(Fuente: La República)

En una de sus últimas decisiones como Presidente, Pedro Pablo Kuczynski aprobó el voceado aumento del salario mínimo vital, en una suerte de despedida agónica de su corto mandato. El incremento de S/ 80 representó, a todo efecto práctico, un monto mayor al propuesto por el sector empresarial y, según ha trascendido, superior a lo previsto por el lado de los sindicatos. Desde abril la remuneración mínima vital (RMV) ascenderá a S/. 930, entrando en vigencia primero para las pequeñas, medianas y grandes empresas, y desde mayo también para las micro empresas.

Como suele suceder, esta medida no estuvo exenta de polémica. Cuando PPK instaló el tema en la agenda, a mediados de febrero, los primeros en oponerse fueron los de la CONFIEP. Roque Benavides, su presidente, declaró al aumento inviable. Pedro Olaechea, parlamentario oficialista y ex presidente de la SNI, se opuso afirmando que el monto actual era muy alto “al interior del Perú”. Cuando era inminente el aumento, ya en marzo, la representación empresarial en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) replanteó su posición y cambió de estrategia: en vez de oponerse abiertamente al aumento, buscaron ponerle un tope. Presionaron para que se fije un incremento “simbólico”. En la comisión técnica del CNTPE los asesores empresariales argumentaban que el “contexto” económico no era el adecuado. Y en medios, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proponía que el aumento fuera de S/ 41 (S/ 1.30 diario), para “no desalentar las inversiones en momentos de bajo crecimiento”.

En el caso de las centrales sindicales, también hubo una atenuación en las expectativas. En un inicio su demanda fue elevar el salario mínimo a S/ 1,500 (de manera escalonada al 2021), hasta cubrir el costo de la canasta básica de consumo familiar, equivalente a S/. 1,600. Esto suponía un incremento de 76%. Una proporción que excedía largamente al porcentaje finalmente aprobado (9%), pero que de aplicarse –en un plazo razonable– permitiría recuperar la capacidad adquisitiva del salario mínimo, venida a menos con la hiperinflación y ajuste estructural de los años 1980–1990. ¿Qué haría inviable un aumento de esta naturaleza? El marco estrecho de la economía local, y los bajísimos niveles de productividad empresarial y laboral en las empresas de menor tamaño: a todas luces obstáculos enormes para que una porción mayoritaria de micro empresas asuma mayores aportaciones laborales, por lo menos en el corto plazo. Es por eso que, en las últimas etapas de la negociación en el CNTPE, las pretensiones sindicales se “sinceraron” en un monto cercano (pero menor) al aumento finalmente aprobado.

Aún es pronto para medir el impacto de esta medida en los indicadores que más preocupan al establishment local (niveles de formalidad o informalidad laboral, desempleo). En lo inmediato –y siempre que la “crisis” política no implique un desbarajuste económico – el adicional de S/ 80 en el bolsillo familiar inyectará “algo” de liquidez al consumo doméstico, precisamente en momentos en que la demanda y producción local requieren de estímulos para recuperar el ritmo de crecimiento reciente. Si a esto le sumamos el clima del Mundial de fútbol, que suele alentar el consumo, y la coyuntura internacional favorable para las exportaciones mineras, hay condiciones para aprovechar el envión del reciente aumento e intentar dinamizar el aparato productivo vía la demanda agregada.

Escenario, además, que es el proyectado según lo expuesto en el Marco Macroeconómico Multinanual (MMM) 2018–2021. Allí se señala que la Productividad Total de Factores (PTF) pasará de caer 0.4% en promedio entre el 2011 y 2017 (cifras a revisar), a proyectar un crecimiento promedio de 0.4% entre el 2018 y 2021, esto “en un contexto de elevado dinamismo del sector privado, mayor contratación formal, simplificación administrativa y eliminación de barreras burocráticas que mejoren el entorno de negocios”. Queda claro que hay razones para creer que estamos en un escenario favorable (o por lo menos no adverso) para decretar un aumento del salario mínimo.

¿Qué queda hacia adelante?

Circula un rumor según el cual el aumento de la RMV fue un “presente” que les dejó Kuczynski a sus ex aliados empresariales, luego de que estos tomarán distancia de su gobierno en los momentos más álgidos de la crisis. En TrabajoDigno.pe no descartamos esa hipótesis. Pero quedará como una pregunta abierta sobre qué tanta fidelidad e identificación puede tener un lobista de su calado con el sector que lo cobijó toda su vida.

