En los últimos días ha trascendido que el gobierno designará finalmente al Superintendente de la SUNAFIL. ¿Qué podemos esperar de este cambio? ¿Se mejorará la eficiencia de la fiscalización laboral? ¿Habrá la suficiente voluntad política para implementar los cambios que se requieren y no ceder a las presiones para minimizar el alcance de la fiscalización laboral y favorecer la inocua e intrascendente orientación laboral?

La situación actual de la SUNAFIL no es la más auspiciosa. Pese a su reciente creación (de hecho, fue una de las poquísimas cosas buenas del anterior gobierno en materia laboral), esta instancia no ha despegado y menos cumple con sus funciones a cabalidad. Ni remotamente. Las razones que explican esta situación pueden ser múltiples. Pero la principal, a nuestro entender, radica en la falta de voluntad política del Ejecutivo, que se expresa en los pobres recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a esta instancia, insuficientes para cubrir el íntegro del territorio nacional y extender la labor inspectiva a sectores hasta ahora no cubiertos. Aunque el déficit de dirección y resolución al momento de aplicar la norma laboral, hace también lo suyo.

Toda esta situación ha conllevado a que un conjunto de sindicatos (incluido el de la propia SUNAFIL), presenten una queja por incumplimiento de las cláusulas contenidas en el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos. Producto de esta denuncia, el Departamento de Trabajo de ese país emitió sendos informes (en marzo y diciembre del 2016), recomendando el fortalecimiento de esta instancia (SUNAFIL). En el primer informe se propuso, explícitamente: “i) establecer oficinas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en todas las regiones del Perú lo más pronto posible; y ii) apoyar más las actividades de aplicación de la SUNAFIL, incluidas las inspecciones del trabajo y los procesos de sanciones administrativas, de tal forma que permita una aplicación más eficaz y expedita de la legislación laboral del Perú en todas las regiones del Perú”. Queda claro que estas recomendaciones no fueron atendidas por el anterior ni por el actual gobierno.

De acuerdo con lo expuesto por el Sindicato Nacional de Inspectores de Trabajo, para garantizar una mejora sustancial en el funcionamiento de las inspecciones laborales a nivel nacional, la SUNAFIL debiera implementar, en lo inmediato, las siguientes medidas:

• Constituir el Consejo Directivo de la SUNAFIL, órgano máximo de la entidad, responsable de aprobar las políticas institucionales y de la dirección de la entidad.
• Conformar el Tribunal de Fiscalización Laboral, órgano resolutivo y última instancia administrativa, cuyas resoluciones constituyen precedentes de observancia obligatoria.
• Convocar a concurso para el nombramiento de nuevos inspectores del trabajo. La OIT ha señalado que se necesitan 2,000 inspectores laborales, cuando a la fecha solo se cuenta con 390 inspectores de trabajo en total. En 16 regiones no se cuenta con inspectores de trabajo por parte de la SUNAFIL.
• Completar la formación de las intendencias de la SUNAFIL a nivel nacional: a la fecha solo se han inaugurado 9 intendencias regionales, además de la Intendencia de Lima Metropolitana (Huánuco, Áncash, incluida una oficina zonal en Chimbote, Cajamarca, Loreto, Ica, La Libertad, Arequipa, Moquegua y Tumbes).

En la actualidad, las nueve intendencias ya formadas tienen problemas de personal administrativo (insuficiente en el número) para desarrollar sus actividades. Tampoco cuentan con planes operativos basados en estudios técnicos orientados a combatir la informalidad laboral. Ni qué decir de la logística necesaria para desarrollar sus actividades.

Incluso la situación laboral del personal de la SUNAFIL –es decir, de los inspectores de trabajo– merece una mención especial. Por un lado, el Sindicato cuestiona que nunca se cumpliera con el mandato normativo del pago de gastos de instalación del personal inspectivo enviado a Regiones, afectando económicamente al personal asignado.

Por otro, la nueva gestión deberá hilar con fineza la relación con los Gobiernos Regionales. Es conocido el abandono (cuando no indicios de corrupción) que muestra el sistema inspectivo en diversas regiones del país. El Sindicato denuncia que la SUNAFIL no haya celebrado aún convenios con los gobiernos subnacionales para asegurar el cumplimiento de las condiciones de trabajo, horario de trabajo, movilidad y viáticos de los inspectores; y no obligarlos a “subvencionar” a la institución para la cual trabajan asumiendo el costo de sus funciones. Hoy en día los inspectores deben pagarse su movilidad para hacer las diligencias programadas. Existen quejas de que algunas Intendencias y Gobiernos Regionales nunca reembolsan estos gastos. En estos términos, el sistema está condenado al colapso.

Así visto, estamos ante una responsabilidad de envergadura que la nueva gestión de la SUNAFIL deberá encarar con seriedad, objetividad y sentido de justicia. En sus manos está fortalecer esta instancia clave para el adecuado cumplimiento los derechos de los trabajadores.