Acaba de publicarse Sobre Informalidad y Productividad. Breves reflexiones para el caso del Perú (OIT/PUCP. Lima: 2017), compilación de cinco presentaciones hechas por especialistas (Janina León, Juan Chacaltana, Luis Alberto Arias, Nikita Céspedes, Mario Tello y Javier Herrera) que abordan la problemática de la informalidad, tratando de identificar sus determinantes e implicancias. Aunque el volumen merece ser comentado en su totalidad (pero sobre todo revisado por los hacedores de políticas), por razones de espacio nos limitaremos a destacar algunas ideas fuerza que consideramos poco atendidas (cuando no ignoradas y resistidas) en el medio.

Ubicando la discusión

Desde los años 1980–1990 no se discutía el problema de la informalidad con similar atención. Entonces, las tesis de Hernando de Soto sobre el “capitalismo popular” introdujeron con relativo éxito el argumento de la “sobreregulación” como la explicación dominante. Ahora la informalidad vuelve a ser debatida, en parte por el carácter “prioritario” que el otorga el Gobierno en el marco de su gestión; pero sobre todo dada la abrumadora realidad que involucra a 7 de cada 10 peruanos. Así, la discusión se ha centrado en cómo incrementar la tasa de empleo formal (ahora en 30% de la PEA) de manera progresiva y sostenible. ¿Qué ha impedido que a pesar del boom económico reciente, se hayan logrado apenas modestos avances (del 2004 al 2016 se redujó de 79% a 73%)? Más aún, ¿cómo superar la situación de estancamiento (cuando no reversión) de esta tendencia, en momentos de bajo o nulo crecimiento?

Lamentablemente, esta discusión que atañe solo a académicos y especialistas, se da al margen de los grandes públicos, con actores específicos que buscan influir sobre las políticas públicas laborales. Desde diversos medios se busca imponer el argumento “regulacionista”, que atribuye a la legislación laboral la causa de los altos niveles de informalidad, sin reparar en otros factores (más importantes) que actúan como determinantes; o en el reducido impacto que han tenido este tipo de enfoques que apuntan a una mayor flexibilización laboral como única vía.

El volumen que nos presentan la OIT y la PUCP desnuda la inconsistencia de varios de los mitos construidos alrededor del “cuco” de la regulación. Ya en la Introducción, Philippe Vanhuynegem (Director Regional de la OIT) y José Rodríguez (Jefe del Departamento de Economía de la PUCP), señalan que: “(…) los trabajadores informales no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por carecer de otros medios de sustento. Aunque pueden haber excepciones, la gran mayoría de informales se ven arrojados a trabajar en la informalidad o en emprendimientos no registrados, como única alternativa de cara la sobrevivencia”.

Partiendo de esta constatación, los autores advierten que “las estrategias de formalización requieren de un contexto económico y político favorable, así como de políticas articuladas que atiendan directamente” la heterogeneidad que supone nuestra estructura ocupacional.

“Las soluciones ´sencillas´ y ´políticas flat´ –nos advierten– no funcionan para enfrentar este fenómeno multidimensional y altamente heterogéneo. El Estado debería jugar un papel activo de articulador de políticas de diversificación productiva para reducir las brechas de productividad entre sectores y entre empresas de diferente tamaño” (p. 7).

Ojo. Le otorgan al Estado un rol preponderante. No es el mercado el (único) ámbito donde se resolverán los problemas estructurales de nuestra economía. Se requieren iniciativas públicas en consonancia con los objetivos sociales que se persiguen.

¡Mamá, los “sobre costos”!

En la misma línea, Luis Alberto Arias considera que la política fiscal genera costos y beneficios para la formalización, pero que es “la calidad de los servicios del Estado (baja presencia territorial y de la cobertura del gasto social) la que propicia la formalidad/informalidad económica” (pp. 34–50).

Nikita Céspedes encuentra una clara correlación entre la Productividad Total de factores” y los niveles de formalidad laboral. A mayor tamaño de la unidad económica, mayor productividad y empleo formal. En ese sentido, “las políticas deben ser evaluadas según su aporte a la productividad y al crecimiento regional y sectorial, y que sus cambios incorporen la heterogeneidad de la productividad y su importancia en los salarios” (pp. 51–60).

Juan Chacaltana, por su parte, parte del reconocimiento de que existen pocos estudios que realizan análisis combinados de los múltiples factores relacionados con la informalidad. A partir de evidencia concreta, señala que “son los sectores menos productivos los que poseen la mayor parte del empleo y al mismo tiempo la menor parte del producto. Según datos del INEI, el sector informal explicaba el 2007 el 19% del PIB y el 61% del empleo total” (ver cuadro).

Encuentra, además, que “las variables asociadas a la reforma laboral no resultan significativas en contraste con la magnitud de los cambios que implicó. Similar es el caso del fortalecimiento de la inspección, que continúa siendo débil a pesar de los cambios operados (…). Los aspectos institucionales, a pesar de su magnitud, no han sido significativos como explicación de la formalización” (pp. 18–33).

¿Cómo está la situación en la región?

De acuerdo con el Panorama Laboral para América Latina y El Caribe 2016 de la OIT, a raíz de la crisis internacional –que impactó negativamente en la economía regional– aumentó la desocupación, la informalidad y se deterioró la calidad del empleo: esto puede entenderse como más empleo independiente, menos trabajo asalariado y menores salarios reales. Así, si bien la informalidad laboral se redujó relativamente en la década anterior, ésta empezó a crecer nuevamente en el 2015, para acentuarse durante el 2016. Se calcula que el empleo informal podría acercarse a los 134 millones en la región (Enrique Fernández–Maldonado Mujica).