GOBIERNO FORTALECE LIBERTADES Y DERECHOS SINDICALES. SOBRE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LAS RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO: DECRETO SUPREMO N° 014-2022-TR

Diego Motta

El día de ayer, 24 de julio de 2022, se ha publicado el Decreto Supremo N° 014-2022-TR, que modifica el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (LRCT). La norma regula las relaciones laborales colectivas entre trabajadores y empleadores; reconociendo, garantizando y fomentando los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga.

RELACIONES COLECTIVAS LABORALES Y DEMOCRACIA:

Tanto el reglamento original, como la LRCT fueron parte de las reformas neoliberales introducidas hace 30 años por el régimen dictatorial fujimorista. Ambas normas fueron los productos normativos predilectos emergidos tras el golpe de estado del 5 de abril de 1992, fecha en la que los tanques de la División Blindada tomaron las principales instituciones del Estado y secuestraron a los principales líderes opositores, entre ellos dirigentes sindicales y empresarios, conforme lo reseñaron distintos medios de comunicación y lo establecieron los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en diversos pronunciamientos*.

La naturaleza antidemocrática de las normas publicadas en 1992 es evidente, no solo por las formas (la ley fue aprobada mediante un Decreto Ley, el Reglamento por un gobierno de facto), si no por su contenido y sus consecuencias: ambas normas flexibilizaron y desregularon las garantías mínimas que requiere el funcionamiento armónico de las relaciones laborales en el país. Continuar leyendo

¿Por qué es inconstitucional el DU 014-2020? 12 razones explicadas por el Dr. Adolfo Ciudad

TrabajoDigno.pe se complace en compartir el documento “Doce motivos de inconstitucionalidad del D.U. 014–2020, sobre la Negociación Colectiva en el Sector Público”, elaborado por el Doctor Adolfo Ciudad Reynaud. A partir del análisis del contexto de derecho constitucional del trabajo en que se dicta el D.U. 014–2020, Ciudad analiza cómo el Poder Ejecutivo se niega a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de abril de 2016, donde se insta al Congreso de la República a regular sobre el derecho a la negociación colectiva –sin restricciones– para los diversos sectores del Estado.  “En nuestro país –nos dice el autor– se legisla con el deliberado propósito de impedir el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva, particularmente en el sector público”.

Desde esa perspectiva, Ciudad fundamenta por qué el decreto de urgencia en cuestión es inconstitucional, agrupando en los argumentos en 6 ejes temáticos:

Elecciones en Estados Unidos DEBATIENDO CON UNA MOSCA

María Cristina Vigil (*)

Al fin llegó el tan ansiado día. Millones de ciudadanos norteamericanos participaron en la votación presidencial anticipada en la Florida y diversos estados. Una vez que deposité mi balota me embargó una sensación de alivio y alegría a la vez.  Sobrevivimos ocho meses de crisis sanitaria soportando ese tren descarrilado llamado Trump. Sin embargo, el suspenso y la incertidumbre no llegara hasta después del 3 de noviembre, día de la votación general.

La mayoría de la ciudadanía sigue sufriendo la pésima administración del sistema de salud. A partir de marzo, la trágica pandemia se magnificaba día a día, sin que el presidente tomara las medidas necesarias para un control eficiente del monstruo. Llegado a un punto los hospitales carecían de todo lo necesario para la protección de los doctores, enfermeras y del personal de salud. Varios gobernadores pedían ayuda a Washington, pero esa ayuda si llegó, fue muy tarde y muy poca.  Un triste ejemplo es el caso de Nueva York. Siendo el epicentro nacional de la pandemia, llegó un momento en que faltaron camas, ventiladores y hasta las mascarillas N–95, las oficialmente requeridas para el personal médico.

