Ante el actual escenario electoral, preocupa la amenaza de que nuestro país tenga nuevamente un gobierno fujimorista, bajo el cual se acentúen la precarización de las condiciones de trabajo y las debilidades institucionales para la protección de los derechos laborales, la falta de garantías efectivas para la libertad sindical y la desprotección social, como ya lo ha hecho ese sector político en el pasado y lo ha venido promoviendo estos años.
Basta recordar que durante la década fujimorista se llevó a cabo de manera autoritaria una reforma estructural que degradó los derechos laborales y legitimó el abuso de las empresas contra las y los trabajadores; una reforma de la cual somos herederos actuales y cuyos efectos han sido puestos en evidencia por la profunda crisis social y económica generada por la Covid-19. Algunas de las principales medidas de dichas reformas son:
i) Se abrió sin mayores candados la posibilidad de contratar temporalmente (actualmente el 75% de la planilla formal). En la actual pandemia esto ha servido para despedir masivamente trabajadores con la excusa de la “no renovación” del contrato sin ningún tipo de beneficio y protección ante el desempleo.
ii) Se implementó una política de reducción de derechos laborales como un supuesto “mecanismo” para la promoción del empleo y la reducción de la informalidad. Política que, pese a que se ha venido aplicando durante todos estos años, el tiempo y la realidad se han encargado de demostrar que ese objetivo no se ha cumplido.
iii) Se permitió el despido libre y sin causa, y se realizaron ceses colectivos en los sectores público y privado, que luego la justicia se ha encargado de reconocer que fueron ceses colectivos arbitrarios e injustos.
iv) Se destruyó sin miramientos la afiliación sindical, se eliminó la negociación colectiva por rama de actividad y se criminalizó la protesta. Esto ocurrió no solo a manos de los empresarios, quienes tenían todas las de ganar ante un conflicto laboral, sino también a cargo del propio Estado y sus leyes y políticas laborales.
Estas vulneraciones se dieron, además, en un contexto donde las organizaciones y activistas sindicales fueron sometidos a una hostilidad y persecución constantes, al punto de asesinarse al entonces secretario general de la CGTP, el compañero Pedro Huilca, por parte del “Grupo Colina”.
Pero todo ello no es cosa del pasado. El fujimorismo nos ha seguido demostrando que tiene como eje central la destrucción de los derechos laborales. Recordemos algunos ejemplos recientes:
i) Las continuas prórrogas a la Ley N° 27360, denominada “Ley Chlimper”, la cual precarizó durante más de 20 años las condiciones de trabajo en el sector agrario a costa de las ingentes ganancias empresariales.
ii) El proyecto de “Ley del Esclavo Juvenil”, que pretendía ofrecer trabajo sin salario para los estudiantes de educación técnica.
iii) El “Proyecto Letona”, que planteaba eliminar la reposición judicial en casos de despido incausado o fraudulento, contrariamente a todo el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el Tribunal Constitucional sobre el tema.
iv) La prohibición de incrementos salariales para las y los trabajadores estatales establecida en las leyes anuales de presupuesto, obstaculizando con ello el derecho a la negociación colectiva en el Sector Público.
En efecto, el fujimorismo con su bancada mayoritaria en el periodo 2016-2018, lejos de rectificar su papel en la historia apoyando leyes que protejan a las y los trabajadores; aprovechó su peso en el Congreso para perseguir a sus oponentes, obstruir a la justicia y pagar los favores de sus millonarios financistas.
A falta de un mes para la segunda vuelta electoral, el riesgo es latente y el futuro del Perú está en juego. El fujimorismo puede volver al gobierno y desde allí arremeter nuevamente contra los derechos laborales. En tal sentido, las y los abajo firmantes, convencidos de que es perjudicial para el país que un partido que ha pisoteado la democracia y ha promovido la eliminación de derechos llegue al Poder Ejecutivo, hacemos un llamado a las y los trabajadores, y a la ciudadanía en general, para que, por sobre la campaña de miedo y desinformación que buscan cerrar el paso a cualquier opción de cambio, emitamos un voto en defensa de la dignidad, la memoria y los derechos laborales.
