Cien días es un periodo corto para exigir resultados a un nuevo gobierno. Pero son, al mismo tiempo, un lapso de tiempo razonable para identificar matices, tendencias y orientaciones de lo que busca hacer –y hará– la administración entrante.
En el caso del sector Trabajo, el ejercicio no es ocioso: se trata, sin duda, de uno de los ámbitos que más expectativa genera en la población. El acceso a un empleo digno y adecuado determina en gran medida la calidad y condiciones de vida de los ciudadanos-trabajadores; paquete en el que los ingresos y derechos laborales son un elemento determinante. Y en el Perú, valgan verdades, son pocos los que acceden a una vida plenamente gratificante a partir de una posición de seguridad y prosperidad económica. Por lo mismo, el reto es mayúsculo y urgente.
¿Qué se puede decir de la política laboral de PPK? En realidad, no mucho. Más allá de las formas y la retórica políticamente correcta a favor de la formalización laboral y el empleo digno, lo cierto es que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) –el ente rector en la materia– no logra distinguirse del todo de gestiones anteriores. Sus mayores esfuerzos están orientados a lo mismo: un despliegue publicitario alrededor de los programas de empleo y ferias laborales, con un débil impacto práctico en el mercado de trabajo. Poca atención (y menores recursos) para el tratamiento de los conflictos originados por una inadecuada (y muchas veces inexistente o inaplicable) regulación laboral. Una existencia cuasi fantasmal del Sistema de Inspecciones Laborales. Direcciones Regionales convertidas en mesas de parte. Todo lo cual deriva en vulneraciones generalizadas a los derechos colectivos e individuales, despidos y precarización laboral; afectaciones que reciben poca prensa, pero erosionan progresivamente la confianza de los ciudadanos respecto de sus autoridades y la democracia como sistema.
EL PRIMER TRAMO
En reciente entrevista en RPP, el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, destacó la reactivación del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) como uno de los principales avances de su gestión. Lo volvió a señalar días después en Gestión.
Entrevista al Ministro de Trabajo
Él mismo ha señalado en repetidas ocasiones que este foro tripartito –en el que los sectores laboral y empresarial debaten el sentido de las políticas públicas en materia de trabajo y empleo–, será el espacio de donde salgan las propuestas que luego se convertirán en normas laborales.
“Es el espacio donde plantearemos las primeras medidas de destrabe, simplificación, mejora y relacionamiento laboral del país”, fueron sus palabras para ser exactos.
Lo que no mencionó fue el entrampamiento interno que se habría generado por el nombramiento del nuevo secretario técnico del CNTPE aprobado por las centrales sindicales y los gremios empresariales que lo integran. Esta situación sería particularmente delicada, considerando la importancia de mantener la confianza y respaldo de la parte sindical, sin duda, el sector menos favorecido en la mesa laboral; así como el respeto por los acuerdos logrados mediante el diálogo social tripartito
En la misma entrevista el Ministro abordó el tema del empleo juvenil y la necesidad de generar políticas que promuevan la contratación de más jóvenes en condiciones formales y adecuadas. El problema radicaría, a nuestro entender, en su diagnóstico. Grados Carraro encuentra en la “tramitología” un primer dique que impide una mayor inserción laboral juvenil. “Los trámites y documentos que una empresa debe cumplir para contratar jóvenes no agregan mucho valor para el seguimiento de su nivel de empleabilidad en las industrias y otros planes”, señaló.
Desde su perspectiva, un cuello de botella en este problema lo constituiría la burocracia que impide la creación de planes de capacitación a mediano y largo plazo, así como el monitoreo y evaluación de los resultados del entrenamiento; específicamente de sus niveles de empleabilidad en las industrias –según informa Gestión–.
Es en este punto que las salidas planteadas por el titular de Trabajo para enfrentar el problema de la informalidad laboral resuenan a la letanía absurda y fracasada con la que se ha abordado el tema en los últimos años. “Tenemos que aligerar la legislación laboral, permitir que las modalidades de contratación sean mucho más expeditivas”, reiteró, sin mencionar en qué aspectos las normas laborales se convierten en un impedimento para la contratación formal de trabajadores.
No obstante, en una entrevista posterior realizada por el diario Gestión, Grados señala que su Sector viene preparando un conjunto de medidas normativas con el objetivo de promover la contratación de trabajadores a tiempo parcial (modalidad con menores beneficios laborales que la contratación a tiempo completo); y permitir la contratación a plazo fijo sin necesidad de que el empleador la sustente en una necesidad temporal de mano de obra (a pesar de que se ha demostrado hasta la saciedad lo lesiva que resulta esta modalidad de contratación para el ejercicio de derechos individuales y colectivos).