Resulta incuestionable que las 220,000 muertes provocadas por la pandemia son consecuencia directa de la decisión de Trump de ocultar por más de 3 semanas que el virus estaba vivito y coleando en el país. El pésimo manejo de la emergencia sanitaria es responsabilidad exclusiva del Presidente y de nadie más. Así lo ha revelado el distinguido periodista Bob Woodward, del diario The Washington Post, al publicar parte de la entrevista que le hiciera a Trump, en la que declaró que decidió no informar al país sobre el virus “para no causar pánico”.  Una decisión imperdonable e inadmisible.

Así pasaron semanas y meses de constante confusión y contradicción entre las diversas autoridades de salud y de la Casa Blanca, mientras el país seguía a la deriva, como un barco sin capitán.

Los debates presidenciales

Ad portas de las elecciones, el 29 de setiembre se llevó a cabo el primero de tres debates presidenciales programados. El encuentro inaugural fue una muestra de la irracionalidad de Trump y de la falta de respeto a la ciudadanía, lo mismo que al moderador, que se vio abrumado y perdió el control de la discusión. Lejos de ser alturado, como históricamente han sido todos los debates sin excepción, Trump convirtió el debate en un circo vulgar: interrumpiendo constantemente a su opositor, zurrándose en los dos minutos asignados para responder, haciendo caso omiso al moderador que intentaba sin éxito hacerlo entrar en vereda.  El candidato–presidente se mostró grosero, ofensivo y absurdo en su descontrol.  Un fiasco total. Pero lo que ha quedado muy claro es lo que Trump representa. Y el peligro que significa para la democracia, aquí y en el mundo en general, pues lo que sucede aquí repercute en el mundo, nos guste o no.

Contrariando a los más reconocidos científicos nacionales (como al Dr. Fauci, prestigioso médico y Director del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas), una y otra vez insistió en que el Covid–19 no era nada más que una gripe ligera que pasaría rápidamente. Fueron varias las oportunidades en que arremetió contra Fauci (y otros científicos) para contrariarlo públicamente, iniciando un ataque frontal contra él y sus colegas, propagando falsedades de todo orden. Una de las más flagrantes fue sugerir que la gente podía inyectarse lejía para curarse del mal, convirtiéndose en el hazmerreír en las redes sociales de todo el mundo.

Trump sucumbió al Covid–19, y estuvo internado varios días en el hospital Walter Reed, superado el virus recibió el alta.  Así las cosas, la Comisión Organizadora de los debates presidenciales anunció que para proteger a los participantes el debate sería sin público, directamente desde los estudios de televisión, solo con el moderador y el personal técnico necesario.  En reacción a la adecuación de las reglas, Trump hizo uno de sus conocidos berrinches y optó por no participar diciendo que el formato “no era justo y lo desfavorecía”.

Joe Biden, en cambio, no perdió tiempo. Anunció su participación en un evento en vivo el 15 de octubre, que sería presentado en primicia por la cadena televisiva ABC, con un distinguido periodista como moderador.   La sorpresa vendría dos días después, cuando la cadena competidora NBC sorprendió al anunciar que llevaría a cabo un evento similar al del candidato demócrata, pero con Trump, en la misma fecha y hora. Un golpe bajo, a todas luces.  Esto le costó a la NBC recibir duras críticas y ser acusada de no servir el interés público, al impedir se pueda ver a los dos rivales en vivo. Una falta de profesionalismo en un momento crucial para el país.

Nuevamente el ex vice presidente Joe Biden, no decepcionó. Se mostró firme, moderado de voz y sorteó las preguntas sin mayor tropiezo. No fue una actuación brillante pero tampoco deslucida.  Por su parte, Trump no puede dejar de ser quién es. No impresionó, ni dijo nada nuevo.  Una presentación en la que no ganaron ni perdieron adeptos.

