URGE UN DEBATE NACIONAL

6ab005be-7f4a-4bcf-beb4-aec45a244465(Foto: Teodoro Nuñez Ureta)

Autor: Enrique Fernández – Maldonado Mujica

Los anuncios hechos por el ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, en torno a una reforma laboral que se aprobaría a mediados de año, no han merecido mayor análisis en medios. Esta se daría al amparo del objetivo del gobierno de impulsar la formalización empresarial y laboral. Aunque lo expuesto hasta el momento deja varios cabos sueltos y no pocas preocupaciones.

El ministro ha sido escueto en sus declaraciones. Si bien no ha explicitado cuál será el enfoque que aplicará el gobierno, su intención de “facilitar el ciclo laboral” (contratación y cese de personal) se asemeja demasiado al discurso empresarial exigente de una mayor flexibilización y desregulación laboral. El problema con este enfoque –que se aplica sin corta pisas desde la década de 1990– es que ha fracasado en sus objetivos de impulsar el empleo formal y de calidad. Continúe leyendo

¿Zavala progresista?

Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno, 31 de julio 2016)

El primer discurso presidencial de PPK ha sido calificado de sobrio, previsible e incluso, para algunos, esperanzador. En cuarenta y cinco minutos retomó algunas de sus ofertas electorales; planteó metas de cara al Bicentenario y conminó públicamente a su gabinete a cumplirlas. En suma, lo más cercano a un estadista en el gobierno.

En materia laboral destacó el objetivo de incrementar la formalidad al 60% de la población económicamente activa (PEA). Una meta ambiciosa, considerando el punto de partida (7 de cada 10 peruanos trabajan sin derechos ni seguridad social). En su discurso, Kuczynski adelantó que implementará medidas tributarias y administrativas (orientadas a las micro y pequeñas empresas) como incentivo para transitar el camino a la legalidad.

Sin embargo, sería su primer ministro –Fernando Zavala– quien profundizaría en el planteamiento de PPK. En La Hora N (28/07/16) torearía a un insidioso Jaime de Althaus, que casi le exigía profundizar la flexibilización laboral. Por el contrario, Zavala identificó a la productividad como principal factor explicativo de las tasas altas de informalidad empresarial.

Para el primer ministro, serían la falta de información y un sistema tributario engorroso los principales obstáculos a encarar. Como solución planteó la implementación de un régimen simplificado denominado 10×10 (10% de impuesto a la renta, por 10 años, para las empresas que tributen menos de 10 millones de soles anuales). A lo que sumaría la articulación de empresas de diverso calado. El resto de medidas (seguro de desempleo, etc.) las expondría en detalle en su presentación ante el Congreso. No hizo referencias a cambios en la legislación laboral.

¿Son estas medidas suficientes? Julio Gamero –siguiendo las tesis de Mario Tello– plantea que la informalidad laboral no es una decisión voluntaria, sino una salida ante la falta de oportunidades en la economía formal (Perú Hoy, Desco, 2016. Pp. 285-303). El problema estaría en los bajos niveles de productividad y la incapacidad para generar excedentes de un sector mayoritario de unidades productivas. El déficit institucional radicaría en la prácticamente nula regulación y fiscalización gubernamental, así como la ausencia de políticas sectoriales.

Con todo, el sustrato ideológico del gobierno justifica las preocupaciones que algunos sectores han manifestado públicamente. La congresista del FA, Indira Huilca, opinó que “PPK habló de formalización, pero no mencionó si lo conseguirá respetando derechos laborales” (LR, 29/07/16). Es probable, sin embargo, que el nuevo gobierno se cuide de adentrarse en terrenos sensibles para una ciudadanía que ha demostrado capacidad de movilización y resistencia. Estaremos atentos.

Retos y prioridades del Ministerio de Trabajo

Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno, 24 de julio 2016)

Dos opciones enfrenta el próximo ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro. O mantiene la cartera como está, convertida en un anexo del Ministerio de Economía, en mesa de partes de la Confiep. O asume un camino más costoso y riesgoso, pero al mismo tiempo ambicioso y gratificante, como es devolverle autoridad y respeto al MTPE. ¿Cómo? Cumpliendo con su rol regulador de las relaciones de trabajo. Convirtiéndolo en un activo promotor del empleo digno. En el ente articulador de los ministerios sociales y productivos. Devolviéndole la función social que algunos despistados le niegan interesadamente.