Estas medidas habrían generado alarmas en el sector sindical. Por lo pronto, la Internacional de los Servicios Públicos (IPS), destacó en un comunicado público que dichas medidas tendrían como objetivo quebrar la negociación colectiva y debilitar a la organización sindical, al crear nuevas plazas pero en términos de precariedad y fáciles de controlar por el empleador.
En la misma línea se ha pronunciado la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que en comunicado público ha manifestado su preocupación respecto de las últimas declaraciones del Ministro que hacen referencia a la revisión de los estándares de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo aprobados por el Gobierno anterior; pero también a la evaluación del mecanismo técnico de incremento de la remuneración mínima que tanto costó aprobar en consenso por las centrales sindicales, los gremios empresariales y el Poder Ejecutivo en el año 2007; y a la revisión del arbitraje potestativo (que ha fomentado la solución más rápida de los procesos de negociación colectiva entre empresas y trabajadores sindicalizados). En este paquete se incluiría también la realización de cambios a la regulación que fomenta la contratación de personas con discapacidad en las empresas privadas; entre otras medidas con claro corte antilaboral.
Estas declaraciones contrastan con las brindadas al diario La República, donde se cuida mucho en señalar que el gobierno de PPK no apostará por un régimen laboral al “estilo” de la Ley Pulpín (Régimen Laboral Juvenil). Ante la insistencia del periodista, Grados Carraro señala que no se impulsarán regímenes especiales, “hasta el momento”….
Lo que no mencionó fueron las acciones que adoptará el MTPE para atender las observaciones realizadas por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en el marco del TLC entre ambos países. Como se recordará, en marzo de este año la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (OTLA) emitió un Informe Público dando por válida la queja presentada por siete organizaciones sindicales peruanas, al considerar que el gobierno peruano incumplía con los acuerdos contenidos en el capítulo laboral. Todo lo cual concluyó con un conjunto de recomendaciones al Estado peruano –vinculadas con cambios normativos en los regímenes especiales implicados, el fortalecimiento de la SUNAFIL y la modernización de la justicia laboral–; recomendaciones que tienen como primer plazo de cumplimiento el mes de diciembre de este año.
Sin embargo, y a pesar del impacto en términos de imagen y la posibilidad de ser objeto de denuncias ante el capítulo de solución de controversias del TLC, el Gobierno peruano no parece dar señales de querer atender estas recomendaciones. Particularmente las que instan a adecuar los regímenes laborales especiales cuestionados por los sindicatos.
Esto se desprende de una respuesta brindada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, luego de que se realizara una presentación ante la Comisión de Comercio Exterior del Congreso, con relación a los impactos sociales, económicos, laborales y ambientales de los acuerdos de libre comercio firmados por el Perú. Sobre el Informe público del Departamento de Trabajo norteamericano, señala que:
“Al respecto, es pertinente precisar que los regímenes laborales contenidos en la Ley N° 22342, Ley de Exportaciones No Tradicionales; y la Ley N° 27360, Ley que aprueba normas de promoción del Sector Agrario, son plenamente consistentes con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Promoción Comercial, debiendo tomar en cuenta que ambos regímenes estaban vigentes durante la negociación e implementación de dicho acuerdo (…)
Por otro lado, cabe resaltar que para determinar un incumplimiento de las obligaciones del capítulo laboral del APC, se debe demostrar que ha habido un incumplimiento de una norma, reglamento o práctica, o en su aplicación, de una manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes, lo cual no se dio en este caso” (Pp. 15-16).
Sobre el particular queremos puntualizar que las observaciones hechas por la OTLA son los efectos prácticos de la aplicación de dichas normas sobre los derechos colectivos; siendo los más graves la posibilidad de contratar a plazo fijo o temporal de manera indefinida, estableciendo de facto una situación de inestabilidad laboral que es usada como cortapisa para frenar los intentos de sindicalización en ambos sectores.
Y con respecto a la afectación del comercio o inversión entre las partes, los incumplimientos denunciados por las organizaciones sindicales no solo han sido reconocidos por la autoridad de Trabajo de los Estados Unidos, sino también por empresas extranjeras importadoras de la producción textil y de confecciones de nuestro país.
En efecto, como informó La República, en marzo del 2013 diversas compañías internacionales –como New Balance, Nike, PVH Corp. (dueña de las marcas Tommy Hilfiger y Calvin Klein), VF Corporation (propietaria de las marcas Wrangler, Lee’s, North Face, Nautica y Timberland), 47 Brand, y Life Is Good– remitieron una carta pública al Presidente Ollanta Humala, instándolo a “demostrar su fuerte apoyo a la inclusión social y condiciones de trabajo decentes, apoyando la derogación del Decreto Ley N° 22342”. La razón: ser el principal obstáculo para la formación de sindicatos y para iniciar procesos de negociación colectiva en los segmentos empresariales dedicados a la exportación no tradicional.
