(Créditos: Adrián Portugal/Archivo PLADES)

SEÑALES

Conmemoramos otro Primero de Mayo, recordando la sacrificada lucha de los mártires de Chicago (y la de millones de trabajadores de todo el mundo) por la conquista de sus derechos laborales y sociales. Es importante precisarlo. La situación para una inmensa mayoría de trabajadores sigue siendo igual de severa e injusta que la que generó este histórico hito de la lucha obrera, hace ciento treinta y dos años. Y a pesar de los importantes avances logrados desde entonces, el Trabajo y la Naturaleza siguen sometidos a la lógica imperativa del capitalismo global. Nada más importante para la cultura dominante que el tótem de la ganancia sin límites. Nada más accesorio que el derecho de los trabajadores a una vida digna cuando se trata de asegurar la acumulación nunca satisfecha.

Los peruanos y peruanas sabemos muy bien de esto. Desde hace casi tres décadas los poderes económico y político insisten en la “necesidad” de profundizar las reformas que transformaron el pacto social (la Constitución política de 1979) que dotaba de cierto equilibrio a las relaciones laborales. Fueron estas reformas –concentradas en la reforma laboral liberal de 1992 en adelante– las que marcaron el declive del derecho laboral y debilitaron profundamente la capacidad de acción de los trabajadores organizados. Desde entonces, la política laboral se supeditó a los objetivos de la política económica, priorizando el crecimiento a costa de ahondar las desigualdades y asimetrías en el mundo del trabajo y la producción. Emerge en este contexto la figura del “emprendedor” popular y del “colaborador” para convertirse en el mandato social imperante.

Actualmente la problemática laboral peruana puede resumirse en la persistente informalidad laboral que aqueja a los trabajadores asalariados privados (57%), así como en la precariedad de los empleos de la mayoría de autónomos e independientes. En ambos casos su situación supone una doble condición de vulnerabilidad social y precariedad laboral. Los trabajadores informales –en su mayoría– tienen ingresos paupérrimos (el 50% por debajo del mínimo vital). No cuentan con derechos y beneficios sociales, ni cotizan a la seguridad social ni previsional. Son objeto de discriminaciones y explotación laboral, como lo recuerda la muerte de dos jóvenes trabajadores encerrados en contenedores en un edificio de Las Malvinas en junio del año pasado. En suma, tienen menores oportunidades para progresar y acceder a una vida digna basada en el trabajo.

Para los voceros empresariales esta problemática tendría su origen en una supuesta “sobre regulación” laboral. El exceso de rigidez explicaría, además, la inclinación de los empleadores para contratar temporalmente a sus trabajadores (tres de cada cuatro empleos formales en el sector privado son a plazo fijo). En base a este argumento se viene impulsando una intensa campaña en medios para empujar al Tribunal Constitucional a “revisar” los criterios de una sentencia del 2001 que protege al trabajador, reconociendo la reposición como una opción resarcitoria en caso se demostrase en vía judicial un despido nulo o arbitrario. Al respecto hemos esclarecido la debilidad de este postulado en anteriores entregas de TrabajoDigno.pe.

En este contexto, y a poco más de un mes de iniciado, encontramos en el nuevo Gobierno algunas señales que al mismo tiempo que alientan y generan expectativas, dejan entreabiertas algunas interrogantes sobre la orientación que adoptará la gestión entrante en materia laboral y de seguridad social.

Por un lado, las presiones de los gremios empresariales para que el Ejecutivo se “alinee” con el recetario neoliberal, empujaron al presidente Martín Vizcarra a precisar que la informalidad laboral responde a una suma de factores, concediendo a renglón seguido “problemas de falta de flexibilización laboral”, sin ahondar en el por qué ni en el cómo.

En la misma línea se manifestó el también estrenado ministro de Economía, David Tuesta, al señalar que “si hacemos una comparativa clara, nuestro mercado laboral es hiperrígido (…) Nos enfrentamos a un marco social y político histórico en el que es complicado hacer esfuerzos. Por lo menos deseamos que esa rigidez no se incremente más, y considerando la historia eso ya es bastante ambicioso”.

Pero por otro lado, el nombramiento del abogado Christian Sánchez Reyes como Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), representa un guiño del Gobierno sobre cómo piensa enfocar la política laboral: con sobriedad técnica y sentido de justicia. Valores que, en el caso de Sánchez, están refrendados en su paso previo como Director General de Trabajo y en sus recientes declaraciones. Así, tomando distancia de las tesis desregulacionistas o flexibilizadoras, el Ministro adelantó que durante su gestión se impulsará la promoción del empleo adecuado (especialmente en los jóvenes), para lo cual impulsaría una estrategia multisectorial donde Trabajo cumpliría un rol medular.

