo esa obligación, lo que estamos haciendo es poner en los hombros del trabajador el esfuerzo que tener que encontrar una fecha cierta de cuándo empezó su contrato.

Claro, esta información está en la planilla electrónica. Pero la planilla electrónica no es de acceso del trabajador. También podrán decir que se le entrega una copia del contrato al trabajador, por mandato de ley. ¿Pero esa copia está en manos de los trabajadores temporales? La mayoría de trabajadores no recibe una copia de su contrato de trabajo como cuando es firmado y cuando era comunicado a la Autoridad de Trabajo.

TD. Y además tampoco se registran las causas objetivas que sustentan los contratos a plazo fijo.

CS. No se señala nada sobre las causas, en efecto, y la prueba está en control del empleador. Esto de regular, o desregular, debería estar guiado por la razonabilidad, por la proporcionalidad. Pero no se puede regular generando perjuicios en temas tan importantes como la fecha cierta de los contratos de trabajo.

TD. ¿Consideras que con esta medida va a ser más complicada la fiscalización adecuada del uso de los contratos temporales?

CS. Cuando surja un conflicto, simplemente ya no vamos a tener una Autoridad que tenga en su poder un documento que de fecha cierta de su celebración. Entraremos a una disputa entre el trabajador y su empleador. Por lo que se ha establecido en el contrato o se haya pactado oportunamente en él.

TD. ¿Se podría concluir que esta medida va a traer perjuicios a los trabajadores?

CS. A la mayoría de los trabajadores.

“Si elimino los requisitos de configuración de estas modalidades, lo que voy a tener es una libertad muy amplia para poder defraudar”.

TD. Elmer, este dispositivo elimina la obligación de los empleadores de registrar las modalidades formativas laborales y planes de capacitación y formación anual. ¿Cuáles consideras que serán los efectos de esta medida en cuanto a inserción laboral de los jóvenes al mercado de trabajo?

EA. En realidad, estos convenios de formación laboral juvenil, son convenios que están fuera del marco laboral; con lo cual, si de pronto, siendo labores personales, subordinadas y remuneradas, los excluyo del contrato de trabajo, y además, elimino los requisitos de configuración de estas modalidades, lo que voy a tener es una libertad muy ampliar para poder defraudar. Y nos estamos jugando, además, con modalidades formativas donde, la esencia y el corazón, debería ser la formación del beneficiario. ¿Qué sería de una práctica pre profesional si de pronto no tiene ese fin formativo? En primer lugar, la defensa de la exclusión de la laboralidad, es precisamente la formación. Y si es que no hay elementos de protección y de seguimiento, esto puede terminar siendo un simbolismo. Un sistema de fraude legal.

Con lo cual, más grave me parece el tema de los planes. Porque, a final de cuentas, el propio convenio lo vas a poder plantear en la planilla electrónica. Pero si un practicante, de pronto no tiene un fin, una secuencia de qué elementos de formación va a tener en esa instancia, de qué estamos hablando. En realidad estaríamos dejando una formación en manos del empleador. Con lo cual, toda la ley de modalidades formativas, quedaría en un ridículo evidente. Porque la ley de modalidades formativas te habla que el centro de formación tiene que dirigir la lógica de formación del beneficiario. Pero si quitas eso, al final de cuentas, quedarías en el aire.

TD. ¿Esta medida va a facilitar el uso inadecuado de esta modalidad, va a fomentar el fraude por parte del empleador?

EA. Sí, porque los tiempos que mantienen nuestra legislación son muy amplios. Por ejemplo, para prácticas pre profesionales son todos los años que uno pasa en la universidad. Que podrían ser 5 o 6 años haciendo una práctica pre profesional. Un año para profesionales. Capacitación laboral juvenil tenemos hasta 2 años. Con lo cual, tenemos que si son los empleadores quienes van a decidir sobre la marcha su plan de formación, es un gran hándicap porque al final de cuentas, está claro que una empresa siempre va a tender a aumentar su capacidad de crear capital. Y si al final no hay elementos de equilibrio, el tema se puede terminar yendo de las manos.

“Aquel que trabaja con contrato temporal no puede sindicalizarse porque pierde el empleo”.

TD. Este decreto legislativo, también contempla la eliminación de ciertas obligaciones para el empleador con relación a la contracción de trabajadores extranjeros. ¿Generará esto algún efecto positivo en el mercado de trabajo?

AC. Con los trabajadores extranjeros, está ocurriendo lo mismo que con los trabajadores contratados a través de modalidades formativas o sujetos a modalidad. En realidad, lo que se está haciendo es facilitar esa vía de contratación.

El problema fundamental es que de 10 diez trabajadores, 6 están contratados con contratos temporales; que incluyen modalidades formativas, sujetos a modalidad, etc. Entonces, ese es un problema político muy importante. Porque de lo que se trata, entonces, es de continuar con el mismo modelo que desincentiva la sindicalización. Y que no permite a los trabajadores tener una voz de representación en su centro de trabajo. Eso es lo que se busca eliminar. Esa es la política que se estableció con la reforma fujimorista en 1992. Y lo que se busca es profundizar ese modelo, en lugar de difundir alternativas a través de las cuales se limite este tipo de contratación temporal. O sea, no es posible que en el país las actividades productivas sean mayoritariamente temporales, sabemos que no es así. Es más, la actividad económica sigue creciendo. Y por cierto, la nueva contratación que se hace es para actividades que son permanentes. No puede ser que 6 de 10 trabajadores estén trabajando en tareas que por su naturaleza son permanentes.  Es claro que ahí hay algunas actitudes ilegales que no cumplen ni siquiera con las normas establecidas en los contratos sujetos a modalidad y que serían materia de fiscalización y cumplimiento.

Ahora, en lugar de poner algunos requisitos, morigerar este tipo de contratación, lo que se hace es facilitarla. Porque ni siquiera hay la obligación de presentar en físico los contratos de trabajo. Menos fiscalización posible. O sea va a ver mayor cantidad de trabajadores contratados, pero que no van a poder sindicalizarse. Porque no pueden sindicalizarse.

Muchas veces me he encontrado con trabajadores que les pregunto, “bueno, ¿está usted sindicalizado?, “no yo trabajo por contrato temporal”. Está claro, aquel que trabaja con contrato temporal no puede sindicalizarse porque pierde el empleo.

TD. ¿Qué alternativa ven ustedes que podría implementarse que promueva o busque incentivar la contratación formal en el país?

CS. Para promover la formalización en el empleo, hay que pensar en varias medidas. Creo que habría que empezar por lo que menos esfuerzo le puede deparar a una inspección que de por sí está debilitada y golpeada. Ir a los sectores más visibles donde hay bolsones de informalidad. En la mediana y gran empresa, hay bolsones de informalidad, y parece que es menos costoso para poder combatir el fraude a la ley.

Y luego, la contratación laboral. En un artículo que escribimos hace un tiempo, la llamamos la “informalidad escondida”. Ahí habría que combatir el fraude de la ley.

Después, el crecimiento del empleo formal se produce por crecimiento de la economía. Si la economía no crece, no va a crecer el empleo formal. Pero los planes de inspecciones no tienen líneas directrices, una conducción estratégica. No vemos hasta ahora que SUNAFIL tampoco ponga sobre la mesa sus políticas, en blanco y negro, para combatir la informalidad. Creo que estas medidas se podrían ir ejecutando. Y pasa no solo por la capacitación, promoción de los derechos laborales, difusión de la legislación laboral, sino por una labor activa de la inspección. De combatir el fraude de ley.

TD. En el caso de la promoción del empleo formal en los jóvenes, ¿qué medidas podrían adoptar?

EA. En realidad, el tema de cuotas. En el ánimo de no reducir beneficios laborales, permitir que el empleador pueda contratar un porcentaje determinado y motivar además con incentivos tributarios, sumar el tema de la capacitación. Me parecen que pueden ser elementos interesantes a efectos de utilizar no solamente la estrategia de reducir beneficios para que sea más interesante contratarlos; mantener los mismos beneficios, pero incentivar su contratación.

TD. ¿Qué medidas alternativas plantearías para la formalización laboral en el Perú, sobre todo para el sector asalariado-dependiente, que es en el que se puede hablar de formalidad laboral?

AC. Creo que uno de los temas claves es la reducción de los contratos temporales. Ahí hay que volver a los orígenes, en el sentido de que se considere la procedencia de la contratación temporal cuando las labores no sean de naturaleza permanente. Pero si se trabaja en labores que son cotidianas, en empresas donde siempre se viene trabajando, en esos casos no debería proceder la contratación temporal. Peor todavía en los regímenes agrarios y de micro empresas, donde es más visible esta situación. ¿Por qué eso? Porque incorpora en el sistema de relaciones laborales, un factor de desestabilización a toda la mano de obra, que impide a los trabajadores sindicalizarse. Y esto es un tema es profundamente importante.

Lo que se viene: ¿fin del arbitraje potestativo? ¿Hacia dónde apunta la Seguridad Social y las inspecciones de trabajo?

“Hay quienes plantean la sanción como si fuera un monstruo que va a venir a destrozarte la empresa. Cuando en realidad, la sanción debe estar presente”.

TD. Sin bien es cierto, no se ha planteado de manera explícita una política laboral, como se dijo en el primer bloque, sin embargo, el ministro ha hecho anuncios en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) como en el Congreso. Uno de estos anuncios fue el objetivo de reducir la informalidad laboral, y para eso se anunció un incremento de la cantidad de inspectores para el 2017 en un 5% y un incremento de presupuesto en la SUNAFIL. ¿Qué tanto efecto puede tener este tipo de medidas en el proceso de formalización que se espera se siga en este gobierno?

