Termina el año, y con ello entramos de lleno al proceso electoral y a un nuevo periodo gubernamental que se inicia en julio del 2016. Por tanto, es tiempo de balances y perspectivas. En Trabajodigno.pe asumimos la tarea de presentar una mirada sobre los avances (y retrocesos) en materia laboral y de empleo, y los retos que deberá enfrentar el próximo gobierno.

El trabajo –como acción productiva y fuente de ingresos, derechos y bienestar social– sigue siendo una aspiración y una deuda pendiente para un amplio sector de trabajadores peruanos. Un 55% de los trabajadores dependientes del sector empresarial privado labora en la informalidad laboral (sobretodo en el caso de las microempresas), esto es, sin acceso a la seguridad social ni a derechos laborales. Apenas el 6% de los asalariados privados formales se encuentra sindicalizado y puede negociar colectivamente. El resto trabaja al margen de una organización sindical que defienda sus intereses. El empleo formal creció significativamente en los últimos 10 años, sin embargo, solo 2 de cada 10 trabajadores peruanos accede a empleos decentes.

En este contexto, quienes toman las decisiones terminaron haciendo prácticamente lo mismo que en los últimos 25 años. El empleo nunca fue una prioridad y lo poco que se hizo perdió fuerza y empuje conforme los grupos de poder asentaron su influencia. Ninguno de los objetivos contenidos en los planes iniciales se cumplió a cabalidad. Veamos.

Las propuestas electorales de gobierno apuntaban a “desarrollar relaciones laborales que concilien la eficiencia económica con la equidad”. Para ello se planteó como políticas de gobierno:

• Promover el pleno funcionamiento del Consejo Nacional de Trabajo (CNT). Esta instancia, compuesta por representantes del Ejecutivo y los principales gremios empresariales y centrales sindicales, ha quedado totalmente desdibujada y carente de importancia política. Mecanismos institucionales aprobados en consenso mediante el diálogo tripartito y la negociación, como la metodología para incrementar la remuneración mínima en función de criterios técnicos como la mejora de la productividad y inflación, son obviados olímpicamente para impedir un incremento del ingreso mínimo. O el proyecto de Ley General del Trabajo, que cuenta con un consenso en el 86% de su articulado por parte del CNT y la revisión de un comité de expertos y de una comisión de técnicos del propio Ministerio de Trabajo, espera el sueño de los justos en el Congreso; mientras que iniciativas que buscaban reducir los beneficios laborales de los jóvenes como la derogada “Ley Pulpín”, fueron aprobadas sin pasar por este espacio de diálogo social tripartito.
• Fiscalización efectiva del respeto a los derechos laborales y de las condiciones de salubridad y seguridad del trabajo. Se aumentará significativamente el número de inspectores de trabajo. Ni lo uno, ni lo otro. La importante Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (aprobada el 2011 y que establecía procedimientos y sanciones rigurosas para hacer frente a las negligencias laborales que pusiesen en peligro la integridad y vida de los trabajadores), fue modificada por la presión empresarial que consiguió flexibilizar y relajar los estándares inicialmente aprobados. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), una medida igualmente importante, nació con un marco normativo debilitado (que pone énfasis en las acciones de orientación y reduce las multas), huérfana de financiamiento y en medio de conflictos con el Sindicato de Inspectores, que reclaman una mayor dotación de recursos y mejores condiciones laborales acordes con la importancia de su función. A nivel regional, las Direcciones de Trabajo y Promoción del Empleo yacen en el abandono.
• Asegurar el respeto efectivo de los derechos laborales (libre sindicalización y negociación colectiva, vinculándola a los aumentos de la productividad). En esto tampoco se perciben resultados significativos. Sólo 6 de cada 100 trabajadores formales del sector empresarial privado están afiliados a una organización sindical, en un contexto de escaso incentivo para la sindicalización dado el predominio de la contratación temporal y la normatividad que restringe el pleno ejercicio de los derechos colectivos.
• Programas de incentivos a la formalización de las MYPES consistentes en el aseguramiento de los trabajadores de todas aquellas empresas que se formalicen y, al mismo tiempo, se comprometen a cumplir con sus obligaciones tributarias y con estándares laborales básicos. Lejos de recibir el apoyo que requieren, las Mypes están expuestas a tasas de interés altísimas que dificultan su acceso al crédito y no cuentan con mayores recursos disponibles para innovar y mejorar su capital humano. Además, han sido las principales perjudicadas por la apertura comercial “alocada” de los últimos años: miles de empleos del sector confecciones se diluyeron ante la importación masiva de China, que ha copado el mercado interno.
• Implementar sistemas de capacitación de acuerdo a la demanda, para facilitar la empleabilidad de la oferta laboral subempleada y desempleada. El prepuesto para los Programas orientados a la empleabilidad e inserción laboral es limitado y en los últimos años se ha visto reducido significativamente. Esta situación, entre otras causas, explica su escaso impacto. Por ejemplo, el Programa Impulsa Perú –que es el que mayor presupuesto recibe de los implementados por el Sector Trabajo– apenas ha recibido S/. 58´502,198, beneficiando a 51,288 personas entre el 2012 y 2015.

