“No es el Ministerio de Trabajo quien elabora las política laborales, sino el Ministerio de Economía y Finanzas, desde un punto de vista neoliberal e instrumentalista”.
Sociólogo y abogado por la Pontificia Universidad Católica, Doctor en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de España, Miguel Canessa Montejo es un reconocido especialista en derecho laboral y sociología del trabajo que reside actualmente en La Haya, Holanda. Aprovechando una visita a Lima, TrabajoDigno.pe conversó con Miguel sobre una investigación que viene realizando sobre los cambios registrados en el ámbito de las negociaciones colectivas recientemente en nuestro país.
¿Qué tendencias encuentras en el análisis que vienes haciendo sobre las relaciones laborales en el Perú?
Si queremos hacer un análisis histórico, nos encontramos en un quinto periodo de las relaciones laborales, que yo llamaría la “individualización de las relaciones laborales”. Es lo que lo distingue al periodo anterior, fujimorista. Ya no se toca el régimen general, sino que se cuenta con un archipiélago de regímenes laborales especiales (agrario, de las MYPES, exportación no tradicional) en lo que la legislación adopta un carácter peyorativo, porque hay una disminución de derechos laborales. Estamos en una situación en la cual ya no se desregula el régimen general, pero se crean estos regímenes como una isla. Y estadísticamente hablando, la mayoría de los trabajadores peruanos están en los regímenes especiales respecto del régimen general. Es un tipo de modelo que busca individualizar las relaciones laborales para que el colectivo desaparezca o se diluya. Lo que queda es una relación directa entre empleador y trabajador, y ya sabemos qué significa eso en el contexto social.
¿Cómo es que este quinto modelo de relaciones laborales afecta la sindicalización y negociación colectiva?
La individualización de las relaciones laborales es una grave amenaza para el ejercicio de la libertad sindical. Para los trabajadores que tienen contratos temporales, es como una espada de Damocles: si desean constituir un sindicato o afilarse a uno que ya existe, simplemente no se les renueva el contrato y se busca una excusa para despedirlo. Eso afecta directamente el ejercicio de la libertad sindical y con ello, la parte principal de la libertad sindical dinámica, como es la negociación colectiva. Nos encontramos en un periodo de tiempo en que crecen los niveles de negociación colectiva, pero jamás en los niveles que se tenía antes de los años 1990. Estamos hablando de un tipo de sindicalismo medianamente asentado. Cada vez es más difícil que se constituyan nuevas organizaciones sindicales y que pueda crecer la negociación colectiva.
Se suponía que con la transición democrática iba a cambiar esta situación…
Hagamos un poco de historia. Todo lo que significó la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo iba directamente a impedir la negociación colectiva por rama de actividad; la desaparición de las grandes negociaciones que cubrían a toda una rama de actividad y a miles de trabajadores. El diseño [de la legislación laboral de los 1990] fue para que la negociación desapareciere; privilegió la negociación colectiva por empresa y entorpeció el inicio de una negociación colectiva nueva.
Entonces, cuando hablamos del proceso de transición que se produce desde el año 2000 con Paniagua hacia adelante, uno de los compromisos que tuvo Toledo con las centrales sindicales, fue modificar los aspectos más nocivos de la normativa laboral fujimorista. Es en ese escenario cuando el movimiento sindical parcialmente se recupera y comienzan a aparecer nuevos sindicatos y nuevas empresas que se habían constituido en los noventas; que no tienen una tradición clasista previa. Y son mayormente producidos –eso es un elemento que aparece en la investigación– en situaciones en las cuales los trabajadores se sienten amenazados o no se les respeta sus derechos laborales. Probablemente ese tipo de trabajadores en una empresa donde se respetan los derechos laborales, no se sindicalice o forme una organización sindical. Pero luego, conforme pasan los años –en el periodo de García y Humala– se estabiliza este crecimiento y no es significativo. Las últimas cifras hablan de un decaimiento en la presentación de pliegos de reclamos.
¿En qué sectores está concentrada la negociación colectiva y en cuáles esta ha decaído?
De acuerdo a las estadísticas, la más importante negociación colectiva se produce en la manufactura en Lima metropolitana y el Callao. Pero ese fenómeno no lo encuentras en el resto del país, donde la mayoría se ubica en construcción, en servicios y el sector minero. En la capital se mantiene en la manufactura (pero hay una caída respecto de años anteriores, aunque sigue siendo la más importante), pero el que comienza a crecer es el sector servicios (aunque menos de lo que se esperaría). Entonces, si uno compara la distribución del empleo por actividad económica con la distribución de las negociaciones colectivas, estas no coindicen. Los sectores recientemente constituidos no están sindicalizados, no negocian colectivamente y cada vez tienen un mayor peso en el empleo.