EA. En realidad, el tema netamente monetario o de aumentar el porcentaje, puede ser engañoso. Por ejemplo, en el caso de SUNAFIL, fue una ley de maquillaje. Se cambiaron unos aspectos externos, que hasta ahora no se terminan de consolidar (por ejemplo, no está el Consejo Directivo, el Tribunal de Fiscalización). Pero la manera de trabajar sigue siendo la misma. Seguimos siendo una inspección reactiva, que no hace operativos, que basa sus metas sobre la base de cuantas llegadas a empresas tienen, que muchas veces no están programadas. Falta organización. No solamente en las diligencias inspectivas, sino también en el procedimiento sancionador: muchas de las actas de infracción son declaradas nulas. Si nos damos cuenta del universo de las órdenes de inspección (que llegan a casi a 80 mil), un porcentaje muy pequeño –5%, cerca de 4 mil–, acaban con multas. Con lo cual siento que terminan siendo anuncios. La consolidación de SUNAFIL tiene que ser orgánica (en cuanto llegue a todas las regiones) e institucional (en cuanto se terminan respetando). Se irá aumentando el número de inspectores (contamos con 400 inspectores, de un universo que debería ser 2000, según las pautas de la OIT). Pero, eventualmente, estamos por debajo de lo que deberíamos estar.

TD. ¿Qué modificaciones sustanciales deberían realizarse en el procedimiento inspectivo? Tenemos una inspección que es básicamente presencial, mientras que en otros ámbitos –como el tributario– reciben notificaciones masivas a nivel nacional, que amplían el alcance de la fiscalización. ¿En el ámbito laboral no se podría implementar algo así con la planilla electrónica?

EA. Sí. Se podría implementar y hacer mucho más rápida la inspección. Creo que hay un tema de fondo, que es la lógica de fortalecer la actuación del inspector. Las últimas normas han ido siempre en la situación inversa. Voy recortando facultades a los inspectores. Si la ley dice que ellos no pueden estar siendo impugnados durante sus diligencias inspectivas, los empleadores dicen: “acá hay un tema de derecho de defensa”. Se va resquebrajando la fortaleza que debería tener el inspector. O sea, fortalecer la discrecionalidad. Otro tema es el requerimiento y la modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 30222). Dice que siempre hay que requerir, pero no siempre. Muchas veces podrías poner una multa y además hacer el requerimiento. Si es que colocas como centro de actuación el requerimiento, sucede que antes que llegue el inspector todo es una fiesta; llega el inspector y recién tratas de subsanar. Más o menos en la lógica de las ayudas que se dan a las MYPES. “Si son infracciones leves, te vamos a dar siempre la opción de que subsanes antes de ponerte la multa”. Con lo cual, estamos planteando la sanción como si fuera un monstruo que va a venir a destrozarte la empresa. Cuando en realidad, la sanción debe estar presente. Pero una sanción adecuada, dependiendo de las posibilidades de la empresa.

Un último tema, el de la trilateralidad del procedimiento sancionador. Hoy en día el procedimiento solamente enfrenta a la SUNAFIL con el empleador. Y los trabajadores quedan fuera del espectro. Si es que la SUNAFIL reduce la sanción, probablemente el empleador no tiene que impugnar esa decisión. Se queda como está. Pero no hay trabajadores que puedan participar como parte implicada, con legítimo interés.

En España ha habido el año pasado una modificatoria de la ley de inspección. Y han creado una trilateralidad del sistema inspectivo en la parte del procedimiento sancionador. Eso sería muy importante porque el procedimiento tiene que ser fiscalizado, y la fiscalización si no la hace SUNAFIL, la tienen que hacer los sindicatos.

“El arbitraje potestativo es bastante positivo para la negociación y el diálogo, porque ha ido rompiendo aquellas negociaciones colectivas que por negativa del empleador dejan el conflicto abierto”

TD. Uno de los anuncios que hizo el Ministro en el CNTPE, fue la necesidad, desde su perspectiva, de hacer cambios en el arbitraje potestativo. ¿Cuál es tu evaluación de esta etapa de arbitraje potestativo, y si estás de acuerdo con estas preocupaciones del Ejecutivo sobre los supuestos efectos negativos que ha tenido el arbitraje potestativo?

AC. Las estadísticas y las formas de las costumbres negociales en el país han sufrido una modificación importante. Desde el 2012, cuando se aprobó esta reglamentación respecto del arbitraje potestativo causado, que podía someter obligatoriamente una negociación colectiva no resuelta, por actos de mala fe, al arbitraje obligatorio. Se podía llegar al arbitraje aun cuando la otra parte estuviese en contra. Creo que eso ha significado un resultado bastante positivo para ir creando una cultura del diálogo y negociación colectiva. Porque, desde el 1992, que se dictó la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el problema era que, cuando una negociación colectiva no se resolvía, simplemente quedaba abierta. Bastaba ahí tener una posición negativa al diálogo, y se acabó, no había nadie quien –en ausencia de un acuerdo entre las partes– pudiera dar una solución. Se pasó del extremo anterior de un arbitraje autoritario de la AAT, a que no se resolviera nada. Creo que el arbitraje potestativo por actos de mala fe es bastante positivo para la negociación y el diálogo, porque ha ido rompiendo aquellas negociaciones colectivas que por simple una negativa del empleador, se quedaban en el conflicto abierto.

A mí me preocupan las iniciativas gubernamentales a este respecto. Porque no son medidas que fomenten la negociación colectiva, siendo que el arbitraje se ha convertido en una medida de fomento a la negociación. Más bien, hay tres medidas bastante cuestionables en relación al arbitraje potestativo. En primer lugar, eliminar las facultades de actuación de los árbitros. Me parece que es un sistema muy negativo el sistema del arbitraje en base a la última oferta. Eso hace que en las negociaciones que presentan (ambas) posiciones extremas, los árbitros puedan tener un margen para buscar una solución alternativa. [Que no se pueda] es contrario al principio de la negociación. La negociación colectiva es un procedimiento a través del cual se van intercambiando posiciones de las partes y se arriba a una que puede ser de consenso. Pero eliminar la facultad de atenuación de los árbitros, va en sentido contrario.

La otra es entrar al contenido de la negociación, excluyendo el beneficio de la bonificación por cierre de pliegue o conceptos análogos. Me parece negativo porque es entrar a lo que las partes tienen que ponerse de acuerdo.

“El reajuste de las pensiones sigue en control del poder de turno, expresado en el Ministerio de Economía”.

TD. Uno de los anuncios que ha hecho el gobierno y que está dentro de los anuncios hechos en la campaña electoral, es la reforma integral del sistema de pensiones. El MEF anunció la formación de dos comisiones (una técnica y otra política). A nivel de proceso como a nivel de contenidos, ¿hacia dónde debería ir este proceso de reforma y qué contenidos debería involucrar?

CS. Me llama la atención que se sigan creando espacios sin aprovechar los espacios que ya existen. Y precisamente un espacio que ya existe es el CNTPE, que tiene una comisión técnica sobre seguridad social. Ahí debería plantearse esta discusión política y técnica. Ese es el espacio que hay que fortalecer. No veo necesario crear otro espacio.

De otro lado, en lo que respecta de los contenidos, me parece que las líneas básicas deben ir a mejorar la administración. Hay graves problemas en la administración de la seguridad social de pensiones. Por ejemplo, lo que ha venido ocurriendo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Cientos, miles de sentencias (pueden encontrar en la página web del TC), que repararon una actitud siempre renuente en la administración de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) al momento de negar las pensiones, sin acoger los criterios que ha ido dando el Tribunal. Informes defensoriales [de la Defensoría del Pueblo] que dan cuenta de esta situación inconstitucional. Parece que ahí hay todavía un tema que trabajar. Veo sentencias del TC que salen permanentemente en materia pensionaria vinculada al régimen común (jubilación) o al régimen derivado de accidentes o enfermedades ocupacionales. Hay todo un trabajo para seguir ajustando la administración de las pensiones.

Otro tema es mejorar las prestaciones. En otros países existen mecanismos de reajuste permanente de las pensiones; establecidos por ley, siguiendo criterios objetivos, como puede ser el costo de vida. Sin embargo, acá, todavía no se establece un mecanismo de reajuste de las pensiones que proteja a los pensionistas de los incrementos inflacionarios. El reajuste de las pensiones sigue en control del poder de turno, expresado en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde está adscrita la ONP.

En el sistema privado creo que hay varios problemas por solucionar. Las últimas normas que se han dado me parece que se preocupan en privilegiar  todo el aspecto individual, que ha estado rigiendo este sistema, olvidando que es un sistema de pensiones y no una cuenta de ahorros.

La cobertura es importante en cualquier sistema, sea de salud, de pensiones o de seguridad social. Y la cobertura, principalmente, en materia de pensiones se ve dañada por lo que hemos señalado: la informalidad. Si queremos construir un verdadero sistema de protección social en pensiones, y contamos con niveles altos de informalidad laboral, tenemos ahí un primer gran reto: tratar de ampliar la cobertura del sistema y que todos los que declaran en los hechos una relación de trabajo subordinada, estén cubiertos por un sistema de seguridad social.

Congresista Huilca presenta proyecto de Ley de Primer Empleo Digno y Productivo

Esta semana se presentó el proyecto de Ley de Primer Empleo Digno y Productivo, suscrito por la congresista Indira Huilca e ingresado por la bancada del Frente Amplio.

La iniciativa fue lanzada públicamente en un foro organizado por el Taller de Derecho Laboral José Matías Manzanilla, el lunes 17 de octubre, en la Universidad San Marcos. El sitio no podía ser más oportuno: un espacio donde se concentraron y salieron los jóvenes que se movilizaron contra la Ley Pulpín.

Ley de Primer Empleo Digno y Productivo

A casi dos años de la aprobación y posterior derogatoria de esta Ley, la iniciativa del Frente Amplio busca precisamente lo contrario: promover el empleo formal y adecuado de los jóvenes, pero con derechos laborales.

El proyecto parte de la constatación de la precaria realidad laboral de los jóvenes. En la exposición de motivos se señala: “La población laboral juvenil tiene una menor inserción laboral y menores niveles de protección social que la población adulta. Solamente el 63% tiene cobertura en un sistema de salud (menos que el promedio nacional) y tan solo el 27% está afiliado a un sistema de pensiones”.

Según el Panorama Laboral para América Latina y El Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la población juvenil forma parte de los sectores más afectados por el proceso de recesión económica global. Las tasas de desempleo juvenil triplican el promedio nacional de desempleados, un parte importante en condiciones severas de vulnerabilidad y exclusión social.

