Para los peruanos el 2017 será recordado por varias razones. Entre otras, porque fue el año en el que la crisis política se agudizó al punto de poner en cuestión la continuidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski, al vinculársele con la corrupción de Odebrecht y el caso Lava jato. Es el año también en que aparecieron importantes revelaciones del vínculo entre la constructora brasilera y los principales líderes del establishment político peruano. La crisis llegó a su clímax con el intento (fracasado) de vacancia presidencial impulsada por Fuerza Popular, y el posterior indulto a Alberto Fujimori como resultado de una negociación entre una facción del fujimorismo y PPK.

Este último suceso no solo significó un torpedo a la línea de flotación de la alicaída figura de PPK, a tal punto de aislarse políticamente e instalar la posibilidad latente de no culminar su mandato (ya sea por vacancia o renuncia) ante un agravamiento de la crisis. El indulto a Fujimori marca sobre todo la finalización de un ciclo político, signado por el agotamiento (como ha sido señalado por Alberto Adrianzén) del proceso de transición democrática iniciado el 2000. Se inaugura así una etapa definida por el sometimiento del Ejecutivo al autoritarismo parlamentario del fujimorismo y el regreso de su máximo líder a la política peruana.

Bajo este escenario político enrarecido, otros temas igualmente importantes fueron soslayados en la agenda política de finales de año. Apenas merecieron menciones aisladas en algunos medios. Uno de estos debates ausentes fue la situación del trabajo y de los trabajadores peruanos. En TrabajoDigno.pe consideramos que en materia laboral y de empleo la situación sigue siendo preocupante. En términos generales, el año pasado se registró una caída en los niveles de ingreso junto con el número de empleos adecuados, así como un leve repunte de la informalidad laboral. La economía sigue sin despegar, el crecimiento apenas llegará al 2.7% según estimados del Banco Central de Reserva (BCR), y se especula que la crisis generada por los destapes de la corrupción le costará a la economía peruana un punto del PBI. En este escenario, el incremento de los precios del cobre y la activación de importantes proyectos mineros servirán de poco,  de darse bajo el manejo inercial de la política económica neoliberal, generando un crecimiento superficial que durará hasta la próxima crisis o recesión, cuando volveremos a lamentarnos de la escasa diversificación productiva, la débil institucionalidad, bajo presión tributaria y pobrísima productividad de nuestra economía, sin que desde el Estado y la sociedad se haya hecho nada o lo necesario para cambiarlo.

En TrabajoDigno.pe consideramos que el 2017 fue otro año perdido en materia de políticas públicas de empleo y laborales. La gestión del Ministro Alfonso Grados Carraro al mando del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) resultó anodina, insípida y carente de reflejos. Contra lo que dicta el sentido común y una lectura adecuada de la problemática laboral, el Ministro Grados, lejos de aplicar políticas que resguarden y promuevan los derechos laborales, avaló una “reforma” impulsada desde el Ministerio de Economía –el verdadero poder político en el Estado– que, entre otros aspectos, apuntó a desregular los procedimientos inspectivos y administrativos, debilitando las garantías procesales que protegen a los trabajadores frente al abuso patronal y gubernamental. Acciones que pueden entenderse como un ataque a la razón de ser de la Autoridad de Trabajo, desde la propia Autoridad de Trabajo.

Fue un año, además, en que asistimos a una nueva ofensiva empresarial contra la estabilidad laboral en el Perú. Desde diversas tribunas, pero principalmente desde las páginas de El Comercio y Gestión, asistimos a una campaña sostenible contra el Tribunal Constitucional y la resolución del 2001 que reconoció la reposición laboral como una modalidad de resarcimiento frente al despido arbitrario.

Desde el ámbito sindical, el principal hecho del año fue la prolongada huelga de los maestros públicos. La forma como se manejó el conflicto confirmó no solo la indolencia secular del Estado frente a la educación pública y el magisterio, sino que reflejó al mismo tiempo la crisis de un modelo sindical (encarnado en el SUTEP) que fue largamente superado por las bases y dirigencias regionales, tensando la representatividad, legitimidad y liderazgo de la dirigencia del mayor sindicato del país.