Pero para avanzar hacia ese ministerio que hoy no es, hacen falta dos cosas: voluntad política y recursos financieros. ¿Los tendrá el nuevo ministro? Acá listamos una serie de retos y prioridades que deberá asumir, siempre que quiera trascender la mediocridad y conformismo de las últimas gestiones.

Relanzar las inspecciones. El nacionalismo lo intentó al crear la SUNAFIL. Sin embargo, una combinatoria de presiones empresariales, escasos recursos y una dirección errática, hicieron de la superintendencia un bluff burocrático. Según el Sindicato de Lima Metropolitana, se necesitan 2,000 inspectores a nivel nacional. Actualmente son apenas 105 a nivel nacional, 97 de los cuales están en Lima.

Sacar al MTPE de la orfandad presupuestal. Los recursos asignados a la función Trabajo representan este año apenas el 3.2% del presupuesto público y el 0.04% del PBI. Está en el ministro AGC (y en el MEF) revertir esta situación. En esta tarea se puede apoyar en el fujimorismo, que incluyó en su plan de gobierno mejoras presupuestales y cuenta con mayoría parlamentaria para ello.

Evaluar la pertinencia y sentido de los programas de empleo. A estos se orientan ¾ partes del presupuesto sectorial. Sin embargo, un estudio reciente de OIT (2016) encuentra que Trabaja Perú –el programa de mayor alcance– aumenta la “inserción” informal o autónoma de los beneficiarios (menos de 50 mil el 2014); y en menor medida el empleo asalariado. Estos resultados se explican no solo por los escasos recursos invertidos (a nivel regional estamos a la cola en este tipo de programas), sino porque es el mercado –y no el ministerio– el espacio dinamizador del empleo.

Replantear el proceso de descentralización. Tal como fue diseñado, ha implicado diversas dificultades. La transferencia de competencias a los gobiernos subnacionales encontró resistencias en las Direcciones Regionales, carentes de personal y recursos, cuando no sometidas al poder económico local o transnacional. En este escenario, la Autoridad de Trabajo perdió legitimidad y credibilidad, pero sobre todo capacidad operativa. Especialmente en el manejo de los conflictos laborales.

Reformas ineludibles. Aprobar una Ley General del Trabajo (como propone el FA), en las actuales circunstancias (con un congreso neoliberal), no es estratégico. Sí lo es exigir algunos cambios que el próximo gobierno deberá encarar inevitablemente y que están relacionados con las recomendaciones hechas por el Departamento de Trabajo norteamericano, que exige al Estado peruano modificar el régimen laboral de las exportaciones no tradicionales, por vulnerar derechos colectivos y sindicales. El gobierno tiene hasta diciembre de este año para acatarlas. De lo contrario, podrían suspenderse las ventajas arancelarias obtenidas en el marco del TLC.

Designar funcionarios competentes. Estos deben ser especialistas ética y profesionalmente solventes. Ubicar a ex funcionarios cuestionados en cargos de dirección, puede resultar contraproducente si quiere mantener buenas migas con el movimiento sindical (http://www.sindicalistas.net/).

Promover el diálogo social, como lo hiciera su padre Alfonso Grados Bertorini. La aprobación del convenio OIT sobre el salario mínimo, incorporando criterios técnicos para su ajuste periódico, es una primera gran tarea para el Consejo Nacional del Trabajo. Volveremos sobre ello.

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Pero para avanzar hacia ese ministerio que hoy no es, hace falta dos cosas: voluntad política y recursos financieros. ¿Los tendrá el nuevo ministro? Acá listamos una serie de retos y prioridades que deberá asumir, siempre que quiera trascender la mediocridad y conformismo de las últimas gestiones.