Frente a este contexto, la iniciativa apunta a mejorar la regulación en la contratación de trabajadores bajo modalidades formativas o como practicantes. Precisamente, una práctica extendida en el Perú es contratar jóvenes estudiantes como practicantes, pero haciéndoles realizar labores permanentes o profesionales. Lo que en lenguaje técnico se traduce como “desnaturalización” del vínculo laboral. Un estudio hecho por PLADES, sobre el uso de prácticas pre-profesionales y formativas por empresas transnacionales, da cuenta de este tipo de situaciones:

“En algunos casos se viene desnaturalizando la figura de los convenios de prácticas pre-profesionales y de los convenios de formación laboral juvenil, así, por ejemplo, la empresa REPSOL-YPF vendría cubriendo puestos de trabajo de personal estable con practicantes, quienes inclusive se desempeñarían en áreas que no concuerdan con el objeto de su contratación”.

El proyecto distingue el aprendizaje laboral de la capacitación laboral juvenil. En el primer caso, la modalidad de primer empleo posibilitaría completar la formación iniciada en una organización empresarial, mientras que en el segundo toda la formación se daba dentro de una empresa. Para cada una de estas modalidades se establecen requisitos y se establecen una serie de beneficios y facilidades.

Lo más gravitante del proyecto radica en los incentivos tributarios ofrecidos a las empresas que emplean jóvenes bajo el alcance de esta ley.

Por ejemplo, aquellas que decidan capacitar a su personal joven podrán utilizar esta inversión como crédito fiscal hasta en un 20% del costo laboral. Las empresas que contraten a plazo indeterminado a jóvenes beneficiarios de la Ley de primer Empleo, recibirán un subsidio estatal para la seguridad social el primer año; y los dos primeros, si se trata de jóvenes con discapacidad o responsabilidades familiares.

De esta forma, el proyecto presenta una fórmula legal que ofrece incentivos tributarios para la contratación formal de trabajadores jóvenes, sin caer en formulas trilladas como la reducción de derechos laborales. Ahora toca a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, agendar, debatir y aprobar la iniciativa de ley, como paso previo para su debate ante el Pleno del Congreso.

Para profundizar en la reflexión sobre este tema, TrabajoDigno.pe entrevistó al ex Ministro de Trabajo y docente universitario, Javier Neves Mujica, quien comenta los alcances y potencialidades de la propuesta legislativa presentada por el Frente Amplio.

Entrevista al Congresista Hernando Cevallos

“Las leyes se ganan en la calle, con la sociedad luchando por sus derechos”.

Hernando Cevallos

El pasado viernes 19 de setiembre se realizó el conversatorio “La agenda legislativa de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social”, en las instalaciones del Congreso de la República. Hernando Cevallos, congresista del Frente Amplio y presidente de la Comisión, nos comenta las prioridades de su gestión.

¿Qué implica que el Frente Amplia presida la Comisión de Trabajo?

No puedo asegurar qué significó para otras bancadas presidir esta Comisión. Pero para nosotros significa, primero, un enorme compromiso y responsabilidad. Pero además, una importante posibilidad de acercar todo un conjunto de visiones, de formas de ver la realidad laboral, acercarla a los trabajadores. Significa la posibilidad de compartir con las centrales sindicales de diferentes niveles de representatividad, las mismas preocupaciones por lo que pasa en el sector laboral. Sentir que se puede tener una Comisión de Trabajo más cerca de los problemas de los trabajadores. Que podemos profundizar el análisis de la realidad laboral del país y proponer soluciones. Significa dos cosas fundamentales: la posibilidad de generar un debate en el Congreso y en el país, sobre los problemas y alternativas de solución en materia laboral. De desarrollar un plan de fiscalización y de representación, en lo que compete a la labor congresal y a la presidencia de la Comisión. Es un desafío y una alegría poder desarrollar una expectativa de trabajo social.

¿Cuáles son las prioridades para este periodo en la Comisión de Trabajo?

Primero, que las entidades sindicales y los trabajadores recobren la confianza en que esta Comisión puede desarrollar una serie de iniciativas útiles a los trabajadores. Que formamos parte de un equipo de trabajo que quiere estar cerca de los trabajadores, conocer sus problemas y juntos buscar las soluciones que desde este espacio podamos aportar.

El ministro de Trabajo Alfonso Grados planteó su plan de formalización y habló de regímenes “especiales”. ¿Qué opinión le merece?

Cuando a mí me hablan de regímenes especiales me genera una gran preocupación y desconfianza. Porque lo que han hecho este tipo de regímenes, es crear una gran anarquía y quitarle derechos a los trabajadores. Una de las cosas que necesitamos solucionar en el país es ordenar el sector laboral. Entonces, si hablamos de formalizar a ese 70% de la fuerza laboral que no está “formalizada” (entre comillas, porque los “formales” tampoco son tan formales), tendría que darse sobre la base de una legislación laboral clara, que les permita a los trabajadores tener los derechos que la Constitución establece.

Lo racional es que una persona que trabaja tenga derecho a una pensión justa, a ser atendido cuando se enferma con calidad y de manera oportuna. Tener derecho a las bonificaciones respectivas que se merecen todos los trabajadores; a una remuneración justa; a no estar pensando todos los días que lo pueden despedir. En fin, a tener un trabajo con derechos. Espero que la formalización [de la que habla el ministro Grados], vaya en esa dirección. Y no en lograr algunas formas precarias de relación laboral.

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En la última sesión de la Comisión de Trabajo, se aprobó el dictamen de la Ley de Trabajo Médico.

Tiene muchas implicancias para el sector de salud. Primero, porque la Ley de Trabajo Médico fue lograda luego de una enorme lucha del gremio médico para que se respeten sus derechos. Pero, además, porque de manera racional, plantea cómo debe transcurrir la atención de salud en nuestro país. Esta ley fue diseñada sobre la base de estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre el tiempo de la jornada médica, las horas de consulta, de guardia. Esta Ley fue vulnerada; y el restituir los artículos que faltaban –los más importantes en mi opinión: la posibilidad de remuneraciones y bonificaciones para los médicos, el horario de trabajo de consulta externa, la extensión de las guardias– es importante no solo para los médicos, sino para el conjunto de otros sectores que trabajan en Salud (que han visto distorsionados sus regímenes laborales sectoriales). Finalmente, es importante para la salud del país, porque está pensando en respetar la pieza más importante del esquema de Salud, que son los recursos humanos. No se puede pensar en una salud democrática para todos, maltratando a los recursos humanos que llevan el acto médico: enfermeras, obstetrices, el trabajador que lleva la camilla y la ambulancia. Todos son importantes.

Una de las preocupaciones de los trabajadores públicos son las restricciones impuestas a la negociación colectiva por la ley de presupuesto.

La realidad del Congreso nos indica que tenemos que avanzar en lo que podamos. En los proyectos, mejorando las normas en relación con muchas cosas no resueltas; entre ellas, la posibilidad de negociar las condiciones y las remuneraciones. El Tribunal Constitucional dijo que es un derecho; a nadie lo puedes hacer trabajar y que no tenga la posibilidad de discutir cuánto le vas a pagar. Eso no pasa ni en los países más atrasados. Pero además de eso, entender que la Comisión tiene que hacer su trabajo, y al mismo tiempo la sociedad organizada el suyo. Esto quiere decir que las normas se ganan en la calle, con la sociedad expresando sus reclamos y luchando por sus derechos. Más importante todavía que las normas que podamos construir en un gabinete, es la necesidad de que la Comisión diseñe normas que garanticen más derechos y que lo haga con participación de los gremios.

En materia de seguridad social y previsional, por dónde va ir el trabajo de la Comisión.

Aquí hay varias cosas. Primero nos hemos reunido con el presidente Ejecutivo de EsSalud, para preguntarle si va a privatizar o no la seguridad social. Vamos a invitar al presidente Ejecutivo del Seguridad Social. Ahí hay dos o tres ejes. El primer tema es el financiamiento de la seguridad. Al ser una Comisión que tiene que ver esto –porque somos cajas de resonancia de nuestro pueblo–, fiscalizaremos cómo están las finanzas de la Seguridad Social: si todas las tercerizaciones que se han hecho fueron necesarias o han debilitado la posibilidad de que EsSalud pueda brindar una atención de calidad, sin necesidad de dilapidar sus recursos. Otro tema que preocupa a la sociedad es la atención que se da a los asegurados. En el caso de EsSalud, la atención de los asegurados es una gran preocupación: cómo están funcionando los hospitales, si hay una correcta atención en sus diferentes niveles. Si la atención en el nivel más básico o primario está mejorando, que es una debilidad de la seguridad social. Por ejemplo, si las normas que amparan la protección que da la seguridad social, se han ido renovando con el tiempo. Hay muchas denuncias de gente que tienen enfermedades raras, que cada vez son más frecuentes conforme se desarrolla nuestra sociedad, si tienen el respaldo de la seguridad social para su cobertura. Necesitamos fiscalizar cómo están trabajando en los hospitales, si el tema de seguridad en el trabajo está caminando. El acceso a la seguridad social de algunos sectores (los pescadores no acceden, porque hay normas absurdas que les impiden tener acceso a la seguridad), Y el tema del financiamiento del aseguramiento social es un tema muy importante

En esto corto tiempo como presidente de la Comisión de Trabajo, ha acompañado algunos sindicatos en conflicto al Ministerio de Trabajo. ¿Qué respuesta ha encontrado?

Después de ser dirigente sindical, y que a uno no lo reciban por ningún lado, es bueno poder decir “Te viene a ver el presidente de la Comisión de Trabajo y te recibe el Ministro” (risas). Uno siente dos cosas: primero, qué lejos están las autoridades de nuestra gente, de nuestro pueblo. Las estructuras de ministerios como el de Trabajo o el de Salud, no están diseñadas pensando que necesitamos tener trabajo para que la gente viva mejor y feliz. Hemos diseñado una estructura para “construir trabajo” y para que unos pocos ganen más. Mentiría si te digo que nos han recibido mal; lo han hecho de manera atenta. Pero llama la atención cuando los trabajadores te dicen: “Mira, si usted no me acompaña, aquí no me reciben. Hemos venido enviando solicitudes para que me reciba el viceministro y ahora nos recibe el ministro”. Uno siente, más que una satisfacción, una enorme responsabilidad y mucha impotencia. Tengo la sensación que nos hemos alejado tanto de la gente, que sentimos que hay mucho por hacer y que no basta con una Comisión de Trabajo.

