Frente a los anuncios hechos por el Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva, sobre la próxima aprobación y publicación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), creemos importante señalar lo siguiente:

1. La “estrategia” del MEF para promover la Competitividad y Productividad de la economía nacional a través de una reforma laboral flexibilizadora, carece de sustento empírico y se basa en un enfoque lesivo de los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores peruanos. El diagnóstico en que se basa la PNCP sobredimensiona los supuestos efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional del 2001, que estableció el derecho a la reposición laboral de los trabajadores despedidos sin causa justa o de manera arbitraria, como supuesto factor de rigidez en la legislación laboral, lo que atentaría contra el objetivo de promover el empleo formal y adecuado en el país. Presunción que consideramos errada y contraria a los fines que se persigue con la PNCP.

2. El objetivo detrás de esta iniciativa es ampliar las facultades que tienen los empleadores para despedir personal sin causa justa u objetiva. El derecho a la reposición opera como una garantía de los trabajadores frente a situaciones donde el despido arbitrario lesiona o vulnera derechos fundamentales como la libertad sindical o el derecho a la libertad de expresión.

3. La legislación laboral peruana contempla actualmente una diversidad de modalidades de contratación a plazo fijo o temporales que garantizan niveles altos de flexibilidad en el mercado de trabajo. Como consecuencia de ello, tres de cada cuatro trabajadores en el sector privado formal cuentan con contratos de trabajo temporales, cuya continuidad o renovación está sujeta a la discrecionalidad de sus empleadores.

4. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha manifestado su preocupación y oposición a incluir en la PNCP, propuestas referidas al mercado de trabajo que buscan dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional que protege a los trabajadores frente el despido arbitrario, pero también con relación a otros derechos fundamentales, como es el reconocimiento de la negociación colectiva de condiciones económicas en el sector público.

5. Creemos, en ese sentido, que el Ejecutivo debe atender y mantener la posición del MTPE frente a la PNCP, al ser este el ente rector y competente para definir la Política Laboral del Gobierno. Asimismo, cuestionamos las declaraciones ofensivas vertidas en algunos medios de comunicación contra el Ministro de Trabajo, que buscan desvirtuar la posición técnica de una institución del Estado cuya función principal es tutelar los derechos de los trabajadores.

6. La Competitividad y Productividad del país son objetivos que se conseguirán implementando políticas públicas que promuevan la diversificación productiva, una descentralización estratégica, el desarrollo tecnológico empresarial, la capacitación y formación laboral permanente de los trabajadores y trabajadoras, el acceso a nuevos mercados y la formación de encadenamientos productivos, entre otras medidas. Pero no reduciendo derechos laborales y afectando la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras.

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