Beethoven Herrera Valencia (publicado en portafolio.co)
Mi visita al hotel Mount Washington, en donde se crearon el FMI y el Banco Mundial, coincide con la publicación del estudio de Bernhard Reinsberg, Thomas Stubbs, Alexander Kentikelenis y Lawrence King (Routledge 2019), quienes examinan la relación entre las intervenciones del FMI y los derechos laborales. Usando dos bases de datos con una cobertura de países no lograda antes y desagregando información de los programas de condicionalidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 70 países entre 1980 y 2014, el estudio demuestra que la imposición de medidas laborales en los planes de ajuste que el FMI puso como condición para obtener nuevos créditos, ha disminuido significativamente los derechos laborales.
Al comienzo del periodo se observa un mejoramiento de los derechos colectivos por la presión de las organizaciones sindicales, y los autores distinguen los derechos laborales individuales (formas de contratación, tiempo de trabajo, contratación y despido) de los derechos colectivos (sindicalización, representación y huelga), y encuentra un debilitamiento de los derechos laborales por la llegada de los programas del FMI con condicionalidad laboral, pero los sindicatos se anticiparon al deterioro de sus requerimientos.
Como la sindicalización solo se mantiene fuerte en el sector público, los empresarios privados enfrentan menos desafíos de negociación, pero está demostrado que los ajustes frenan el crecimiento general, la privatización de empresas públicas y la liberalización financiera coinciden con el debilitamiento de los derechos laborales.
El FMI defiende la flexibilización laboral como una forma de reducir los costos del Estado y generar el margen fiscal para el servicio de la deuda externa, pero nunca ha abordado la legalidad de las deudas contratadas por los dictadores, incluso cuando ya el senado de Estados Unidos aplicó una multa de 25 millones de dólares a cinco bancos que abrieron cuentas a Pinochet.
Además, la década de los ochenta –la de mayor endeudamiento– se conoce como la ‘década perdida para el desarrollo’, lo cual permite colegir que los préstamos, en gran medida, no se invirtieron y alimentaron la fuga de capitales, como se demostró en los Papeles de Panamá.
El argumento para la flexibilización en la empresa privada se basa en el carácter temporal de las cosechas y de los ciclos de ventas en el comercio, los cuales son ciertos, pero si el trabajador se enferma o se accidenta mientras pasa de una actividad a otra, debería estar cubierto por una red de protección, la misma que el FMI ha contribuido a desmantelar. Y la tesis de que la flexibilización mejora la productividad choca con el hecho de que el país sigue perdiendo puestos en el escalafón, pues a los rezagos logísticos se unen a las exageradas tasas de interés a los créditos, de lo cual tampoco habla el FMI.
Por supuesto, que la precarización laboral conduce a la caída de los ingresos, baja la demanda agregada y pretende generar un excedente exportable que permita cerrar el déficit externo, pero sobran evidencias de la ineficacia de esta estrategia por las múltiples barreras sanitarias, fitosanitarias, arancelarias –de nuevo en aumento– para el acceso a los mercados metropolitanos.
