En los últimos días y semanas asistimos a diversos intentos por colocar el tema de la reforma laboral “pro–empleo” (sic) en la agenda política del país. Los voceros y la coyuntura no son casuales.

Por un lado, la congresista fujimorista Úrsula Letona ubica a la laboral como una de las “dos reformas estructurales importantísimas para el país” (la otra es la tributaria) que debe encarar el Legislativo en este periodo. En entrevista con El Comercio (EC), Letona arremete (el verbo es literal) contra la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que reconoció la reposición del trabajador como una protección adecuada frente al despido arbitrario; especialmente cuando lesionaba derechos fundamentales como la libre sindicalización. Llegó incluso a decir que “Tiene que haber una modificación del fallo del Tribunal Constitucional que consagra la estabilidad absoluta. Es imposible que generemos competitividad si en el país para el TC el despido está prohibido”.

De esta declaración se ha valido el Decano de la prensa para presionar al Gobierno, editorializando la necesidad de avanzar hacia lo que considera el leitmotiv de sus aspiraciones “reformistas”: eliminar la estabilidad laboral para luchar contra la informalidad laboral.

Días antes, el portal digital Lampadia publicó una columna de Jaime de Althaus –a la sazón columnista regular de EC y para el caso entrevistador de Letona– en el mismo sentido de lo expuesto por la congresista fujimorista: convertir los regímenes laborales especiales “exitosos” (¡!) en el régimen laboral general para todos los trabajadores[1]. ¡Qué casualidad!

El contexto de ambos planteos no deja margen para no ser suspicaz. Aparecen en una coyuntura en la que el Gobierno de PPK atraviesa por un bajo nivel de aprobación, apenas a un año de iniciado. La huelga de casi setenta días de los docentes públicos, sin visos de solución por el momento, coloca al Gobierno en una situación de debilidad política frente al conjunto de sectores movilizados (por el momento solo estatales); en momentos en que el movimiento sindical tradicional es rebalsado por el radicalismo de sindicatos intermedios que niegan (con relativo éxito) su legitimidad y representatividad, en algunos casos con posturas cuando menos intransigentes.

Esta ofensiva mediática busca, además, torpedear los canales de diálogo (precarios, incipientes, pero reales al fin y al cabo) entre el Ejecutivo y las principales centrales sindicales, iniciados a partir del acuerdo logrado entre la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgico y Siderúrgicos (FNMMSP) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) el 24 de julio último, luego de tres días de paro a nivel nacional.

Como se recuerda, la huelga minera colocó como principal objetivo de su plataforma de lucha revertir algunas de las principales iniciativas laborales aprobadas por el Gobierno de PPK. Fue así que el acuerdo que dio por concluida la medida de fuerza fue el compromiso del Ejecutivo de formar una Comisión mixta en la que representantes del MTPE y de las centrales sindicales, discutieran algunos de los puntos más álgidos de la agenda laboral del Gobierno; incluida la eliminación de los decretos supremos aprobados en meses recientes.

Estos puentes (que son necesarios preservar en un clima de respeto, tolerancia y sobre todo seriedad sobre lo que se pone y discute en mesa) corren el riesgo de “desplomarse” si el Ejecutivo asume la posición kamikaze que le exige la derecha económica y el fujimorismo, considerando la fragilidad del diálogo social –sobre todo en una instancia clave como es el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), a la que aspiran reactivar–. Desde esta perspectiva, los susurros de Letona, De Althaus y de EC son, a leguas, un abrazo del oso para PPK y su Ministro de Trabajo. ¡Nada más obtuso y riesgoso que abrirse nuevos frentes de oposición y protesta sindical en las actuales circunstancias!

Por lo demás, no sorprenden ya los argumentos utilizados para abogar por una mayor flexibilización laboral como medio para enfrentar la informalidad, dada su reiterada e inocua insistencia (y cuya inconsistencia ha sido debatida en TrabajoDigno.pe en repetidas ocasiones). Tampoco la posición dilatante del fujimorismo frente a la agenda laboral que requiere el país y que torpedean sistemáticamente.