Entrevista a María Bastidas Aliaga

“LA FUENTE DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO ES LA DIVISIÓN SEXUAL EN EL TRABAJO”.

MARIA BASTIDAS

El Perú atraviesa un momento crucial. Asistimos a una toma de conciencia colectiva sobre uno de los problemas estructurales que tenemos como sociedad: el machismo exacerbado y su expresión extrema en el feminicidio y la violencia contra la mujer. María Bastidas Aliaga, experta en temas de trabajo y género, con una importante experiencia profesional como consultora, activista y docente, conversó con TrabajoDigno.pe sobre la situación actual de las trabajadoras peruanas y la importancia de la Economía del Cuidado hoy en día.

Estamos ad portas de una movilización importante en nuestro país, en respuesta a la violencia contra la mujer. ¿Cómo ves la situación de la mujer peruana en el mundo del trabajo?

En el periodo 2004 al 2014 se han dado avances sustanciales. No obstante, todavía hay muchas preocupaciones. La participación ha crecido en 10%, pero si lo comparamos con la situación de los hombres, se perciben brechas del orden del 20%. Otra característica es una mayor presencia de mujeres rurales que en las urbanas, pero igual con brechas sustanciales con relación a los hombres. A pesar de contar con mejores indicadores académicos y educativos, las mujeres estamos ganando 30% menos del salario de los hombres. Los procesos de tercerización son más altos entre las mujeres que entre los hombres (comercio, servicios no personales y las trabajadoras del hogar), que están representando aproximadamente el 6% de la PEA. El empleo público es una fuente de trabajo importante para las mujeres. Sin embargo, cuando hacemos el cruce dónde están las mujeres, solo uno de cada 3 funcionarios son mujeres, lo amplía la brecha en términos de ascenso y promoción laboral. Por otro lado, hay una fuerte presencia de mujeres en los empleos de menor calidad; hablamos del empleo independiente, trabajadoras no remuneradas, y nuevamente el servicio doméstico. Otra característica es la presencia de las mujeres en la mal llamada “economía informal”. Las mujeres representamos el 78% aproximadamente de la economía informal, siendo mayor en el ámbito rural, donde son más del 95%. Y cuando hablamos de economía informal, nos referimos a aquellos trabajadores y trabajadoras que carecen de seguridad social; es decir, no tienen un futuro para adelante.

¿Qué factores estarían detrás de esta realidad, que a pesar de los avances que comentas, mantienen brechas que parecen insalvables hoy en día, pero que movimientos como el que se va a dar mañana, dan luces sobre posibles cambios en nuestro país? ¿Cuáles son las razones de estas desigualdades?

Una de las razones fundamentales, y que creo no estamos teniendo en cuenta, tiene que ver con la división sexual del trabajo. La valoración de lo público, lo reproductivo y lo no reproductivo. Cuando hablamos de lo productivo, estamos hablando del trabajo que te genera salario, recursos, derechos (a pesar que, como he dicho, no está tan bien para las mujeres). Y el trabajo de la economía del cuidado, es el que significa toda la gama del trabajo doméstico (lavado, planchado, cocinar); pero además los famosos “cuidados”: el cuidado de los niños, de la persona enferma o con discapacidad, de nuestros padres, por ejemplo. Así vista, la fuente de la discriminación en el empleo es la división sexual en el trabajo.

“Hay resistencias para aceptar la economía del cuidado como parte de la agenda pública”

Has publicado recientemente Economía del cuidado, empleo femenino y sindicalismo en el Perú (ADC, 2016), donde desarrollas el concepto de economía del cuidado. ¿Cuál es su importancia para una sociedad como la nuestra?

En América Latina se está en un proceso de tránsito. Cómo vemos esta transición de la asociación del cuidado con la afectividad; el cuidado desde la lógica del famoso sacrificio. Ahora entramos a una nueva discusión sobre cómo el cuidado debe ser concebido desde una lógica de los derechos. Y si hablamos desde la lógica de los derechos, hablamos por tanto de un bien público. Entonces, tiene que tener un nivel de valoración y reconocimiento.

Lamentablemente, en pleno siglo XXI, este trabajo lo estamos haciendo fundamentalmente las mujeres (no quiero decir que los hombres no lo hagan, pero lo hacen de manera puntual). Explicábamos algunas tendencias de los mercados laborales: las mujeres salen al mundo de trabajo masivamente, pero ya no es un problema de carácter de crisis, sino un tema de estructura de la economía. Y eso no solo se está produciendo en América Latina, sino en el mundo entero. Lo que pasa es que [las mujeres] salen al mercado laboral, pero no han reconsiderado las labores en el quehacer doméstico. Entonces, las mujeres asumen una doble jornada. Y aquellas mujeres que se organizan y participan en sindicatos, cumplen un triple rol. Esa doble o triple jornada de trabajo es un impedimento para el desarrollo personal, profesional y laboral de las mujeres. Entonces, cuando hablamos del cuidado, estamos entrando a cómo ver la economía convencional desde una lógica diferente. Eso es un aporte sustancial del feminismo, relativo a los procesos que generan recursos para la vida. Estamos hablando de los cuidados de los seres humanos. ¿Qué pasaría si no se diera ese cuidado? La economía del cuidado se está discutiendo en paralelo con la economía convencional. Y un aporte sustancial tiene que ver con la visibilización de ese trabajo invisible que por siglos se ha mantenido, y que hoy está comenzando a tener mayor fuerza en el ámbito público. Insisto: todavía hay muchas resistencias en las políticas públicas para aceptar que el cuidado debe ser parte de la agenda pública.

PORTADA LIBRO

En qué se debe traducir este reconocimiento del valor social y económico de la economía del cuidado?

Creo que es importante plantear algunos datos del INEI del 2010. Se hizo un estudio del uso de los tiempos de las mujeres y hay grandes diferencias. Por ejemplo, las mujeres trabajan aproximadamente 23 horas en el ámbito del trabajo reproductivo, frente a las 14 horas que trabajan los hombres. A diferencia de eso, los hombres trabajan en el ámbito productivo más de 50 horas, versus las casi 40 horas de las mujeres. Si te das cuenta, las mujeres estamos trabajando más en casa, y los hombres fuera. Situación que está generando un menor ingreso para las mujeres, porque es un trabajo que no se está pagando. Ese es el hándicap que nos está generando todo el tema del doble o triple esfuerzo que realizamos las mujeres en el mercado laboral. Por eso me parece clave tener en cuenta en la agenda pública –pero incluso dentro la agenda de las mujeres, empresas y sindicatos–, el tema del cuidado como un elemento sustancial en las discusiones sobre las políticas.

“En el ámbito de la economía, de la producción, las mujeres no somos tratadas con igualdad”

Esta desigualdad que comentas, que persiste en el ámbito del trabajo, puede ser entendida como violencia estructural contra las mujeres.

Por cierto, cuando hablamos de la desigualdad, estamos hablamos de tratos diferentes que tienen las mujeres en diferentes ámbitos de la vida. Concretamente, en el ámbito de la economía, de la producción, las mujeres no estamos siendo tratadas con igualdad. Si tú analizas toda la gama de dificultades que tienen la mujer para insertarse al mercado laboral, la maternidad resulta “una dificultad” para ellas: no se les premia, sino se les sanciona, se le discrimina. Eso es un elemento sustancial que hay que tener en cuenta. Otro de los temas en discusión es el famoso acoso sexual en el trabajo. Entrando a explicar la importancia de la marcha #NiUnaMenos, que va a marcar un hito histórico en el país, hay que advertir que esto es resultado de la lucha incesante de las mujeres desde sus diferentes vertientes y miradas. El movimiento feminista y el movimiento de las trabajadoras, han dado un aporte sustancial. Y esto es resultado de un proceso invisible que se estaba dando y que sale a la palestra ante tanta injusticia y ante las decisiones de los jueces que son tan evidentes. Estamos hablando de aquellas mujeres que se han atrevido a decir.

Tenemos un problema de la violencia dentro del hogar. Tenemos que conceptualizar el acoso sexual en el trabajo, que afecta su vida personal, familiar. Incluso para la productividad de las propias empresas: las mujeres que son maltratadas, acosadas y golpeadas en sus centros de labores, van a producir menos, por tanto van tener menos productividad. Si las empresas quieren mejorar sus ingresos, tendrán que asumir medidas contra la violencia. Además que tiene que ver con políticas de Estado.

¿Cuáles serían las prioridades de la agenda laboral de las mujeres, para este gobierno que comienza?

Este gobierno que comienza tiene un gran reto. Un elemento clave que puede generar un marco diferente, es cómo poner en la agenda pública el tema del cuidado como prioridad. Ayuda mucho, insisto, en visibilizar la economía desde otra perspectiva. Estamos reconocimiento esta economía que se encarga, de manera invisible, de reproducir la vida del ser humano, y que nadie lo paga. Y cuando hablamos de un reconocimiento de este trabajo, estamos hablando de inversiones, de valoraciones y de cambios culturales. Porque no solamente el tema de la corresponsabilidad social de los cuidados, se tiene que trabajar a nivel de las familias –porque las mujeres también tenemos que aprender a recomponer las funciones al interior; los hombres tendrán también que aportar, porque el trabajo del cuidado no es un voluntariado, es un deber, lo tienes que hacer porque es una obligación–.

