La Navidad es una fiesta que algunos esperamos con alegría. No se necesita ser practicante para encontrarle un sentido fraternal, incluso espiritual, dentro de tanta frivolidad y consumismo. Lamentablemente, para muchos, la posibilidad de tener una Navidad alegre y gratificante no pasará de ser un comprensible y justificado deseo. Es más, habrá quienes pasen unas fiestas preñados de incertidumbre y desazón. Es lo que deben estar sintiendo los trabajadores despedidos de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Trabajo y el Congreso. O los trabajadores de Papeleras Atlas. O los trabajadores de las petroleras de Talara y la Amazonía, cuya parálisis productiva (como consecuencia de la “caída” del precio del crudo) ha generado una “crisis de empleo”. Y así, podríamos seguir.

Pero la pegada trasciende el caso concreto, la afectación personal y específica. A otro nivel, en el ámbito de las políticas públicas, los trabajadores peruanos tienen razones justificadas para estar preocupados.

Por un lado, los anuncios hechos por el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, ante el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), relacionados con un listado de diecinueve políticas para “promover” la formalidad laboral,  apuntan –de manera general y casi en su totalidad– a flexibilizar aún más, si se puede, la regulación laboral y desregular algunos procedimientos administrativos relacionados con  el registro de los contratos laborales (eximiendo a los empleadores a sustentar ante la Autoridad de Trabajo el uso de modalidades formativas, contratos temporales y de extranjeros). También se ha hablado de relajar los requerimientos en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (limitando su alcance solo a las empresas que califiquen como de “alto riesgo”) y de reducir la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores (poniendo en entredicho el arbitraje potestativo). Y aunque algunas de estas medidas son tan solo anuncios (y otras ya han sido aprobadas), queda claro que lo dicho refleja una manera de pensar y encarar la problemática laboral en el país.

Pero hay más. La línea planteada por Grados Carraro ha sido confirmada por el Ministro de Economía, Alfredo Thorne. En declaraciones a la Hora N el día 21 de diciembre, Thorne afirmó que uno de los ejes para promover la formalización pasaba por reducir los “costos” relacionados a la protección social de los trabajadores (los otros dos son el régimen tributario especial para las Mypes y facilidades crediticias). Se rumorea un próximo paquete de medidas del Ejecutivo que incluirían iniciativas dirigidas a concretar algunos de los anuncios en medios de sus principales voceros. Es costumbre en nuestro país hacerlo en fiestas, para que pasen desapercibidas y con “anestesia”.

Lo laboral en el sector público

A todo esto, la política laboral no ha estado ajena a las tensiones entre el Ejecutivo y la mayoría fujimorista en el Congreso.

La observación que hace el Gobierno a la Ley que decretaba el pase del personal CAS de EsSalud al régimen laboral de la actividad privada, tiene mucho de sustento técnico pero también de reflejos políticos. Siendo iniciativa de congresistas fujimoristas (y del Frente Amplio), la aprobación del dictamen debía pasar por el filtro político, además.

En la observación que hace el Ejecutivo del dictamen, argumenta que el tránsito que corresponde a los CAS de EsSalud es al ámbito de la Ley de Servicio Civil, y no al régimen del D. Leg. 728 (régimen privado). Y que dicha incorporación al Servicio Civil debe ser progresiva y mediante procesos de meritocracia.

Por el lado de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, señalan que la Ley de Creación del Seguro Social establece que su personal debe regularse por el régimen de la actividad privada (artículo 16°). Y sustentan esta afirmación citando el artículo 103° de la Constitución, que establece que las leyes de carácter específico se aplican por sobre las leyes de carácter general.

De otro lado, la suspicacia sobre la sostenibilidad financiera de EsSalud es una preocupación válida. En tal sentido, bien haría el Ejecutivo por comenzar a saldar la deuda de millones de soles que tiene el Estado con la seguridad social. O bien modificar el régimen especial de promoción del Sector Agrario, que redujo a menos de la mitad el aporte empresarial a la seguridad social, haciendo que los trabajadores urbanos subsidien la atención de sus pares rurales, desnaturalizando y distorsionando la eficiencia global del sistema.

El problema en sí es otro. Los trabajadores CAS están bajo un régimen que no asegura derechos laborales completos y los expone al cadalso de la inestabilidad y precariedad laboral. Situación de debería solucionarse con la pronta implementación de la Ley del Servicio Civil.

Persisten incumplimientos del TLC laboral con los Estados Unidos

Una mención aparte merece el cumplimiento del plazo otorgado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos al Gobierno peruano, este 18 de diciembre, para atender unas observaciones hechas a la normativa que regula los contratos temporales en el sector de exportaciones no tradicionales, el fortalecimiento de la SUNAFIL y la ampliación de los juzgados especializados en lo laboral, luego de que sindicatos peruanos presentaran –en junio del 2015– una queja por incumplimiento del capítulo laboral del Acuerdo de Complementariedad Comercial entre ambos países.

Bueno pues, agotados los nueve meses de plazo que distan de la presentación del primer informe público (marzo 2016), el Departamento de Trabajo elaboró el documento Primera revisión periódica del informe público, circulado la semana pasada. En este documento se señala que los “compromisos por parte del gobierno, si se aplicaran plenamente, representarían avances en abordar las preocupaciones identificadas en marzo”, pero es concluyente al afirmar que persisten “una serie de áreas en las que el Perú no ha abordado recomendaciones claves”.

El gobierno ha mostrado como “avances” la creación de la intendencia de la SUNAFIL en Arequipa y el pedido de mayores recursos al MEF (como si este no fuera parte del gobierno) para formar seis nuevas intendencias y contratar inspectores. Nada más.

Sobre lo que no se ha informado es respecto de cambios en la normativa cuestionada; sin duda, la madre del cordero. En lo que respecta al Ejecutivo, es cuestionable que a pesar de existir un borrador de Decreto Supremo consensuado con los sindicatos textiles para modificar el régimen laboral del D. Leg. Nº 22342, este no se haya implementado, ahorrándole al Estado peruano nuevas observaciones sobre las áreas requeridas, vinculadas con el ejercicio de derechos fundamentales en el trabajo.

El Departamento de Trabajo de los EEUU ha planteado las siguientes observaciones que el gobierno peruano deberá atender en los próximos seis meses:

• La adopción y aplicación de un instrumento jurídico que limite el uso de contratos de corta duración, en consonancia con el límite que rige en otros sectores;
• Aumentar la capacidad de la SUNAFIL y del MTPE para convertir contratos temporales en permanentes, cuando se detecte fraude a la ley;
• Emitir protocolos de inspección para verificar contratos de corta duración; y
• Aumentar el número de juzgados especializados de Trabajo.

Estas son algunas pinceladas sobre la situación de la política laboral en este año que acaba. Y un anuncio de lo que puede venir el próximo. Todo lo cual nos exige estar alertas y dispuestos a denunciar los atropellos a la institucionalidad laboral y los derechos de los trabajadores.

TrabajoDigno.pe les desea unas felices fiestas y un buen 2017.