Cuestión de Grados

Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno, 17 de julio 2016)

El nombramiento de Alfonso Grados Carraro (AGC) como Ministro de Trabajo, sorprende menos por su perfil ideológico que por el particular hecho de asumir un cargo anteriormente ocupado por su padre, el recordado Alfonso Grados Bertorini (1925-2010). Una coincidencia pocas veces vista, acaso la única, lo que enaltece (y complejiza) el reto.

AGC está estrechamente vinculado al sector privado. El semanario de Hilderbrandt (01/07/16) lo calificó como el “hombre fuerte de Backus&Johnson”. El Frente Amplio le atribuye “una gran cantidad de procesos laborales derivados de tercerizaciones fraudulentas”, que han terminado con sentencias judiciales por violaciones a derechos laborales (Comunicado público, 14/07/16). El congresista Yonhy Lescano (AP) denunció un evidente conflicto de interés en el nombramiento de un representante de una transnacional en la cartera de Trabajo (Hora N, 15/07/16).

A diferencia de su hijo, a Grados Bertorini –periodista, funcionario internacional, embajador– se le recuerda como un dedicado promotor del diálogo y la concertación. En su paso por el Ministerio de Trabajo (1980-1983) impulsó múltiples espacios de negociación tripartita (entre el Estado, trabajadores y empresarios), en el marco de una accidentada transición democrática e intensas movilizaciones sociales, como fue el segundo belaundismo.

En un paper sobre los procesos de diálogo social en el Perú, Sagasti y Prada (2005) encuentran que la Comisión Nacional Tripartita, que empujara esforzadamente Grados Bertorini, logró que: “Los empresarios participaran en la orientación de las políticas económicas, los trabajadores en la protección de sus ingresos reales y el Gobierno contara con el apoyo de estos grupos para su política antiinflacionaria”.

Prueba de su talante democrático lo encontramos en su última entrevista, brindada a un estudiante universitario: “Yo me iba a parar las huelgas más importantes, que no eran pocas. Iba a donde sea a conversar con cada parte. Claro, en ese tiempo el diálogo todavía era importante” (http://oigaenlinea.blogspot.pe/).

No extraña, por eso, el cuarto lugar que ocupó en la Encuesta de Poder (1981 y 1982), publicada anualmente por la revista Debate. Muestra del respeto granjeado en ambos lado de la mesa.

Las diferencias en cuanto a las trayectorias de padre e hijo son evidentes. Lo cual no sentencia de antemano una mala gestión del nuevo ministro, si bien instala comprensibles dudas. Está en AGC aminorar las preocupaciones y suspicacias que diversos sectores han expresado con su nombramiento.

La próxima semana listaremos las tareas prioritarias que deberá enfrentar en un sector disminuido y soslayado intencionalmente por los últimos gobiernos.

El Frente Amplio y la Ley General de Trabajo

Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno, 19 de junio 2016)

De la agenda planteada por el Frente Amplio (FA) al próximo gobierno, quiero destacar un punto clave y al mismo tiempo complejo de concretar: la aprobación de la Ley General del Trabajo (LGT).

Esta ha sido una demanda del movimiento sindical desde que se inició la transición democrática el 2001. Entonces hubo consenso entre las fuerzas políticas y sociales sobre la necesidad de ordenar el complejo entramado normativo laboral, restituyendo garantías fundamentales conculcadas por el fujimorismo. Sin embargo, a pesar de formar parte de los objetivos del Acuerdo Nacional (2002) y de haberse consensuado hasta un 85% del proyecto de ley elaborado por el Consejo Nacional del Trabajo (con participación de empleadores, trabajadores y Estado), han pasado tres gobiernos sin que se concrete su aprobación.

¿Qué hace creer al FA que con un gobierno de derecha y una megabancada fujimorista se podrá aprobar una reforma laboral que recoja el sentido original de la LGT? ¿Cuál es la táctica o estrategia que piensan implementar para lograrlo?