A nivel de las empresas también se tiene que trabajar medidas, por ejemplo, en el tema del cuidado de los niños y niñas; el gobierno de Fujimori derogó los centros de cuidado y hasta ahora no los han devuelto. El tema de la paternidad, el cuidado desde los padres, que no es solamente dos o tres días, sino compartir permanentemente. A nivel de las propias empresas, cómo invierten en trabajar la corresponsabilidad de manera compartida en los centros de cuidado; políticas de sensibilización para la valoración del trabajo reproductivo. Además, desde la estructura del Estado hay que trabajar políticas de sensibilización y reconocimiento; el tema de las cuentas satélites, actualizar el estudio del 2010. También la valoración social y económica del trabajo realizado por las trabajadoras del hogar. Además de poner el tema del cuidado en la agenda pública, es importante que este gobierno ratifique el Convenio N° 189 de la OIT, que fue un comprimo del gobierno anterior, pues me parece que está negando el derecho a mujeres gracias a quienes se está reproduciendo la sociedad.

“Tenemos una ley discriminatoria, que reduce a la mitad los derechos de las trabajadoras del hogar”

¿En el Perú, actualmente, a cuanto asciende el número de trabajadoras del hogar? ¿Cuál es su situación?

De acuerdo a estadísticas del MTPE, estamos llegando a cerca de 5 mil trabajadoras del hogar a nivel nacional. Pero cuando hablas con las organizaciones de las mujeres. coinciden en señalar que son más. Además de la cantidad (que no siempre están registradas oficialmente), quisiera poner en agenda el tema de la precariedad con que realizan sus trabajos. Aquellas que trabajan cama adentro, no son dueñas de su tiempo. En pleno siglo xxi, permitimos que existan relaciones de esclavitud y servidumbre. Dos, la precariedad del trabajo: la mayoría no cuenta con contratos que te permitan oficializar el tema de la seguridad social: hay mujeres han trabajado hasta 20 o 30 años y ahora están fuera, no tienen ningún tipo de ingresos.

¿Se cumple el salario mínimo en el trabajo del hogar?

La ley lo dice, pero nunca se cumple. Lo cierto es que tenemos una ley bastante discriminatoria, que reconoce oficialmente la mitad de derechos a las trabajadoras del hogar. Ese es un elemento fundamental que este gobierno tendrá que abordar, pero que puede ir paralelo a la ratificación del Convenio N° 189. Otro tema que me parece importante levantar en el contexto de la movilización, es el de las violaciones y malos tratos que reciben las trabajadoras del hogar. Una parte de ellas vienen con experiencias de violación y mal trato en su niñez, para luego insertarse en un centro de trabajo donde son víctimas de violaciones y malos tratos. Me parece importante la revisión del sistema de inspecciones. Habrá que revisar la política del Sector Trabajo, cuánto tienen de inversión y recordar, por ejemplo, que el mismo sindicato de inspectores lo está poniendo en cuestión.

Otro tema que debemos trabajar es el cumplimiento de la Recomendación Núm. 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal. Acá hay una deuda histórica con ese gran sector de la economía informal que pasa el 70%. Estamos hablando de las trabajadoras que venden en las calles; si para nosotros resulta duro trabajar en un ambiente que es adecuado, imagínate lo que significa trabajar en las calles. Además de las tareas de cuidado que se les asigna como un asunto “natural”. No tienen acceso a crédito, seguridad social, esto es el famoso autoempleo. Como dicen las propias mujeres, son violentadas por las autoridades de los gobiernos locales. Les dicen “Salimos a vender no porque queremos, sino por necesidad”. Piensa si estas personas no venden, hablaríamos de una situación de precariedad. Nos falta mucha sensibilidad. Van al Ministerio de Trabajo, y les dicen: “Ustedes no están en nuestro sector. Nosotros vamos a los que están en las empresas”. Hay un grado de insensibilidad… Espero que este gobierno releve el tema de la economía informal dentro de sus políticas.

Entrevista a Paola Egusquiza

“¿Cuál es el temor que tienen con los inspectores? Que operen a nivel nacional y puedan fiscalizar a las empresas”.

Paola Egusquiza

El sábado 11 de junio, el Sindicato de Inspectores de Trabajo de SUNAFIL Lima Metropolitana publicó un comunicado en el que denunciaba de la precaria situación del sistema inspectivo. Este llevaba la firma de connotados laboralistas como Javier Neves, Wilfredo Sanguinetti, Alfredo Villavicencio, Miguel Canessa, Javier Mujica, entre otros. El pronunciamiento daba cuenta de una serie de problemas relacionados con laudos arbitrales y negociaciones colectivas que no se cumplen; sobre carga de trabajo producto de la insuficiencia de personal; la falta de un local institucional donde atender adecuadamente a los usuarios, la falta de planificación en la actuación inspectiva. “Los inspectores se llevan los expedientes a sus casas ¡en valijas! No tenemos un cajón, un casillero, donde guardar los folios”, nos comenta un dirigente sindical con justificado malestar. Por estos motivos, el Sindicato convocó a una huelga nacional el 23 de mayo último, declarada improcedente por la Dirección General del Trabajo.

La SUNAFIL, por su parte, en comunicado público del 23 de mayo, negó cada una de las denuncias del Sindicato y declaró que se rigen por lo establecido en la Ley. Carlos Benites –el último de los cuatro superintendentes que han pasado por la superintendencia desde su fundación en 2014–, reconoce que el presupuesto recibido “es reducido”, a pesar de haberse incrementado en los últimos años. Sin embargo, se cuida mucho de atribuir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la razón de la falta de recursos financieros. Prefiere recibir estoicamente la arremetida de Patricia del Río y Raúl Vargas, en RPP, antes que chocar con el mandamás de Jirón Junín. Sus razones tendrá.

Quién no se calla las razones que explican la crítica situación del sistema inspectivo es Paola Egusquiza, secretaria general del sindicato de Lima Metropolitana, quien conversó TrabajoDigno.pe sobre la problemática actual del Sindicato.

¿Por qué no aportan las inspecciones a reducir la informalidad?

El primer problema es de planificación. A través de la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva se tendrían que hacer un análisis económico, situacional y geográfico de las áreas y sectores donde abarcar. Segundo, no se cuenta con el recurso humano y tecnológico. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) no tiene acceso de la planilla electrónica y a otras bases de datos, que resulta clave para saber hacia a donde orientar las inspecciones. El MTPE no quiere proporcionar ese acceso. El caso está judicializado. 

¿Se cuenta con los recursos financieros y humanos necesarios para combatir la informalidad?

Para reducir la informalidad, tenemos que tener primero una cultura preventiva. En las áreas donde hay “informalidad pura”, esta es por desconocimiento o por temas económicos. El laboral es el menor costo que tienen las empresas informales. Hay otros costos, como el bancario o tributario, que impiden que se formalicen. Esto no se logra porque SUNAFIL tendría que tener más inspectores, para orientar y fiscalizar. Según la exposición de motivos se necesitaban 2,083 inspectores. A la fecha somos 400 entre inspectores, inspectores auxiliares y supervisores. Nuestras labores implican acciones preventivas, pero como somos tan pocos nos limitamos a lo reactivo: ceses, retenes, huelgas, etc. Estamos sobre cargados.

¿Cómo es la situación en las regiones?

A nivel nacional, solo tenemos dos inspectores de trabajo; el resto son inspectores auxiliares. Solamente tenemos nueve intendencias de SUNAFIL, en el resto de regiones son los gobiernos regionales los responsables de las inspecciones, que deberían seguir la misma política que sigues en Lima. En infraestructura y recursos humanos no tienen la capacidad organizativa para poder hacerlo. En provincia hay mayor desinterés. El MTPE le ha dado mayor importancia al área de empleo, creyendo que el emprendedurismo va a reducir la informalidad, cuando lo que realmente le va a servir al país es tengas un trabajador con seguridad social, pues reduce la pobreza y así el Estado no tiene que dar subsidios a las personas que no cuentan con una pensión. Generar una política de carácter previsional, pero para eso tienes que poner a la gente en planilla. En las provincias se generaran las ordenes, tendremos números, pero no veremos resultados.

¿Qué presupuesto recibe actualmente SUNAFIL?

En el 2015 hemos tenido 88 millones de soles para todas las Intendencias, incluida Lima Metropolitana. Con esto no se ha podido cumplir ni contratar más inspectores ni contar con un propio local. Necesitamos 250 millones para cumplir con nuestras funciones. Como institución nueva SUNAFIL debería contar con exoneraciones presupuestales para implementarse. La crea el Ejecutivo, con la capacidad de gasto, pero al no tenerlo, no cumple con su fin.

¿Dónde está el cuello de botella?

En la caja del Estado, que es el MEF. Pero acá hay un tema. ¿A quién le conviene que no crezca? No creo que a los trabajadores, que en todo momento quieren tener más inspecciones. El gobierno tiene que tener una política clara y el Ejecutivo debe insistir. El MTPE y la PCM debería decirle al MEF, “hay que darle el presupuesto adecuado”. Pero a la fecha no se da. Se mantiene el problema, año tras año. Es como un círculo vicioso: “solamente te doy para que subsistas y mantengas tu casa, pero no puedas crecer en recursos humanos y tecnología”. No tenemos soporte informático, como lo tienen otras superintendencias. Esto nos permitiría no perder el tiempo en la planificación de las inspecciones.

“Nos queda claro que sin presupuesto, no solo vamos a estar sobrecargados, sino sobre todo no vamos a dar una atención rápida al usuario”

¿Por qué son importantes las inspecciones de trabajo?

A nosotros nos queda claro que la razón por la que el gobierno ha visto el tema laboral en los últimos años es porque ha habido una presión interna y externa. Con la aprobación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, en el 2007, se hizo una nueva contratación de inspectores, en un número de 250, creándose la categoría de “inspectores auxiliares”. Con eso creyeron que cumplieron el objetivo. Pero era lógico que no: al crearse la SUNAFIL, existe la necesidad de ascender a los inspectores auxiliares. Ahora son 275 que podrían convertirse actualmente en inspectores de trabajo, con capacidad de inspeccionar a nivel nacional.

Ustedes presentaron una queja ante el departamento de Trabajo de los Estados Unidos por incumplimiento del TLC.