Como es de conocimiento público, el gobierno nacionalista no movió un ápice al respecto. Poco tiempo después, sería el propio gobierno norteamericano quien exigiera medidas concretas en este punto particular. Veremos la respuesta del gobierno de PPK, tan amigo de ese país.
SERVIDORES PÚBLICOS
Los otros aspectos claves abordados por el ministro Grados en este primer balance de su gestión están relacionados con el futuro de la Ley del Servicio Civil y las relaciones laborales en el Estado.
En ambos puntos también ha sido cauto, por no decir que ha evitado una opinión clara y orientadora, dado el carácter rector del MTPE en el ámbito laboral privado. Y en ese plan, el Ministro ha optado por delegar a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), entidad rectora en dicha materia, la responsabilidad de aclarar el panorama del empleo público; y al Congreso de la República la tarea de legislar en materia de negociación colectiva para los trabajadores públicos.
Acá el reto de la hora está en destrabar el derecho a la negociación colectiva de ingresos económicos, impedida por sendos dispositivos legales (el artículo 6º y la 58ª disposición complementaria final) de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2013, los cuales han sido incorporados cada año en la Ley de Presupuesto, hasta la fecha, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 2015, en la que declara inconstitucionales estas restricciones, al contravenir un derecho fundamental consagrado en la Constitución y en Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el Estado peruano.
El asunto está en ¿qué modelo de negociación colectiva se requiere para el Estado peruano? Al respecto, SERVIR –en reciente foro público organizado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social– ha delineado cinco dimensiones que en parte ayudarán a ordenar una discusión bastante compleja:
- Definición del nivel de negociación: ¿centralizada (a nivel de todo el Estado) o descentralizada (a nivel de cada entidad)?
- Determinación del nivel de representatividad del Estado en caso de optar por una negociación centralizada: ¿una sola representación nacional o una representación por cada nivel de gobierno (nacional, regional y local)? ¿Quién asume esa representación?
- Definición del nivel de representatividad de los trabajadores en caso de optar por una negociación centralizada: ¿centrales sindicales? ¿federaciones? ¿cuántas? ¿cuáles? ¿por representatividad?
- Determinación del procedimiento a seguir cuando no se llegue a acuerdos entre las partes: ¿arbitraje? ¿no se aplica ninguna mejora remunerativa?
- Definición del procedimiento de negociación colectiva a seguir: ¿etapas? ¿periodicidad? ¿vigencia del convenio?
Las centrales sindicales del sector público –CITE, CTE, UNASSE, Coordinadora de Trabajadores Estatales– están trabajando una propuesta coordinada para regular la negociación colectiva en el sector público. El reto que tienen por delante es plantear un modelo que deje atrás el unilateralismo y el desorden salarial; y permita la construcción de relaciones estables e institucionalizadas entre el Estado, en su rol de empleador, y los trabajadores, en su rol de servidores públicos con derechos y obligaciones laborales.
Por lo pronto, en estos días los trabajadores del Poder Judicial han realizado un paro de dos días, con una plataforma que incluye, entre otros temas, mejoras presupuestales para aumentar remuneraciones y cumplir sentencias.
LA AGENDA LEGISLATIVA
Los balances por los primeros cien días deben extenderse a los otros poderes públicos relacionados con la problemática laboral.
En el Congreso, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social –presidida por el Frente Amplio– inició el periodo con una ronda de invitaciones a autoridades públicas y actores sociales. Esto llevó a que las primeras sesiones fueran dedicadas a escuchar la situación de EsSalud, del Ministerio de Trabajo, de la SUNAFIL, de los gremios sindicales y empresariales.
Pero en las últimas sesiones se ha iniciado el debate de propuestas legislativas, y en ese marco hay algunos proyectos que apuntan a mejorar las condiciones laborales de sectores específicos de la población económicamente activa (PEA). Sin duda, la aprobación de una ley que regule la negociación colectiva en el Sector Público –como manda una sentencia del Tribunal Constitucional– será uno de los puntos que mayor debate, polémica y resistencias encontrará en la presente legislatura.
