La semana pasada fue fecunda en noticias laborales. En medio de la seguidilla de audios y jueces corruptos que copan la agenda política y mediática, en los últimos días se han dado una serie de hechos relacionados con la política laboral que merecen destacarse, para bien y para mal.
Adelantamos los que consideramos los más relevantes: (1) la reinstalación del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) y la definición de los temas prioritarios a tratar en los próximos meses; (2) las declaraciones a diversos medios del Ministro de Trabajo, Christian Sánchez Reyes, delineando algunos aspectos centrales de su gestión; (3) la comunicación remitida por la Comisaria de Comercio Exterior de la Unión Europea, al ministro de Comercio Exterior de Perú, reiterando su preocupación por el incumplimiento del Estado peruano de los estándares laborales y ambientales asumidos en el marco del acuerdo comercial firmado con la Unión Europea.
Consejo Nacional de Trabajo: una nueva oportunidad
La reinstalación del CNTPE admite algunas interpretaciones y también exige mesura. Si bien se enmarca en el espíritu convocante y conciliador con que se estrenó el presidente Vizcarra en su discurso de asunción de mando, en marzo último, lo cierto es que no es la primera vez que el CNTPE se “relanza” como espacio de diálogo social. Desde el 2002, cuando reaparece en escena tras década y media de inactividad, el CNTPE ha revivido en cada uno de los periodos gubernamentales (Toledo, García, Humala, Kuczynski), para luego desactivarse con la habitual “ruptura de palitos” entre el sector sindical y empresarial. Por eso, que se haya convocado y puesto en marcha nuevamente esta instancia tripartita, es una buena noticia que hay que saludar, pero, sobre todo, ponderar y orientar a buen puerto.
Por lo pronto, en esta primera sesión del “periodo Vizcarra”, fueron ocho los temas acordados como parte de la agenda planteada por sus miembros (ver cuadro). Revisando la lista de propuestas podemos apreciar los intereses particulares de cada sector, pero sobre todo los evidentes consensos; entre los principales: el aumento de la productividad, la formalización laboral y aspectos relacionados con las relaciones laborales, como son el diálogo social, la negociación colectiva y la fiscalización laboral. El gobierno, por su parte, ha colocado entre sus prioridades la promoción del empleo juvenil y la institucionalización de la remuneración mínima vital.
Una vez identificadas las urgencias, ahora lo que toca es iniciar la discusión en las comisiones de trabajo del CNTPE. Para lo cual será necesario no solo contar con un cronograma que brinde coherencia, institucionalidad y sobre todo efectividad al proceso, sino también dotar de solvencia técnica y profesional a los debates y acuerdos. Para que esto último sea posible, es fundamental asegurar el acceso a información actualizada y veraz sobre la situación actual de los mercados de trabajo, condición ineludible para la formulación de las mejores propuestas y políticas.
Trazando la cancha
Algunos de los puntos acordados en el CNTPE fueron abordados por el ministro Sánchez en recientes entrevistas a medios locales. El que mayor destaque ha recibido ha sido el anuncio de avanzar hacia la institucionalización del salario mínimo vital, una medida que está en sintonía con promover el diálogo social como base de la política salarial. En esa línea, Sánchez adelantó que el Ejecutivo aprobaría vía Decreto supremo un mecanismo que le daría previsibilidad a los aumentos, recogiendo un acuerdo histórico del CNTPE de 2007, cuando se consensuó que los incrementos de la remuneración mínima debían ser periódicos y resultado de cruzar dos variables claves: la inflación subyacente (costo de vida) y la productividad total de factores.
Sobre este punto, las representaciones sindical y empresarial estarían de acuerdo con que se formalice la fórmula anteriormente consensuada, quedando pendiente la precisión de los parámetros que determinan el mejor contexto de aplicación de la referida fórmula… La muñeca del Ministerio para aprobar una metodología que satisfaga a las partes, será fundamental para institucionalizar un acuerdo que acaba de cumplir una década… durmiendo el sueño de los justos.
Otras medidas mencionadas por el ministro Sánchez están relacionados con prioridades adelantadas en anteriores intervenciones: el impulso a la inserción laboral juvenil y la promoción de la formalidad laboral. Para abordar ambos objetivos, el Ejecutivo tiene previsto aprobar –en el marco de las facultades delegadas por el Congreso– cuatro decretos legislativos en las próximas semanas.
Con relación al primer tema, Sánchez señaló que ya está lista la propuesta legislativa para regular las modalidades formativas en el sector público. Se trata de un objetivo interesante, toda vez que el Estado emplea aproximadamente a millón y medio de trabajadores, lo que lo hace atractivo para futuros técnicos y profesionales. Combinar adecuadamente el aprendizaje teórico con la experiencia laboral puede ser determinante tanto para favorecer nuevas oportunidades laborales para los jóvenes, como para modernizar y dinamizar el servicio civil.