El debate entre el vicepresidente republicano, Mike Pence, y su contrincante, la senadora demócrata Kamala Harris, tuvo lugar el 7 de octubre, también sin presencia del público. Transmitido nacionalmente, el evento transcurrió sin turbulencia.  Kamala Harris lo hizo bien, y tuvo por lo menos una intervención brillante al replicar a Pence, con energía y sin ser descortés. Cuando este la interrumpió, le espetó: “Estoy hablando, Señor Vicepresidente”. Lo volvió a hacer una segunda vez: “Estoy hablando Señor Vicepresidente”, a la vez que desplegaba una atractiva sonrisa. Pence, por su parte, a diferencia de su jefe, mantuvo la serenidad, pero su participación fue bastante discreta. Sin duda, la estrella de la noche fue una mosca que por más de dos minutos se posó en la cabeza de Mike Pence, quien nunca reparó en su largo paseo por el plateado cabello.  Esta inesperada “intervención” se convirtió en viral en las redes sociales, e inundó TikTok causando sonrisas en todo el planeta.

Cada vez que abre la boca Trump se convierte en un triste espectáculo. Un comentario falso tras otro, ofendiendo y tergiversando todo lo que puede y se opone a sus intereses. No discrimina a quien insulta y hace daño; lo mismo da que sean profesionales o no, empleados de carrera, miembros de su gabinete, diplomáticos, correligionarios, héroes militares, o personas incapacitadas y a todo aquel que se cruza en su camino. Jamás muestra empatía ni interés por el otro. Persiste en atacar a la prensa, en general, excluyendo, obviamente, al canal Fox, un medio incondicional al republicano.  A principios de su mandato embistió contra los medios de comunicación, llamándolos “enemigos de la gente”; vilipendiando, intrigando y destruyendo la integridad de los periodistas.  Una conducta que desacredita la investidura de la Presidencia, instiga el odio y la desunión. Más grave aún: alienta y acoge a los supremacistas blancos y sus milicias.  Una conducta que embarra la imagen presidencial con su irresponsabilidad y temeridad. La incertidumbre y angustia debe acabar el 3 de Noviembre. Confiamos en que así sea.

(*) Periodista y activista política peruana residente en Estados Unidos.

JULIO GAMERO. UN TESTIMONIO PERSONAL

Enrique Fernández–Maldonado

No recuerdo exactamente dónde nos conocimos, ni en qué circunstancias. Estando en la universidad, su nombre ya me era familiar: economista laboral, ex viceministro de empleo, conocido en mis círculos de amigos; en suma, una persona cercana a la cual, ya entonces, valoraba como especialista en mi ámbito de interés académico y profesional. Pero sería a raíz de un artículo que publiqué en La República, donde hice referencia a un largometraje peruano que me impresionó mucho (“Paraíso”, de Héctor Gálvez) para reseñar un libro suyo, sobre el mercado laboral peruano, que este acercamiento se estrechó y afianzó.  En aquella nota intenté expresar algo que para mi parecía razonable: que desde el cine y la economía –dos lenguajes aparentemente opuestos– era posible retratar fidedignamente una realidad compleja, agobiante y desesperanzadora, como es la laboral para una mayoría de peruanos. Este paralelo me parece que le gustó, pues a partir de ese artículo, creo, se inició una amistad y relación que se enriqueció con el tiempo.

Más allá de esta nebulosa en mi memoria, me queda claro que en esta década de amistad compartimos tres momentos significativos, en lo que a mi respecta. El primero fue durante el proceso de transferencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MPTE), en el tránsito del gobierno de Alan García al de Ollanta Humala. El segundo se dio a raíz de las revueltas contra la Ley Pulpín, con la publicación de un comunicado y la formación del blog TrabajoDigno.pe. Y el tercero, más reciente, fue el apoyo que le brinde para la publicación de su libro El arbitraje laboral en el Perú. Sobre cada uno de estos momentos quiero compartir algunos recuerdos personales. Continuar leyendo

Dejemos de enriquecer a las Empresas Privadas de Salud

Walter Díaz de la Vega Castillo

Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Telefónica del Perú (SINATTEL) y dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT-PERÚ.