A manera de balance, ofrecemos a nuestros lectores una breve cronología comentada de los principales hechos laborales del 2017, recuento que marcará al mismo tiempo los retos que quedaron pendientes y que deben ser retomados el presente año.

Enero–Marzo. Ejecutivo presenta proyectos de ley al CNTPE

Iniciamos el 2017 con la conformación por parte del MTPE, de un comité de especialistas que se encargaría de revisar “las principales reformas laborales que se implementarían con el propósito de generar empleo digno en el país”, según informó el Ministro en comunicado institucional. En TrabajoDigno.pe llamamos la atención sobre el marcado sesgo pro–empresa de un comité que debía ser plural, decisión que no sorprendió tanto por su composición (al fin de cuentas, tanto el Ministro Grados como su viceministro de Trabajo Eguiguren venían de gerenciar o participar en directorios de importantes corporaciones) como por la forma que se pensaba puentear las competencias del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTP); en teoría, el ente encargado de debatir y consensuar las reformas normativas relacionadas con la legislación laboral y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, luego de su nombramiento poco se supo del trabajo de dicho comité.

Esta iniciativa del MTPE dio lugar a una respuesta inmediata por parte de un conjunto de profesionales laboralistas, académicos y activistas, que plantearon una lista de recomendaciones en materia de políticas laborales, de empleo y seguridad social, para que fueran consideradas por el Gobierno en la elaboración del paquete de reformas que según Grados se aprobaría a mediados de año. Esta comunicación pública (difundida a través de este portal) generó una respuesta personal del Ministro a dos de los especialistas firmantes, comprometiéndose a tomar en cuenta las propuestas y ponerlas a debate del CNTPE. A estas alturas nos queda claro que se trató de una mera formalidad.

En el mes de febrero sucedieron dos hechos relevantes. Por un lado, se nombró a la nueva Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, la abogada Sylvia Cáceres, cuyos antecedentes como ex viceministra de Trabajo del gobierno anterior, generaron suspicacias y cuestionamientos en el movimiento sindical y espacios laborales.

Por otro, el MTPE presentó al CNTPE un conjunto de proyectos relacionados con la regulación de la negociación colectiva, el procedimiento inspectivo y la cancelación de los contratos de trabajo. En TrabajoDigno.pe hicimos un análisis específico de cada una de estas iniciativas, comparando los apuntes y observaciones realizadas por los representantes empresariales y dirigencias sindicales a los borradores propuestos por el Ejecutivo.

Este “primer grupo de proyectos normativos elaborados en base al diálogo social sostenido en la Comisión Técnica de Trabajo (CTT)”, como los denominó el Ministro Grados en el CNTPE (23 de febrero), no llegó a ser discutido. Por un lado, la emergencia nacional  generada por El Niño Costero, implicó la postergación del debate hasta el mes de abril, para cuando pasara la fase crítica del fenómeno climatológico.

En el ínterin, los trabajadores de San Miguel Industrias PET y de Century Mining llevaron a cabo prolongadas huelgas en la capital, enfrentando el calor y la desidia de las autoridades. La negativa de sus empleadores a negociar aumentos justificados y mejorar las condiciones laborales de su personal, era expresiva del comportamiento indolente con el que un sector de empleadores trata a sus trabajadores. Pero también de la incapacidad (y falta de voluntad) de la Autoridad de Trabajo para garantizar soluciones razonables y justas al conflicto laboral.

Abril: se paraliza el CNTPE

A inicios de abril el dialogo en el CNTPE enfrentó su primera crisis en el actual periodo gubernamental. La CGTP y la CUT decidieron suspender su participación, acusando al Gobierno de desatender sus preocupaciones y de intentar flexibilizar más la legislación laboral, como se evidenciaba en las iniciativas de ley presentadas al CNTPE. La gota que rebalsó el vaso fue, sin embargo, cuando el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley sobre empleo juvenil directamente a la Comisión de Trabajo del Congreso, sin pasarlo previamente por este foro tripartito. Tal decisión fue interpretada por la dirigencia sindical como un contrabando del Gobierno, al más puro estilo de la recordada Ley Pulpín promovida por el anterior gobierno.