No obstante ello, reconocemos que el aumento se concretó también gracias al impulso que le imprimió el ministro Javier Barreda. Conjuntamente con la Estrategia Nacional de Formalización Laboral, el ajuste del salario mínimo quedará como una de las pocas medidas de relevancia que pudo adoptar en el corto tiempo que estuvo en el cargo.

En ese sentido, un elemento relevante en su corto paso como ministro, fue retomar la discusión en torno a la institucionalización del mecanismo para la actualización periódica de la RMV. Tal necesidad se hizo más que evidente ante la imposibilidad de los actores sociales del CNTPE para ponerse de acuerdo en el cálculo del aumento, por lo que delegaron al Gobierno asumir la definición del mismo.

Lo que ha quedado en agenda es retomar la discusión sobre las precisiones a la metodología y procedimiento para la definición del salario mínimo del CNTPE. Según el Informe Crecimiento de la Productividad y Reajuste del Salario Mínimo, reseñado por Cuadros y Quiñones (2015), esta metodología toma la forma de “un mecanismo de revisión bienal de la RMV en función a la inflación subyacente proyectada (indicador que predice la inflación tendencial, es decir, aquella que excluye a los productos cuyos precios son muy volátiles) y la productividad multifactorial (variable que mide la eficiencia del aparato productivo)”.

Como señalan los autores, esta fórmula “busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben la RM sin generar presiones inflacionarias, dado que el incremento de dicha remuneración acompañará el proceso inflacionario y no lo replicará en un período posterior. Asimismo, tiene por objetivo trasladar parte de las mayores ganancias empresariales generadas por la mayor eficiencia de los factores de producción (principalmente capital y trabajo) a los trabajadores que participaron en dicho proceso” (pp. 124).

Sin embargo, si bien, en general, existe consenso en torno a los criterios aprobados en el CNTPE hace poco más de una década, en los hechos el lado empresarial ha mantenido una actitud renuente para aplicarlos periódicamente, como era la idea inicial, lo cual ha impedido un uso regular de la formula aprobada.

Por otro lado, algunos especialistas han planteado, más bien, algunos cuestionamientos a la formula usada para el cálculo. Por ejemplo, existen divergencias en torno a: (a) las variables consideradas para calcular el monto del mínimo vital; y (b) el procedimiento a través del cual se calcula la remuneración mínima vital. De por medio está la valoración que existe en torno a un monto (el actual salario mínimo) que se considera bajo, pues apenas cubre la mitad del costo de la canasta básica de consumo familiar y está lejos de proveer calidad de vida a una familia, ni siquiera con dos ingresos básicos.

Con relación al primer punto, se ha observado la pertinencia de utilizar la Productividad Total de Factores (PTF) como variable en el cálculo. Específicamente por la forma cómo se ha interpretado la medición de la productividad laboral, en el marco de un análisis multifactorial. La disputa metodológica ha girado en torno al peso asignado a la productividad laboral respecto de la productividad total, que incluye la variable tecnológica y la inversión en capital. Aunque hay otros especialistas que consideran, sin embargo, que la productividad medida a través de la fórmula del CNTPE se incrementó de manera significativa en toda la última fase de expansión de la economía nacional. Y que si el mecanismo de revisión de la RMV se hubiera aplicado según lo estipulado, ésta hubiera aumentado de manera sustantiva en dicho período. Además, consideran que es la variable más precisa para medir la mejora en la eficiencia de la economía.

Respecto al procedimiento utilizado para definir el valor del salario mínimo, se suele señalar que este fue acordado mediante un proceso de diálogo social en el CNTPE, con activa participación de los sectores sindical y empresarial en las discusiones técnicas y políticas. Así las cosas, difícilmente se puede cuestionar la legitimidad del procedimiento consensuado, aunque pueda ser razonable una precisión de la metodología vigente.

Precisamente las comisiones técnicas del CNTPE son el espacio natural donde discutir una precisión y actualización del criterio adoptado. Por ejemplo, la periodicidad del ajuste. Mientras que en algunos países de la región el salario mínimo es actualizado anualmente (México, Colombia, Chile, por ejemplo), acá se plantea que sea bienal, como establece el criterio vigente. Aunque la experiencia nos indique que su evolución está ceñida a la discrecionalidad política del gobernante de turno.

En ese sentido, una de las tareas urgentes por resolver para el presidente que inicia funciones, pasa por formalizar el mecanismo de actualización automática del salario mínimo. Contar con una institucionalidad definida para fijar periódicamente este concepto, significará un avance importante en la reducción de imprevisibilidad y jaloneo político que se suele dar en torno a este indicador clave para la economía nacional y los bolsillos de las familias peruanas.