Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno, 19 de junio 2016)
De la agenda planteada por el Frente Amplio (FA) al próximo gobierno, quiero destacar un punto clave y al mismo tiempo complejo de concretar: la aprobación de la Ley General del Trabajo (LGT).
Esta ha sido una demanda del movimiento sindical desde que se inició la transición democrática el 2001. Entonces hubo consenso entre las fuerzas políticas y sociales sobre la necesidad de ordenar el complejo entramado normativo laboral, restituyendo garantías fundamentales conculcadas por el fujimorismo. Sin embargo, a pesar de formar parte de los objetivos del Acuerdo Nacional (2002) y de haberse consensuado hasta un 85% del proyecto de ley elaborado por el Consejo Nacional del Trabajo (con participación de empleadores, trabajadores y Estado), han pasado tres gobiernos sin que se concrete su aprobación.
¿Qué hace creer al FA que con un gobierno de derecha y una megabancada fujimorista se podrá aprobar una reforma laboral que recoja el sentido original de la LGT? ¿Cuál es la táctica o estrategia que piensan implementar para lograrlo?
En su tesis de maestría en ciencias políticas, Leonidas Ramos describió el carácter “informal y bloqueador” del lobby ejercido por gremios empresariales (CONFIEP, SNI, CCL), estudios de abogados y consultores privados, abocados en ponerle frenos a la LGT. Como gran operador de este boicot está el Ministerio de Economía y Finanzas, “el verdadero autor de la política laboral de los últimos gobiernos” (Entrevista a Miguel Canessa. TrabajoDigno.pe, 14/06/16). ¿Bastará la movilización ciudadana para desbloquear esta coalición antilaboral y antisindical?
La aprobación de una nueva LGT es fundamental para devolverle equilibrio al sistema de relaciones laborales. Para avanzar –como bien señaló Veronika Mendoza– hacia una legislación que regule adecuadamente la contratación temporal y promueva el empleo estable. Pero, ojo, es necesario ponderar el piso desde donde se parte. El escenario es desfavorable para apostar por cambios progresistas a la legislación. No contamos con un movimiento sindical fuerte y movilizado. Tampoco con líderes de opinión con interés o conocimiento en el tema. Los medios de comunicación son caja de resonancia de los gremios empresariales. En este contexto, los riesgos son altos. Javier Neves advertía hace poco que, “con la correlación que tenemos, si vamos a una asamblea constituyente o a una nueva LGT, lo que va a salir es algo peor de lo que tenemos actualmente” (Trabajo&Desarrollo N° 13, Marzo 2016).
¿Significa esto que debamos abandonar esta bandera? No, y hace bien el FA en colocarlo entre sus prioridades. La cuestión está en el cómo y cuándo impulsar este proceso. Quizá el escenario exija enfilar baterías hacia la reforma del sistema de pensiones, actualmente en agenda, a fin de asegurar el acceso universal a la seguridad y protección social al conjunto de la población.
