A dos semanas de iniciarse el próximo gobierno, las discusiones sobre las posibles primeras medidas y la orientación política de la nueva administración, han estado a la orden del día. Como es comprensible, la política laboral no ha sido la excepción. Desde las previsibles especulaciones sobre probables ministros o ministras de Trabajo, los anuncios y alcances hechos por voceros de PPK, pasando por la conformación de la Comisión de Transferencia, existen expectativas –y no pocas preocupaciones– en torno a la que puede ser la política laboral del próximo gobierno.

Lo que sí queda claro, pues ha sido un lugar común en los últimos gobiernos, viene siendo la actuación del Ministro de Economía como Ministro de Trabajo. Al respecto las declaraciones del Alfredo Thorne (sobre el seguro de desempleo y el futuro de la CTS, el salario mínimo y la informalidad laboral) estarían confirmando que dicha tendencia se mantendría.

De la cabeza a los pies

Aunque no se sabe aún quién dirigirá la cartera, en lo inmediato, la conformación de la Comisión de Transferencia del MTPE ha generado cuestionamientos desde diversos frentes.

Para la CGTP, la designación de Manuela García Chrocrane –ex ministra de Trabajo del gobierno aprista (2008-2010) y actual Directora de Conflictos laborales–, sería nefasto, considerando que fue esta funcionaria la que permitió el registro legal de organizaciones mafiosas –en calidad de seudos sindicatos de construcción civil–, los mismos que están involucrados con la ola de violencia y extorsión en el sector. También se ha cuestionado el nombramiento de Jorge Toyama, un abogado laboralista “al que los sindicatos conocen bien de las negociaciones colectivas, pues siempre se ubica al otro lado de la mesa”, miembro del Comité de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham) y socio del Estudio Miranda y Amado.

Los otros miembros de la Comisión de Transferencia son: Alfonso Grados Carraro, actual “hombre fuerte de la Backus&Johnson”, quien la preside; el economista de GRADE, Miguel Jaramillo, para quien “el tema central [de la política laboral] es la libertad para contratar y descontratar”, y que piensa que “la RMV solo genera desempleo y transición hacia la informalidad”. Finalmente está Gustavo Yamada, actual director en funciones del Banco Central de Reserva (BCR) que preside Velarde, cercano a las posiciones de sus colegas de comisión.

Se trata –como señala un comunicado de la Comisión Laboral del Frente Amplio–, de una Comisión con claras “posturas a favor de la flexibilización y desregulación laboral que han beneficiado exclusivamente a los empresarios, transnacionales y altos funcionarios, quienes (…) se han caracterizado por no respetar los derechos laborales en todos los sectores”.

Aunque no existe una regla que establezca que los altos mandos de un ministerio deban pasar por la Comisión de Transferencia, las últimas experiencias nos muestran que siempre es una posibilidad (en el 2001 Fernando Villarán fue el primer ministro de Trabajo del toledismo, habiendo presidido la Transferencia en el sector; mientras que en el 2011 Pablo Checa, también miembro de la comisión de transferencia, fue nombrado Viceministro de Trabajo).

Por lo pronto, bien harían sus miembros en presentar públicamente el informe final de la transferencia, mandato para el que fueron nombrados. La Comisión que participó en la transferencia del actual gobierno difundió una versión resumida de las conclusiones, lo que permitió conocer los principales retos que debía enfrentar la administración que ahora concluye (puede verse en Trabajo&Desarrollo N° 11, 2011).  

Presionando desde el área chica

Pero no solo los sindicatos desconfían de lo que puede hacer en materia laboral el próximo gobierno, comenzando por honrar los compromisos asumidos durante la campaña (ver nota sobre la X Asamblea de Delegados de la CGTP).

