(Foto: La República)
Álvaro Vidal
Las medidas de prevención y salud pública recientemente dictadas eran necesarias. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que en el Perú más de la mitad de las personas adultas mayores tiene la necesidad de trabajar a cambio de un ingreso, y lo hacen fuera de sus hogares. De ellos, la gran mayoría de manera autónoma o informal, es decir, fuera de planilla. El 83% de las mujeres adultas mayores tiene alguna enfermedad crónica y el 73% de los hombres. Una de cada cinco personas adultas mayores tiene déficit calórico (INEI 2019)
La causa principal que los obliga a seguir trabajando es que no cuentan con una pensión o esta es insuficiente. Solamente el 48% de los hombres adultos mayores y el 28% de las mujeres tienen pensión contributiva. Pensión 65 solamente cubre a medio millón de personas de alrededor de tres millones de adultos mayores. El monto pagado está estancado desde su creación (S/ 125). Existe alrededor de millón y medio de personas adultas mayores que no reciben pensión alguna.
El Gobierno ha anunciado que asignará S/ 40 millones para atención de adultos mayores a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Eso equivaldría a S/ 80 para medio millón de beneficiarios de Pensión 65. ¿Y que será del millón y medio que no recibe ingreso alguno y tiene que salir a trabajar? Estando de acuerdo con las medidas preventivas de emergencia sanitaria, sin embargo, las políticas de seguridad social deben ser integrales, es decir, proveer de servicios básicos sobre todo para la población vulnerable.
Una de las frases más conocidas de “El amor en los tiempos del cólera”, de Gabriel García Márquez, es que “el amor se hace más grande y noble en la calamidad”. Lamentablemente, se podría decir también que la pobreza se hace más honda.
Si tuviéramos un verdadero sistema de seguridad social, nuestras personas adultas mayores tendrían garantizada una pensión digna y adecuada atención en salud. Ello es posible siempre que se fortalezca el financiamiento colectivo y solidario. Que lo público no sea una excepción, sino la base del sistema de protección. Momento de pensar e implementar cambios más profundos.