En su tesis de maestría en ciencias políticas, Leonidas Ramos describió el carácter “informal y bloqueador” del lobby ejercido por gremios empresariales (CONFIEP, SNI, CCL), estudios de abogados y consultores privados, abocados en ponerle frenos a la LGT. Como gran operador de este boicot está el Ministerio de Economía y Finanzas, “el verdadero autor de la política laboral de los últimos gobiernos” (Entrevista a Miguel Canessa. TrabajoDigno.pe, 14/06/16). ¿Bastará la movilización ciudadana para desbloquear esta coalición antilaboral y antisindical?

La aprobación de una nueva LGT es fundamental para devolverle equilibrio al sistema de relaciones laborales. Para avanzar –como bien señaló Veronika Mendoza– hacia una legislación que regule adecuadamente la contratación temporal y promueva el empleo estable. Pero, ojo, es necesario ponderar el piso desde donde se parte. El escenario es desfavorable para apostar por cambios progresistas a la legislación. No contamos con un movimiento sindical fuerte y movilizado. Tampoco con líderes de opinión con interés o conocimiento en el tema. Los medios de comunicación son caja de resonancia de los gremios empresariales. En este contexto, los riesgos son altos. Javier Neves advertía hace poco que, “con la correlación que tenemos, si vamos a una asamblea constituyente o a una nueva LGT, lo que va a salir es algo peor de lo que tenemos actualmente” (Trabajo&Desarrollo N° 13, Marzo 2016).

¿Significa esto que debamos abandonar esta bandera? No, y hace bien el FA en colocarlo entre sus prioridades. La cuestión está en el cómo y cuándo impulsar este proceso. Quizá el escenario exija enfilar baterías hacia la reforma del sistema de pensiones, actualmente en agenda, a fin de asegurar el acceso universal a la seguridad y protección social al conjunto de la población.

Hoja de Ruta laboral de PPK

Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno, 12 de junio 2016)

En primer lugar está el comunicado público que difundiera el 1° de mayo, a propósito del Día del Trabajador. De los ocho puntos que conforman el pronunciamiento, destaco “la creación de 3 millones de nuevos puestos de trabajo formales con todos sus derechos”; “el incremento progresivo de la remuneración mínima vital, mejorando la productividad”; “el incremento salarial del sector público, especialmente de los policías, médicos, militares y profesores”. En este comunicado se habla “de mejorar las pensiones de jubilación de los beneficiarios de (la leyes) 1990 y 20530”.

Otros puntos tratados en este comunicado coinciden con los acuerdos firmados con la CGTP el 17 de mayo. Con la central sindical los compromisos se enfocaron en los derechos colectivos. El respeto a la autonomía sindical y de los derechos a la negociación colectiva y la huelga, especialmente en los regímenes laborales especiales. La adecuación de la legislación del sector público a las observaciones hechas por el Tribunal Constitucional a la Ley Servir. La aprobación de una Ley General del Trabajo, el gran pendiente de la transición democrática.

Días antes, el 11 de mayo, se reunió con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. En la sede sindical de Cangallo, PPK suscribió la “Declaración por el crecimiento, la seguridad y los derechos laborales en el sector de la construcción”, donde se compromete a promover la reactivación económica, el respeto a los derechos laborales y la lucha contra las mafias en el sector construcción. El documento fue suscrito por dirigentes sindicales y empresarios del sector, en lo que representa uno de los gestos de diálogo social más importantes en los últimos años.

A nivel internacional están las exigencias hechas por el Departamento de Trabajo norteamericano al Estado peruano, en el marco del capítulo laboral del TLC. De acuerdo al informe presentado por la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (OTLA) en diciembre último, el gobierno peruano tiene plazo hasta fin de año para realizar un conjunto de medidas orientas a regular mejor la contratación temporal en el sector exportador y a fortalecer las capacidades inspectivas de la Autoridad de Trabajo.

Sobre este punto no se debatió en la última campaña. Pero, sin duda, será una piedra en el zapato de la próxima gestión, que estará entre la espada (las presiones empresariales por no modificar la legislación vigente) y la pared (los estándares comprometidos con nuestros socios comerciales y la continuidad de los beneficios arancelarios).