Las clínicas privadas han demostrado en estos más de tres meses de cuarentena que no les ha importado nunca la vida de los peruanos. Los dueños de estas han decidido sobre la vida y la muerte de muchos, y a una gran cantidad que carecía de las decenas de miles de soles para internarse de urgencia los dejaron morir, han cobrado precios impensables por medicamento que no vale más de un sol y han endeudado a miles de familias que no saben hoy cómo pagar esos robos que “aceptaron” por temor a perder a quienes más amaban.

Los trabajadores no podemos seguir sumándonos como tontos útiles a la acumulación de sus millones llenando sus bolsillos para sus lujos, mientras los peruanos sufren, agonizan y mueren. Las empresas prestadoras de salud (EPS) viven de nosotros, de los aportes mensuales que brindan los trabajadores afiliados, además de captar el 2.25% de los aportes destinados a EsSalud (solo entre el 2006 y 2011, Rímac EPS sumó 127 millones de soles en utilidades): negocio redondo para los dueños y ejecutivos. Continuar leyendo

Convicciones sindicalistas y sindicalistas con liderazgo

Lily Ku Yanasupo[1] 

Se acerca el Día Internacional del Trabajador y es una fecha propicia para hablar del resurgimiento del sindicalismo en el Perú. En efecto, si hay algo que los sindicatos de trabajadores y trabajadoras debemos agradecer al presente Gobierno es que, con motivo de la aprobación de sus políticas y decretos de urgencia antilaborales, nos ha permitido contar con el impulso necesario para reactivar el sindicalismo en nuestro país; aquel que viene siendo acallado desde la década de 1990 por el pensamiento económico neoliberal y cuyo rostro –por diversos factores– sigue generando un gran recelo en la ciudadanía. Pero, viene una pregunta elemental: ¿quiénes o cuáles son esos rostros?

Lo que sabemos es que desde hace bastante tiempo América Latina vive una fuerte crisis de representación social, en la que el Perú no es la excepción y sus sindicatos tampoco. Cada vez es más legítimo que la ciudadanía se pregunte a dónde vamos y quiénes nos representan. La clase trabajadora necesita tener claro el panorama sindical porque el miedo y la desconfianza, promovidos por el sistema que nos gobierna, realmente han calado en ella. Por otro lado, sin bases, sin agendas, sin discursos y sin transparencia no hay camino a seguir. Menos aún si esto no ayuda a contrarrestar las debilidades institucionales que afectan la protección de los derechos laborales en nuestro país. Pero no todo es malo. Estas también son épocas de cambio y reordenamiento. Por eso conviene estar muy atentos a no abrir espacios a la sinrazón, a los liderazgos huecos y a la representación sin interlocutores legítimos. Continuar leyendo

Perú: Covid-19 y el futuro

Paskal Vandenbussche[1]

La pandemia de Covid-19 cambiará drásticamente la cantidad y calidad de las relaciones sociales y, a su vez, influenciará fuertemente sobre el desarrollo social y la economía.  En un artículo titulado “Pandemics and social capital: From the Spanish flu of 1918-19 to COVID-19” (Aassve et al. 2020), los autores indican que la disrupción social durante periodos largos deterioran la confianza social, lo cual tiene consecuencias importantes para la economía.

Similarmente, Matthew Continetti indica en su editorial, “The social costs of COVID-19”, publicado en The American Enterprise Institute, que “es razonable suponer que la pandemia de coronavirus tendrá un efecto no solo en nuestra salud física y vitalidad económica. También, cambiará nuestra sociedad”. Esto en razón de que “las epidemias pasadas y los desastres naturales han tenido un alto precio no solo en vidas y dinero. También han debilitado las instituciones sociales y erosionado el “capital social”(Continetti 2020). Continuar leyendo

SUSPENSIÓN DE LABORES SIN PAGO Un obstáculo para vencer la pandemia

(Foto: Andina)

Adolfo Ciudad Reynaud

El gobierno empaña su gestión de enfrentar la pandemia del Coronavirus por atender los desmedidos requerimientos empresariales de la CONFIEP que demandó la dación del D.U. 038-2020, publicado el día de hoy, que faculta a las empresas a suspender los contratos de trabajo sin pago de remuneraciones.