El otro aspecto prioritario está relacionado con el fortalecimiento de las inspecciones de trabajo. Al respecto se ha dicho, en diversas oportunidades, que una meta del gobierno es duplicar el número de inspectores de trabajo (de 450 a 900) y completar las 26 intendencias regionales de la Superintendencia Nacional de Fiscalización (SUNAFIL) para el 2020. Estamos seguros que este será un aspecto que recibirá especial énfasis de la actual gestión del MTPE; pero queda por ver si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presenta igual vocación y disposición.
No queremos culminar esta breve mención sin destacar la claridad con que el ministro ha encarado un tópico habitual en entrevistas y sets televisivos: la mentada “reforma laboral” flexibilizadora, reclamada por la gran empresa y buena parte de la clase política. Se trata de declaraciones que rompen con la repuesta estándar de las últimas gestiones; por ejemplo, cuando el periodista de La Repúblicale pregunta, a boca de jarro, si el mercado laboral peruano es rígido, Sánchez contesta:
“Cuando se asume una gestión en este ministerio es imposible que ese debate no aparezca. Es uno que surge en los años 90 con la crisis. Desde el Banco Mundial se plantea la necesidad de hacer ajustes en legislaciones laborales. Lo cierto es que el derecho laboral siempre ha tenido la capacidad de adaptarse. Pero si entendemos por flexibilización que el derecho se adapte sin mantener el equilibrio entre el empleador y trabajadores, hablamos de otra disciplina (…) El mensaje está sesgado por criterios puramente económicos y cuando uno quiere discutir de ese modo algo que tiene una dimensión humana, de derechos, de ciudadanía, entonces el debate termina siendo sesgado. Si solo fuera de enfoque económico, entonces el aporte de un seguro social sería un sobrecosto y los empleadores no deberían aportar. Y eso no tiene ningún sentido”.
Queja ante la Unión Europea avanza
Casi sin difusión, los grandes medios han ignorado olímpicamente la comunicación enviada por la Comisionada de Comercio Exterior de la Unión Europea (lo que equivale a la Ministra de la Unión Europea), la parlamentaria europea Cecilia Malmstiröm, al ministro de Comercio Exterior peruano, Rogers Valencia, reiterando su preocupación por la naturaleza e impacto de la política laboral y ambiental peruana en los sectores que están vinculados en el comercio bilateral con este bloque político–comercial.
Como se recordará, el acuerdo comercial entre el Perú y la Unión Europea fue objeto de una queja presentada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil peruana, en octubre del 2017, contra el Gobierno Peruano, denunciando la falta de voluntad para garantizar los compromisos laborales y ambientales previstos en el Titulo IX sobre Comercio y Desarrollo Sostenible.
Aunque esta no es una respuesta oficial a la demanda presentada por las organizaciones peruanas, bien puede leerse como un anticipo de cuál sería el tenor de la primera comunicación formal, prevista para fines de este semestre. Más cuando varios de los puntos cuestionados permanecen sin variantes por falta de acciones claras en la línea de los cambios sugeridos.
Entre las “recomendaciones” hechas por la parlamentaria Malmstiröm al Gobierno peruano, destacan las siguientes:
(a) Garantizar que los usos consecutivos de contratos de trabajo temporales no constituyan un obstáculo para la libre sindicalización y negociación colectiva;
(b) Adoptar medidas efectivas para reducir la informalidad laboral, fortaleciendo el sistema de inspección del trabajo;
(c) Combatir el trabajo forzado y el trabajo infantil, estableciendo un marco legislativo e institucional para combatir la trata de personas;
(d) Reforzar el diálogo social en el país;
(e) Garantizar que las leyes ambientales y la regulación de las actividades industriales contribuyan efectivamente a la protección del medio ambiente;
(f) Fortalecer los mecanismos de consulta pública al reevaluar la necesidad de establecer un grupo asesor nacional para debatir cuestiones relacionadas con el Título IX del acuerdo con la UE.
Algunos de estas recomendaciones forman parte de las competencias del Congreso de la República; por ejemplo, las modificatorias a la legislación laboral referidas a los contratos bajo los regímenes de promoción agraria (D. Leg. N° 27360) y de las exportaciones no tradicionales (Ley N° 22342). Preocupa, en ese sentido, el interés mostrado por la bancada mayoritaria por prorrogar un régimen que establece un estándar de derechos menor para los trabajadores del campo. Pero otras medidas –el fortalecimiento de la fiscalización laboral y el diálogo social– dependerán básicamente del impulso que reciban desde el Ejecutivo. La gestión de Vizcarra tiene la oportunidad de trascender la grisura de sus antecesores, esto es, de dejar un legado, en materia laboral, que promueva y garantice el empleo adecuado a la mayor cantidad de peruanos y peruanas. Eso esperamos.