La primera vuelta electoral de abril ha dado por ganadores a dos candidatos que comparten una visión similar acerca del modelo económico que debe implementarse en el país.

En efecto: tanto Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, como Pedro Pablo Kuczynski, candidato de Peruanos Por el Kambio, pueden ser considerados –con algunos matices entre sí– como firmes defensores del modelo de libre mercado. Sus propuestas se enmarcan dentro lo hecho por el Estado en las casi tres últimas décadas y, en términos generales, se podría decir que apuestan por mantener los lineamientos económicos instaurados con la Constitución política de 1993.

Sin embargo, en materia laboral, encontramos que sus planes de gobierno divergen en algunos puntos. A pesar que ambos partidos parten de un enfoque erróneo sobre la informalidad laboral (confunden el universo de ocupados informales en el ámbito tributario, equivalente a cerca del 70% de la PEA ocupada, con los trabajadores asalariados sin contrato de trabajo ni derechos laborales, aproximadamente el 50%), los énfasis puestos al tipo de intervención del Estado para encarar este problema estructural divergen sustantivamente. Mientras el fujimorismo deja entrever que fortalecerá las capacidades estatales de fiscalización (a través de la SUNAFIL), y generará incentivos tributarios para promover la formalización, en el caso de PPK la salida está por el lado de la flexibilización laboral, propuesta que no dicen abiertamente pero que dejan sugerida entrelíneas.

La sorpresa aparece por el lado del fujimorismo, que se propone –en el plano normativo– la aprobación de la Ley General del Trabajo con el consenso de los actores sociales y en el marco del diálogo social. Lo mismo con relación a la institucionalización del salario mínimo. La pregunta que cae de madura –más allá de la natural desconfianza producto de los antecedentes del gobierno de Alberto Fujimori– es la siguiente: ¿por qué no lo hicieron cuando presidieron la Comisión de Trabajo durante todo el último periodo de gobierno? ¿Cuántas veces agendaron el proyecto de LGT consensuado en el 86% de su articulado en el seno del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, para ser discutido y aprobado por el Congreso?

En el caso de PPK, más allá de anuncios claramente populistas (como la creación de 3 millones de empleos) o desfasados (como el aumento del salario mínimo a 850 soles), lo interesante en su plan de gobierno viene por el lado de las políticas de seguridad social; en esa materia PPK propone implementar un seguro de desempleo que sería administrado por compañías de seguro privadas, aunque no precisa como se plasmaría un mecanismo de ese tipo en un país con un alto nivel de informalidad laboral como el Perú.

En lo que respecta al plano normativo, cabe esperar que el reciente electo congresista, Pedro Olaechea, ex presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, esté interesado en promover las reformas laborales reductoras de beneficios laborales que desde su gremio se exigió al actual gobierno (la Ley Pulpín es una de ellas). Sobre el particular el programa de PPK contiene apenas una referencia cuya orientación, sin embargo, hecha luces sobre el enfoque que implementaría en caso de llegar al gobierno: “nos proponemos reducir el sobrecosto de los beneficios laborales con respecto al salario en 10 puntos porcentuales durante todo el período de gobierno. Algunos de estos costos los asume el empleador y son excesivos en el caso peruano, desestimulando la creación de empleos formales”.

Con todo, esperamos que ambos candidatos puedan ofrecernos los lineamientos y propuesta concretos sobre las políticas laborales que implementarían en un eventual gobierno o que apoyarían a través de sus bancadas en el Congreso. Acá planteamos algunos hitos que deberían ser abordados con claridad y precisión en los poco más de 40 días que distan de la segunda vuelta.

• ¿Cuál será la posición del próximo gobierno respecto de la Autoridad Administrativa de Trabajo? ¿Incrementará el presupuesto destinado al Sector? ¿Qué cambios piensan hacer en el Sector? ¿Desaparecerá el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? ¿De qué forma piensan promover a la SUNAFIL? ¿Cómo encarará el proceso de descentralización y el fortalecimiento de las capacidades de las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE), en muchos casos con serias limitaciones para ejercer el rol tutelar del Estado?
• ¿Qué reformas laborales implementarán durante el próximo gobierno, considerando que existe una política de Estado que establece la adopción de una LGT y que aún no ha sido aprobada? ¿Se aceptará la posición de las centrales sindicales, expresada en los acuerdos alcanzados en el marco del CNTPE?
• ¿Qué decisión tomarán respecto de las recomendaciones planteadas al Estado peruano por la Oficina de Asuntos Comerciales e Internacionales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, luego de comprobar –in situ– que el Perú incumple los compromisos asumidos en el marco del capítulo N° 17 del Tratado de Libre Comercio entre ambos países? De acuerdo al informe publicado y difundido en marzo último, el plazo para realizar las modificaciones normativas (entre otras, poner coto al uso desnaturalizado de contratos temporales en el sector de las exportaciones no tradicionales), corre hasta noviembre de este año. Luego de lo cual, de no ser subsanadas o implementadas, quedarían en suspenso las ventajas arancelarias para nuestras exportaciones.

Estas y otras interrogantes deberán ser respondidas por ambos candidatos en los próximos días. Quedamos atentos a ello.