Una de las grandes deudas que dejará el actual gobierno en materia de derechos laborales –estando en condiciones de concretarla–, está relacionada con la ratificación del Convenio Nº 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores y trabajadoras domésticas. La aprobación de este importante instrumento del derecho internacional hubiera significado, a nivel interno, la posibilidad de reforzar la institucionalidad laboral relacionada con el sector, darle la importancia presupuestal que requiere y marcar la pauta para el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a mejorar sus condiciones de empleo.
La importancia del trabajo doméstico no debe entenderse a partir de criterios exclusivamente cuantitativos, como se ha hecho costumbre (en 2014 habían 357 mil trabajadoras y trabajadores del hogar a nivel nacional, lo que representaba el 2.3% de la PEA ocupada). El rol que cumple el trabajo doméstico en el sistema de reproducción social contemporáneo, es clave para entender varios de los principales cambios culturales y económicos ocurridos en las últimas décadas. Para comenzar, la ampliación de la participación laboral femenina –principalmente en las capas medias profesionales–, fue y sigue siendo posible gracias al esfuerzo y dedicación con que asumen sus tareas –muchas veces a tiempo completo e incluso más– las y los “profesionales” del cuidado.
Y si bien la situación del empleo doméstico ha cambiado sustancialmente desde los tiempos de la servidumbre y cuasi esclavitud (herencia colonial que en nuestro país se mantuvo inamovible hasta entrado el siglo XX), lo cierto es que las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras del hogar siguen estando entre las más precarias e injustas del medio.
Se trata, sin duda, de un sector que expresa las más profundas desigualdades económicas, sociales y culturales que caracterizan una sociedad fragmentada y racista como la nuestra. Para comenzar, el 96% del empleo doméstico es ejercido por mujeres y el 33% de trabajadores y trabajadoras del hogar tiene menos de 30 años; muchas de las trabajadoras domésticas provienen de zonas rurales o urbanas empobrecidas, con escaso capital social, lo que las expone a situaciones de abuso y discriminación social. A pesar de los avances registrados en los últimos 13 años en materia de educación (el porcentaje de trabajadores y trabajadoras del hogar que concluyeron la secundaria creció 10 puntos porcentuales en el periodo 2001 – 2014), para nadie es un secreto que el trabajo doméstico sigue siendo una labor social y económicamente subvalorada, sobre la que reposa no solo el funcionamiento interno de muchos hogares, sino también el ahorro familiar.
Esto se refleja claramente en los niveles de remuneración del sector. Si a nivel nacional el ingreso mensual promedio urbano de un trabajador asalariado privado asciende a S/ 1,331 (INEI 2014), en el empleo doméstico el ingreso nominal promedio apenas llega a los S/ 739 mensuales si se incluyen los pagos monetarios y en especie, y se reduce a S/ 517 si solo se consideran los primeros. De la misma forma, mientras que en la PEA asalariada privada urbana el porcentaje de trabajadores que gana por debajo del salario mínimo es de 27%, en el empleo doméstico este llega al 59% si se consideran los pagos monetarios y en especie, y se incrementa a 78% si únicamente se toman en cuenta los primeros.
Donde se han registrado importantes avances es en materia de salud y pensiones. En el primer caso, el número de trabajadores y trabajadoras del hogar con cobertura en salud (EsSalud, Seguro Privado de Salud, Entidad Prestadora de Salud, Seguro de FFAA, Policiales y Seguro Integral de Salud) creció de 8.9% en 2001 a 61.3% en el 2014, un aumento considerable. Similar tendencia se registró en el caso de la afiliación a los sistemas previsionales, donde el crecimiento fue de 2.9% a 12.6% en el mismo periodo, pero manteniendo niveles de afiliación muy por debajo del promedio nacional. Sin perjuicio de ello, persisten déficits inaceptables de cobertura en seguridad social en un sector que resulta clave para el funcionamiento de la economía interna de los países.
Por estas y otras razones, bien harían los candidatos a ocupar Palacio en manifestar sus propuestas para mejorar las condiciones laborales del sector. Un insumo que puede resultarles útil es el informe publicado por la OIT en enero de este año –Protección social del trabajo doméstico. Tendencias y estadísticas (Documento de Política de Protección Social Nº 13)–, en el que concluye que: “Pese a las barreras existentes, la información presentada demuestra que es factible extender la cobertura legal y efectiva de la seguridad social al trabajo doméstico, incluso en los países en desarrollo. Los países que han logrado avances relativamente importantes en materia de extensión de la cobertura efectiva, son aquellos que han sido capaces de desarrollar un conjunto de estrategias e intervenciones en diversas áreas, entre las que figuran buenas prácticas en términos de la adecuación del marco jurídico, organización institucional, financiamiento, afiliación y promoción de la cobertura, información y sensibilización, recaudación y cobranza de las contribuciones, y medidas específicas para incluir el trabajo doméstico migrante”.
La autoridad pública que asuma seriamente este reto, estará dando un paso importante en el camino de la justicia social y la ciudadanía laboral en nuestro país. Esperemos que así sea.