“Tenemos un arbitraje que funciona para el gran sindicato o para la gran empresa, pero no para la mayoría de organizaciones sindicales de este país”
¿Qué cambios se han dado en los acuerdos en las negociaciones colectivas?
Pasan cosas interesantes, “desafortunadamente”. Una de ellas es que sigue siendo muy alta la cifra de pliegos de reclamos que no llegan a ningún tipo de acuerdo. En apariencia el arbitraje potestativo hubiera significado un mecanismo de solución de estos conflictos, pero no lo está logrando. Me atrevería a decir que se debe a dos grandes razones: en primer lugar, hablamos de sindicatos muy pequeños, probablemente sin asesoría legal y sin conocimiento de la oportunidad de presentar un arbitraje, que negocian con empresas de esa misma coyuntura. Un segundo elemento, el costo alto de transacción del arbitraje, de tal forma que no pueden afrontarlo determinado grupo de trabajadores. Lo que tenemos es un arbitraje que funciona para el gran sindicato o para la gran empresa, pero que resulta inoperante para la mayoría de organizaciones sindicales de este país, que son sindicatos de 20 o 25 trabajadores. Otro resultado que encontramos cuando comparamos los convenios colectivos es que hay un número significativo de convenios colectivos que no tienen un incremento salarial, que es justamente –desde el punto de vista de los trabajadores– la cláusula más importante. Entonces, resulta que no tienen incrementos generales, y en algunos casos lo que uno encuentra es que el cierre de pliego –esta suma de dinero que se otorga a los trabajadores por haberse celebrado el convenio colectivo–, viene sustituyendo a los aumentos generales. Dos fenómenos que están muy presentes en la actualidad.
Señalas que el arbitraje potestativo ha tenido un impacto diferenciado de acuerdo a los sectores. ¿Qué cambios introducirías en el arbitraje potestativo para que cumpla con su rol persuasivo y la negociación colectiva se resuelva de manera bilateral?
Haría una propuesta: en el elemento de los costos transaccionales, lo que plantearía es la constitución de tribunales arbitrales permanentes. Es decir, que las centrales sindicales, la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), nombrasen dos o tres árbitros y que estos sean presididos por jueces laborales. De manera tal que una organización sindical o empresa tendrían dos alternativas: recurrir a este tribunal judicial permanente, sufragado por el Estado peruano; o mantener un arbitraje ad hoc, es decir, nombro a mis propios árbitros y sufrago los costos. Con lo cual el grupo que no puede acceder al arbitraje por los costos o desconocimiento, tienen la oportunidad alcanzar un acuerdo por medio del arbitraje. Yo creo que estos tribunales de arbitraje permanente podrían ser un mecanismo de solución. Hay que verlo porque también en otros países se encuentran implementados, con sus singularidades, en países europeos o de la región. Una forma de fomentar la negociación colectiva sería constituir esos tribunales nombrados por las partes; y no necesariamente por el Estado a dedo. Las organizaciones sindicales y empresariales designan a sus árbitros y jueces laborales presidirían estos tribunales de manera permanente. Es un mecanismo de solución.
“Tenemos un movimiento sindical de jóvenes trabajadores despolitizado, carente de la tradición sindical, pero que sí reivindica la idea de defensa de derechos”.
El problema de la sindicalización y de la cobertura de la negociación colectiva, ¿se debe estrictamente al tema de la regulación laboral o hay otros elementos en juego?
En el plano normativo todavía hay serias deficiencias y llamadas desde atención desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Estado peruano, y a nuestra legislación, por sus incompatibilidades con el Convenio N° 87 y N° 98. En el ejercicio del derecho de huelga está clarísimo. Pero también el perfil actual del trabajador peruano se ha modificado respecto de la visión que solíamos tener: sindicalista, clasista. Yo diría que esta se mantiene con mucha fuerza en sindicatos muy antiguos –un ejemplo paradigmático es el sindicato de Backus & Jhonston, todavía importante en el escenario nacional–. Pero tienes a la vez un sindicalismo más alejado de esa tradición histórica del movimiento sindical, muchas veces despolitizado; gente joven con mejores elementos de análisis sobre la realidad y educada, pero que rechazan la política. Entonces, identifican a ese tipo de sindicato con la política, y el desprestigio de los partidos políticos lo vinculan con ese tipo de sindicatos. Tienes un movimiento de jóvenes trabajadores que se sindicalizan en razón de que sienten explotados, que se vulneran sus derechos (el pago de las horas extras impagas es clarísimo o cuando los obligan a tomar determinadas acciones para incrementar las ganancias de las empresas, como en el caso de Ripley). Tenemos un movimiento sindical despolitizado, carente de la tradición sindical, pero que sí reivindica la idea de defensa de derechos. Carmen Rosa Balbi decía que la defensa de los derechos se mantiene como un elemento aglutinador. Y se mantiene –y este es un dato que hay que resaltar–, por el tipo de relaciones que muchas veces plantean las empresas en este país.
