El principal factor que explica la violencia antisindical es el Neoliberalismo, la desindustrialización y la privatización de las empresas estratégicas
¿Cuál es la situación actual de los trabajadores en Colombia? ¿Cuáles son sus problemas más acuciantes? ¿Cómo impacta el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla en los procesos e indicadores laborales? ¿Cuál es el aporte de las Ciencias Sociales, y en particular de la Sociología, a la solución de las inequidades e injusticias sociales que definen al mundo del trabajo contemporáneo?
TrabajoDigno.pe tuvo la oportunidad de conversar sobre estos temas con el sociólogo Juan Carlos Celis, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (ALAST). Celis, que es Doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y docente del Departamento de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, nos recibió en Bogotá y compartió su testimonio sobre la situación laboral actual, en un momento político particular en que la sociedad colombiana se juega la salida a un conflicto armado interno que lleva cuatro décadas desangrando al país.
TrabajoDigno.pe [TD]. ¿Cómo ves la situación laboral en Colombia? ¿Cuál es el estado actual de los trabajadores?
Es una situación que ha desmejorado con la profundización del Neoliberalismo. Ya vamos casi cuarenta años de Neoliberalismo abierto en el país. Los primeros intentos de neoliberalismo se dieron en los años setenta, con la presidencia Alfonso López Michelsen, pero que fue frenado precisamente con el paro cívico del 14 de setiembre de 1977. Luego, el país ingresará a una crisis de legitimidad del Estado, producto del avance de los movimientos sociales, de las insurgencias armadas y de lo que se denominó acá el narcoterrorismo; especialmente el Cartel de Medellín: grandes atentados contra periódicos, contra jueces, periodistas, contra el Departamento Administrativo de Seguridad. Todo eso generó una crisis de legitimidad. El Estado intenta una relegitimación con una Constituyente y la firma de un Acuerdo de Paz con cuatro guerrillas. Esa Constituyente es bifronte, es decir, tiene una cara muy progresiva en términos de instituir los derechos humanos en la Constitución, con una carta de derechos amplia, muy desarrollada, de las más modernas del mundo. Pero a la vez introduce la “dictadura de la moneda”, al colocar un grupo técnico al frente de la política monetaria, que en el capitalismo contemporáneo es la que define la macroeconomía del país.
Ese gobierno de Cesar Gaviria, con esa “relegitimación”, inicia una serie de reformas de apertura económica, flexibilización de las relaciones laborales, privatización de la seguridad social y apertura comercial. Y en Colombia, a diferencia de otros países de América Latina, no hubo una oposición de ningún tipo a la trayectoria de esas reformas de los noventa hasta acá. En los últimos veintisiete años no se han registrado resistencias como las que hemos visto en el mundo andino, en Brasil, en Uruguay o Argentina. Esa situación, aunada al mayor debilitamiento del sindicalismo, ha generado que las condiciones laborales ahora sean muy importantes. La tasa de desempleo el año pasado fue la segunda más alta en AL (9.6%) (Aunque es una medida engañosa, porque puede ser más. La metodología con que mide el desempleo fue cambiada por Álvaro Uribe desde que inició su gobierno. Ser empleado en el país es alguien que trabaja una hora a la semana, aún sin remuneración en los dos últimos meses; el desempleo puede ser mucho más amplio). Igualmente la tasa de lo que se denomina erróneamente el “trabajo informal”, de las más altas en AL, llega casi al 60%. Y hay otras situaciones importantes. Por ejemplo, el número de personas que tiene seguridad social. Hay debates sobre la población que tiene salud y pensiones, no llega al 40%. Son datos que demuestran el dramatismo de la situación laboral en el país.
[TD] ¿Qué factores explicarían que se haya llegado a este punto?