“Hay un enfoque desde allí. Formar, capacitar, certificar habilidades e insertar jóvenes en el mercado de trabajo. Hay que coordinar con el MEF y Educación. Por ejemplo, utilizar la contratación pública con cláusulas de responsabilidad social que te permite contratar cuotas de jóvenes. Articularnos con experiencias como las bolsas privadas de universidades. Empatar la oferta de trabajo con los demandantes de empleo”, declaró la semana pasada a Caretas.

Este enfoque fue refrendado por el Viceministro de Empleo, Fernando Cuadros Luque, en un reciente taller organizado por la Oficina para los Países Andinos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominado “Caminos hacia la formalización: más allá de la dicotomía de la formalidad. El caso de Perú” (miércoles 18 de abril).

En este encuentro, el Viceministro Cuadros precisó la necesidad de puntualizar los términos de la discusión, reconociendo la coexistencia de distintos tipos de informalidad (laboral, tributaria, registral) que exigen políticas integrales y diferenciadas de acuerdo a sus características específicas, y no replicar fórmulas pasadas (vinculados a los regímenes especiales o promocionales) con resultados poco menos que modestos.

“La informalidad laboral decreció en las empresas medianas y grandes durante el periodo de crecimiento económico a un ritmo mayor que en la micro y pequeña empresa, que contaban con regímenes especiales de promoción. Hay que explorar otras herramientas que apunten a incrementar la productividad de estos sectores para mejorar sus capacidades de generar empleo adecuado”, puntualizó Cuadros ante un panel de funcionarios y especialistas del MTPE, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En ese sentido coincidió con el ministro Sánchez en la necesidad de implementar una estrategia multisectorial liderada por el MTPE, pero que involucre a otros sectores gubernamentales de manera transversal y articulada.

Un momento clave en el taller fue la presentación de la “Estrategia Sectorial de Formalización Laboral”, aprobada recientemente por el MTPE. Este documento sintetiza la visión del sector sobre la problemática de la informalidad laboral y expone las líneas de trabajo que se piensa implementar para incorporar a más trabajadores al ámbito de la formalidad y el empleo adecuado.

En la misma línea de lo expresado por Sánchez y Cuadros, la Estrategia plantea intervenciones en una serie de ámbitos o dimensiones relacionadas con la informalidad laboral (fiscalización, dinamización del ciclo laboral, gestión del conocimiento, cultura de la formalización, empleabilidad y productividad), con la pretensión de ser aplicadas transversalmente en diversas instancias del Estado (incluyendo a los Gobiernos Regionales). La idea que busca proyectar la nueva gestión es agregar esfuerzos multisectoriales y orientarlos, por un lado, a generar las condiciones necesarias para incrementar la productividad total de la economía (en particular de las micro y pequeñas empresas), y al mismo tiempo, a fortalecer la capacidad fiscalizadora del Estado para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral, protección esquiva para un sector importante de la población.

Habrá que ver qué margen de maniobra tiene el MTPE dentro del Consejo de Ministros para asentar este enfoque distinto a lo que habitualmente se ha intentado e implementado desde el Ejecutivo. Y de paso atajar eventuales ceses colectivos en el sector público para reducir el déficit fiscal, como anuncian algunos analistas, y que no harían sino motivar una innecesaria conflictividad social.

Por lo pronto, dentro de lo que estaba en agenda, el Ejecutivo ha demostrado reflejos y ha dado un paso importante con la remisión al Congreso de la República de la documentación relativa[3] al Convenio N° 189 de la OIT, sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. Ningún otro Gobierno del periodo democrático asumió con seriedad y empatía esta postergada decisión. Ahora está en manos de la mayoría fujimorista aprobar este convenio internacional que exigirá cambios en la legislación laboral en la línea de asegurar condiciones de trabajo adecuadas para este grupo ocupacional (que en el Perú alberga a casi 400,000 trabajadores, la gran mayoría mujeres). Actualmente 25 países lo han ratificado, incluidos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay en la región. El Perú no puede ser la excepción.

TrabajoDigno.pe aprovecha la ocasión para saludar a los trabajadores y trabajadoras del Perú por su día, reiterando su compromiso por construir un país justo y solidario para todos y todas.