Por dos temas. En el cierre del Presupuesto [General de la República] del 2016 el Superintendente pidió dos cosas: el ascenso de los inspectores auxiliares y el cumplimiento de la negociación colectiva. El Congreso no dio pase a ninguno. ¿Pero cuál es el temor que tienen con los inspectores? Que operen a nivel nacional y que puedan fiscalizar a las empresas. A nosotros nos queda claro que si no nos dan el presupuesto, no solo vamos a estar sobrecargados, sino sobre todo no le vamos a dar una atención rápida al usuario. Por ejemplo, si hay una huelga en provincia, se manda una persona desde acá: gastas tiempo, viáticos, pasajes, a costa del Estado, cuando convendría económicamente tener un inspector allá que brinde una debida atención. Nosotros no somos una actividad económica que genera utilidades: somos un servicio público gratuito. Y con lo congestionado que está el Poder Judicial, el usuario ve en las inspecciones un medio más rápida y célere de lograr justicia. Pero si hay demora en el tiempo, no es justicia.

Nosotros hemos propuesto que se elimine la categoría de inspector auxiliar. Pero esto solamente se podría hacer con un proyecto de ley. Siendo todos inspectores, se podrían ser más los que atiendan una mayor cantidad de inspecciones de trabajo.

¿Cuáles son las recomendaciones planteadas por el Departamento de Trabajo?

La queja que presentamos, que adherimos a la presentada por los textiles y agrarios, fue porque no había sistema inspectivo en regiones. En Arequipa, Ica, Trujillo, San Martín, no tienen juzgados laborales ni inspectores. Necesitamos fortalecer el sistema inspectivo. El sistema te dice que hay tener más inspectores, ascendiendo a los auxiliares; y fortalecimiento con la creación de las intendencias. Pero como me dijo el representante del gobierno norteamericano, eso no soluciona el problema. Hay que fortalecer estas instancias, dotarles de infraestructura adecuada, organizativa y los recursos humanos, tecnológicos y económicos, para que hay un sistema que pueda atender al usuario. Hay casos terribles, como San Martín: en el gobierno regional no tienen inspector, no hay intendencia, no tienen juzgados de paz letrados. Están abandonados por el Estado. En Trujillo no se dan abasto con las denuncias porque cuentan con un único inspector.

“Es una pena que todo lo que hemos logrado siempre ha sido por esta vía. Ningún ministro o viceministro ha podido lograr nada a través del diálogo”.

¿Por qué no se ha cerrado su negociación colectiva?

Somos un sindicato mayoritario en el establecimiento que estamos. Para el tema de la negociación colectiva, hemos cumplido con todos los requisitos establecidos en la norma de Servir: la presentación del pliego. Pero no han fijado comisión negociadora. Presentamos al MTPE una solicitud de conciliación, pero SUNAFIL no asistió. Luego rompimos la negociación y presentamos solicitud de un arbitraje potestativo. No negocian, no nombran su árbitro. Nosotros estamos a la espera que la Dirección General de Trabajo nombre nuestro árbitro por la lista.

¿Qué acción tomarán si se dilata este nombramiento…?

Siempre hemos salido a protestar por nuestros derechos. Agotamos primero todas las vías de lo normativo, pero siempre tenemos acciones de lucha. Es una pena que todo lo que hemos logrado siempre ha sido por esta vía. Ningún ministro o viceministro ha podido lograr nada a través del diálogo.

“Esperemos que el nuevo gobierno realmente proteja los derechos de los trabajadores y brinde un mayor presupuesto que permita a la Sunafil fortalecerse”

Han tenido algún acercamiento con Peruanos Por el Kambio.

Sí. Le hemos entregado la queja del TLC al asesor del vicepresidente. Sí le importaba el fortalecimiento del sistema, por ser parte de su campaña. Pero si nos preocupa cuando declaró que iba a disminuir ministerios o instituciones. Nos hizo acordar cuando el fujimorismo quiso desaparecer el ministerio de Trabajo o adherirnos a SUNAT, cuando nuestras formas de trabajo y normas son diferentes. Nosotros vemos un tema más social y ellos económico, tributario. Nosotros vemos vida, ellos dinero.

Los objetivos y expectativas cuando formaron el Sindicato, respecto de lo que sucede el día de hoy.

Siempre fuimos un sindicato que pertenecía al MTPE. Al crearse el SUNAFIL, particularmente con la primera Intendencia de Lima Metropolitana, se forma el sindicato. Nacimos el 2014 con 27 afiliados, y ahora somos 127. A partir de esta intendencia, debemos fortalecerla para ser el ejemplo para el resto. Pero acá tiene problemas de espacio, directivas, hay mucho trabajo que hacer y mejorar. La Intendencia de Lima Metropolitana no tiene directivas y el Tribunal de Fiscalización Laboral no ha sido creado. Este es importante porque evita la corrupción y el subjetivismo; va a hacer que las fiscalizaciones tengan criterios claros, fijos. No tenemos una visión nacional de la institución. La visión general del MTPE siempre fue que todo fuera uno, para proteger a los funcionarios de las provincias de las presiones cuando se elijan a los gobiernos regionales, donde las campañas electorales son hechas por las empresas de la zona.

Los gobiernos regionales no deben quedarse con las inspecciones de trabajo. Nunca en su vida hicieron nada ni pidieron presupuesto para contratar un solo inspector. Les importó cuando se creó Sunafil. Antes no les importó. ¿Dónde está que les importa el servicio? Ahora sacan la bandera de la descentralización. Más les importaba empleo que trabajo. La única razón por las que reclaman que se queden las intendencias en los gobiernos regionales son las multas; el 30% que se quedan con las infracciones registradas.

Entrevista a Miguel Canessa Montejo

“No es el Ministerio de Trabajo quien elabora las política laborales, sino el Ministerio de Economía y Finanzas, desde un punto de vista neoliberal e instrumentalista”.

Miguel Canessa

Sociólogo y abogado por la Pontificia Universidad Católica, Doctor en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de España, Miguel Canessa Montejo es un reconocido especialista en derecho laboral y sociología del trabajo que reside actualmente en La Haya, Holanda. Aprovechando una visita a Lima, TrabajoDigno.pe conversó con Miguel sobre una investigación que viene realizando sobre los cambios registrados en el ámbito de las negociaciones colectivas recientemente en nuestro país.

¿Qué tendencias encuentras en el análisis que vienes haciendo sobre las relaciones laborales en el Perú?

Si queremos hacer un análisis histórico, nos encontramos en un quinto periodo de las relaciones laborales, que yo llamaría la “individualización de las relaciones laborales”. Es lo que lo distingue al periodo anterior, fujimorista. Ya no se toca el régimen general, sino que se cuenta con un archipiélago de regímenes laborales especiales (agrario, de las MYPES, exportación no tradicional) en lo que la legislación adopta un carácter peyorativo, porque hay una disminución de derechos laborales. Estamos en una situación en la cual ya no se desregula el régimen general, pero se crean estos regímenes como una isla. Y estadísticamente hablando, la mayoría de los trabajadores peruanos están en los regímenes especiales respecto del régimen general. Es un tipo de modelo que busca individualizar las relaciones laborales para que el colectivo desaparezca o se diluya. Lo que queda es una relación directa entre empleador y trabajador, y ya sabemos qué significa eso en el contexto social.

¿Cómo es que este quinto modelo de relaciones laborales afecta la sindicalización y negociación colectiva?

La individualización de las relaciones laborales es una grave amenaza para el ejercicio de la libertad sindical. Para los trabajadores que tienen contratos temporales, es como una espada de Damocles: si desean constituir un sindicato o afilarse a uno que ya existe, simplemente no se les renueva el contrato y se busca una excusa para despedirlo. Eso afecta directamente el ejercicio de la libertad sindical y con ello, la parte principal de la libertad sindical dinámica, como es la negociación colectiva. Nos encontramos en un periodo de tiempo en que crecen los niveles de negociación colectiva, pero jamás en los niveles que se tenía antes de los años 1990. Estamos hablando de un tipo de sindicalismo medianamente asentado. Cada vez es más difícil que se constituyan nuevas organizaciones sindicales y que pueda crecer la negociación colectiva.

Se suponía que con la transición democrática iba a cambiar esta situación…

Hagamos un poco de historia. Todo lo que significó la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo iba directamente a impedir la negociación colectiva por rama de actividad; la desaparición de las grandes negociaciones que cubrían a toda una rama de actividad y a miles de trabajadores. El diseño [de la legislación laboral de los 1990] fue para que la negociación desapareciere; privilegió la negociación colectiva por empresa y entorpeció el inicio de una negociación colectiva nueva.

Entonces, cuando hablamos del proceso de transición que se produce desde el año 2000 con Paniagua hacia adelante, uno de los compromisos que tuvo Toledo con las centrales sindicales, fue modificar los aspectos más nocivos de la normativa laboral fujimorista. Es en ese escenario cuando el movimiento sindical parcialmente se recupera y comienzan a aparecer nuevos sindicatos y nuevas empresas que se habían constituido en los noventas; que no tienen una tradición clasista previa. Y son mayormente producidos –eso es un elemento que aparece en la investigación– en situaciones en las cuales los trabajadores se sienten amenazados o no se les respeta sus derechos laborales. Probablemente ese tipo de trabajadores en una empresa donde se respetan los derechos laborales, no se sindicalice o forme una organización sindical. Pero luego, conforme pasan los años –en el periodo de García y Humala– se estabiliza este crecimiento y no es significativo. Las últimas cifras hablan de un decaimiento en la presentación de pliegos de reclamos.

¿En qué sectores está concentrada la negociación colectiva y en cuáles esta ha decaído?

De acuerdo a las estadísticas, la más importante negociación colectiva se produce en la manufactura en Lima metropolitana y el Callao. Pero ese fenómeno no lo encuentras en el resto del país, donde la mayoría se ubica en construcción, en servicios y el sector minero. En la capital se mantiene en la manufactura (pero hay una caída respecto de años anteriores, aunque sigue siendo la más importante), pero el que comienza a crecer es el sector servicios (aunque menos de lo que se esperaría). Entonces, si uno compara la distribución del empleo por actividad económica con la distribución de las negociaciones colectivas, estas no coindicen. Los sectores recientemente constituidos no están sindicalizados, no negocian colectivamente y cada vez tienen un mayor peso en el empleo.

“Tenemos un arbitraje que funciona para el gran sindicato o para la gran empresa, pero no para la mayoría de organizaciones sindicales de este país”

¿Qué cambios se han dado en los acuerdos en las negociaciones colectivas?

