El domingo pasado, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, publicó un artículo en el diario La República, en el que comparaba la performance de nuestros medallistas panamericanos, con “el compromiso del gobierno con el fortalecimiento de las bases institucionales para revertir la informalidad laboral, extender el marco de protección a los trabajadores (…), así como mejorar la prestación de servicios de salud de calidad a favor de más de 11 millones de asegurados, a través de EsSalud”.

Más allá de la innecesaria comparación, destacamos que la máxima autoridad en materia laboral y de empleo –como es la ministra– se pronuncie públicamente respecto de la agenda de su sector. Lamentamos, sin embargo, que lo haga de manera imprecisa. En principio, por no identificar a quienes cita con comillas. Pero, sobre todo, cuestionamos que, tal como señala la titular del Sector, las medidas anunciadas por el Gobierno estén cerca de alcanzar el “equilibrio” al que dice aspirar. Básicamente, porque no están orientadas a fortalecer la posición e intereses de los trabajadores, que fueron los “grandes” perdedores de las reformas laborales de los años noventa, cuyas consecuencias en materia de trabajo decente arrastramos un cuarto de siglo después. Si realmente se buscara un punto de equilibrio, el Gobierno no hubiera planteado modificaciones a reglamentos y cambios parciales en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras, y tampoco postergado el debate sobre una nueva Ley General del Trabajo para una gestión posterior.

Desde este espacio queremos plantear diez preguntas que puedan ayudar a aclarar, en una próxima entrega, hasta donde llega “la voluntad política del gobierno para avanzar en la afirmación de los derechos laborales, descartando toda forma que pueda representar su menoscabo”. Podrían ser más preguntas para la Ministra, pero creemos que estas primeras son claves para avanzar hacia una verdadera agenda de trabajo decente en el país.

1. ¿Qué acciones adoptó su cartera para atender las recomendaciones hechas por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) sobre el régimen laboral “especial” de Exportaciones No Tradicionales y el de Promoción Agraria, al considerar que estos, al promover la contratación a plazo fijo o temporal sin límites, constituían el principal obstáculo para el ejercicio pleno y sin restricciones de la libertad sindical?
2. ¿Por qué tarda tanto la implementación de las intendencias regionales de fiscalización laboral? A poco más de 5 años de creada la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), no cuenta aún con presencia en todo el país. ¿Llegaremos al Bicentenario con intendencias en todas las regiones y la cantidad requerida de inspectores?
3. ¿Qué explica que el Sector Trabajo y Promoción del Empleo no cuente con una Política Nacional de Promoción del Empleo, que organice y oriente a los programas y servicios de empleo a cargo de su ministerio?
4. ¿Por qué no se aprobó el Decreto Supremo que regula el ajuste periódico y técnico de la remuneración mínima vital, luego de meses de discusión en la Comisión de Productividad y Salarios Mínimos del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE)? ¿Hasta cuándo el Perú será uno de los pocos países que no cuenta con un mecanismo institucionalizado de actualización periódica del salario mínimo?
5. ¿Por qué el Perú sigue siendo un país donde se vulneran sistemáticamente los derechos laborales y sindicales? De acuerdo al “Índice Global de los Derechos de la CSI 2018. Los peores países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras”, publicado y difundido por la Confederación Sindical Internacional (CSI), Perú es uno de los países donde existen mayores dificultades para ejercer plenamente la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. ¿Qué medidas concretas piensa adoptar para revertir este escenario anti democrático y anti sindical?
6. ¿Cuál es la posición del MTPE con relación al Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos (PNA)? ¿Considera que este PNA debe tener un carácter meramente referencial, similar al que tienen los códigos de conducta privado, o, por el contrario, debe establecer metas y procedimientos de obligatorio cumplimiento para el Estado y las empresas? ¿Qué medidas concretas ha propuesto para la formulación de este instrumento de políticas públicas?
7. ¿Cuál es la propuesta del MTPE para el próximo pliego presupuestal? ¿Se planteará una posición firme frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de cara a mejorar la partida asignada al Sector (SUNAFIL incluido), para implementar las intendencias regionales pendientes, contratar más inspectores de trabajo, ampliar la cobertura de los servicios de empleo al interior del país y emprender verdaderas campañas de sensibilización para evitar la discriminación laboral y prevenir y evitar el acoso sexual en el trabajo, entre otras medidas necesarias?
8. ¿Qué acciones piensa implementar su sector para favorecer una relación de “mutuo beneficio” entre la población inmigrante venezolana y la población local? ¿Cómo evitar que el ingreso masivo de fuerza de trabajo extranjera afecte el nivel de ingresos y el acceso al empleo formal?
9. Respecto de la seguridad social, ¿qué medidas concretas se van a plantear para mejorar la atención de los 11 millones de asegurados en EsSalud? El actual Gobierno creó una comisión (mediante Resolución Ministerial Nº 222-2018-TR) con el objeto de formular una propuesta de lineamientos de gestión, orientada a promover su fortalecimiento y la mejora de los servicios brindados, ¿cuáles fueron las conclusiones y resultados de esa comisión y cuál su nivel de implementación?
10. ¿Cuál es la posición del MTPE respecto de las nuevas formas de inserción laboral a través de las plataformas digitales (Uber, Glovo, Rappi, entre otras), donde los trabajadores no establecen un vínculo contractual con la empresa que administra la aplicación, ni cuentan con derechos laborales, beneficios sociales, seguro contra accidentes, jornada de trabajo y descanso regulados? ¿Qué acciones viene tomando para evitar los abusos laborales que se comienzan a reportar en medios?