Esto puede bien puede ser explicado por la vocación económica que ha tomado el país. Se ha reprimarizado, como pasa también en otros países andinos, incluidos los que han buscado una senda alternativa al Neoliberalismo. El porcentaje del PBI del sector de la industria manufacturera apenas llega al 12%, cuando antes de la apertura económica alcanzó niveles más altos que llegaban al 23% y 24% en los años setenta. Esto tiene consecuencias muy fuertes sobre lo laboral, porque era un sector donde se asentaba el sindicalismo. Es ahí donde se debilita el sindicalismo. Hay también un paso importante de desafiliación sindical. Por ejemplo, en el 1965 [la tasa de afiliación] era de 13.4%; en 1974 de 12.5%; en 1984 de 9.3% y en 1996 de 6%. En el 2016 es del 4.5%. En relación con otros países, es muy dramático. En países que tuvieron gobiernos progresistas o populistas, con políticas de integración y desarrollo social, ha aumentado el sindicalismo. El caso más relevante es Uruguay, donde se pasó de un 20% a 60%. En Argentina y Brasil también creció. En Colombia, por el contrario, ha seguido disminuyendo. Es un indicador muy importante que ayuda a explicar precariedad laboral.
[TD]. Pero creció el empleo.
No necesariamente. Esa desindustrialización va a acompañada de un incremento de la economía extractivista, que no genera una ocupación intensiva de mano de obra. En otros sectores de la minería de oro, platino, coltán (mineral que se usa en la elaboración de baterías de celular), se hace en condiciones de regulación de las relaciones laborales por grupos ilegales, guerrillas, grupos paramilitares y narcotraficantes, que también se ocupan de otras actividades ilegales. En esos sectores no hay una intervención del Estado para regular las relaciones de empleo.
Lo otro es que el sector rural, que ahora se empezó nuevamente a discutir a raíz de los acuerdos con las FARC, es un sector con mucha precariedad laboral. Ahí todos los indicadores son peores que los que se presentan en el sector urbano. Ahí solo el 11% solo tiene acceso a la seguridad social. Muchos trabajos se hacen al destajo, sin contrato laboral. Esos tres sectores que pintan un panorama laboral delicado.
“El concepto de informalidad no revela la conexión de las grandes empresas con la explotación indirecta de los trabajadores informales”
[TD]. ¿Por qué no te convence la definición e informalidad que se utiliza?
Es un concepto que se creó en 1974 para tratar de estudiar la pobreza en Kenya. Y se metieron una serie de situaciones económicas que no son de por sí un sector. Y se da una polaridad cuando se estudia. Aquí por informalidad se entiende el trabajo en establecimientos de menos de 5 trabajadores…
[TD] Así tengan contrato de trabajo.
No dan cuenta de la formalidad. En mi curso de Sociología de Trabajo, unos estudiantes hicieron un ejercicio. Hicieron encuestas con los vendedores ambulantes, acá en Bogotá, unos de frutas y otros de celular. Y las dimensiones que define la OIT como trabajo informal no se cumplían todas para ninguno; y las que se cumplían para los encuestados, no eran las mismas para todos. Es un concepto bastante impreciso, que oculta muchas realidades y una gran heterogeneidad. Y sus conexiones con las grandes empresas, que se aprovechan de esos otros trabajos. Por ejemplo, grandes empresas panificadoras que distribuyen a través de las tiendas de barrio, que son economías de subsistencia; que si tienen un empleador, no existen contratos laborales, que por lo general no pagan impuestos. Esas son sus grandes canales de distribución; lo mismos para las gaseosas y alimentos.
Otro ejemplo: la venta ambulatoria de minutos de telefonía móvil se hace en situaciones de ninguna garantía para los trabajadores que están en la calle y que son un gran canal de distribución de las grandes multinacionales de las telecomunicaciones. Y así podemos seguir hablando de otros trabajos, que no han sido muy estudiados y que se les sigue metiendo dentro de la “informalidad”.
(Fuente: El Tiempo)
[TD] ¿Y es la informalidad laboral un objetivo de la política laboral del gobierno? En otros países se diseñan políticas públicas para reducirla, ¿es un leitmotiv en el caso colombiano?
¡Claro! Precisamente, ese equívoco conceptual lleva a que tenga un carácter más fiscalista para que la gente tribute, salga del espacio público y que si los ubican en el servicio público, para que paguen servicios públicos (energía, agua) que pueden usar en la calle, en unas casetas que hacen las municipalidades para estos trabajadores. Pero todo esto ha fracasado porque los ingresos de los trabajadores no dan para eso. Y no se revela la conexión con las grandes empresas, con la explotación indirecta que están estableciendo las grandes empresas con esos trabajadores. El gran capital está subsumiendo ese trabajo. Si eso no se visibiliza y no se ataca por ese lado, no hay cómo cumplir con la famosa formalización.
