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Las declaraciones brindadas esta semana por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados Carraro, han dado lugar para razonables y justificadas preocupaciones. Especialmente para los sectores laborales y sindicales.

En entrevista con La Republica, Grados Carraro señaló que “en lo laboral, aún no se dan las grandes medidas que permitirán el gran salto”, y anunció que el Gobierno estaría por presentar, en el mes de junio, un conjunto de medidas “que podría(n) ser la gran reforma laboral del país”.

¿Y qué estaría entendiendo por “grandes reformas”? El Ministro Grados lo resume así: “La simplificación de regímenes laborales. Que no sean más de tres: un régimen general, respetuoso de derechos sin sobrecargar al empleador; uno promotor de exportaciones; y otro para la micro y pequeña empresa. Otro gran tema es facilitar el ciclo laboral: los mecanismos para contratar mano de obra, desarrollarla y concluir el ciclo laboral. No refleja las distintas modalidades de una relación de trabajo” (énfasis nuestro).

El enfoque del gobierno, tal como lo propone el Ministro Grados, expresa el espíritu de las (esas sí grandes) reformas laborales implementadas durante los años noventa. Un enfoque que apunta a mantener los regímenes discriminatorios que establecen categorías escalonadas de trabajadores según la cantidad y tipos de derechos a los que acceden. Medidas que perseguirían reducir los mal denominados “sobre costos laborales”, obviando la importancia que tienen otros factores (económicos, organizacionales, administrativos o tributarios) en la mejora de la productividad y competitividad de las unidades productivas; principal factor explicativo de los altos niveles de informalidad empresarial y laboral registrados en la actualidad. Políticas que además, como han evidenciado diversos estudios e investigaciones, tuvieron un impacto negativo en la calidad del empleo y el ejercicio de derechos laborales.

En contraposición a las propuestas del Gobierno, un conjunto de docentes y expertos laboralistas –entre los que se encuentran ex ministros y ex viceministros del sector– presentaron al titular de Trabajo una carta pública en la que proponen un conjunto de propuestas en materia laboral, de empleo y seguridad social.

Según la comunicación remitida, estas medidas apuntarían a que “el Estado cumpla un rol promotor en la generación de las condiciones óptimas para la creación de empleo adecuado, así como una efectiva tutela de los derechos laborales”.

En TrabajoDigno.pe creemos que el listado de propuestas y medidas presentadas al Ministro constituyen una hoja de ruta coherente para el Gobierno, en la línea de considerarlas en el proceso de diseño de las políticas públicas orientadas a promover el empleo formal, digno y productivo.

Claro, siempre y cuando esta sea una preocupación y un objetivo prioritario para la actual gestión.

¿Adiós a la Ley General de Trabajo?

Grados Carraro ha señalado que la reforma propuesta buscará simplificar la legislación a tan solo tres regímenes laborales. Un régimen general y dos especiales (para exportaciones y micro y pequeñas empresas).

Ciertamente, la diversidad de regímenes laborales contribuye no solo al desorden normativo y administrativo, sino que favorece principalmente a quien ejerce poder valiéndose de la dispersión normativa[1]. Para revertir esta situación, el año 2002 el Acuerdo Nacional incluyó dentro de sus políticas de Estado la aprobación de una Ley General del Trabajo que no solo unificara la legislación laboral vigente, sino que restituyera los equilibrios resquebrajados durante el periodo autoritario de los años noventa.

Sin embargo, consultado al respecto, el Ministro precisó bien la responsabilidad del Congreso, instancia encargada de aprobar la nueva Ley General del Trabajo, pero señaló al mismo tiempo: “hay que ver qué conviene: retomar [el anteproyecto de Ley] y actualizar la ley o ir por un modelo más moderno, un código laboral, más eficiente, más pequeño, más focalizado en los puntos críticos. La ley o código recogen la reforma: integra la legislación laboral, la simplifica”.

Si esta es su intención, estaría en franca contradicción con su anuncio de fortalecer el diálogo social y el acercamiento de los actores involucrados. Porque, ¿cómo queda el esfuerzo y el trabajo desplegado por los sectores empresarial, laboral y gubernamental en el seno del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), el mismo que permitió –luego de casi una década de discusión técnica y política– lograr un nivel de consenso sobre el 86% del articulado del anteproyecto de Ley? Al desconocer la vigencia y valor intrínseco de los avances alcanzados en el CNTPE, ¿no erosiona y torpedea la institucionalidad del diálogo social desarrollada en los periodos gubernamentales pos transición?

