Los últimos años venimos asistiendo a una fuerte campaña emprendida desde diversos medios, contra dos sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen el derecho a la reposición laboral en los casos de despido nulo o arbitrario. A partir del juicio seguido por 500 trabajadores de Telefónica del Perú, despedidos injustamente el año 2001, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho a la reposición en el puesto de trabajo luego de que un juez determinara judicialmente que el cese laboral no respondía a causas relacionadas con la conducta o desempeño del trabajador.

Para algunos sectores, esta sentencia sería la causante de que, desde el 2001, los contratos formales en el sector privado sean mayoritariamente temporales (inestables) y no permanentes. ¿La razón? El alto costo que supone el despido, y en particular, la sola posibilidad de que no se lleve a cabo. Quienes alegan esta relación causal, se amparan en un documento elaborado por Miguel Jaramillo, Julio Almonacid y Luciana de la Flor –Los efectos desprotectores de la protección del empleo: el impacto de la reforma del contrato laboral del 2001 (GRADE, 2019)–, donde plantean que el fallo del TC desincentiva la contratación permanente y alienta la contratación temporal. Con ello se negaría a miles de trabajadores la posibilidad de acceder a mejores condiciones laborales y remunerativas.

Sin embargo, los economistas Silvio Rendón y Bruno Jiménez, en un documento titulado ¿Desprotege la protección en el empleo? Efectos de la reposición en el empleo y los salarios en el Perú (2019), replicaron el ejercicio econométrico realizado por Jaramillo y coautores, encontrando una serie de sesgos metodológicos en la investigación e inconsistencias en la argumentación de los autores. En esta entrevista con TrabajoDigno.pe nos explican por qué no puede atribuirse a este fallo constitucional la preferencia de los empleadores por la contratación temporal de su personal y la necesidad de abordajes científicos más sólidos y fundamentados.