La situación de abandono del Sector Trabajo no sólo dificulta una mejora en la calidad de vida y de trabajo de los peruanos. Incide directamente en diversas problemáticas sociales, dentro de las cuales la inseguridad ciudadana ocupa un lugar central en las preocupaciones de la población. ¿Qué proponen los candidatos para encarar esta problemática?

Por el lado de Fuerza Popular (FP) –que lidera Keiko Fujimori– no se conoce aún su plan de gobierno; aunque los precedentes del gobierno de su padre serán un lastre pesado para su candidatura. Por su parte, Peruanos por el Kambio (PPK), que postula a Pedro Pablo Kucynski, propone “incrementar el salario mínimo y los ingresos del sector público”, así como “crear tres millones de empleos en cinco años”, sin decir a cuánto ni cómo lo harán.

En el caso del Apra, es difícil encontrar su Plan de Gobierno luego de que fuera denunciado por plagio, aunque en su portal web se puede leer: “el Aprismo (…) planteó reivindicar los derechos laborales como la jornada de las 8 horas, el derecho de la negociación colectiva y sobre todo, poner fin al abuso de los Services que proliferaron con el fujimorismo. Porque reestablecer la jornada de las 8 horas daría más empleo al país pues donde hoy trabajan dos personas 12 horas, podrían trabajar 3 personas 8 horas”. Sin embargo, repite los mismos ofrecimientos que hiciera en su campaña del 2006 y que no implementaron durante su segundo gobierno.  En el sitio web de Alianza para el Progreso, de Cesar Acuña, ni siquiera es posible encontrar una mención al plan de gobierno.

Quienes hasta el momento han planteado de manera más detallada sus propuestas en materia laboral y de empleo, son los integrantes del Frente Amplio; en parte, recogiendo las banderas que fueran propuestas en el Programa de la Gran Transformación y que siguen pendientes de aplicación en el país. Entre las principales (y que no se repiten con otros candidatos) están:

• Empleo digno y de calidad con iguales oportunidades y mejores remuneraciones para los trabajadores y trabajadoras, garantizando los derechos laborales y el fortalecimiento de la actividad sindical con la negociación por rama, a través de una nueva Ley General de Trabajo en concordancia con los convenios de la OIT.
• Eliminación de los regímenes laborales especiales y los services, y reconocimiento y apoyo del Estado a los independientes, auto empleados y MYPEs, para que accedan a la seguridad social.
• Incremento de licencias por paternidad y situaciones análogas, para promover la participación de los hombres en tareas de cuidado y domesticas no remuneradas, así como flexibilidad, disminución y nuevas formas de jornadas de trabajo.
• Sistema universal de pensiones justas a cargo del Estado, manteniendo las AFP como sistema complementario y voluntario.

Todas estas propuestas deberán ser analizadas y detalladas en el debate electoral. En Trabajodigno.pe estaremos atentos a los planes de gobierno de los candidatos y plantearemos nuestra opinión respecto de su pertinencia y viabilidad. El periodo que se inicia con el nuevo año será complejo y requerirá medidas audaces para enfrentar la desaceleración económica y aminorar su impacto en el empleo.

Lima, 30 de diciembre de 2015