Ahora bien, en TrabajoDigno.pe reconocemos que no es el contexto más oportuno para iniciar un debate legislativo sobre la Ley General de Trabajo. La mayoría fujimorista, firme defensora de las reformas implementadas en los años noventa, hace presagiar que los resultados podrían ser peores que la legislación vigente. Sin embargo, una alternativa para el movimiento sindical y laboral es proponer medidas específicas y puntuales, en la línea de afirmar (y aprobar) los acuerdos alcanzados en el ante proyecto de LGT consensuado, y generar las condiciones políticas, sociales y mediática para su aprobación progresiva.

Salario mínimo vital: institucionalizar su incremento

Una de las medidas urgentes que merecerían la atención del movimiento sindical, de la sociedad civil organizada y de la presidencia de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en el Congreso de la República, reposa en la regulación de la distribución del ingreso. Específicamente, en la institucionalización de los mecanismos de ajuste automático de la remuneración mínima vital.

Sobre el punto, dentro de las propuestas presentadas por los expertos laboralistas al Ministro Grados, se incluye la aprobación normativa de una metodología consensuada de revisión del salario mínimo en el seno de CNTPE el año 2007. La aplicación de esta fórmula permitiría actualizar periódicamente el salario mínimo sobre la base de los mismos criterios técnicos que señala el Ministro en su entrevista con La República (la productividad laboral y la inflación).

Entonces, ¿por qué no se aplica esta fórmula de ajuste automático, como sucede en otros países de la región? Básicamente, por falta de voluntad política de los últimos gobiernos. Y es probable, por lo expuesto por el titular de la cartera, que la misma lógica sería replicada por la actual gestión, al soslayar los acuerdos logrados por anteriores gestiones y por los propios actores sociales.

En TrabajoDigno.pe consideramos que un aumento porcentual de la remuneración mínima vital, definido sobre la base de la metodología señalada, puede contribuir a dinamizar la economía interna, en momentos en que la inversión privada encuentra dificultades para despegar y la pública muestra un claro estancamiento.

¿Institucionalizar la discriminación laboral?

Otro tema preocupante es el referido a los regímenes “especiales”. Tema sensible por cuanto son fuertemente cuestionados dentro y fuera del país. Por un lado, el actual Gobierno parece no querer atender las recomendaciones realizadas por la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, sobre la necesidad de regular mejor el uso de contratos de trabajo temporales, bajo modalidad o a plazo fijo. Recomendaciones que no son arbitrarias, sino que responden a la validación de la denuncia presentada por sindicatos peruanos contra el Estado peruano, por incumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del capítulo laboral del Acuerdo Comercial (conocido también como Tratado de Libre Comercio) firmado con ese país. No avanzar en la dirección de las correcciones sugeridas podría significar que el Estado peruano enfrente procesos de solución de controversias que impliquen una suspensión de las ventajas arancelarias disponibles para los sectores exportadores peruanos.

Por otro lado, el Ministro parece desconocer que a la fecha se han presentado cinco proyectos de ley en el Congreso de la República, dirigidos precisamente a revisar y modificar los regímenes de promoción de las exportaciones no tradicionales y del sector agrario. Algunas de estas propuestas –como las presentadas por la Federación de Trabajadores Agrarios (FENTAGRO) y la Federación Nacional de Trabajadores Textiles y Confecciones (FNTTP), a través de la presidencia de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social–, apuntan a restituir los derechos que tenían los trabajadores del sector contenidos en el régimen general de la actividad privada (Ley de Fomento del Empleo y la Productividad).

En ambos sectores se ha reportado en la última década y media una evolución positiva –en términos de producción, exportación y utilidades– que merece, cuando menos, una discusión seria que ponga a contraluz los beneficios y perjuicios de estos regímenes, considerando de manera prioritaria los derechos e intereses de los sectores laborales.

Lo mismo puede decirse del régimen laboral especial MYPE. Como han señalado los expertos laboralistas, es necesario revisar y modificar este régimen para que se aplique solo a empresas con menos de 20 trabajadores, estableciendo mayores beneficios laborales que los vigentes.

La cara oculta de la agenda ministerial

La carta presentada por los expertos laborales también propone medidas para fomentar la sindicalización y la negociación colectiva, la modernización del sistema de Registro Sindical, especialmente en las regiones, y otras medidas para equilibrar las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores; temas o aspectos que no son considerados por el Ministro Grados en sus intervenciones en medios.

Sobre el fortalecimiento del sistema de fiscalización laboral, es destacable el interés del Ministro por mejorar la asignación de recursos para la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Específicamente, plantea pasar de un presupuesto anual de 90 millones de soles (actual), a uno de 180 millones en tres años. Obviamente, de encarar seriamente este reto y objetivo, tendrá que enfrentar la conocida y férrea resistencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a mejorar las partidas presupuestales a esta institución de vigilancia y fiscalización laboral.

¿Estará dispuesto a chocar con el ministro Alfredo Thorne por este tema que, según indica Grados, es requerido mejorar para “obtener mejores resultados y cumplir con los objetivos del año”?