El acceso oportuno a una seguridad social de calidad es, sin duda, un tema clave que merecería una mayor atención por parte de los candidatos presidenciales y de los medios de comunicación. Más allá de algunas intervenciones populistas soltadas al vuelo (como las del candidato aprista y su crítica a las AFP), hacen falta propuestas claras sobre cómo piensan enfrentar una problemática que hoy mismo resulta acuciante para muchos peruanos.
Razones hay de sobra. En primer lugar, tenemos que un amplio sector de peruanos no cuenta con una pensión que le permita vivir dignamente. Si bien se han dado avances en la última década (la PEA ocupada con protección social en pensiones creció de 17% en el 2004 a 35% el 2014), lo cierto es que un inaceptable porcentaje de peruanos que trabajan (65%) se encuentra al margen de la seguridad social en pensiones. Además, es importante anotar que en gran medida el incremento de la cobertura se debe al programa social Pensión 65 más que a una mejora efectiva de los sistemas contributivos (ONP y AFP). Programa que solamente otorga S/. 125 por beneficiaro.
A esto hay que sumarle las deficiencias en los sistemas existentes. En el caso de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), de carácter privado, éstas presentan una serie de problemas relacionados con la baja cobertura, con aportes onerosos para el afiliado (13% de la remuneración aproximadamente), pensiones reducidas (alrededor de 40% de la remuneración), la inexistencia de una pensión mínima que cubra todo el período de vejez, una supervisión limitada de los afiliados, escasa competencia en el mercado, un sistema de comisiones que no incentiva un manejo óptimo del fondo, entre otras perlas que explican por qué este sistema merece tantas críticas entre los usuarios.
Estas limitaciones explican en parte por qué el 2013 se registró un mayor porcentaje de nuevos aportantes (52%) al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) respecto del sistema privado (48%). A pesar de las significativas (y conocidas) limitaciones que tiene el sistema público de pensiones y que lo asemejan al sistema privado: también una baja cobertura, aportes individuales onerosos para el afiliado (13% de la remuneración), limitaciones para el autofinanciamiento (depende del aporte estatal), pensiones reducidas, etc. Del análisis de quienes prefieren afiliarse al SNP, se observa que son principalmente personas de menores ingresos y mujeres, al parecer debido a que este sistema les permite mantener una pensión hasta el fallecimiento (y en consecuencia la cobertura a cargo de ESSALUD).
Como se ve, el panorama es preocupante, pero nos ofrece algunas oportunidades. Con una tasa de informalidad laboral de 55% de los asalariados en el sector privado y un porcentaje del 65% de la PEA ocupada al margen de la seguridad social previsional, pero en un contexto de bono demográfico en marcha (hasta el 2050 el porcentaje de población dependiente será menor al productivo, año en el que cambiará la tendencia), tenemos como país la obligación de implementar políticas públicas que nos permitan encarar ese escenario no tan lejano en los mejores términos.
En ese sentido, desde TrabajoDigno.pe consideramos importante conocer las propuestas que tienen los aspirantes al sillón presidencial, para encarar el problema de la protección social previsional en un eventual gobierno. ¿Qué tipo de reformas hacen falta implementar en el sistema privado y público de pensiones para garantizar ingresos adecuados en la vejez? ¿Qué relación debería existir entre el sistema público y privado? ¿Cómo deberían financiarse estos sistemas para que logren su objetivo solidario y redistributivo? ¿Qué mejoras institucionales y de gestión deberían implementarse?
Lima, 24 de febrero de 2016