Para estas fechas quedaba más o menos clara la orientación de los cambios propuestos por el Gobierno. No habían condiciones para eliminar derechos laborales, al estilo de la reforma laboral fujimorista de los noventa, pero sí para introducir reformas administrativas o procedimentales que allanasen el terreno para un mayor control de la organización del trabajo, incluida la contratación y despido. El aspecto que quizá más preocupación generaba entre los sectores laborales estaba referido a las modificaciones a la Ley General de Inspección de Trabajo (LGIT), en lo que se refería al concurso de infracciones, la suspensión del procedimiento sancionador inspectivo y la prohibición de duplicidad de inspecciones. En TrabajoDigno.pe considerábamos que los cambios en el procedimiento inspectivo terminarían por restarle capacidad fiscalizadora y punitiva al sistema de inspecciones, a reducir el costo de las multas y flexibilizar su aplicación. Sobre los alcances e implicancias de estas reformas se recomienda revisar los análisis de especialistas y de los propios inspectores de trabajo.

En este mes TrabajoDigno.pe publicó un extenso reportaje sobre la situación de la seguridad y salud ocupacional. Revisando estadísticas oficiales del MTPE, se pudo determinar que en el Perú cada dos días muere una persona por accidentes de trabajo. Una cifra impresentable para un país que pretende ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Junio. Muerte y esclavitud en pleno Centro de Lima

Hacia fines del primer semestre quedaba claro que del Congreso de la República no saldrían grandes reformas en materia laboral. La mayoría fujimorista en la Comisión de Trabajo, de la mano de la débil y acotada presidencia del Frente Amplio, devinieron en una calma chicha de la que poco o nada se logró al final de la primera legislatura. La única ley aprobada al término de este primer periodo decretó el paso de los trabajadores CAS de EsSalud al régimen laboral privado (12,000 empleados en total); ciertamente un atenuante a sus precarias condiciones de trabajo, pero muy lejos de ser la solución necesaria al problema del empleo público.

Fue en este mes que la bancada parlamentaria de Fuerza Popular desnudó su nulo interés por los trabajadores y la agenda laboral. Por un lado, se dedicó a torpedear el funcionamiento de la Comisión de Trabajo con sus continuas inasistencias que impedían el quorum reglamentario. Por otro, se opuso a las iniciativas de ley que beneficiaban a los trabajadores. Lo hizo férreamente con la aprobación del proyecto que planteaba modificar el régimen laboral de la Ley de Exportaciones No Tradicionales (Ley N° 22342), con el cual se buscaba poner coto a la contratación temporal sin límites; modalidad vigente en el sector desde hace cuatro décadas, a un costo altísimo para los trabajadores del rubro textil–confecciones.

Precisamente, por esos días el Perú recibió la visita de funcionarios del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), encargados de monitorear los compromisos laborales adoptados en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre ambos países. Como se recordara, el 2015 el Estado peruano fue objeto de una queja pública ante la Oficina de Asuntos de Comercio y Trabajo (OTLA) y de USDOL de los EEUU, presentada por un grupo de sindicatos peruanos que denunciaron ser objeto de violaciones sistemáticas a sus derechos sindicales.

En abril del 2016 la queja fue admitida y devino en una comunicación oficial al Estado peruano, instándole a atender un conjunto de recomendaciones relacionadas con el régimen especial de exportación no tradicional, el sistema inspectivo y la justicia laboral.  La misma misiva establecía diciembre del 2016 como un primer plazo para el monitoreo de los avances y luego uno segundo en junio del 2017, al término de los cuales el Estado peruano debía sustentar las subsanaciones y correcciones.

Entre las principales recomendaciones de USDOL se planteó la necesidad de realizar cambios a la Ley N° 22342, en la medida que colisionaba con los estándares laborales contenidos en el capítulo laboral del TLC. Pero ni el gobierno de PPK ni el fujimorismo parlamentario hicieron el menor esfuerzo por atender esta recomendación específica. Por lo mismo, el debate en el Congreso en torno a este régimen lesivo de los derechos laborales nunca se concretó y durmió el sueño de los justos.

