(Foto: La República)                                                                                  (Foto: Confiep)

La crisis generada por el coronavirus ha permitido conocer el nivel de compromiso y solidaridad de los peruanos con las poblaciones más pobres y vulnerables. En estos días de reclusión obligatoria hemos visto cómo la ciudadanía ha respondido, en no pocos casos, con importantes apoyos económicos y víveres para familias sin ingresos y con dificultades para alimentarse.

Lamentablemente, no todo el empresariado se ha comportado de similar forma. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) presionó al Gobierno de Martín Vizcarra para que aprobara una propuesta antipopular que ha sido rechazada por los trabajadores y la ciudadanía: la habilitación de la suspensión perfecta de labores sin goce de haber. Esto es, la cancelación del vínculo laboral mientras dura la emergencia sanitaria, pero sin el pago de remuneraciones o salarios. En el tintero quedó la liberación de los ceses colectivos, propuesta que no prosperó, por ahora…

Como hemos opinado en este blog, consideramos la suspensión perfecta de labores como una medida desafortunada y poco solidaria con la situación de millones de familias peruanas que viven de su trabajo. Primero, porque sin ingresos a la vista, o con un deterioro de los mismos, el riesgo de que caigan en la pobreza y se incremente la desnutrición, es bastante alto. Y, en segundo lugar, porque el decreto aprobado no discrimina entre grandes, medianas, pequeñas o micro empresas; una diversidad que requiere de medidas específicas para cada segmento empresarial, pues se trata de realidades distintas, con necesidades acordes a sus características. La CONFIEP representa al gran empresariado, precisamente el que tiene mayor espalda financiera para aguantar la crisis y no perjudicar a sus trabajadores.

MALA REPUTACIÓN

En el cuadro que publicamos en este post, se lista un conjunto de empresas que, desde el inicio de la cuarentena, decidieron dar la espalda a sus trabajadores.

Todas las empresas acá listadas optaron por salidas que priorizaban las finanzas por sobre el bienestar de su personal. Tomaron decisiones sin considerar las medidas de “salvataje” dispuestas por el Ejecutivo desde los primeros días de paralización; a saber: (a) la colocación de S/ 30,000 millones en el sistema financiero con garantía de crédito para préstamos dirigidos a las empresas que lo requieran; (b) el pago de un subsidio al 35% del costo de la planilla laboral para empresas con trabajadores que reciben hasta S/ 1,500 de remuneración mensual; o (c) la libre disponibilidad de S/ 2,000 de los fondos individuales de las AFPs para los trabajadores que no hayan aportado en los últimos seis meses.

Si bien en esta lista aparecen pequeñas empresas, afectadas notablemente por la paralización, en otros casos estamos ante corporaciones de gran envergadura, cuyos reportes de sostenibilidad e informes anuales dan cuenta de importantes desempeños y millonarias utilidades. Es el caso de la cadena de estacionamientos Los Portales, o de Graña y Montero, un grande de la construcción y el sector inmobiliario.

Otras denuncias dan cuenta de cancelaciones o la no renovación de contratos temporales. Es el caso de la famosa academia preuniversitaria Trilce, con varias decenas de locales y varios miles de alumnos a nivel nacional. Estas empresas sacan provecho de una modalidad que posibilita la legislación laboral, como son los periodos de prueba (según la norma, son de 3 meses), para despedir a su personal. En algunos de los casos reportados, los despidos han operado cuando había transcurrido apenas un mes, a lo más dos, de firmado el contrato. ¡Vaya casualidad!

Se trata de una lista abierta. Probablemente haya más casos similares. Es la información a la que TrabajoDigno.pe accedió y que ha estado circulando en redes sociales desde el 16 de marzo último. Como fuente se han utilizado comunicados o cartas enviadas a los trabajadores (mal llamados “colaboradores” en el lenguaje empresarial), así como notas periodísticas. En ese sentido, debe considerarse una lista no exhaustiva pero representativa de un universo mayor de casos que han transcendido en medios sindicales.

Dentro de este grupo, por lo menos siete empresas han anunciado a sus trabajadores el inicio de las suspensiones perfectas de labores. Lo que significaría el cese del vínculo laboral, sin remuneración ni estipendio algunos, por el lapso de 90 días. El agravante está en que todas lo hicieron antes de que el Gobierno aprobara el decreto de urgencia que la habilita, lo cual constituye una infracción laboral.

Ciertamente, en algunos casos estamos ante pequeñas o medianas empresas, realmente impedidas de mantener la cadena de pagos, y que encuentran múltiples dificultades para atender su planilla laboral. Paradójicamente, el segmento de empresas que alberga a la mayoría de la PEA ocupada asalariada, junto con las microempresas.

Para este segmento de negocios deben destinarse principalmente los apoyos disponibles por el Ejecutivo, como el subsidio a la planilla laboral (ampliándola al 50% de su costo total); el acceso al crédito con baja tasa de interés, dispuesto por el BCR/MEF, a través de la banca privada, facilitando su rápida disponibilidad y priorizando a la micro, pequeña y mediana empresa; entre otras medidas que contribuyan a dinamizar la economía al menor costo social. Es la única salida viable y sostenible en el tiempo.

Pd. Si conocen de más casos, puede informarnos al blogtrabajodigno.pe@gmail.com, para ir actualizando el listado de empresas que apelan a salidas que perjudican a sus trabajadores y trabajadoras.