Este fin de semana un conjunto de organizaciones de sociedad civil y especialistas vinculados al mundo del trabajo, publicaron un comunicado en el diario La República alertando de las implicancias y riesgos que supone la prórroga de la Ley N° 27360, de Promoción Agraria. El pronunciamiento surge ante la posibilidad de que la bancada parlamentaria de Fuerza Popular (FP), apruebe en los próximos días o semanas un dictamen de ley que mantiene (prácticamente) intacto el régimen laboral agrario (RLA)  y lo extiende hasta el 2031, voluntad que se expresa también en la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo para que incorpore dentro su alcance a otros sectores productivos (como el forestal y la acuicultura). Todo esto sin mayor debate ni participación de los directamente afectados. ¿Qué piensan los trabajadores del campo sobre prorrogar un régimen que le recorta sus derechos laborales a la mitad? ¿Se les ha consultado?

El texto del comunicado enumera una serie de razones por las cuales no se justifica ampliar la vigencia de una norma que nació con carácter “temporal” y “promocional”, pero que algunos gremios empresariales (los principales interesados) aspiran a convertirlo en el régimen “general” que regule el empleo privado. Una primera razón radica en los cambios operados en el contexto en el que surgió la Ley. Tras 18 años de implementación, queda claro que el sector creció de manera exponencial: no solo en el número de empresas exportadoras (casi duplicando su número entre el 2005 y la fecha), sino sobre todo en los volúmenes de exportación: mientras el año 2000 se registró US$ 437 millones por concepto de exportaciones agroindustriales, el 2017 ¡esta cifra se elevó a US$ 5,119 millones! En estas condiciones, otorgarle carácter “permanente” a una norma que favorece principalmente a una docena de empresas que hoy lideran la producción y comercialización de comodities agrarios, equivale a otorgar un subsidio a quien no lo necesita. Un claro ejemplo de mercantilismo puro y duro.

La prórroga del RLA tampoco se justifica por su ínfimo impacto sobre uno de los objetivos formales de la Ley: promover la formalización laboral en el sector. En este rubro los resultados han sido, por decir lo menos, decepcionantes. Tan solo el 19% de los trabajadores agrarios son formales, con régimen “especial” y todo lo que ello implica; porcentaje muy por debajo al del conjunto del sector privado. El famoso “pleno empleo” generado en la agroexportación se ha dado al margen de una adecuada fiscalización laboral, lo que permite y facilita una extendida inestabilidad y vulnerabilidad laboral, donde las excepciones registradas (un caso particular es el de la empresa Camposol, revisar página 13 de convenio colectivo) no cambian el panorama global de precariedad que domina en la agroindustria.

Tampoco ha sido un factor determinante para reducir la pobreza, pues su impacto en la evolución de este indicador es similar al registrado en otras regiones donde priman actividades no agroexportadoras.

Lo que en esencia ha conseguido esta norma es facilitar el proceso de acumulación de un conjunto de empresas agroexportadoras, que han obtenido importantes niveles de rentabilidad a costa del “regateo” de los derechos laborales de sus trabajadores agrarios. Como ha sido detallado en diversos medios, las empresas agroexportadoras reciben –por efectos de la norma y de la política comercial, como los TLC firmados por el Perú– una serie de beneficios tributarios y arancelarios que incrementan significativamente las ventajas competitivas de la agroindustria, en niveles muy superiores a otros sectores productivos internos y externos. Esto les ha permitido tener ganancias exorbitantes en los últimos años. En un post anterior de TrabajoDigno.pe damos cuenta del desempeño económico de la agroexportación peruana y la viabilidad financiera de sus principales empresas para ceñirse al régimen laboral común.

Conocidos estos antecedentes, lo único que puede generar la prórroga del RLA es profundizar la desigualdad económica que media entre un pequeño grupo de empresas (dentro de las cuales está Agrokasa, de propiedad de José Chlimper, directamente favorecido con una ley que aprobó siendo Ministro de Agricultura, durante el ilegal tercer gobierno de Alberto Fujimori), y un importante contingente de trabajadores (se calcula en 276,000 los comprendidos por esta ley) que se debaten entre la inestabilidad laboral y condiciones de trabajo precarias, producto de un sub–estándar laboral cuestionado dentro y fuera del país.

¿Aprobará el Congreso la prorroga y extensión de una norma que profundiza la desigualdad y favorece (casi exclusivamente) a un pequeño sector de empresas agroexportadoras?

Mucho ojo: esta intentona se enmarca en las persistentes y sucesivas campañas registradas en los últimos años, que buscan flexibilizar (aún más) la ya flexible legislación laboral vigente. El objetivo no es otro que asegurar el control empresarial de las relaciones laborales, la organización del trabajo y la distribución del ingreso, imponiendo criterios excluyentes y poco equitativos. Alertados estamos.