Lily Ku Yanasupo[1]
Se acerca el Día Internacional del Trabajador y es una fecha propicia para hablar del resurgimiento del sindicalismo en el Perú. En efecto, si hay algo que los sindicatos de trabajadores y trabajadoras debemos agradecer al presente Gobierno es que, con motivo de la aprobación de sus políticas y decretos de urgencia antilaborales, nos ha permitido contar con el impulso necesario para reactivar el sindicalismo en nuestro país; aquel que viene siendo acallado desde la década de 1990 por el pensamiento económico neoliberal y cuyo rostro –por diversos factores– sigue generando un gran recelo en la ciudadanía. Pero, viene una pregunta elemental: ¿quiénes o cuáles son esos rostros?
Lo que sabemos es que desde hace bastante tiempo América Latina vive una fuerte crisis de representación social, en la que el Perú no es la excepción y sus sindicatos tampoco. Cada vez es más legítimo que la ciudadanía se pregunte a dónde vamos y quiénes nos representan. La clase trabajadora necesita tener claro el panorama sindical porque el miedo y la desconfianza, promovidos por el sistema que nos gobierna, realmente han calado en ella. Por otro lado, sin bases, sin agendas, sin discursos y sin transparencia no hay camino a seguir. Menos aún si esto no ayuda a contrarrestar las debilidades institucionales que afectan la protección de los derechos laborales en nuestro país. Pero no todo es malo. Estas también son épocas de cambio y reordenamiento. Por eso conviene estar muy atentos a no abrir espacios a la sinrazón, a los liderazgos huecos y a la representación sin interlocutores legítimos.
Respecto a la sinrazón debo decir que se requieren bases principistas. El sindicalismo peruano –hoy más que nunca– requiere afirmar (o volver a) su convicción por los derechos humanos. Y desde esta vertiente filosófica, tratar de comprender el contenido de los derechos sociales (acceso a salud, educación de calidad, trabajo decente, etc.), así como la importancia que estos tienen en el desarrollo de la persona humana. No apelamos a una cuestión jurídica, meramente declarativa; a algo que únicamente valga porque se encuentre reconocido en normas constitucionales o convencionales. Hablamos de las razones justificativas subyacentes a dichas formulaciones normativas. Es decir, de aquellas exigencias morales que hacen a la dignidad humana y que nos otorga a todos la condición de ser iguales en derechos (por ejemplo, garantizar condiciones de vida digna para todos resulta indispensable para el ejercicio de los derechos de libertad).
Respecto a los liderazgos, estos no solo significan ir a la cabeza de la organización ni menos mostrarse “superiores” ante los demás. El liderazgo no es un título gratuito. El verdadero liderazgo muestra aptitudes para establecer un norte (más aún en situaciones de crisis); para proponer una agenda con bases principistas (unidad y cooperación son claves en el sindicalismo); establecer estrategias de acción (creativas y programáticas); introducir herramientas democráticas que aseguren la mayor participación (de hombres y mujeres por igual), y dirigir a todos los participantes a la obtención de objetivos claros. En materia sindical la estrategia es clave, pero el discurso que fundamenta las acciones a emprender lo es aún más.
Un último aspecto es la implementación de prácticas democráticas en las organizaciones sociales. Lo cual es –en parte– fundamental para asegurar interlocutores legítimos y efectivos[2]. Tomando en cuenta esto, se requiere un intercambio continuo y activo entre todos los participantes, procurando ciertos consensos que se fundamenten en los principios e intereses en común. Por transparencia, estos consensos se tienen que dar a conocer a cada integrante de la organización. Y aquellos consensos que conlleven exigencias a quienes poseen los medios económicos y/o a las autoridades políticas, tienen que expresarse a través de un mensaje claro, razonable y coherente.
Hoy es posible decir, por ejemplo, que los trabajadores del sector público tienen agenda y discurso. Esto se refleja en nuestra oposición y cuestionamientos a los Decretos de Urgencia N° 014–2020 y N° 016–2020 que fueron aprobados por el Poder Ejecutivo este año, en un intento por eliminar los derechos a la estabilidad laboral, restringir la negociación colectiva y obstaculizar el fortalecimiento de los sindicatos. Medidas adoptadas bajo la misma consigna ideológica que prevalece desde hace mucho tiempo en el sector privado, como es la “deslaboralización” de las relaciones de trabajo; error que, en el caso de la administración pública, juega en contra de la reforma del Estado, de la sostenibilidad de las políticas públicas y de la lucha contra la corrupción.
También nos unen las normas antilaborales dictadas en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19, las cuales tienen por objetivo proteger las grandes fortunas de los grupos de poder económico que aún gobiernan nuestro país. Este escenario coyuntural viene exponiendo con mayor crudeza las desigualdades que desde hace mucho mantienen en (otra) crisis a nuestra sociedad. Todo esto reafirma nuestra lucha sindical y convicción por promover cambios sociales que procuren eliminar estas injusticias. Por eso, desde nuestra labor sindical, no pretendemos ser abogados litigantes, profesores, académicos, mucho menos escritores. Aspiramos a incidir y participar en los espacios de toma de decisiones en materia de política laboral y coadyuvar a generar cambios tangibles para la clase trabajadora.
No puedo terminar estas líneas sin destacar que en este proceso de rearme y resurgimiento de las voces sindicalistas en el Perú, las mujeres están jugando un papel preponderante. Si bien aún existen en nuestra sociedad muchos espacios que no están preparados para escuchar y dar lugar a mujeres empoderadas en sus derechos, con voces firmes y altisonantes, dispuestas a participar activamente en el cambio social, hay que decir que el sindicalismo de hoy –en especial del ámbito público– está mostrando apertura a la participación de la mujer; incluso en el ejercicio de cargos dirigenciales, aunque siga siendo una tarea diaria demostrar que lo merecemos. Así que, para quienes tenemos convicciones democráticas respecto a la igualdad sustantiva, el pluralismo y la representación social, esto hay que celebrarlo.
(Publicado en la edición de marzo de 2020 de la revista Análisis Laboral de AELE.)
[1] Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova. En la actualidad es Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo.
[2] Digo “en parte” porque también tiene otro tanto de importancia la preparación de quienes dirigen estas agrupaciones. Esto nos llevaría a analizar problemas de tipo más estructural que afectan nuestro sistema democrático, como la baja calidad de la educación y/o la poca formación en derechos/valores, que aquí solo me limito a señalar.