Cada uno de estos acuerdos servirá de termómetro para evaluar al nuevo gobierno en su relación con los sectores involucrados. Mal haría PPK en convertir estas demandas y compromisos en letra muerta, más cuando la gobernabilidad del país depende en gran medida del humor de la calle.

La Sunafil y el fujimorismo: ¿del dicho al hecho?

Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno. 26 de junio 2016)

¿Qué causas explican la alta tasa de informalidad laboral que existe en el país? Entre las principales está la precariedad económica (baja productividad y escasa acumulación) de las empresas; especialmente de las micro y pequeñas, que representan el 75% de las unidades productivas y donde el 80%+ de trabajadores está al margen de la legalidad.

Otra razón importante radica en la incapacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas laborales. Muestra del desinterés de las autoridades por fortalecer el sistema inspectivo. A pesar de haber constituido la Superintendencia Nacional de Fiscalización (Sunafil) el 2014, el actual gobierno no mostró voluntad política para empoderarla y financiarla. Todo lo cual redunda en su pobre performance e impacto.

Esta situación crítica se condice con las denuncias presentadas por sus dos sindicatos. A la carencia de personal (actualmente se cuenta con 105 inspectores de trabajo siendo lo necesario 2,080 a nivel nacional), se suma el insuficiente financiamiento (el 2015 el presupuesto asignado ascendió a S/. 88 millones, cuando se requieren 250) y los obstáculos que extrañamente pone el propio MTPE (al negarle acceso a la planilla electrónica).

En este contexto, la Sunafil es acogotada desde diversos frentes, sin que se personalicen responsabilidades. Hace poco, en una entrevista en RPP, un atribulado Superintendente nacional fue objeto de severos reproches por parte de un panel al que se le hizo “difícil” identificar al MEF como la madre del cordero. Como si el bajo presupuesto recibido no fuera la causa principal de sus limitaciones operativas (Entrevista a Carlos Benites, 13/05/16).

¿Qué perspectivas se tiene para el próximo periodo? El Plan de Gobierno de PPK, por lo pronto, no contempla ninguna referencia al sistema inspectivo. El enfoque propuesto para enfrentar la informalidad laboral se centra en lo tributario y administrativo; en la reducción de impuestos (entendidos como costos) y de la tramitología (como tiempo perdido). Lo cual no está mal. Pero no toma en cuenta la importancia de la supervisión estatal para garantizar el respeto de los derechos laborales; más en una sociedad poco afecta al cumplimiento de la ley.

Quienes sí enfatizaron en la necesidad de fortalecer las inspecciones –además del Frente Amplio– fueron los fujimoristas.

Fuerza Popular postuló en su programa de gobierno “promover el proceso de implementación de la Sunafil a nivel nacional, incluyendo su función de supervisión de las Direcciones Regionales” (Cuarto bloque, pág. 3). Los 73 congresistas que conforman la “megabancada” fujimorista tienen la oportunidad de demostrar consecuencia con sus propuestas electorales. Para comenzar, en la formulación del Presupuesto General de la República 2017, aprobando una asignación suficiente para el buen funcionamiento del sistema inspectivo. No hay excusa. Cuentan con los votos.

Francia movilizada

Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno. 29 de mayo 2016)

Esta semana miles de sindicalistas y ciudadanos franceses (se habla de 300 mil) se movilizaron para protestar contra la reforma laboral que el gobierno de Francois Hollande impulsó recientemente en la Cámara Baja.

Según informa El País, la huelga general comprendió a gremios de “camioneros, ferroviarios, controladores y empleados del sector de la energía”, llevando a que “más de un tercio de trenes no haya cubierto sus destinos ni tampoco el 15% de los vuelos previstos”. Diecinueve centrales nucleares, de las que depende el 75% de la producción eléctrica del país, se han sumado al paro. Seis de las ocho refinerías de carburantes fueron total o parcialmente paralizadas, según la Unión Francesa de Industrias Petroleras (UFIP). Esta situación llevó al gobierno a usar –por primera vez en seis años– la reserva estratégica de combustibles. La situación, por donde se mire, es crítica.