Pasan cosas interesantes, “desafortunadamente”. Una de ellas es que sigue siendo muy alta la cifra de pliegos de reclamos que no llegan a ningún tipo de acuerdo. En apariencia el arbitraje potestativo hubiera significado un mecanismo de solución de estos conflictos, pero no lo está logrando. Me atrevería a decir que se debe a dos grandes razones: en primer lugar, hablamos de sindicatos muy pequeños, probablemente sin asesoría legal y sin conocimiento de la oportunidad de presentar un arbitraje, que negocian con empresas de esa misma coyuntura. Un segundo elemento, el costo alto de transacción del arbitraje, de tal forma que no pueden afrontarlo determinado grupo de trabajadores. Lo que tenemos es un arbitraje que funciona para el gran sindicato o para la gran empresa, pero que resulta inoperante para la mayoría de organizaciones sindicales de este país, que son sindicatos de 20 o 25 trabajadores. Otro resultado que encontramos cuando comparamos los convenios colectivos es que hay un número significativo de convenios colectivos que no tienen un incremento salarial, que es justamente –desde el punto de vista de los trabajadores– la cláusula más importante. Entonces, resulta que no tienen incrementos generales, y en algunos casos lo que uno encuentra es que el cierre de pliego –esta suma de dinero que se otorga a los trabajadores por haberse celebrado el convenio colectivo–, viene sustituyendo a los aumentos generales. Dos fenómenos que están muy presentes en la actualidad.

Señalas que el arbitraje potestativo ha tenido un impacto diferenciado de acuerdo a los sectores. ¿Qué cambios introducirías en el arbitraje potestativo para que cumpla con su rol persuasivo y la negociación colectiva se resuelva de manera bilateral?

Haría una propuesta: en el elemento de los costos transaccionales, lo que plantearía es la constitución de tribunales arbitrales permanentes. Es decir, que las centrales sindicales, la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), nombrasen dos o tres árbitros y que estos sean presididos por jueces laborales. De manera tal que una organización sindical o empresa tendrían dos alternativas: recurrir a este tribunal judicial permanente, sufragado por el Estado peruano; o mantener un arbitraje ad hoc, es decir, nombro a mis propios árbitros y sufrago los costos. Con lo cual el grupo que no puede acceder al arbitraje por los costos o desconocimiento, tienen la oportunidad alcanzar un acuerdo por medio del arbitraje. Yo creo que estos tribunales de arbitraje permanente podrían ser un mecanismo de solución. Hay que verlo porque también en otros países se encuentran implementados, con sus singularidades, en países europeos o de la región. Una forma de fomentar la negociación colectiva sería constituir esos tribunales nombrados por las partes; y no necesariamente por el Estado a dedo. Las organizaciones sindicales y empresariales designan a sus árbitros y jueces laborales presidirían estos tribunales de manera permanente. Es un mecanismo de solución.

“Tenemos un movimiento sindical de jóvenes trabajadores despolitizado, carente de la tradición sindical, pero que sí reivindica la idea de defensa de derechos”.

El problema de la sindicalización y de la cobertura de la negociación colectiva, ¿se debe estrictamente al tema de la regulación laboral o hay otros elementos en juego?

En el plano normativo todavía hay serias deficiencias y llamadas desde atención desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Estado peruano, y a nuestra legislación, por sus incompatibilidades con el Convenio N° 87 y N° 98. En el ejercicio del derecho de huelga está clarísimo. Pero también el perfil actual del trabajador peruano se ha modificado respecto de la visión que solíamos tener: sindicalista, clasista. Yo diría que esta se mantiene con mucha fuerza en sindicatos muy antiguos –un ejemplo paradigmático es el sindicato de Backus & Jhonston, todavía importante en el escenario nacional–. Pero tienes a la vez un sindicalismo más alejado de esa tradición histórica del movimiento sindical, muchas veces despolitizado; gente joven con mejores elementos de análisis sobre la realidad y educada, pero que rechazan la política. Entonces, identifican a ese tipo de sindicato con la política, y el desprestigio de los partidos políticos lo vinculan con ese tipo de sindicatos. Tienes un movimiento de jóvenes trabajadores que se sindicalizan en razón de que sienten explotados, que se vulneran sus derechos (el pago de las horas extras impagas es clarísimo o cuando los obligan a tomar determinadas acciones para incrementar las ganancias de las empresas, como en el caso de Ripley). Tenemos un movimiento sindical despolitizado, carente de la tradición sindical, pero que sí reivindica la idea de defensa de derechos. Carmen Rosa Balbi decía que la defensa de los derechos se mantiene como un elemento aglutinador. Y se mantiene –y este es un dato que hay que resaltar–, por el tipo de relaciones que muchas veces plantean las empresas en este país.

Conocidos los resultados electorales, cuáles podrían ser los puntos principales de una agenda laboral para el próximo gobierno.

Yo sería muy crítico. Desde hace muchos años y varios gobiernos, no es el Ministerio de Trabajo (MTPE) quien elabora las política laborales. En realidad, quien elabora las políticas laborales es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde un punto de vista neoliberal e instrumentalista. Sabiendo quién es el nuevo presidente, tengo mis dudas de que con el nuevo gobierno recupere o se empodere el MTPE y sea un interlocutor dentro del gobierno para plantear, diseñar, planificar y ejecutar una política laboral. Soy muy pesimista para seguir creyendo que va a dejar de ser un anexo del MEF. Suena irónico, pero en la década de los noventa se discutía en el Perú si debíamos tener un Ministerio de Trabajo, y en un momento se pensó que podía desaparecer (lo cual sucedió en Colombia, pero las circunstancias obligaron a que reapareciera). Hablar de que es posible sustituir el MTPE por un ministerio de Empleo o algo parecido, retrata la subordinación absoluta del sector al MEF. No hay un esfuerzo desde el Estado para fortalecer a los funcionarios públicos de la SUNAFIL, por ejemplo, que cumplen un rol fundamental.

Más desde una perspectiva internacional, con los tratados de libre comercio que tenemos; precisamente una de las demandas que más nos exigen desde los Estados Unidos y la Unión Europea, es un correcto y adecuado funcionamiento de las inspecciones, porque se dan cuenta de que no están cumpliendo su labor. Y no es porque los inspectores no quieren cumplirlo, sino porque hay una serie de trabas, modificaciones normativas, falta de recursos y de capacitación, que impiden cumplir ese rol básico hasta en un Estado liberal, como es el control por parte del Estado de las relaciones laborales.

Entonces, ¿no ves muy viable que se atiendan las recomendaciones del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos con relación al incumplimiento del Capítulo laboral del TLC, que ha dado un plazo hasta diciembre para hacer una serie de modificaciones normativas al régimen de promoción de las exportaciones no tradicionales y al sistema de inspecciones?

Probablemente, no. Y solo cuando haya una amenaza real y concreta –especialmente en el sector exportador–, como ver peligrar, ya no una sanción, sino la constitución de un tribunal arbitral en el marco del TLC, es que provocaría un tipo de modificación. Solo cuando hay un peligro de que se puedan afectar las utilidades o los ingresos, es lo que provocaría como reacción –en el sector empresarial y el Estado– la búsqueda de soluciones del problema. El caso de Guatemala es paradigmático. Nos encontramos ante un Estado que ha suscrito varios acuerdos, compromisos, pero que sistemáticamente los ha incumplido. Y solo cuando ha llegado al punto en que se va a emitir un laudo arbitral que lo condenaría por graves violaciones a la libertad sindical, es que Guatemala de alguna manera está reaccionando. El sector empresarial exportador se da cuenta del peligro que esto significa. Al punto que ha llamado la atención de los empresarios de la región, que están muy pendientes y que tratarían de evitar que Guatemala sea sancionado, porque lamentablemente violaciones como las que viven en Guatemala se producen en otros países de la región. No es la situación peruana, felizmente, pero se vivió esa situación en los años ochenta y noventa, con asesinatos sindicales, etc. Soy pesimista en pensar que habrá una iniciativa propia del gobierno; ojalá esté equivocado y efectivamente se plantee una política laboral que se apruebe desde el Consejo Nacional del Trabajo –donde están representados los trabajadores, empresarios y el propio gobierno–. No desde la unilateralidad del MEF, sino una propuesta y una discusión donde los actores sociales muestren sus intereses, y en función a eso se llegue a un acuerdo. Eso sí: con un rol que pueda ser definitivo por parte del Estado. Es decir, el Estado no puede paralizarse ante la posición de una u otra parte. Tiene que ser un elemento que fomente ese tipo de acuerdos.

Dossier Políticas Laborales

Entrevista a Adolfo Ciudad Reynaud

Adolfo Ciudad                           Foto: Javier Fernández-Maldonado.

“La formalización requiere de capacitación, acceso al crédito, a nuevos mercados, etc. Y no la rebaja de derechos, que es el modelo antidemocrático, vertical, autoritario dejado por Fujimori”

Abogado laboralista, profesor universitario y ex funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Adolfo Ciudad Reynaud (65) preside actualmente la Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, cargo que ocupa en virtud de su larga trayectoria en el campo del derecho laboral y la investigación académica en nuestro país y Centroamérica. TrabajoDigno.pe conversó con Adolfo sobre la coyuntura laboral: el debate electoral, los retos del próximo gobierno y un balance de la gestión que termina en julio. 

¿Cuál es su valoración de la política laboral del gobierno de Ollanta Humala? ¿Qué aspectos rescataría, cuáles son considerados un retroceso, cuáles podrían ser continuados por el próximo gobierno?

Yo creo que, en líneas generarles, se ha mantenido el modelo flexibilizador que tenemos desde la época de Fujimori. Este se basa en dos características fundamentales. Por un lado, una muy importante ausencia de diálogo. El número de convenios colectivos ha bajado drásticamente y eso no ha mejorado con este gobierno. En las últimas décadas el número de convenios ha descendido hasta una cuarta parte de lo que había. La sindicalización tampoco ha mejorado. A inicios de los años noventa teníamos una tasa de sindicalización de 21% [de la PEA asalariada] y ahora tenemos solo 5%. La falta de diálogo es el rasgo más característico de este modelo, que la actual gestión ha continuado sin mejorar los niveles de comunicación entre empleadores y trabajadores. Este modelo es autoritario, vertical, precarizador del empleo. Donde la voz del trabajador no se escucha en el centro de trabajo.