Pero hay otras iniciativas importantes que merecen destacarse. Por ejemplo, la congresista Indira Huilca presentó hace unos días el proyecto de Ley de Primer Empleo Juvenil, del cual dimos cuenta en un anterior post de Trabajo Digno. Con esta iniciativa el Frente Amplio recoge los aportes de especialistas y jóvenes involucrados en las movilizaciones que derogaron la Ley Pulpín y los convierte en una alternativa legislativa que apunta a facilitar la contratación de trabajadores jóvenes, en condiciones adecuadas y promoviendo su formación y capacitación laboral.
A esta iniciativa se suman las presentadas por el presidente de la Comisión de Trabajo, el congresista Hernando Cevallos del Frente Amplio, orientadas a modificar los regímenes laborales de las leyes de promoción de las Exportaciones No Tradicionales (Decreto Ley N° 22342) y de Promoción del Sector Agrario (Ley N° 27360); a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores a medio tiempo (o tiempo parcial); a regular el pago del trabajo nocturno, la nulidad del despido sin causa, así como la protección contra el despido arbitrario, la CTS y las vacaciones.
También ingresó a dicha Comisión una propuesta legislativa de la congresista oficialista Mercedes Araoz, que apunta a favorecer la igualdad laboral y remunerativa entre hombres y mujeres. Interesante iniciativa, que sin embargo carece de “dientes” para quebrar la desigualdad que afecta principalmente a las mujeres en la distribución del poder y la riqueza en el Perú de nuestros días.
Asimismo, en el contexto de la casación de la Corte Suprema de Justicia, que admitió la reducción discrecional del salario por parte de los empleadores y generó no pocas críticas, los congresistas Apaza, Cevallos y Del Castillo, presentaron proyectos normativos para eliminar esta posibilidad, considerando que violenta el derecho al trabajo y constituye en si misma un despido indirecto.
Centrales sindicales presentan demandas
Quienes han sido claras en sus planteamientos son las centrales sindicales. En las dos últimas semanas han tenido sendas reuniones tanto con el Ministro de Trabajo (4 de noviembre) y la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado (octubre). Sus propuestas se reflejan en una plataforma de lucha consistente en diez puntos que combinan políticas generales con medidas específicas.
Temas laborales para ser tratados en el Congreso
Mientras, el panorama laboral para los trabajadores no es muy alentador. Tanto al MTPE como al Congreso de la República llegan los reportes de casos de violación a los derechos laborales y sindicales.
Esta situación se agrava con la inacción de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Su estado de precariedad institucional y desfinanciamiento no puede ser entendido sino como la falta de voluntad política del anterior y actual gobierno por fortalecer el sistema de inspecciones laborales.
En reciente sesión de la Comisión de Trabajo, el superintendente Carlos Ernesto Benites Saravia fue explícito al señalar que el principal escollo para mejorar el presupuesto de la SUNAFIL radica en la negativa del MEF de otorgarle la partida que se necesita, en principio, para crear las 19 intendencias que faltan implementar a nivel nacional. Además de promover a los más de 200 inspectores auxiliares a la condición de inspectores, a secas, con capacidad para fiscalizar empresas de todo calado.
Bajo estas circunstancias, ¿está la Autoridad de Trabajo en condiciones de velar por el efectivo cumplimiento de las normas laborales? Creemos que no, porque no se están haciendo todos los esfuerzos que se requieren para mejorar la capacidad inspectiva del Estado. Pasando por la asignación de los recursos necesarios para un adecuado funcionamiento. Y en eso hay responsabilidades claras y directas.
Finalmente
Era previsible que el gobierno de PPK no fuera una administración orientada a cumplir con las demandas de los trabajadores. Los compromisos asumidos y apoyos brindados, entendemos, se dieron en el contexto específico de la campaña electoral. Pero eso no les resta valor, sino constituyen un imperativo del cual dependerá la legitimidad y respaldo social a su mandato. Incumplirlos sería un error; sobre todo considerando que los principales acuerdos estuvieron orientados a no profundizar más la flexibilización y desigualdad laboral existente en el país.
Dicho ello, las medidas anunciadas por el Ministro de Trabajo nos dan cuenta de una visión de la problemática laboral que no ofrece nuevas luces sobre cómo enfrentar los problemas de la informalidad y precariedad laboral. Lejos de apostar por la diversificación productiva (de manera coordinada con el MEF y los ministerios productivos) y el fortalecimiento de las relaciones laborales (asegurando que la Autoridad de Trabajo haga cumplir efectivamente la legislación), con el objetivo de generar las condiciones para la creación de empleo productivo y adecuado, el Sector ha preferido seguir en la línea de sus predecesores, manteniendo el piloto automático en muchos aspectos de la gestión.
Así visto, se trata de una apuesta riesgosa considerando el embalse de expectativas y demandas sociales contenidas, luego de una década y media de crecimiento con desigualdad social.