El principal cuestionamiento de la protesta gira en torno al artículo 2° del proyecto de ley defendido por la joven ministra de Trabajo, Myriam el Khomri. Este busca modificar la legislación laboral para dar primacía a los acuerdos que se negocien a nivel de empresa, en desmedro de la negociación por sector o actividad económica. Como muy bien sabemos en el Perú, al circunscribir el ámbito de negociación a la empresa, se refuerza el poder de negociación del empleador, en desmedro de los trabajadores.

Por lo pronto, el conflicto –que ya lleva casi dos meses– no da visos de solución. La posición de la CGT –el principal gremio sindical con 600.000 afiliados– es mantener el “bloqueo de Francia” en caso el gobierno no retire el proyecto de ley. Al interior del oficialismo existen posiciones discordantes. Por un lado, el parlamentario socialista Bruno Le Roux, deja entrever la posibilidad de revisar el artículo cuestionado; mientras que por otro, el primer ministro, Manuel Valls, cierra filas con la posición del gobierno y sentencia “Ni retirada ni cesiones”.

A nivel de la opinión pública, un 62% de los franceses apoya la protesta laboral contra el Gobierno, según recientes encuestas. Esto a pesar del desabastecimiento y racionalización del consumo de hidrocarburos, por efecto del bloqueo de refinerías.

La urgencia por solucionar el conflicto va más allá de su impacto económico. En menos de dos meses Francia será sede de la Eurocopa. La convulsión social no es el mejor escenario para recibir la visita de miles de turistas, menos con la amenaza latente del terrorismo yihadista. Hollande deberá plantear una salida que satisfaga a las partes, incluidas propuestas para superar el paro laboral juvenil (en este momento equivalente a 24% en los menores de 25 años).

Queda claro que las tesis flexibilizadoras del empleo han caído en el descrédito de la ciudadanía. En Francia, España, Argentina y en otros países más, los trabajadores se oponen a pagar los costos de la desaceleración económica. En el Perú fueron los jóvenes movilizados contra la Ley Pulpín quienes resistieron la ofensiva neoliberal, en este caso con éxito.

Notas relacionadas:

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-300299-2016-05-26.html

http://elpais.com/elpais/portada_america.html

http://elpais.com/tag/francia/a/

http://elcomercio.pe/mundo/europa/francia-sigue-desbordando-violencia-contra-reforma-laboral-noticia-1904466

La herencia fujimorista

Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno. 22 de mayo 2016)

Los trabajadores peruanos tienen sobradas razones para no votar por Keiko Fujimori. Entre las principales está la política laboral que implementó el gobierno de su padre –hoy preso por corrupción y asesino–, que precarizó e informalizó el empleo como ningún otro, y de la cual su heredera y seguidores no se han desmarcado. Listamos las principales:

  • El fujimorismo implementó una de las reformas laborales flexibilizadoras más radicales en la región, según informes de OIT. Eso significó, por un lado, el repliegue del Estado en la función tutelar de los derechos individuales; mientras que por otro un mayor intervencionismo en las relaciones colectivas de trabajo.
  • En el primer caso, las reformas flexibilizadoras eliminaron la estabilidad laboral e introdujeron hasta 10 modalidades de contratación temporal, que son las que permiten a las empresas despedir y rotar a su personal discrecionalmente y sin mayor justificación. Actualmente 3 de cada 4 trabajadores trabajan a plazo fijo y una importante proporción lo hace en empresas tercerizadas o como subcontratados, impedidos de ejercer plenamente sus derechos.
  • En el segundo caso, las reformas fujimoristas establecieron restricciones a la sindicalización, huelga y negociación colectiva, afectando severamente estos derechos colectivos. Como consecuencia, la tasa de sindicalización –entre 1990 y 2000– bajó de 31% de la PEA privada a tan solo 3%. A su vez, las negociaciones colectivas descendieron de aproximadamente 2000 en 1990, a poco más de 500 al final de la década.
  • Con el fujimorismo de los noventa, el trabajo dejó de ser el principal medio individual y colectivo para superar la pobreza. Desde entonces, ésta se “combate” mediante programas sociales, haciendo de los beneficiarios dependientes del asistencialismo estatal.
  • Al fujimorismo no le interesa que exista una autoridad regulatoria. Hacia finales de los noventa quisieron desaparecer el Ministerio de Trabajo, convirtiéndolo en una sala más del Poder Judicial. Durante este periodo se redujo significativamente el presupuesto del sector, tendencia que se mantuvo hasta ahora.
  • El fujimorismo detesta a los sindicatos y sindicalistas. En 1992, agentes del Grupo Colina –al mando de Fujimori y Montesinos– asesinaron a Pedro Huillca, secretario general de la CGTP, descabezando y mandando una señal de muerte al ya golpeado movimiento sindical.
  • El fujimorismo “actual” comparte esta visión del mundo del trabajo y las relaciones laborales. El candidato a vicepresidente, José Chlimper, cuando fue ministro impulsó una normativa (para el sector agroexportador) que lo beneficiaba directamente, a costa de los derechos de sus trabajadores. El congresista Gagó fue denunciado por evadir sus responsabilidades laborales. Una figura prominente e histórica –la congresista Martha Chavéz– facilitó la aprobación de la Ley Pulpin. Y sigue la lista.