Con relación al tema inspectivo, nada más expresivo que una nueva huelga de los sindicatos de inspectores, coincidente con la visita de los funcionarios gringos, para acercarse a su situación actual. Por esos días se dieron también las primeras manifestaciones de protesta –en las calles y en las redes sociales– en contra del Proyecto de Ley de Empleo Juvenil (N° 1104–2016–PE).

Sin embargo, junio será recordado por la tragedia relacionada con el incendio en las galerías Las Malvinas. La muerte de dos jóvenes trabajadores, asfixiados en un conteiner convertido en cárcel mortal, puso en el centro de la conciencia nacional la cruenta realidad de explotación y abuso patronal al que está expuesto un amplio sector de la población empleada en la informalidad, bajo condiciones de precariedad laboral impune. Todo esto ante un Estado indolente, sin la mínima voluntad para proteger a sus ciudadanos y tutelar sus derechos laborales, como es el peruano, hace mucho tiempo.

Paradójicamente, ese mes el Perú fue designado para ocupar vicepresidente de la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nombramiento objetado por la representación de la CGTP en la misma sesión en que el representante del Perú (a la sazón el Ministro Grados) asumía el cargo.

Julio: Sin novedad en el frente

Para mediados de año el Gobierno de PPK había devenido en pato rengo, sin capacidad de iniciativa y acogotado por una mayoría parlamentaria fujimorista que lo presionaba con la censura de sus ministros. En materia laboral no había mucho que mostrar. Esto se reflejó en el segundo mensaje presidencial de PPK por fiestas patrias: un discurso carente de una visión de país, y sobre todo, escaso en anuncios en temas de empleo y trabajo. Los cuatro Decretos Legislativos con contenido laboral, aprobados por el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, estaban orientados a “simplificar” los procedimientos laborales, con el argumento de reactivar la economía y promover la formalización laboral. Pero en la práctica eliminaban garantías de protección al trabajador frente a contingencias laborales o abusos patronales.

Por ese mes ya era significativa la caída en el ritmo de crecimiento del empleo formal (creció solo 0,2% en abril del 2017), en buena parte como consecuencia de la desaceleración económica. La estrategia de impulsar el crecimiento mediante el “destrabe” y la “simplificación administrativa”, mostraban sus patas cortas para reactivar sectores productivos que comenzaron no solo a atenuar sus expectativas de crecimiento, sino también a ajustar planillas y costos (particularmente en la construcción y manufactura). En un contexto internacional definido por la menor demanda externa y caída de los comodities mineros, se hacía evidente la importancia de continuar con la diversificación productiva iniciada –con no pocas limitaciones– por la administración anterior, y dejada de lado por el ministro Thorne y el actual Gobierno.

Por esos días SERVIR publicó un informe técnico que calculaba en 150,000 el número de personas que laboran en el Estado en situación de informalidad laboral.

Agosto. A río revuelto, ¿ganancia de empresarios?

Desde el segundo semestre se intensificará la ofensiva empresarial contra los resabios de “estabilidad laboral” que aún cuentan los trabajadores. Una campaña promovida por el sector privado, con apoyo de tecnócratas y líderes de opinión neoliberales, buscó introducir en la agenda sectorial la modificatoria de los criterios utilizados por el Tribunal Constitucional (TC) para validar el derecho a la reposición en los casos probados de despido arbitrario.

Quienes abanderaron esta campaña fueron columnistas habituales de El Comercio, Gestión y el portal Lampadia, que no escatimaron oportunidad para presionar al Gobierno y a la mayoría fujimorista en la línea de un “acuerdo político” a favor de una agenda “pro–empleo”. Esta agenda consistiría, en su extremo, en la aprobación de una reforma constitucional que estableciera formas alternativas de compensación frente al despido arbitrario, que no pasaran necesariamente por la reposición del trabajador, y que brindaran al empleador plena libertad para contratar o despedir (discrecionalmente y sin mayor justificación) a sus trabajadores. Esto es, una (mayor) flexibilización y desregulación del derecho al trabajo. La campaña se volverá sistemática conforme avanza el año y alcanzará su clímax en noviembre, cuando la Comisión de Protección Social presentó un Informe que “convertía” al TC en poco más que en el garante de la estabilidad laboral absoluta y el principal escollo para implementar el seguro de desempleo (sic).

