¿Cómo acotar los niveles de empleo informal y precario en nuestro país? Hoy, las dos agrupaciones que disputan la segunda vuelta –Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio– le otorgan un lugar central en sus propuestas programáticas. Lo cual expresa, es bueno reconocerlo, un importante consenso sobre lo que debe ser un objetivo prioritario de cara al Bicentenario.
Sin embargo, hay razones para preocuparse. La situación no ha cambiado mucho respecto de lo discutido en la anterior campaña electoral. En aquella oportunidad la informalidad ocupó un lugar significativo en los ofrecimientos de los candidatos que hoy, cinco años después, disputan la presidencia. Los mismos partidos que tuvieron una participación importante en el Congreso de la República, incluso presidiendo la Comisión de Trabajo. Pese a ello, de acuerdo a estadísticas del propio Ministerio de Trabajo, la tasa de empleo informal -concepto más amplio que la informalidad laboral- apenas descendió 1.8 puntos porcentuales en el actual periodo (de 75% el 2011, a 73.2% el 2015).
De lo discutido y expuesto estos últimos días de campaña, creemos importante destacar el reconocimiento que se le asigna al déficit de productividad como en el principal factor que impide a las micro, pequeñas y medianas empresas superar la informalidad empresarial y laboral.
Este diagnóstico es compartido por los voceros de Fuerza Popular y Peruanos Por el Kambio. La flexibilización laboral ya no aparece como la solución sine qua non a la informalidad laboral. Al tratarse de tesis rechazadas y cuestionadas por importantes sectores ciudadanos, especialmente luego de la crisis generada por la ley Pulpín, los candidatos se han cuidado mucho de no incluirlas en sus discursos.
Así, la informalidad ha pasado a relacionarse directamente con las capacidades de las empresas para asumir el costo de la formalidad legal y los incentivos necesarios para hacerlo. Las diferencias se expresarían en las soluciones que desde el Estado se pueden dar a este problema social y económico.
Para el representante de PPK, la falta de formalización se debería “a los altos costos de entrada, a los pocos beneficios públicos y a los sesgos de la política económica, y aquí el Estado cumple una gran rol. La complejidad tributaria, las altas tasas impositivas y la mala calidad de los servicios públicos resultan un gran impedimento para la formalización”. En ese sentido, la solución que plantea este partido se centraría en lo tributario, donde propondrían –básicamente– la reducción de la tasa del IGV (en un punto porcentual por año hasta llevarla al 15% en el 2019) y una amnistía tributaria en la que las empresas que facturen hasta 2.300 UIT paguen 10% de impuesto a las utilidades los primeros diez años.
Por su parte, el vocero económico de Fuerza Popular, plantea que “acompañar a las Mypes formales en su salto de productividad y mejorar la actual normativa vigente para ellas es una tarea crucial del próximo gobierno”. Para ello proponen crear una Agencia de desarrollo productivo que centralice programas y políticas sociales orientadas al desarrollo de capacidades de las mypes. “Esta agencia daría apoyo técnico tanto a mypes formales como informales. Su tratamiento sería distinto, pero el objetivo el mismo: una mayor productividad”.
En TrabajoDigno.pe consideramos que las propuestas planteadas, si bien aciertan en el objetivo principal (enfocarse en la productividad de las empresas), yerran en los mecanismos y medidas que deben aplicarse para mejorar la sostenibilidad económica y social de las empresas. Incluso en algunos aspectos pueden resultar contraproducentes, como en el caso de la reducción del IGV en un país en el que la presión tributaria es aún baja, o en la propuesta de desligar a la Autoridad de Trabajo de su rol promotor del empleo adecuado.
Nos sentimos más cerca de propuestas como la planteada por el profesor Jurgen Schuldt, quien sugiere que en lugar de “crear apresuradamente un nuevo organismo y más burocracia”, lo que se requiere es fortalecer y promover la integración de las Mypes “a la auspiciosa red descentralizada de Centros de Innovación Tecnológica (CITE) del Ministerio de la Producción”. “Desde ahí a las mypes se les garantizaría precios adecuados en la compra de insumos (…), acceso al crédito, incentivos tributarios, capacitación y tecnología adecuadas, entre otras ventajas que poseen las CITE (cacao, vid, madera, confección y moda textil, software, entre otros). Avanzar por esta ruta sería un primer gran paso para lograr su desarrollo y formalización, marcando el inicio del fin del oscuro callejón de incertidumbre y explotación al que están expuestas actualmente”.
Obviamente, una estrategia como esta requiere financiamiento, trabajo interministerial coordinado y sobre todo voluntad política. Lo que no se ha dado hasta el momento. Por eso hacemos votos porque el próximo gobierno asuma con seriedad y sensatez este objetivo de reducir el empleo informal, dejando de lado las falsas soluciones y atacando sus causas estructurales.