Esto ha ocurrido a pesar la OIT convocó al “apoyo al empleo y al mantenimiento de los ingresos” (COVID-19 y el mundo del trabajo: repercusiones y respuestas, del 18 de marzo de 2020). En similar sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en Resolución Nº 1/2020, del 10 de abril de 2020, titulada “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, ha formulado la recomendación de “dar adecuada protección a los trabajos, salarios, la libertad sindical y negociación colectiva, pensiones y demás derecho sociales interrelacionados con el ámbito laboral y sindical.” Continuar leyendo

Aislamiento social, pobreza y personas adultas mayores

(Foto: La República)

Álvaro Vidal

Las medidas de prevención y salud pública recientemente dictadas eran necesarias. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que en el Perú más de la mitad de las personas adultas mayores tiene la necesidad de trabajar a cambio de un ingreso, y lo hacen fuera de sus hogares. De ellos, la gran mayoría de manera autónoma o informal, es decir, fuera de planilla. El 83% de las mujeres adultas mayores tiene alguna enfermedad crónica y el 73% de los hombres. Una de cada cinco personas adultas mayores tiene déficit calórico (INEI 2019)

La causa principal que los obliga a seguir trabajando es que no cuentan con una pensión o esta es insuficiente. Solamente el 48% de los hombres adultos mayores y el 28% de las mujeres tienen pensión contributiva. Pensión 65 solamente cubre a medio millón de personas de alrededor de tres millones de adultos mayores. El monto pagado está estancado desde su creación (S/ 125). Existe alrededor de millón y medio de personas adultas mayores que no reciben pensión alguna. Continuar leyendo

Decreto sobre negociación colectiva en el Estado INCONSTITUCIONAL E ILEGÍTIMO

Álvaro Vidal                                                                                              

Trabajodigno.pe

El día de hoy, tres días antes de la elección de un nuevo Congreso, el Gobierno ha dictado el Decreto de Urgencia N° 014-2020 por el que regula el derecho a la negociación colectiva en el Estado estableciendo graves limitaciones al ejercicio de este derecho.

En primer lugar, se debe recordar que el Tribunal Constitucional (TC), teniendo en cuenta las afectaciones al derecho a la negociación colectiva en el Estado establecidas por varias leyes de presupuesto y por la ley de servicio civil, consideró necesario que el Congreso de la República apruebe una nueva regulación al respecto.

Una nueva ley, según el TC, debía respetar el contenido del derecho a la negociación colectiva en un sentido amplio, como aquel que reconoce el derecho de empleadores y trabajadores a regular “conjuntamente sus intereses en el ámbito de las relaciones de trabajo”[1], incluyendo condiciones de trabajo y remuneraciones[2], incluso materias de “amplio alcance”[3]. Asimismo, el TC fundamenta su decisión en convenios internacionales sobre la materia que establecen un estándar internacional y han sido ratificados por el Perú.

El Congreso de la República luego de más de cinco años de dictada la referida sentencia del TC aprobó una Ley de Negociación Colectiva en el Estado, la cual fue observada por el Ejecutivo a fines del año 2018, con el argumento de que su “costo económico resultaba incalculable” (Carlos Oliva, ex Ministro de Economía y Finanzas, MEF). La crisis política desarrollada durante el año 2019, y la falta de una posición sólida de algunas bancadas respecto del proyecto de ley, impidió que esta sea aprobada por insistencia. Sin embargo, tres días antes de elegir al nuevo Congreso de la República ha sido dictada una nueva regulación, cuyo contenido era desconocido a nivel público. Continuar leyendo