TLC EEUU-Perú: en la cuerda floja.

Autor: Enrique Fernández-Maldonado. (en Diario Uno. 8 de mayo 2016.)

La semana pasada nos visitó Nancy Pelosy, presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano. El motivo: hacer seguimiento a una denuncia que compromete seriamente el TLC firmado con el Perú.

La queja presentada por la International Labor Rights Fund, la ONG Perú Equidad y siete sindicatos peruanos, en junio del 2015, fue admitida por el Departamento de Trabajo de EE.UU, que emitió un informe en diciembre último, recomendando al Estado peruano una serie de medidas cruciales para el futuro de las relaciones laborales en nuestro país.

El informe elaborado por la Oficina de Asuntos Internacionales y Laborales (OTLA) es categórico en su evaluación. Entre sus conclusiones pone de manifiesto su preocupación respecto de la forma en que la Ley de Exportaciones No Tradicionales (Decreto Ley N° 22342) expone a los trabajadores a la violación de sus derechos sindicales.

El documento describe cómo miles de contratos laborales se quedan sin renovación si se afilian a un sindicato. Da cuenta, también, del fracaso sistémico del Estado peruano para hacer cumplir las leyes laborales, su incapacidad para hacer efectivas las multas e implementar inspecciones laborales.

A pesar de la reciente reforma procesal, los procesos judiciales resultan insuficientes o engorrosos para el trabajador.

Aunque algunos especialistas precisan que “el informe limita sus recomendaciones a los trabajadores empleados bajo la LExNT, a pesar que estas prácticas se producen en toda la economía peruana, incluyendo a los trabajadores de la agroexportación, que fueron coautores de la Queja presentada ante la OTLA”; lo cierto es que las recomendaciones planteadas por el gobierno norteamericano pueden leerse como un cuestionamiento frontal al principio rector de nuestra legislación laboral: la contratación temporal (o inestabilidad laboral).

El Departamento de Trabajo norteamericano ha puesto como plazo diciembre de este año para que el Estado peruano adopte medidas correctivas. En juego están los beneficios arancelarios que todavía tienen los exportadores peruanos.

La principal recomendación, la más relevante, supone cambios legislativos (“adoptar y poner en práctica instrumentos jurídicos para asegurar que el uso de contratos temporales no restrinja la libertad sindical de los trabajadores”).

El propio informe brinda algunas pistas: limitar el uso de contratos de trabajo de corta duración; autorizar a la autoridad administrativa para que obligue a los empleadores a renovar los contratos; que los trabajadores empleados bajo esta modalidad ocupen cargos permanentes en los casos de reiterado incumplimiento o cuando haya indicios de discriminación antisindical. Además, insta al Estado a no permitir el “sobreseimiento” (demora) del procedimiento administrativo o judicial.

Todo un dilema para el próximo gobierno: o cambia la legislación laboral fujimorista, defendida por la gran empresa, o pierde los beneficios del TLC. Pago por ver.