Mientras el Gobierno negocia con los partidos políticos en el Congreso el otorgamiento de facultades legislativas y se rumorea la inclusión de un “paquete laboral” como parte del conjunto de medidas para reactivar la economía, a nivel internacional el Perú es objeto de serios cuestionamientos por el incumplimiento sistemático de los compromisos laborales asumidos en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con diversos países y bloques comerciales. Esta semana diversas organizaciones volvieron a presentar una queja ante el punto de contacto (esta vez) de la Unión Europea, por similares motivos, lo que vuelve a poner en vitrina al Perú como un país que incumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Como se recordará, en marzo del 2015 un conjunto de organizaciones sindicales peruanas presentaron una queja ante la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales del Departamento de Trabajo (USDOL por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, denunciando que el Gobierno peruano no garantizaba el respeto y ejercicio de derechos laborales fundamentales (como la libertad sindical y la negociación colectiva), especialmente en sectores económicos beneficiados por las ventajas arancelarias del TLC. Esta queja hacía referencia a un conjunto de casos identificados en actividades reguladas por regímenes laborales “especiales” o “promocionales”, particularmente permisibles con la implementación de prácticas antisindicales y tratos discriminatorios contra los trabajadores y sus organizaciones.

La queja presentada ante el Gobierno norteamericano consiste en un recuento de las violaciones a los derechos colectivos e individuales en siete empresas peruanas que hacen un uso sistemático e irregular de contratos temporales (sin restricciones) que permite el Régimen de Exportación No Tradicional (Decreto Ley N° 24342), como es evidente en el sector de textiles y confecciones; o el establecimiento de estándares laborales menores a los del régimen laboral general para el sector privado, que fija la Ley de Promoción del Sector Agrario (N° 27360), en el caso de los trabajadores del campo. El objetivo (ni tan) subrepticio que buscan las empresas que desnaturalizan el uso de estas modalidades contractuales, no es otro que debilitar la capacidad de organización de los trabajadores e inhibir la afiliación sindical.

Como consecuencia de la queja presentada por los sindicatos peruanos, USDOL emitió tres comunicaciones al Gobierno peruano. En la primera, de marzo del 2016, plantea seis recomendaciones al Estado peruano para levantar las observaciones hechas por las organizaciones denunciantes en representación de sus respectivos sectores laborales. En la segunda, publicada el 18 de diciembre del 2016, como parte del “primer examen periódico de progreso”, USDOL reafirmó su compromiso de “participar con el Gobierno del Perú para identificar un camino hacia estas cuestiones y preocupaciones y apoyar su progreso”, y declaró que USDOL, USTR y el Departamento de Estado de los Estados Unidos “continuarán supervisando y evaluando el progreso del gobierno peruano para abordar estos asuntos durante los próximos seis meses”.

Sin embargo, ni el Gobierno peruano ni el Congreso de la República parecen haber tomado nota de estas recomendaciones. A la fecha, y luego de la segunda y última misión de investigación conjunta de USDOL y USTR, no se conocen señales gubernamentales en la dirección de corregir los aspectos normativos e institucionales que son objeto de cuestionamiento por los sindicatos peruanos y de otros actores en el extranjero. Si bien el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, anunció la constitución de más intendencias de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), todavía estamos lejos de alcanzar la meta comprometida con los Estados Unidos al firmar el TLC, como es el fortalecimiento del sistema inspectivo y su plena operatividad en todo el territorio nacional. Por otro lado, lejos de adecuar la legislación laboral al estándar establecido en los Convenios y Tratados internacionales en materia de derechos laborales, el actual gobierno busca implementar algunas medidas que apuntan a desregular la contratación y despido de trabajadores, reducir la capacidad fiscalizadora y punitiva de las inspecciones de trabajo, así como limitar las posibilidades de una negociación colectiva efectiva a través del arbitraje potestativo.

Por su parte, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República no ha puesto en agenda los proyectos de dictámenes elaborados por la anterior presidencia, y que apuntan a derogar los aspectos laborales de los regímenes “promocionales” que dieron lugar a las denuncias contra el Estado peruano. Al respecto, la semana pasada un grupo de dirigentes del sector textil, miembros de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles, Confecciones y Afines del Perú (FNTTCP), se reunieron con el presidente de la Comisión, el congresista Justiniano Apaza, y le reiteraron la necesidad de impulsar la discusión y aprobación del referido proyecto de dictamen. Sin embargo, por lo visto en estas primeras cinco sesiones que lleva la actual legislatura, el tema no está entre sus prioridades.

Al día de hoy, los plazos para que el Gobierno atienda las recomendaciones de USDOL vencieron, el primero en diciembre del 2016, y el segundo en junio del presente año, sin que las instancias competentes (incluido el Congreso) hayan considerado atender las recomendaciones de su contraparte norteamericana.