También medios de comunicación ligados a posiciones neoliberales y proempresariales buscan influenciar en las decisiones del nuevo gobierno. Esto es evidente en la postura asumida por El Comercio en un editorial reciente. En este no solo cuestiona que el presidente electo, el economista Pedro Pablo Kuczynski, se haya afirmado a favor de mantener su compromiso de no afectar la “estabilidad laboral”, sino que llega a preguntarse –en alusión directa a la derogada Ley Pulpin– si acaso el inicio del nuevo gobierno no “es la circunstancia ideal para impulsar iniciativas que, aunque impopulares, son imprescindibles para retomar el crecimiento económico y para procurarle un mayor bienestar a una enorme cantidad de trabajadores en el país?”. Ya sabemos en qué sentido debieran ir, para el decano, estas reformas.

Información más preocupante la encontramos en el habitualmente informado diario Gestión. Esta semana (12/07/16) publicó una nota en la que se anuncia cambios en la legislación laboral que regulan las services, el despido arbitrario y arbitraje potestativo –coincidentemente, los temas que son objeto de cuestionamiento por algunos de los encargados de la transferencia en el MTPE–.

Dice Gestión: “Las empresas de vigilancia y limpieza podrán tener una reducción de costos en su operación durante el próximo quinquenio, si es que se cristaliza que ya no se exija el capital mínimo de constitución y la fianza de garantía”. De ser así, ¡vaya “incentivo” para services como Sergero SAC, conocida no solo por ser propiedad del hoy preso e investigado por narcotráfico y lavado de dinero, Gerald Oropeza, sino también por haber realizado variados y millonarios contratos –durante los gobiernos aprista y nacionalista– con diversas instituciones del Estado. Esto a pesar de su poco apego a los derechos laborales, hecho que pasó “desapercibido” hasta en el propio MTPE.

Otros anuncios “adelantados” por Gestión como próximas medidas del gobierno entrante serían el incremento “cada dos años” del salario mínimo, y también la reactivación del Consejo Nacional de Trabajo, actualmente paralizado.

Una agenda mínima concertada

Dados los retos del próximo gobierno, principalmente en el ámbito de la gobernabilidad política y social, en TrabajoDigno.pe creemos que las fuerzas políticas y sociales deben acordar consensos básicos que permitan recuperar el crecimiento económico, pero de manera sostenible, apuntando a reducir las desigualdades, y respetando y promoviendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Cualquier esfuerzo que se emprenda –desde el Ejecutivo y Legislativo; en el mercado o desde la sociedad civil– deberá apuntar a promover el empleo decente a nivel nacional, reduciendo las persistentes brechas que existen entre trabajadores de distinto género, condición contractual, ubicación geográfica y ocupación laboral.

Saludamos, en ese sentido, que el anunciado primer ministro Fernando Zavala, haya adelantado como una de las tres prioridades de su agenda, la generación de empleo. Y que lo impulsará invirtiendo –como informa Gestión– en el encadenamiento productivo de micro, pequeñas y grandes empresas (a través de la provisión de bienes y servicios), generando las condiciones para la formalización a través de la facilitación de medidas tributarias, laborales, entre otras.

En TrabajoDigno.pe esperamos con expectativa los anuncios que hagan en los próximos días, tanto el premier como el estrenado Presidente de la República, en materia económica y laboral. Creemos, también, que más allá de las presiones y especulaciones de estos días, la gestión entrante debe encarar el problema de la informalidad y precariedad laboral –condición mayorita en el país– de manera integral, atacando sus causas y no sus efectos epidérmicos.

Para ello es fundamental que se tomen en cuenta los aprendizajes alcanzados en los últimos años. Principalmente, aquel que evidencia que la solución al problema de la informalidad laboral no pasa por flexibilizar y desregular el derecho del Trabajo ni abaratar los “costos” laborales, sino por atacar los factores estructurales relacionados con el subempleo y desempleo. A saber: el fortalecimiento de las capacidades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que mayor empleo generan; la inadecuación ocupacional entre la oferta y demanda laboral, la debilidad institucional y presupuestal de la Autoridad de Trabajo, que le impide cumplir con sus funciones; así como la ausencia de un verdadero diálogo social entre los actores involucrados en la problemática laboral. Hacemos votos porque así sea.