DIEGO MOTTA
Abogado y profesor laboralista. Ex Asesor del Despacho
Viceministerial de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo 2021-2022
El 10 de enero de 2023, en medio de la matanza de 45 peruanos perpetrada por el gobierno dictatorial de Dina Boluarte, han pasado desapercibidos algunos aspectos del discurso del presidente de facto del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, ante el Congreso de la República.
Haciendo gala de su consabido cinismo al hacer un “llamado a la paz social”, señalando que el gobierno “no es un régimen autoritario” y ofreciendo “un programa de apoyo a las familias de las víctimas”, aprovechó para reiterar su talante represivo al “respaldar totalmente a las fuerzas policiales”, e insistir en un “plan de acción política para pacificar el país (…) sin ceder al chantaje de la violencia”. Ni una sola disculpa por la masacre. Por el contrario, se insistió con el desprecio a las organizaciones sociales al señalar que las protestas son impulsadas por “un sector minoritario de dirigentes sociales de base dispuestos a recurrir de nuevo a la violencia con fines políticos. Es el caso, lamentablemente, de Puno. Frente a ese temerario propósito, el Ejecutivo responderá con firmeza para contener y anular esta resaca golpista”. Es decir, pura retórica; se trata de un diálogo falaz. La política de diálogo de este gobierno se ha caracterizado por el desprecio a las organizaciones sociales o la instrumentalización de estas, así como por graves violaciones de los derechos humanos.
No obstante, a quien sí se les ha tendido la mano es a los grandes empresarios de la CONFIEP. El gobierno de facto ha planteado como uno de los tres ejes fundamentales del sector Trabajo el diálogo social a través de la “reactivación inmediata del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo porque es indispensable que inversionistas y trabajadores vuelvan a interactuar junto con el Estado para consensuar las principales normas laborales”. Un primer problema de dicha afirmación es que olvida que el propio Reglamento Interno de Organización y Funciones del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo declara como objetivo el “impulso del diálogo social”, que tiene como pilar fundamental el “reconocimiento de los derechos humanos”. ¿Cómo se puede hablar de diálogo social mientras se masacra a manifestantes?
Un segundo problema, de acuerdo con las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, es que el diálogo social se lograría con “el sector Trabajo y Promoción del Empleo corrigiendo varias medidas que han afectado la toma de decisiones”.
¿QUÉ QUIEREN CORREGIR EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO?
¿Algún presunto caso de corrupción que hayan detectado, de transgresión a la meritocracia, o alguno de acoso sexual? Nada de eso. Recordemos que la CONFIEP se retiró del CNTPE el año pasado, exigiendo que se “corrijan” los Decretos Supremos 001-2022-TR y 015-2022-TR, que sancionan y ponen límites a la tercerización laboral, y el 014-2022-TR que restituía luego de 30 años de la reforma laboral fujimorista, el ejercicio efectivo a los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. ¿Por qué les preocupó tanto estas medidas a los poderes fácticos y por qué se apresura hoy la dictadura para querer “corregirlas”?
Puedo dar fe, pues participé junto al equipo técnico que creó, impulsó y defendió ambas normas desde el MTPE, que estas respondían a criterios técnico-jurídicos como a problemas públicos reales. Por ejemplo, de acuerdo con cifras del MTPE, en el sector minero la tercerización ha generado una gran precarización laboral. Respecto a la estabilidad en el empleo, 9 de cada 10 trabajadores de una empresa tercerizadora tienen contratos temporales, mientras que en la empresa principal son 4 de cada 10. En materia salarial, las remuneraciones en la empresa principal son más del doble (118% más) que en la empresa tercerizadora para trabajadores que realizan la misma función. En tanto que respecto a los accidentes mortales, el 76% de estos se produce en las empresas tercerizadoras. En cuanto a libertad sindical, en las empresas principales, la tasa de sindicalización es de 35%, mientras que en las contratistas menos de la mitad, apenas 12%. Es decir, los trabajadores tercerizados tienen menos derechos y menos instrumentos para mejorar esta situación. La aplicación adecuada del DS 001-2022-TR, que prohíbe la tercerización laboral para el núcleo del negocio de las empresas, así como del DS 015-2022-TR, que regula las sanciones para las empresas que mal utilizan la tercerización, permite cambiar la situación discriminadora antes descrita. ¿Otárola aplicará su “diálogo” para “corregir” estas normas?