Incluso en los Acuerdos de la Habana, lo poco que se habla de empleo se habla de formalizar el empleo rural, pero no hay ni siquiera un buen diagnóstico de lo que es empleo rural; porque las estadísticas de empleo rural no son muy fiables. Después de cuarenta años se hace un Censo Rural que se centra en la propiedad de la tierra, pero las variables laborales no están bien registradas. Entonces, sin existir siquiera la información estadística sobre el empleo, o con los errores conceptuales que he mencionado sobre la informalidad, ¿cómo se va a formalizar? Y la incapacidad del Estado para regular muchas actividades que también se meten en ese saco que se denominada como “informalidad”, que están reguladas por actores ilegales. Para nadie es un secreto que el que vende dulces o cigarrillos en la calle, está ahí porque hay un grupo delincuencial que le garantiza su estabilidad en ese lugar, a cambio de pagar un impuesto –un cupo– a ese grupo delincuencial.
“El Ministerio de Trabajo no tiene bases de información. El último Censo Sindical data de 1984”. 
[TD] Y el Ministerio de Trabajo, ¿qué rol cumple? Es un Ministerio joven, que se reabre en el 2012.
Álvaro Uribe lo cerró durante sus ocho años de gobierno. Se reabre especialmente pensando en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. En abril del 2011 se firma un acuerdo entre [los presidentes] Barack Obama y Juan Manuel Santos, donde una de las condiciones es que se fortalezca el Ministerio de Trabajo, que él había creado desde el inicio su gobierno, pensando en las cláusulas laborales que exigen los sindicatos norteamericanos para firmar TLC.
El Ministerio de Trabajo es muy débil. No tiene una juridicidad para controlar los conflictos. Ahora mismo, frente a estos 200 municipios –que se definieron como los municipios de “posacuerdo”–, en no más de 10% existe una fiscalización del trabajo, es decir, no hay jueces laborales para ayudar a controlar por lo menos los fenómenos más excesivos de incumplimiento de la normativa laboral. Aunque funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) insistan en que hay una buena tasa de jueces laborales en el país, dada la situación de crisis de legitimación del Estado y de una cultura jurídica precaria, lleva a que el Ministerio no regule lo laboral.
[TD] ¿Qué efectos tiene eso en el ejercicio de derechos laborales?
Con Uribe el Ministerio separó las funciones de regulación de las relaciones laborales de la seguridad social, hoy manejado por el Ministerio de Salud. Y eso es un contrasentido, porque el Ministerio de Salud está bastante atravesado por los intereses de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), que son el sector financiero. Entonces, la seguridad social está en manos del sector financiero, que controla el Ministerio de Salud y no como estaba antes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social juntos. El Ministerio de Trabajo no puede generar políticas de empleo porque no tiene recursos, no tiene incidencia sobre el Plan Nacional, sobre el Ministerio de Hacienda, sobre la definición del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, se dedica a actividades asistencialistas en términos de empleo; políticas de promoción de la inserción laboral de los jóvenes; políticas para paliar la discriminación de género en los lugares de trabajo.
Pero es un ministerio que ni siquiera tiene buena bases de información. El último censo sindical que hizo el Ministerio es de 1984. Actualmente, está en un problema por eso. En el país ha existido tradicionalmente, desde los años 1980, tres centrales. La más grande, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con 550 mil afiliados. Luego viene la Central General de Trabajadores (CGT), con 250 mil. Y luego la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), con 40 mil. Pero han aparecido, en el gobierno de Álvaro Uribe, nuevas centrales o se reviven personerías jurídicas de sindicatos que no existen. Entonces, hay otras cuatro nuevas centrales sindicales, con muy pocos afiliados y con una dudosa presencia de trabajadores en su membrecía. Ellos han exigido que se les tenga en cuenta en los espacios de concertación laboral. Y eso ha significado una demanda que ha obligado al Ministerio a hacer un censo sindical, que no ha hecho. El plazo que tiene es hasta junio–julio y no lo ha hecho. Los únicos datos disponible los hace una ONG, la Escuela Nacional Sindical (ENS). [El Ministerio] no tiene información sobre conflictividad laboral, nunca los ha tenido. Vuelve ahí la ENS a tenerlos. El asesinato de sindicalistas no los tiene el Ministerio de Trabajo; lo tiene la Vicepresidencia, y lo tiene desde el 2,000 para acá, por lo que ha habido mucho debate en torno al registro de la violencia sobre los sindicalistas. Solo registran homicidios, no logra registrar las otras formas de violencia: amenazas, secuestros, desapariciones, etc.