Por ese motivo, el 8 de septiembre las Centrales Sindicales peruanas enviaron una nueva comunicación a Robert Lighthizer y Mark Mittlehauser, funcionarios de la Secretaría de Asuntos Internacionales del USDOL, así como a los ministros peruanos de Trabajo y Comercio, Grados y Eduardo Ferreyros. Así mismo al representante Sander Levin (D-MI) y la directora de Asuntos Internacionales de la AFL-CIO, Cathy Feingold; en todos los casos, reiterando su preocupación por la inactividad (¿falta de voluntad?) del Gobierno peruano para recoger e implementar las recomendaciones propuestas, anunciando –por el contrario– medidas que van en sentido contrario a los reclamos de las organizaciones sindicales.

La comunicación de las organizaciones peruanas tuvo eco en la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL–CIO) que sumaron una comunicación a USDOL, explicitando su preocupación por la desatención del Gobierno peruano (y también del colombiano, sobre el que pesa una queja por incumplir con los estándares laborales del TLC Colombia–Estados Unidos) para atender las recomendaciones presentadas.

Es más: la AFL–CIO solicita expresamente que de no darse respuestas satisfactorias por parte del Estado peruano, se pase a la siguiente etapa contemplada por el capítulo 21 del acuerdo comercial, que supone el inicio de un proceso de solución de controversias por incumplimiento de las cláusulas del TLC. Llegado a este punto, esto es, de persistir la violación de los derechos fundamentales afectados y el Gobierno peruano no adoptar las medidas correctivas necesarias para cumplir con los estándares comprometidos, el siguiente paso sería activar los mecanismos que dan lugar a sanciones comerciales (como suspender las ventajas arancelarias al país infractor).

Claro está, esto en el papel. El proceso sigue su curso y las posibilidades están abiertas para todas las partes. Cassandra Waters, especialista de la AFL–CIO, da cuenta de la exigencia del movimiento sindical norteamericano por avanzar hacia un “nuevo acuerdo global de comercio”, que mejore y perfeccione los mecanismos de protección de los derechos laborales incluidos en los TLC.

Esta preocupación del “sindicalismo gringo”, que comenta Waters, no se explica solo por las exigencias planteadas por sus contrapartes sindicales peruanas, a través de las quejas presentadas ante USDOL, OTLA y URST. Parte principalmente de la constatación del daño que genera el “dumping social” (realizado por países como el Perú y Colombia, con sistemas normativos y administrativos que promueven la vulnerabilidad laboral y ajustan los “costos laborales” para beneficiar a las empresas), a la sostenibilidad y crecimiento de sus industrias locales, afectadas por la “competencia espuria” que implica la entrada de productos baratos provenientes de países con mano de obra precarizada.

Pese a la campaña de la AFL–CIO, Waters no encuentra disposición alguna del Gobierno norteamericano por acelerar la aplicación de los mecanismos de protección de los derechos laborales incluidos en los TLC firmados por su país. Más aún, el propio presidente norteamericano, Donald Trump, ha puesto en tela de juicio la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), lo que hace más incierto el escenario para los trabajadores nativos y foráneos involucrados en el comercio bilateral con los Estados Unidos. Refiriéndose a las recientes quejas presentadas por organizaciones sindicales de Perú y Colombia, la analista sindical encuentra que:

“(…) los trabajadores necesitan desesperadamente protecciones efectivas en los acuerdos comerciales, con una aplicación rápida y segura. Actualmente, los gobiernos tienen total discreción sobre cómo responder a las quejas sobre derechos laborales. Nuestros acuerdos comerciales actuales no tienen plazos, ni criterios para perseguir sanciones, ni siquiera ningún requisito para actuar en absoluto. Cuando los trabajadores se unen a través de las fronteras para documentar abusos, los casos se cierran sin solucionar el problema o se prolongan durante años. Los trabajadores a menudo se enfrentan a riesgos graves para sus vidas y sus medios de subsistencia cuando se presentan. Estados Unidos está enviando el mensaje de que los resultados no valen ese riesgo. Desafortunadamente, el lenguaje recientemente presentado por el gobierno de los EE.UU. para las renegociaciones del TLCAN no hace nada para mejorar estas deficiencias de larga data.”

Independientemente de los resultados concretos de estos procesos, en TrabajoDigno.pe consideramos importante que los sindicatos peruanos extiendan sus estrategias de incidencia al ámbito internacional. Al hacerlo, están reconociendo la existencia de dinámicas globales que influyen sobre la realidad nacional de nuestros países, involucrando a diversos actores y grupos de interés en pos de intereses específicos, algunas veces coincidentes y complementarios, en la pugna por hacer de la Globalización un proceso justo y equitativo.

La lucha sindical se da, ahora más que nunca, en diversos frentes, y hay que combinarlos inteligentemente para conseguir los objetivos esperados.