Foto: Javier Fernández-Maldonado.
“La formalización requiere de capacitación, acceso al crédito, a nuevos mercados, etc. Y no la rebaja de derechos, que es el modelo antidemocrático, vertical, autoritario dejado por Fujimori”
Abogado laboralista, profesor universitario y ex funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Adolfo Ciudad Reynaud (65) preside actualmente la Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, cargo que ocupa en virtud de su larga trayectoria en el campo del derecho laboral y la investigación académica en nuestro país y Centroamérica. TrabajoDigno.pe conversó con Adolfo sobre la coyuntura laboral: el debate electoral, los retos del próximo gobierno y un balance de la gestión que termina en julio.
¿Cuál es su valoración de la política laboral del gobierno de Ollanta Humala? ¿Qué aspectos rescataría, cuáles son considerados un retroceso, cuáles podrían ser continuados por el próximo gobierno?
Yo creo que, en líneas generarles, se ha mantenido el modelo flexibilizador que tenemos desde la época de Fujimori. Este se basa en dos características fundamentales. Por un lado, una muy importante ausencia de diálogo. El número de convenios colectivos ha bajado drásticamente y eso no ha mejorado con este gobierno. En las últimas décadas el número de convenios ha descendido hasta una cuarta parte de lo que había. La sindicalización tampoco ha mejorado. A inicios de los años noventa teníamos una tasa de sindicalización de 21% [de la PEA asalariada] y ahora tenemos solo 5%. La falta de diálogo es el rasgo más característico de este modelo, que la actual gestión ha continuado sin mejorar los niveles de comunicación entre empleadores y trabajadores. Este modelo es autoritario, vertical, precarizador del empleo. Donde la voz del trabajador no se escucha en el centro de trabajo.
Por otro lado, este es un modelo que promueve los contratos temporales, donde los trabajadores tienen un tiempo límite de trabajo. Y si se sindicalizan, pierden el trabajo.
Esto lleva a que, paralelamente, por esta carencia de diálogo social, el nivel de remuneraciones no se haya recuperado como podía haberse recuperado. Tenemos el segundo salario mínimo más bajo de América Latina. Y esto a pesar de haber tenido diez años de comportamiento económico muy favorable en el Perú.
¿Qué opinión te merecen las tres medidas más importantes implementadas por la actual gestión? El arbitraje potestativo, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, y la Ley de Servicio Civil.
Con relación con la negociación colectiva en el sector público, seguimos teniendo una política persistente hace diez años, que los gobiernos de [Alán] García y [Ollanta] Humala han continuado, y que ha prohibido por completo los incrementos salariales en la administración pública. El arbitraje potestativo en el sector público está permitido solamente para condiciones de trabajo. Esto a pesar que el 3 de setiembre del 2015, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia señalando que la ley del presupuesto público prohibía la negociación colectiva y los incrementos salariales. Eran medidas inconstitucionales que atentaban contra convenios internacionales.
A pesar de ello, se ha dado un incremento importante de la negociación colectiva. Pero hay que tener en cuenta que sectores como el municipal, por ejemplo, han sido afectados por la Ley Servir. Va en contra de una tradición de diálogo y de negociación colectiva que se había establecido desde inicios de los años ochenta en el sector municipal. Esto es importante señalarlo, porque el sector municipal implica gobiernos locales y centenares de negociaciones colectivas que se ven afectadas. A pesar de eso, se siguen poniendo de acuerdo. Hay arbitrajes donde se inaplica la Ley Servir y se obtienen incrementos a la remuneración a través de control difuso constitucional.
A nivel de arbitraje potestativo en el sector privado, ha habido una situación que se ha tornado favorable. Porque negociaciones colectivas que antes quedaban abiertas, sin poder solucionarse, a través del arbitraje se vienen solucionando de distintas formas. Esta no ha sido una medida del gobierno, sino doctrina del Tribunal Constitucional que se ha ido formando desde la primera década de este siglo.
