(Foto: Teodoro Nuñez Ureta)

Autor: Enrique Fernández – Maldonado Mujica

Los anuncios hechos por el ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, en torno a una reforma laboral que se aprobaría a mediados de año, no han merecido mayor análisis en medios. Esta se daría al amparo del objetivo del gobierno de impulsar la formalización empresarial y laboral. Aunque lo expuesto hasta el momento deja varios cabos sueltos y no pocas preocupaciones.

El ministro ha sido escueto en sus declaraciones. Si bien no ha explicitado cuál será el enfoque que aplicará el gobierno, su intención de “facilitar el ciclo laboral” (contratación y cese de personal) se asemeja demasiado al discurso empresarial exigente de una mayor flexibilización y desregulación laboral. El problema con este enfoque –que se aplica sin corta pisas desde la década de 1990– es que ha fracasado en sus objetivos de impulsar el empleo formal y de calidad.

A la fecha el Ejecutivo de PPK ha aprobado cuatro decretos legislativos denominados de “simplificación administrativa”. Estos eliminan una serie de garantías para el trabajador; particularmente las referidas al registro de los contratos y su autorización por la Autoridad de Trabajo en el caso de las modalidades especiales (formación juvenil, extranjeros, prácticas profesionales).

El MTPE ha presentado, además, tres iniciativas de ley al Consejo Nacional de Trabajo (CNTPE) para que sean opinadas por los actores sociales, antes de su aprobación –según indica Grados– en el mes de julio. Estos proyectos apuntan a modificar la legislación en materia de ceses colectivos, arbitraje potestativo y formalización laboral.

Los gremios sindicales y empresariales ya plantearon su oposición y respaldo, respectivamente, a las medidas propuestas por el Ejecutivo (Acta CNTPE N° 332, del 14/02/17). Lo mismo que un conjunto de especialistas en la materia, en carta pública al Ministro de Trabajo (trabajodigno.pe, 22/02/17).

El gobierno debería propiciar un debate público sobre el alcance de estas iniciativas. Mal haría en aprobar una política laboral nacida de la imposición, el hermetismo y sin respaldo social. Desde esta columna (que cumple un año) proponemos una Conferencia Nacional de Trabajo para discutir estos temas.