Una de las razones por las que no se avanza de manera más clara y rápida en la formalización de la fuerza laboral, radica en la debilidad del Estado para fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales. Sin considerar el amplio bolsón de micro y pequeñas empresas que no están en el radar de la Autoridad de Trabajo (y que evaden deliberadamente o tienen diversas dificultades para cumplir con la legalidad laboral), existe un 9% de trabajadores informales laborando en empresas grandes (con una planilla de más de 100 trabajadores), lo que representa un número importante de asalariados. Formalizar a este sector informal dentro de la formalidad empresarial contribuiría a reducir la informalidad laboral de manera significativa.

En el Perú las inspecciones de trabajo distan mucho de cumplir plenamente con las funciones que son su razón de ser. A pesar que en los últimos años se tomaron medidas orientadas a fortalecer este órgano operativo del Estado (en el 2006 se aprobó la Ley General de Inspección del Trabajo y en el 2012 se creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral), la realidad concreta es que el Estado no ha procurado los recursos institucionales y financieros necesarios para un eficiente y oportuno funcionamiento del sistema de inspecciones laborales. Por lo menos no en la provisión y atención que recibieron otras entidades reguladoras o supervisoras (como la SUNAT o OSINERGMIN, entre otras).

Esta situación, sin embargo, no es de ahora. Se viene dando en el contexto de los gobiernos neoliberales (de 1990 en adelante), como consecuencia de las presiones empresariales que quieren un Estado mínimo, que exista al margen de la regulación del trabajo y la fiscalización laboral. Explica a su vez que el Perú sea uno de los países donde más se vulnera la libertad sindical y los derechos colectivos.

Resulta necesaria, en este punto, una precisión. La falta de voluntad política y la desidia en el manejo del sistema inspectivo, es responsabilidad de las cabezas institucionales a lo largo de este periodo, tanto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) como del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que han negado sistemáticamente un mayor financiamiento para fortalecer a los órganos competentes. Ni qué decir de la situación de las instancias inspectivas en los Gobiernos Regionales, literalmente abandonadas a su suerte.

La situación crítica de la SUNAFIL se refleja paradójicamente en la relación que mantiene con sus trabajadores. Estos vienen denunciando hace años una serie de incumplimientos de demandas judiciales y laudos arbitrales ganados por sus instancias sindicales, y que son postergadas y desatendidas gélidamente por el MTPE.

Por ese motivo, el Sindicato Unitario y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la SUNAFIL han convocado a una huelga nacional este jueves 22 de junio, haciéndola coincidir con la visita de la delegación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica, que llega a nuestro país para verificar la implementación de las recomendaciones realizadas en el marco del capítulo laboral del TLC Perú–EEUU.

La plataforma de los Sindicatos aborda diversos temas, los cuales giran –según su comunicado– alrededor del cumplimiento de los derechos laborales a nivel nacional. Para lograr este objetivo es necesario que se constituyan las Intendencias Regionales faltantes (actualmente existen 14 para 25 regiones) y la contratación de un mayor número de inspectores de trabajo (SUNAFIL dispone solo de 98 con capacidad para fiscalizar todo tipo de empresa).

Los sindicatos reclaman también que se cumplan con sus propios derechos laborales como trabajadores públicos. Este tema es clave no solo para mejorar las condiciones de vida y salariales de este sector de funcionarios especializados, sino para dotar de autoridad a la SUNAFIL para cumplir con su rol tutelar y garante de los derechos laborales en nuestro país.

Como hemos venido señalando en TrabajoDigno.pe, la principal responsabilidad sobre la pobre performance de las inspecciones de trabajo recae en el MEF, quien regatea los recursos necesarios para completar la reforma de las inspecciones laborales iniciada (y abandonada) por el anterior gobierno humalista.

En menor medida tienen responsabilidad también los diversos intendentes que han ocupado la dirección de la SUNAFIL (cinco desde su implementación en el 2014). Básicamente por la intervención discreta que han tenido en la supervisión y corrección de situaciones de afectación a los derechos laborales. Sería oportuno y necesario que, transcurrido más de medio año de iniciado su periodo, la nueva gestión de la SUNAFIL, le informe al país y a los trabajadores cuáles son los objetivos y acciones planificadas e implementadas hasta el momento.

Al decir del SUIT-SUNAFIL, el actual Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados Carraro, en febrero de este año solicitó a la Comisión de Economía del Congreso una ampliación de la partida de SUNAFIL de S/. 40 millones adicionales, para potenciar las inspecciones. “Es altamente probable que el MEF deniegue esta solicitud. Todos los años es la misma historia”, refiere con escepticismo un dirigente sindical de la SUNAFIL.

En TrabajoDigno.pe creemos que este monto es razonable y viable de cumplir, considerando sobre todo el beneficio que significaría que un sector importante de peruanos puedan laborar con pleno cumplimiento de sus derechos laborales. Incluso podría salir del mismo fondo que proveería los S/ 70 millones ofrecidos por el Ministro Grados para subsidiar el aporte a EsSalud de las empresas que contraten jóvenes, en el marco del proyecto de Ley de Empleo Juvenil presentado por el Ejecutivo. ¿Por qué se destinan recursos para beneficiar a algunos y no para todos?