Esta semana se presentó el proyecto de Ley de Primer Empleo Digno y Productivo, suscrito por la congresista Indira Huilca e ingresado por la bancada del Frente Amplio.
La iniciativa fue lanzada públicamente en un foro organizado por el Taller de Derecho Laboral José Matías Manzanilla, el lunes 17 de octubre, en la Universidad San Marcos. El sitio no podía ser más oportuno: un espacio donde se concentraron y salieron los jóvenes que se movilizaron contra la Ley Pulpín.
Ley de Primer Empleo Digno y Productivo
A casi dos años de la aprobación y posterior derogatoria de esta Ley, la iniciativa del Frente Amplio busca precisamente lo contrario: promover el empleo formal y adecuado de los jóvenes, pero con derechos laborales.
El proyecto parte de la constatación de la precaria realidad laboral de los jóvenes. En la exposición de motivos se señala: “La población laboral juvenil tiene una menor inserción laboral y menores niveles de protección social que la población adulta. Solamente el 63% tiene cobertura en un sistema de salud (menos que el promedio nacional) y tan solo el 27% está afiliado a un sistema de pensiones”.
Según el Panorama Laboral para América Latina y El Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la población juvenil forma parte de los sectores más afectados por el proceso de recesión económica global. Las tasas de desempleo juvenil triplican el promedio nacional de desempleados, un parte importante en condiciones severas de vulnerabilidad y exclusión social.
Frente a este contexto, la iniciativa apunta a mejorar la regulación en la contratación de trabajadores bajo modalidades formativas o como practicantes. Precisamente, una práctica extendida en el Perú es contratar jóvenes estudiantes como practicantes, pero haciéndoles realizar labores permanentes o profesionales. Lo que en lenguaje técnico se traduce como “desnaturalización” del vínculo laboral. Un estudio hecho por PLADES, sobre el uso de prácticas pre-profesionales y formativas por empresas transnacionales, da cuenta de este tipo de situaciones:
“En algunos casos se viene desnaturalizando la figura de los convenios de prácticas pre-profesionales y de los convenios de formación laboral juvenil, así, por ejemplo, la empresa REPSOL-YPF vendría cubriendo puestos de trabajo de personal estable con practicantes, quienes inclusive se desempeñarían en áreas que no concuerdan con el objeto de su contratación”.
El proyecto distingue el aprendizaje laboral de la capacitación laboral juvenil. En el primer caso, la modalidad de primer empleo posibilitaría completar la formación iniciada en una organización empresarial, mientras que en el segundo toda la formación se daba dentro de una empresa. Para cada una de estas modalidades se establecen requisitos y se establecen una serie de beneficios y facilidades.
Lo más gravitante del proyecto radica en los incentivos tributarios ofrecidos a las empresas que emplean jóvenes bajo el alcance de esta ley.
Por ejemplo, aquellas que decidan capacitar a su personal joven podrán utilizar esta inversión como crédito fiscal hasta en un 20% del costo laboral. Las empresas que contraten a plazo indeterminado a jóvenes beneficiarios de la Ley de primer Empleo, recibirán un subsidio estatal para la seguridad social el primer año; y los dos primeros, si se trata de jóvenes con discapacidad o responsabilidades familiares.
De esta forma, el proyecto presenta una fórmula legal que ofrece incentivos tributarios para la contratación formal de trabajadores jóvenes, sin caer en formulas trilladas como la reducción de derechos laborales. Ahora toca a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, agendar, debatir y aprobar la iniciativa de ley, como paso previo para su debate ante el Pleno del Congreso.
Para profundizar en la reflexión sobre este tema, TrabajoDigno.pe entrevistó al ex Ministro de Trabajo y docente universitario, Javier Neves Mujica, quien comenta los alcances y potencialidades de la propuesta legislativa presentada por el Frente Amplio.