Ha habido un importante avance. Pero después, debido a la presión de las empresas, se ha dado un retroceso y reducido los estándares. Aún así, se ha avanzado en cierta forma.
¿Cuál es tu valoración de la medida aprobada por el Congreso de permitir la libre disponibilidad del 95% de los fondos de las AFPS? ¿Cómo va afectar el derecho a la seguridad social?
Desde el punto de vista de la seguridad social, una medida de esta naturaleza hace que el derecho de jubilación se vea afectado. Porque el nivel de las pensiones es tan bajo, y la rentabilidad de las agencias de las AFPs tan alta, que hace que las pensiones sean reducidas.
Frente a esa situación, si es que a uno le dicen “Usted, lo que ha venido aportando durante su vida laboral, va otorgarle una pensión muy poco significativa”, que apenas llega a los 800 soles –en el mejor de los casos, hay pensiones menores– sin duda va a ver un aliciente para el retiro. Porque, si a mí me van a calcular mi pensión sobre lo aportado para devolvermelo hasta los 110 años (que no voy a cumplir), entonces lógicamente va a ver un retiro masivo. Esto va a hacer que el derecho de jubilación, en el sistema privado de pensiones, tienda a desaparecer. Y se convierta el derecho de jubilación en un sistema de ahorro que el trabajador va a retirar al momento de llegar a los 65 años. Esto afecta al derecho a una pensión. Creo que esta situación debería propiciar una revisión de todo el sistema pensionario, tanto privado como público, a fin de establecer mejoras estructurales que restablezcan el verdadero derecho a una pensión digna. Esta ley no lo favorece, pero sí pone sobre la mesa la necesidad de hacer una revisión integral.
“Las dos opciones que tenemos para la segunda vuelta van a mantener el modelo laboral”
¿Cómo ves el debate laboral en el actual proceso electoral?
Este es el tercer gobierno desde el inicio de la transición, donde se prometió la expedición de una Ley General del Trabajo (LGT) que pudiera incorporar elementos de democracia laboral en el modelo de relaciones de trabajo. No obstante, es la tercera oportunidad que se queda trunca esta posibilidad de contar con una legislación que abra canales de democracia en el centro de trabajo; que remueva los obstáculos para la sindicalización y la negociación colectiva y, que sea factible construir un modelo de relaciones laborales equitativo, en el que el diálogo sea elemento central entre empleadores y trabajadores. Que tienda hacia la inclusión de los trabajadores dentro del sistema de protección de la legislación del trabajo y de la seguridad social. Sin embargo, se han incumplido nuevamente estas promesas. Yo que creo que el sector empresarial ha hecho mucha presión para que esta situación siga así, con poca visión de futuro. Se siente muy cómodo con este modelo de relaciones de trabajo.
En el debate laboral muy poco se ha conversado sobre esta situación. Y lamentablemente, con las dos opciones que tenemos para la segunda vuelta electoral, parecería que el modelo no va a cambiar, sino que se va a mantener o profundizar. Hay que tener en cuenta que el modelo laboral antisindical de Fujimori, que no fue cambiado sino profundizado por Toledo, García y Humala, estableciendo regímenes especiales con menores derechos.
Sin embargo, está claro que la alternativa de formalización de las pequeñas empresas rebajando derechos, no está funcionando. Desde el año 2003 tenemos este modelo de rebaja de derechos para la formalización, pero es absolutamente insuficiente. No hay ningún resultado tangible o significativo en la perspectiva de la formalización. Está claro que las medidas para la formalización van por otro lado: por la capacitación y formación profesional, por facilidades para otención de créditos, por rebaja de impuestos a la renta, por la promoción de nuevos mercados, etc. Y no por la rebaja de derechos, que tiende a hacer que el modelo dejado por Fujimori –antidemocrático, vertical, autoritario– se convierta en una situación de mayor precariedad para los trabajadores.