Conocidos los resultados electorales, cuáles podrían ser los puntos principales de una agenda laboral para el próximo gobierno.
Yo sería muy crítico. Desde hace muchos años y varios gobiernos, no es el Ministerio de Trabajo (MTPE) quien elabora las política laborales. En realidad, quien elabora las políticas laborales es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde un punto de vista neoliberal e instrumentalista. Sabiendo quién es el nuevo presidente, tengo mis dudas de que con el nuevo gobierno recupere o se empodere el MTPE y sea un interlocutor dentro del gobierno para plantear, diseñar, planificar y ejecutar una política laboral. Soy muy pesimista para seguir creyendo que va a dejar de ser un anexo del MEF. Suena irónico, pero en la década de los noventa se discutía en el Perú si debíamos tener un Ministerio de Trabajo, y en un momento se pensó que podía desaparecer (lo cual sucedió en Colombia, pero las circunstancias obligaron a que reapareciera). Hablar de que es posible sustituir el MTPE por un ministerio de Empleo o algo parecido, retrata la subordinación absoluta del sector al MEF. No hay un esfuerzo desde el Estado para fortalecer a los funcionarios públicos de la SUNAFIL, por ejemplo, que cumplen un rol fundamental.
Más desde una perspectiva internacional, con los tratados de libre comercio que tenemos; precisamente una de las demandas que más nos exigen desde los Estados Unidos y la Unión Europea, es un correcto y adecuado funcionamiento de las inspecciones, porque se dan cuenta de que no están cumpliendo su labor. Y no es porque los inspectores no quieren cumplirlo, sino porque hay una serie de trabas, modificaciones normativas, falta de recursos y de capacitación, que impiden cumplir ese rol básico hasta en un Estado liberal, como es el control por parte del Estado de las relaciones laborales.
Entonces, ¿no ves muy viable que se atiendan las recomendaciones del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos con relación al incumplimiento del Capítulo laboral del TLC, que ha dado un plazo hasta diciembre para hacer una serie de modificaciones normativas al régimen de promoción de las exportaciones no tradicionales y al sistema de inspecciones?
Probablemente, no. Y solo cuando haya una amenaza real y concreta –especialmente en el sector exportador–, como ver peligrar, ya no una sanción, sino la constitución de un tribunal arbitral en el marco del TLC, es que provocaría un tipo de modificación. Solo cuando hay un peligro de que se puedan afectar las utilidades o los ingresos, es lo que provocaría como reacción –en el sector empresarial y el Estado– la búsqueda de soluciones del problema. El caso de Guatemala es paradigmático. Nos encontramos ante un Estado que ha suscrito varios acuerdos, compromisos, pero que sistemáticamente los ha incumplido. Y solo cuando ha llegado al punto en que se va a emitir un laudo arbitral que lo condenaría por graves violaciones a la libertad sindical, es que Guatemala de alguna manera está reaccionando. El sector empresarial exportador se da cuenta del peligro que esto significa. Al punto que ha llamado la atención de los empresarios de la región, que están muy pendientes y que tratarían de evitar que Guatemala sea sancionado, porque lamentablemente violaciones como las que viven en Guatemala se producen en otros países de la región. No es la situación peruana, felizmente, pero se vivió esa situación en los años ochenta y noventa, con asesinatos sindicales, etc. Soy pesimista en pensar que habrá una iniciativa propia del gobierno; ojalá esté equivocado y efectivamente se plantee una política laboral que se apruebe desde el Consejo Nacional del Trabajo –donde están representados los trabajadores, empresarios y el propio gobierno–. No desde la unilateralidad del MEF, sino una propuesta y una discusión donde los actores sociales muestren sus intereses, y en función a eso se llegue a un acuerdo. Eso sí: con un rol que pueda ser definitivo por parte del Estado. Es decir, el Estado no puede paralizarse ante la posición de una u otra parte. Tiene que ser un elemento que fomente ese tipo de acuerdos.