Con respecto a la libertad sindical, antes de la dictadura de Fujimori, en 1990, la tasa de afiliación sindical (es decir el porcentaje de trabajadores pertenecen a una organización sindical) llegó a ser 21,9% en Lima Metropolitana, mientras que el 2021 esta tasa había descendido a 5% en el sector privado formal a nivel nacional. El DS 014-2022-TR, que modificó el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, sirve como instrumento jurídico para cambiar esa situación y lograr relaciones laborales más democráticas. La CONFIEP y sus estudios jurídicos fustigaron esta norma, acusándola de que empodera excesivamente a los trabajadores, pues permite que los independientes y practicantes se organicen, o porque promueve el derecho de huelga sin controles, ya que los empleadores no podrán reemplazar a un trabajador para evitar la paralización de los servicios o la producción, etc. Todas estas disposiciones forman parte del contenido esencial del derecho a la libertad sindical, y se encuentran reconocidas en los tratados internacionales del sistema interamericano de Derechos Humanos y de la OIT, así como en disposiciones constitucionales y legales. Lo que hace el DS 014-2022-TR es corregir el reglamento fujimorista anterior, a fin de hacer efectivos los derechos y que no sean solo declarativos.
El discurso de Otárola pretendería “corregir” esta norma también y otorgar a cambio el Plan Nacional de Promoción de la Libertad Sindical, mediante el cual “se fortalecerá el ejercicio de este derecho constitucional, mejorando el servicio del Ministerio de Trabajo a la gestión sindical, compatibilizando el ordenamiento nacional con los instrumentos internacionales de derechos laborales”. Nos preguntamos ¿si se “corrige” el DS 014-2022-TR a través del diálogo de las balas y las botas, de cuánto servirá un Plan Nacional de Promoción de la Libertad Sindical?
Todos estos DS fueron las normas del gobierno de Pedro Castillo más disputadas por las grandes empresas, la derecha congresal y los medios oligopólicos. Así lo prueban las más de 100 demandas de amparo, 8 acciones populares y más de 200 denuncias administrativas presentadas por las grandes empresas, además de los tres Proyectos de Ley impulsados en el Congreso y las decenas de primeras planas de los medios capitalinos contra las normas mencionadas. Sin duda se trataban de las medidas de izquierda más importantes que implementó el MTPE en fiel cumplimiento del plan de gobierno que ganó las elecciones del 2021; es decir, por las que la mayoría de los peruanos votamos y por las que el movimiento sindical y popular vienen luchando desde hace varias décadas.
La “corrección” que ahora el Gobierno promete a la patronal no solo es el premio por su apoyo incondicional a este gobierno dictatorial, sino también un mensaje aleccionador y vengativo: Los trabajadores no deben nunca más impulsar normas y menos intentar gobernarse, solo deben someterse al “diálogo” de las botas y las balas. El movimiento sindical, la CGTP, la CUT, la CTP, la CATP, la FNTMMSP, etc. no deben someterse a ese tipo de diálogo y deben ser solidarios con el pueblo trabajador del sur. Los trabajadores técnicos y honestos del MTPE deben tener presente el código de ética de la función pública y no ceder a presiones.
*Cuando se había entregado este artículo para su publicación se recibió la noticia de la renuncia del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Eduardo García Birimisa. Se saluda la decisión, es lo mínimo que se podía esperar, pero de manera fraternal se lamenta que haya sido un mes después y 50 muertos tarde. Respecto a algunas de las razones expuestas en la carta de renuncia, cabe preguntarse ¿Es un ministerio solo un cargo de responsabilidad política o hubo un programa laboral que se defendió durante la efímera estadía? ¿Cuál fue la agenda que desde el sector se quería implementar? ¿Cuál debería ser la agenda laboral para ese Perú que soñamos?