Autor: Enrique Fernández-Maldonado
La primera vuelta electoral dio por ganadora a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular (FP), quien tendrá que disputar la presidencia con Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos Por el Kambio (PKK). En tercer lugar quedó Veronika Mendoza, del Frente Amplio (FA), que además de convertirse en la primera minoría parlamentaria, logró un objetivo político clave: introducir el cuestionamiento al modelo económico como eje de la discusión electoral. Esto fue posible porque capitalizó –junto con Alfredo Barnechea y Goyo Santos– el sentimiento de cambio que alberga un sector mayoritario de la población y que llega al 70% según algunas encuestas.
Desde el punto de vista laboral, las propuestas de Fuerza Popular se inscriben dentro “lo posible” en el marco del actual statu quo. Lo más saltante y rescatable es la referencia al diálogo social y el relanzamiento del Consejo Nacional de Trabajo (CNTPE) como espacio donde se deberán llevar a cabo las principales reformas laborales –entre ellas la Ley General del Trabajo (LGT)–. El fortalecimiento y equipamiento de la Superintendencia de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es otra oferta interesante y necesaria que merece destacarse. En ambos casos, se trata de iniciativas que, o bien vienen siendo postergadas desde el inicio de la transición (es el caso de la LGT), o bien fueron aprobadas durante el actual gobierno (pero abandonadas presupuestal y políticamente).
El problema con las ofertas laborales fujimoristas es de credibilidad. No solo porque el actual modelo de relaciones laborales (calificado por Verdera, Neves y otros, como desigual, asimétrico, antilaboral) es una herencia directa del autoritarismo fujimorista de los años noventa. Lo es también porque, siendo la segunda minoría parlamentaria en los dos últimos congresos, el fujimorismo nunca impulsó la LGT; a pesar de ser ésta una política de Estado incluida en el Acuerdo Nacional, contar con un proyecto consensuado al 86% por los miembros del CNTPE, y sobre todo, presidir (durante el actual periodo) la Comisión de Trabajo en el parlamento.
Esta suspicacia tiene una explicación adicional: los representantes y voceros del fujimorismo no quieren ninguna reforma laboral que no sea a favor de reducir los derechos de los trabajadores. Algunas evidencias al paso.
La denuncia contra el congresista Julio Gagó, por eludir obligaciones sociales y laborales de su personal contratado a través de empresas tercerizadas (outsourcing), fue tenazmente defendida por su bancada en la Comisión de Ética del Congreso. Política o no, el mensaje era claro.
De igual forma, el actual candidato a la vicepresidencia, Pepe Chlimper, fue ministro de Agricultura cuando en los últimos días del tercer fujimorismo (octubre del 2000), se aprobó una ley que lo beneficiaba directamente en su condición de empresario agroexportador (Ley Nº 27360). Este régimen –prorrogado por el segundo alanismo–, establece menores estándares para los trabajadores del campo, permitiendo su contratación temporal indefinida y recortando sus derechos laborales. Chlimper fue el empresario que, ante una huelga de los estibadores portuarios el año 2007, los llamó “malnacidos” y amenazó con “usar su arma de fuego” para terminar con la protesta sindical.
Finalmente, el fujimorismo –a través de la presidenta de la Comisión de Trabajo, Martha Chavéz– fue la agrupación que facilitó la aprobación de la Ley Pulpin, sin debate parlamentario ni discusión pública. Proyecto que retaceaba derechos laborales a los jóvenes, pero que fue derogado por la presión en las calles.