Setiembre. Presupuesto del Sector Trabajo: movidas extrañas

Setiembre es el mes en el que habitualmente se inicia la “discusión” sobre el Proyecto de Presupuesto General de la República (PGR), elaborado y presentado al Congreso por el MEF. El dictamen que aprueba la Comisión de Presupuesto y se somete a votación en el último Pleno de noviembre, es prácticamente el mismo texto que presenta el Ejecutivo, con pequeños ajustes incluidos como disposiciones finales transitorias para asegurar los “apoyos parlamentarios”. Casi no hay debate sobre el contenido del Presupuesto, su distribución y prioridades. El eficiente “cabildeo” realizado por los coordinadores parlamentarios del MEF es largamente conocido y pocos debates parlamentarios obtienen el nivel de “consenso multipartidario” como este.

En TrabajoDigno.pe presentamos un análisis detallado del presupuesto para el Sector Trabajo. La partida solicitada para el 2018 contempla un aumento de S/ 120´009,986, lo que equivale a un incremento de 44.5%. Hasta acá tenemos que el Sector aspiraba a un incremento superior al del conjunto del PGR (10.3%), pero que no le quitaba la condición de “cenicienta” que tiene el MTPE dentro de la estructura del Presupuesto público.

En términos relativos, el presupuesto asignado al Sector (que pasa de 0.19% a representar el 0.26% del PGR) es a todas luces pobrísimo, ínfimo, insuficiente. No llega siquiera al 1% del PGR. Decíamos hace unos meses: con ese nivel de presupuesto “no es de extrañar los niveles de informalidad que llegan al 50% entre los asalariados privados, o al 70% de la PEA nacional incluyendo a los independientes y trabajadores familiares no remunerados. Para no profundizar en las cifras de siniestralidad laboral, acceso a la protección y seguridad social, jornadas extendidas, descansos reducidos y un largo etcétera, etcétera”, como consecuencia de una Autoridad de Trabajo ausente, reducida y mal equipada.

Asimismo, dimos cuenta de algunos datos “curiosos” del Presupuesto 2018 del Sector Trabajo, que llamaron la atención por su orientación, proporción y razonabilidad. El detalle lo pueden ver en el post citado, donde se evidencia las tendencias divergentes entre el notorio incremento de las partidas para Gasto Corriente, Donaciones y “Otros”, al tiempo que caían las orientadas a auditoría y control interno, asesoría jurídica y defensa legal del ramo, etc.

Octubre: Perú en la mira de la Unión Europea y los Estados Unidos por derechos laborales

Tras la censura parlamentaria del jefe de Consejo de Ministros, Fernando Zavala,  trascendió que la nueva premier y congresista, Mercedes Araoz, había negociado con las bancadas fujimorista y aprista la aprobación –vía facultades legislativas– de cuatro proyectos de ley “laborales” presentados por el Ejecutivo. Se esperaba que en el Pleno del 12 de octubre, fecha de la investidura, se propondría un paquete de decretos legislativos donde se incluirían los proyectos que no se discutieron en el CNTPE, pero que ahora encontrarían una vía express mediante  las facultades legislativas. Estos proyectos serían los referidos a la Ley de Empleo Juvenil, los cambios en la regulación de las negociaciones colectivas, el debilitamiento de las inspecciones y el seguro de desempleo. Las facultades legislativas eran el único medio para concretar estas medidas, considerando el debilitamiento interminable del Gobierno, su orfandad de ministros políticos y una calle sensible a reformas antipopulares como las laborales.

Así, mientras Araoz negociaba con sus “opositores” en el Congreso el otorgamiento de facultades legislativas y la inclusión de un “paquete laboral”, a nivel internacional el Perú volvía a ser objeto de serios cuestionamientos por el incumplimiento sistemático de los compromisos laborales asumidos en el marco de los TLC firmados con diversos países y bloques comerciales. Hacia finales de octubre diversas organizaciones presentaron una queja ante el punto de contacto de la Unión Europea, por similares motivos a los denunciados ante el TLC con Estados Unidos. De esta forma el Perú volvía a aparecer ante la comunidad internacional como un país que incumple sus compromisos en materia de derechos humanos.