Veamos por qué. En su entrevista con EC, la congresista Letona cuestionó la labor realizada en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, aduciendo que se dedicó íntegramente a “petardear los regímenes laborales exitosos”. Esta declaración no solo falta groseramente a la verdad: casi el íntegro de legislatura pasada esta Comisión se abocó a debatir el paso de los CAS de EsSalud al régimen laboral de la actividad privada, ley que tuvo entre sus principales animadores a su colega de bancada Segundo Tapia. Pasa por alto el carácter mayoritario de Fuerza Popular en esta Comisión y su responsabilidad directa en la cancelación del 25% de las sesiones por ausencia, precisamente, de los congresistas naranjas titulares. ¿En qué quedamos, congresista Letona?

Pero, más allá de lo anecdótico, es importante reparar en el momento en que se busca llevar a cabo lo que sería la denominada “reforma laboral” del Gobierno. Y las fuerzas políticas que estarían detrás de ésta.

Se ha mencionado la situación de debilidad política de PPK y los problemas que tiene para gobernar el país. Este contexto refleja una situación delicada, que en su extremo más peligroso nos coloca ante una situación de vacancia o reducción del mandato presidencial; considerando sobre todo la actitud desestabilizadora que ha mostrado –en más de una oportunidad y al margen de los gestos políticos de su lideresa– la mayoría fujimorista en el Congreso. A lo que se suman los brotes de ingobernabilidad que pueden generarse a partir de conflictos sociales mal encarados o resueltos por el Gobierno. Aunque malagueña, esta una posibilidad real en el contexto regional que vivimos. Casos recientes latinoamericanos ofrecen diversos ejemplos de “rupturas constitucionales” para crisis de ingobernabilidad asociadas a la corrupción y golpes institucionales. Los casos de Honduras (2013), Paraguay (2014) y Brasil (2016) son vivo ejemplo de ello.

Para la derecha económica peruana, estaríamos en el momento adecuado para pisar el acelerador, si bien no para eliminar directamente derechos laborales (algo políticamente costoso y de futuro incierto, como lo demostró la derogada Ley Pulpín), sí para desregular procedimientos administrativos vinculados con la función tutelar del Estado en la protección de los derechos e intereses de los trabajadores (es lo que se ha logrado con los decretos supremos y legislativos que erosionan la capacidad fiscalizadora y punitiva de las inspecciones de trabajo, eliminan obligaciones administrativas de los empleadores e introducen cotos a la negociación colectiva a través del arbitraje potestativo). Las recientes declaraciones de sus voceros buscarían generar las condiciones políticas para empujar al Gobierno hacia medidas de esta naturaleza.

Y apuestan por esta vía, porque no se les ocurre otra. Creen que la competitividad internacional, a la que tanto apelan para justificar sus planteos, se resuelve en los rankings de “rigidez laboral” en base a encuestas aplicadas a gerentes y directorios empresariales; y no invirtiendo –en serio y sosteniblemente– en el fortalecimiento de las capacidades productivas y organizativas del universo de unidades productivas que operan en la informalidad (en el Perú llegan a centenas de miles) ante la falta de recursos y apoyo estatal para desarrollarse y crecer. Objetivos de mediano y largo plazo que demandan recursos y trabajo que los tecnócratas neoliberales en el Estado no están dispuestos a invertir o no quieren hacer. Esa es la cuestión de fondo que Letona, De Althaus y EC no abordan en sus declaraciones y editoriales.

En TrabajoDigno.pe creemos importante iniciar un debate alturado y objetivo sobre las políticas económicas y laborales que se requieren implementar para mejorar las condiciones de empleo en el país. Pero también consideramos necesario denunciar los cantos de sirena que buscan empujar al Gobierno hacia un camino riesgoso no solo para su gestión, sino para el país en su conjunto.

[1] Enrique Fernández–Maldonado respondió a los argumentos planteados por De Althaus en su columna en Diario Uno.