Por otro lado, este es un modelo que promueve los contratos temporales, donde los trabajadores tienen un tiempo límite de trabajo. Y si se sindicalizan, pierden el trabajo.

Esto lleva a que, paralelamente, por esta carencia de diálogo social, el nivel de remuneraciones no se haya recuperado como podía haberse recuperado. Tenemos el segundo salario mínimo más bajo de América Latina. Y esto a pesar de haber tenido diez años de comportamiento económico muy favorable en el Perú.

¿Qué opinión te merecen las tres medidas más importantes implementadas por la actual gestión? El arbitraje potestativo, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, y la Ley de Servicio Civil.

Con relación con la negociación colectiva en el sector público, seguimos teniendo una política persistente hace diez años, que los gobiernos de [Alán] García y [Ollanta] Humala han continuado, y que ha prohibido por completo los incrementos salariales en la administración pública. El arbitraje potestativo en el sector público está permitido solamente para condiciones de trabajo. Esto a pesar que el 3 de setiembre del 2015, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia señalando que la ley del presupuesto público prohibía la negociación colectiva y los incrementos salariales. Eran medidas inconstitucionales que atentaban contra convenios internacionales.

A pesar de ello, se ha dado un incremento importante de la negociación colectiva. Pero hay que tener en cuenta que sectores como el municipal, por ejemplo, han sido afectados por la Ley Servir. Va en contra de una tradición de diálogo y de negociación colectiva que se había establecido desde inicios de los años ochenta en el sector municipal. Esto es importante señalarlo, porque el sector municipal implica gobiernos locales y centenares de negociaciones colectivas que se ven afectadas. A pesar de eso, se siguen poniendo de acuerdo. Hay arbitrajes donde se inaplica la Ley Servir y se obtienen incrementos a la remuneración a través de control difuso constitucional.

A nivel de arbitraje potestativo en el sector privado, ha habido una situación que se ha tornado favorable. Porque negociaciones colectivas que antes quedaban abiertas, sin poder solucionarse, a través del arbitraje se vienen solucionando de distintas formas. Esta no ha sido una medida del gobierno, sino doctrina del Tribunal Constitucional que se ha ido formando desde la primera década de este siglo.

Ha habido un importante avance. Pero después, debido a la presión de las empresas, se ha dado un retroceso y reducido los estándares. Aún así, se ha avanzado en cierta forma.

¿Cuál es tu valoración de la medida aprobada por el Congreso de permitir la libre disponibilidad del 95% de los fondos de las AFPS? ¿Cómo va afectar el derecho a la seguridad social?

Desde el punto de vista de la seguridad social, una medida de esta naturaleza hace que el derecho de jubilación se vea afectado. Porque el nivel de las pensiones es tan bajo, y la rentabilidad de las agencias de las AFPs tan alta, que hace que las pensiones sean reducidas.

Frente a esa situación, si es que a uno le dicen “Usted, lo que ha venido aportando durante su vida laboral, va otorgarle una pensión muy poco significativa”, que apenas llega a los 800 soles –en el mejor de los casos, hay pensiones menores– sin duda va a ver un aliciente para el retiro. Porque, si a mí me van a calcular mi pensión sobre lo aportado para devolvermelo hasta los 110 años (que no voy a cumplir), entonces lógicamente va a ver un retiro masivo. Esto va a hacer que el derecho de jubilación, en el sistema privado de pensiones, tienda a desaparecer. Y se convierta el derecho de jubilación en un sistema de ahorro que el trabajador va a retirar al momento de llegar a los 65 años. Esto afecta al derecho a una pensión. Creo que esta situación debería propiciar una revisión de todo el sistema pensionario, tanto privado como público, a fin de establecer mejoras estructurales que restablezcan el verdadero derecho a una pensión digna. Esta ley no lo favorece, pero sí pone sobre la mesa la necesidad de hacer una revisión integral.

“Las dos opciones que tenemos para la segunda vuelta van a mantener el modelo laboral”

¿Cómo ves el debate laboral en el actual proceso electoral?

Este es el tercer gobierno desde el inicio de la transición, donde se prometió la expedición de una Ley General del Trabajo (LGT) que pudiera incorporar elementos de democracia laboral en el modelo de relaciones de trabajo. No obstante, es la tercera oportunidad que se queda trunca esta posibilidad de contar con una legislación que abra canales de democracia en el centro de trabajo; que remueva los obstáculos para la sindicalización y la negociación colectiva y, que sea factible construir un modelo de relaciones laborales equitativo, en el que el diálogo sea elemento central entre empleadores y trabajadores. Que tienda hacia la inclusión de los trabajadores dentro del sistema de protección de la legislación del trabajo y de la seguridad social. Sin embargo, se han incumplido nuevamente estas promesas. Yo que creo que el sector empresarial ha hecho mucha presión para que esta situación siga así, con poca visión de futuro. Se siente muy cómodo con este modelo de relaciones de trabajo.

En el debate laboral muy poco se ha conversado sobre esta situación. Y lamentablemente, con las dos opciones que tenemos para la segunda vuelta electoral, parecería que el modelo no va a cambiar, sino que se va a mantener o profundizar. Hay que tener en cuenta que el modelo laboral antisindical de Fujimori, que no fue cambiado sino profundizado por Toledo, García y Humala, estableciendo regímenes especiales con menores derechos.

Sin embargo, está claro que la alternativa de formalización de las pequeñas empresas rebajando derechos, no está funcionando. Desde el año 2003 tenemos este modelo de rebaja de derechos para la formalización, pero es absolutamente insuficiente. No hay ningún resultado tangible o significativo en la perspectiva de la formalización. Está claro que las medidas para la formalización van por otro lado: por la capacitación y formación profesional, por facilidades para otención de créditos, por rebaja de impuestos a la renta, por la promoción de nuevos mercados, etc. Y no por la rebaja de derechos, que tiende a hacer que el modelo dejado por Fujimori –antidemocrático, vertical, autoritario– se convierta en una situación de mayor precariedad para los trabajadores.

¿Qué opinión te merece la propuesta de PPK de implementar un seguro de desempleo?

Bueno, un seguro de desempleo necesita muchos fondos. No se ha podido hacer hasta el momento. En América Latina tenemos muy limitada experiencia al respecto. No veo posibilidades de establecer un seguro de desempleo sin una alta cotización de parte del sector empresarial y estatal. Y ni los empresarios ni el gobierno estarían muy dispuestos a inyectar capitales y los fondos necesarios para la implementación de un seguro de esta naturaleza. Aunque sería lo ideal, no veo posibilidad de que esto se pueda implementar. Además, que no se utilice el seguro de desempleo para sustituir a la Compensación por Tiempo de Servicios.

Creo que el asunto pasa por remover obstáculos al diálogo social y a la sindicalización, tanto en el sector privado como el sector público. Y que haya un mayor diálogo entre empresarios y trabajadores, y entre trabajadores y el gobierno central, para que aspectos de la Ley Servir, por ejemplo, que limitan la negociación colectiva únicamente a las condiciones de trabajo, sean eliminados. Y primen los Convenios núm. 98 y núm. 151 de la Organización Internacional del Trabajo, que establecen que es factible la negociación colectiva de remuneraciones en el sector público.

Entrevista Adolfo Ciudad                           Foto: Javier Fernández-Maldonado.

“Las empresas que utilizan personal a través de contratos temporales para la exportación, mantienen un nivel de ganancias sostenidos en el tiempo”

¿Cuáles son los retos del próximo gobierno en materia laboral?

El salario mínimo tiene que ser actualizado, está muy retrasado, no puede ser que se mantenga en ese nivel. La tasa de sindicalización tiene que ser mejorada. Los países que tienen una mayor densidad sindical y una estructura de negociación colectiva más desarrollada, son países que tienden a tener una sociedad más equitativa. La negociación colectiva es un método a través del cual se comparte las ganancias de las empresas para que el nivel de vida de los trabajadores mejore. No hay otra alternativa. A través de la negociación colectiva, empleadores, trabajadores y gobierno se ponen de acuerdo sobre mejoras progresivas en el nivel remunerativo de los trabajadores y el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.

Estas semanas se ha hecho público el informe publicado y presentado por la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, instando al Estado peruano a que modifique uno de los regímenes especiales –específicamente, el de promoción de las exportaciones no tradicionales– en el sentido de poner un límite a la renovación de los contratos temporales, que es a la postre lo que inhibe la libertad sindical y la negociación colectiva. ¿Ves posibles estos cambios, teniendo en cuenta las dos fuerzas que disputarán la segunda vuelta?

Yo lo veo muy difícil en estas condiciones, pero tendría que darse pues es una situación muy injusta que se mantenga el sector de exportaciones con contratos temporales desde tres décadas. El fujimorismo es el padre de esta criatura para todas las industrias, aunque Fujimori no inventó los contratos temporales para el sector exportador (que vienen de la época de Morales Bermúdez), pero que en los diez años de Fujimori se crearon una amplia variedad de contratos temporales aplicables a todos los sectores económicos.

No debiera ser difícil arreglar esta situación. Porque las empresas que utilizan personal a través de contratos temporales para la exportación, son empresas estables que mantienen un nivel de incremento de sus ganancias sostenido en el tiempo. Y está muy bien que sea así. Pero lo que no está bien, es que se haga a costa de afectar derechos fundamentales como la sindicalización. Un trabajador que tiene contratos por 30, 60 o 90 días –y que son renovados de forma permanente, durante años–, si opta por la sindicalización no lo vuelven a contratar. Eso se convierte en un obstáculo para el ejercicio del derecho fundamental de sindicalización y de negociación colectiva y todos los demás derechos laborales. Y es por eso que el tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos está cuestionando este asunto. Porque es una situación inequitativa frente a otros países pues aquí se rebajan derechos laborales o se impide su ejercicio para obtener ventajas comerciales.