Esta semana se conmemoró la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Como sucede hace doce años, miles de trabajadores y organizaciones sindicales se concentraron y movilizaron en distintas ciudades para visibilizar la problemática del empleo en sus respectivos países. Con estas manifestaciones se buscó colocar la promoción del trabajo decente en el centro de sus agendas nacionales. Y es que, a pesar de los avances, las brechas siendo abismales. Este año se cumple el primer siglo de creada la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y, por tanto, del reconocimiento mundial de los derechos laborales como derechos humanos universales. Sin embargo, persisten importantes déficits que marginan a millones de personas del acceso a un empleo adecuado. De acuerdo al Informe Mundial sobre Protección Social, el 71% de la población total no está amparado, o lo está sólo parcialmente, por un sistema de protección social. Situación que corre el riesgo de agravarse de no extenderse las oportunidades de trabajo decente a los sectores hasta ahora excluidos de la seguridad y bienestar social.

En el Perú la situación del trabajo decente apenas se discute. Ningún medio local ha cubierto esta conmemoración, por ejemplo. Los últimos días la atención ciudadana giró en torno a la crisis política y su desenlace. La decisión del presidente Vizcarra de disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias –el próximo 26 de enero– abre un escenario que por sus características particulares puede devenir en constituyente, o cuando menos, iniciar reformas importantes. De ahí que su trascendencia. La nueva representación congresal no solo discutirá la reforma política y electoral que dejó pendiente el parlamento disuelto. También verá, en su corto periodo de vigencia, algunos aspectos claves para los trabajadores públicos y privados: desde la composición del Tribunal Constitucional (sobre el que existe una fuerte presión para que revise sentencias relacionadas con la estabilidad laboral), hasta la regulación de la negociación colectiva en el sector estatal, la promulgación de la Ley de Promoción Agraria; e incluso, dependiendo de la correlación política que emerja de la elección, la eventual aprobación de la postergada Ley General del Trabajo.

En suma, entramos a un escenario incierto para los sectores laborales y pequeños productores. ¿Hasta qué punto la salida a la crisis política, vía la disolución del Congreso y elección de una nueva representación parlamentaria, puede dar lugar a una renovación y cambio de régimen político y económico? ¿Es posible ello? ¿Están los principales actores en disputa en sintonía con este objetivo? Por lo pronto, la nueva ministra de Economía, María Antonieta Alva, ha declarado que el Ejecutivo de Vizcarra mantendrá y aplicará la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP). Poco importan los cuestionamientos de las centrales sindicales, de organizaciones sociales y diversos especialistas. ¿Cómo se posicionarán los actores sociales en esta nueva etapa política? ¿Insistirán para que el gobierno derogue el capítulo laboral de la PNCP o plantearán una reforma laboral integral, que recoja los aportes propuestos en la reciente Conferencia Nacional de Trabajo (mayo del 2019), por ejemplo?

Lo que no queda duda es que la agenda laboral, junto con la reforma política y la lucha contra la corrupción, deben ser un punto central en esta etapa “transicional” hacia un nuevo parlamento y gobierno nacional. La urgencia cae de madura. A pesar del crecimiento económico reciente (2004–2013), el Perú no ha logrado mejorar sustantivamente sus indicadores sociolaborales. Si bien se redujo el porcentaje de la población en situación de pobreza monetaria, una importante mayoría de peruanos y peruanas trabaja bajo condiciones indignas e inseguras. Esto es: sin contrato ni derechos laborales, sin protección social ni descansos remunerados, sin aseguramiento de salud o seguro contra el desempleo. Sin más porvenir que el día a día.

Ciertamente, este diagnóstico no es ninguna novedad. Como ha venido sucediendo desde el 2010, el Programa Laboral de Desarrollo (PLADES) publicó el Informe sobre la situación del Trabajo Decente en el Perú, en el que analiza el nivel de acceso de la población laboral a una serie de condiciones que hacen posible el trabajo o empleo decente, tal como lo define la OIT. En base a información estadística pública, el informe de PLADES da cuenta de los pocos avances logrados en el Perú en el periodo 2016–2017.

• En materia de oportunidades de empleo, se mantuvo la tendencia registrada en los últimos años, que expresa una reducción de la población asalariada y el incremento de los trabajadores por cuenta propia (independientes o autónomos). Esto es, crece el empleo en los sectores de baja calificación y mayor precariedad laboral.
• En cuanto a condiciones de trabajo, la jornada laboral de los trabajadores ocupados continúa siendo uno de los indicadores donde más se expresa la precariedad laboral. Aunque se reduce el porcentaje de trabajadores que laboran más de 48 horas semanales, se registra un incremento de los que lo hacen más de 60 horas.
• El empleo informal sigue siendo el rasgo que más caracteriza al mercado de trabajo peruano. De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que analiza al conjunto de la población ocupada, se registra un leve incremento de la informalidad (de 72% en el 2016 a 72.5% en el 2017). Mientras que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), da cuenta de un 46.5% de informalidad laboral en el empleo dependiente o asalariado, predominantemente en el sector privado y en unidades productivas de menos de 10 trabajadores (micro empresas), donde alcanza al 86% de trabajadores.
• En el terreno del empleo dependiente, el problema más serio está relacionado con la temporalidad de los contratos. En el caso de los asalariados formales (que representan el 56%), el 62% tiene contratos a plazo fijo. Visto desde otro ángulo, apenas el 29% de los contratados formales tiene estabilidad en el empleo (a plazo indefinido).
• El salario mínimo vital (equivalente a US$ 281) sigue estando por debajo de la canasta básica familiar. El ingreso promedio ha tenido un leve incremento, aunque la brecha de ingresos entre hombres y mujeres dejó de disminuir para estancarse en 29.3%
• En materia de protección social se ha mejorado levemente en el acceso a la salud, y también a los sistemas de pensiones, aunque las brechas persisten. Solo el 28.8% de los trabajadores ocupados cuenta con ambos sistemas de protección, mientras un 20.9% está en la total desprotección.
• El ejercicio de derechos colectivos y sindicales sigue en picada. La tasa de sindicalización ha caído, así como la tasa de cobertura de la negociación colectiva. Solo el 4.9% de los asalariados está sindicalizado. La negociación colectiva sigue restringida para el sector público, que no puede acordar aumentos salariales o condiciones económicas vía convenio colectivo.

Fotos: Adrián Portugal.