Noviembre: Unas de cal, otras de arena

En noviembre se presentó el Informe Final de la Comisión de Protección Social, que coordinaba el MEF y que encargó al think tank GRADE la elaboración de las propuestas “técnicas” en materia de seguridad social, contratación laboral (seguro de desempleo) y aseguramiento en salud, otras vez promocionadas por el Gobierno como la “gran reforma” que necesitaba el país.

Un análisis detallado de TrabajoDigno.pe evidenció la falta de solidez de la Comisión en lo relacionado al seguro de desempleo. El trasfondo de la propuesta -la imposibilidad de aplicar este mecanismo como consecuencia de la alta rotación laboral registrada en el país- tiene como objetivo subalterno tumbarse la resolución del TC referida al despido arbitrario, en consonancia con la campaña emprendida desde diversos medios neoliberales. Según los tecnócratas contratados por el MEF, los empresarios no contratan a plazo indeterminado por los altos costos del despido generados por la sentencia. Argumentación cuya inconsistencia ha sido evidenciada  por miembros de este blog, desnudando el sesgo ideológico de una propuesta elaborada con supuestos que no se sostienen “técnica” ni metodológicamente.

Como una estrella solitaria en el firmamento, la aprobación por unanimidad de la Ley de Igualdad salarial entre hombres y mujeres (primero en la Comisión de la Mujer y luego en el Pleno del Congreso), representa un avance importante en la lucha por la disminución y eliminación de las persistentes brechas (sociales, económicas, laborales) que ubican a la mujer en una posición desventajosa frente a los hombres. Se espera que el Ejecutivo la promulgue en las próximas semanas.

Igualmente importantes son los dictámenes aprobados en la Comisión de Trabajo y pendientes de discusión por el Pleno del Congreso. Por un lado está el dictamen que regula la negociación colectiva en el sector público. Su aprobación cae de madura, considerando que la sentencia del TC instaba al Poder Legislativo a normar este derecho fundamental en la legislatura que culminaba a mediados del 2017. Esto es, un año y medio después de iniciado el actual periodo gubernamental. En términos de alcance y prioridad, esta Ley resultaba prioritaria, considerando que involucra a casi un millón de empleados públicos bajo el alcance de una negociación colectiva. Y si bien resta aún la votación en el Pleno (el momento definitorio), lo avanzado representa sin duda un paso importante en el proceso de restitución de derechos fundamentales para el servidor público.

Asimismo, se avanzó en la discusión del proyecto de ley que busca modificar el procedimiento para el pago de los intereses de devengados por adeudos laborales, cuya fórmula de cálculo estaba vigente desde el periodo fujimorista de los años noventa y perjudicaba al trabajador.

Posdata de Diciembre: acaba otro año sin aumento del salario mínimo, como ofreciera el ex Ministro de Economía Thorne en su momento.

2018 y el escenario incierto

El 2017 terminó en medio de una crisis política cuyo desenlace aún es incierto. Los mayores riesgos para el país provienen de los coletazos de la corrupción sobre un sistema político desacreditado y sin mayor respaldo popular. De esta crisis sistémica pueden desprenderse diversos escenarios posibles: en un extremo, el agravamiento de la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso que termina en la interrupción del orden constitucional y el consecuente adelanto de elecciones, o un escenario intermedio, donde la mayoría fujimorista controla buena parte de las instituciones públicas y consolida el pacto de impunidad pro establishment con el Apra y PPK, principalmente.

Frente a este panorama, la situación del empleo y de los trabajadores pinta mal. Por lo pronto, estará sujeta a las oportunidades de crecimiento que el contexto externo favorezca y que la acción de los propios agentes económicos potencia a nivel interno. Asimismo, la lucha contra la corrupción  y la impunidad deberá incorporar como bandera la defensa de los (pocos) derechos laborales que les queda a los trabajadores, que es una forma de proteger a la democracia de la ofensiva patronal y autoritaria que asola la región y nuestro dolido Perú.