- Javier Mujica Petit – DNI 07217677
- Gisella Figueroa Toledo – DNI 10788815
- Adolfo Ciudad Reynaud – DNI 10226127
- Edgardo Balbín Torres – DNI 07627936
- Grace Baquerizo Rojas – DNI 41693884
- Fernando Cuadros Luque – DNI 41394981
- Andrea Sánchez Matos – DNI 42153117
- Joel Cáceres Paredes – DNI 42752194
- Ana Hilario Melgarejo – DNI 44272008
- Rubén Vásquez Sandoval – DNI 44390964
- Lily Ku Yanasupo – DNI 40376673
- Enrique Fernández-Maldonado – DNI 10269471
- Gianina Echevarría Gutarra – DNI 42397701
- Leopoldo Gamarra Vílchez – DNI 06253563
- Carolina Quevedo Cárdena – 08808418
- Daniel Siguas Hernández – DNI 70442942
- Mariela Belleza Salazar – DNI 40070549
- Fredy Rodríguez Trujillo – DNI 70167274
- Patricia Valenzuela Alejo – DNI 40914005
- Juan Diego Motta Villegas – DNI 40761302
- Zoila Margarita Romero Rojas DNI 72665504
- Carlos Ledesma Cespedes – DNI 41076961
- Eleming Valle Rey Sánchez – DNI 42405426
- Johan Huamán Llantoy – DNI 43963027
- Mirna Jara Campos – DNI 04427251
- Saulo Galicia Vidal – DNI 46591339
- Jorge García Escobar – DNI 2577033
- Miriam Huaccha Queypo – DNI 42356029
- César Fernández Mata – DNI 42401842
- Virlan Camargo Ochoa – DNI 23802120
- Christian Sánchez Reyes – DNI 09674209
- Rosario Grados Peña – DNI 44888300
- Michael Javier Rocca Soto -DNI 41424978
- Rosa Varillas Ordóñez – DNI 41794938
- Gustavo Guerra García Picasso – DNI 09179676
- Catherine Eyzaguirre Morales – DNI 75497950
- José De Echave Cáceres – DNI 07886231
- Rocío Silva Santisteban Manrique – DNI 07822730
- Eduardo Zegarra Méndez – DNI 06597898
- Ruth Evelyn Mattos Guzmán – DNI 40323743
- Domingo de Ramos – DNI 08735488
- Alejandra Dinegro Martínez – DNI 70651832
- Hugo Cabieses Cuba – DNI 10585951
- Rocío Maldonado Alarcón – DNI 43134022
- Rodrigo Samamé Cabrera – DNI 41565974
- Fanny Lidia Bautista Puchuri – DNI 43491221
- Luis Jesús Baldeon Bedon – DNI 45466433
- Yolanda Valentin Nina – DNI 08613939
- Karol Eduardo Muñoz Arista – DNI 71482082
- Ela Dorena Pérez Alva – DNI 10323252
- Elio Béjar Cárdenas – DNI 44727853
- Velia Rosas Villena – DNI 08806100
- José Távara Martín – DNI 06086270
- Blanca Cosavalente Gutiérrez – DNI 08397681
- José Oña Meoño – DNI 09180441
- Marta Kuong Haydey – DNI 08119421
- Edgardo Cicerón Ciriaco Salinas – DNI 08372518
- Juana Patricia Hidalgo Euribe – DNI 08756320
- Emilio Salcedo Tapia – DNI 10732590
- Melissa Bohórquez Quito – DNI 44449031
- Carlos Eduardo Cáceres Torres – DNI 25783162
- Miguel Ángel Llanos Romero – DNI 09079428
- Roy Alexis Quispe Agipe – DNI 70280543
- Javier Huancahuari Moya – DNI 43257656
Continúan adhesiones…