¿Qué opinión te merece la propuesta de PPK de implementar un seguro de desempleo?
Bueno, un seguro de desempleo necesita muchos fondos. No se ha podido hacer hasta el momento. En América Latina tenemos muy limitada experiencia al respecto. No veo posibilidades de establecer un seguro de desempleo sin una alta cotización de parte del sector empresarial y estatal. Y ni los empresarios ni el gobierno estarían muy dispuestos a inyectar capitales y los fondos necesarios para la implementación de un seguro de esta naturaleza. Aunque sería lo ideal, no veo posibilidad de que esto se pueda implementar. Además, que no se utilice el seguro de desempleo para sustituir a la Compensación por Tiempo de Servicios.
Creo que el asunto pasa por remover obstáculos al diálogo social y a la sindicalización, tanto en el sector privado como el sector público. Y que haya un mayor diálogo entre empresarios y trabajadores, y entre trabajadores y el gobierno central, para que aspectos de la Ley Servir, por ejemplo, que limitan la negociación colectiva únicamente a las condiciones de trabajo, sean eliminados. Y primen los Convenios núm. 98 y núm. 151 de la Organización Internacional del Trabajo, que establecen que es factible la negociación colectiva de remuneraciones en el sector público.
Foto: Javier Fernández-Maldonado.
“Las empresas que utilizan personal a través de contratos temporales para la exportación, mantienen un nivel de ganancias sostenidos en el tiempo”
¿Cuáles son los retos del próximo gobierno en materia laboral?
El salario mínimo tiene que ser actualizado, está muy retrasado, no puede ser que se mantenga en ese nivel. La tasa de sindicalización tiene que ser mejorada. Los países que tienen una mayor densidad sindical y una estructura de negociación colectiva más desarrollada, son países que tienden a tener una sociedad más equitativa. La negociación colectiva es un método a través del cual se comparte las ganancias de las empresas para que el nivel de vida de los trabajadores mejore. No hay otra alternativa. A través de la negociación colectiva, empleadores, trabajadores y gobierno se ponen de acuerdo sobre mejoras progresivas en el nivel remunerativo de los trabajadores y el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.
Estas semanas se ha hecho público el informe publicado y presentado por la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, instando al Estado peruano a que modifique uno de los regímenes especiales –específicamente, el de promoción de las exportaciones no tradicionales– en el sentido de poner un límite a la renovación de los contratos temporales, que es a la postre lo que inhibe la libertad sindical y la negociación colectiva. ¿Ves posibles estos cambios, teniendo en cuenta las dos fuerzas que disputarán la segunda vuelta?
Yo lo veo muy difícil en estas condiciones, pero tendría que darse pues es una situación muy injusta que se mantenga el sector de exportaciones con contratos temporales desde tres décadas. El fujimorismo es el padre de esta criatura para todas las industrias, aunque Fujimori no inventó los contratos temporales para el sector exportador (que vienen de la época de Morales Bermúdez), pero que en los diez años de Fujimori se crearon una amplia variedad de contratos temporales aplicables a todos los sectores económicos.
No debiera ser difícil arreglar esta situación. Porque las empresas que utilizan personal a través de contratos temporales para la exportación, son empresas estables que mantienen un nivel de incremento de sus ganancias sostenido en el tiempo. Y está muy bien que sea así. Pero lo que no está bien, es que se haga a costa de afectar derechos fundamentales como la sindicalización. Un trabajador que tiene contratos por 30, 60 o 90 días –y que son renovados de forma permanente, durante años–, si opta por la sindicalización no lo vuelven a contratar. Eso se convierte en un obstáculo para el ejercicio del derecho fundamental de sindicalización y de negociación colectiva y todos los demás derechos laborales. Y es por eso que el tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos está cuestionando este asunto. Porque es una situación inequitativa frente a otros países pues aquí se rebajan derechos laborales o se impide su ejercicio para obtener ventajas comerciales.