[TD] ¿Consideras que es la violencia antisindical uno o el principal factor que explica estas bajas tasas de sindicalismo?
El principal factor es el Neoliberalismo: la desindustrialización, la privatización de las empresas estratégicas donde estaban los sindicatos; y las políticas antisindicales. Se han creado códigos antisindicales. “Los sindicatos destruyen las empresas”, siempre se les dice eso a los trabajadores para que no se afilien a sindicatos. Y el recurso a una serie de subterfugios que ha generado la legislación, especialmente la de flexibilización laboral. La Ley N° 50 de 1990, que es la que flexibiliza el mercado laboral y las relaciones laborales, generó una figura que es el “pacto colectivo”: se pueden hacer negociaciones entre la empresa y los trabajadores sin mediación de un sindicato, sin que esté presente una organización sindical. Pero eso en su gran mayoría les da una gran discrecionalidad a los empresarios. Entonces, fíjate en las estadísticas: en el 2006 hay 448 convenciones colectivas y en el 2015 hay 500. Pero, en cambio, en el 2006 hay 76 pactos colectivos y en el 2015 hay 216. O sea, van creciendo. Entonces, es una estrategia de debilitamiento del sindicalismo, porque los empresarios le dicen “usted puede obtener lo mismo, sin necesidad que se afilie y no va a tener problemas con la empresas”, “Los sindicatos son conflictivos”… Incluso por un tiempo los empresarios abusaban de esta figura e incrementaban salarialmente un poco más que en las convenciones colectivas. Pero los sindicatos lograron sustentarse en la Constitución, y el principio constitucional de “igual trabajo, igual salario” se logró imponer. Pero igual así [los empresarios] se siguen apoyando en esta estrategia, como muestra la estadística. Incluso antes del inicio del Código Laboral, en la década de 1930, existía una figura que era la del “contrato sindical”. El contrato sindical es cuando la empresa contrata al sindicato para una determinada labor. Se usaba especialmente en los puertos, donde hay una flexibilidad sobre todo en la carga de los barcos. Los estibadores se inscribían en sindicatos y contrataban con las grandes empresas portuarias, cargar los barcos.
Desde el 2011, cuando se firma el acuerdo Obama–Santos, prohíbe las cooperativas de trabajo social, que era otra forma de intermediación laboral, donde no podía haber sindicatos. Un trabajador de una cooperativa de trabajo, no es un “trabajador”, es un “cooperante”. Muchas empresas creaban sus cooperativas, para subcontratar con ellas. Pero el “tutor” o “padrino” de esas cooperativas o pre–cooperativas, era la misma empresa. El caso más emblemático era el de supermercado Éxito, que subcontrataba a los empacadores. Crearon la imagen que el empacador tenían más plata que los mismos gerentes de los sucursales, “porque recibían propinas”. Entonces, si recibían propinas, ahí tenían su salario. Era mejor que la empresa los ayudara a organizarse, de esa manera crearon cooperativas o pre cooperativas de trabajo asociado, en la perspectiva de subcontratar esa actividad de los supermercados. Y empezaron a integrar a esas pre–cooperativas a estudiantes universitarios, en jornadas de cuatro horas, de medio tiempo. Y así se crearon en la Salud muchas cooperativas de trabajo social, que contrataban a través de ellas servicios de enfermeros, incluso de médicos.
(Fuente: https://goo.gl/nOf3tj)
[TD] ¿Hay negociación colectiva por sector o rama de actividad, que agrupe a todo el sector de las cooperativas?
No hay una negociación por rama de industria. Hay una negociación de hecho, que es entre los bananeros. En Ciénaga hay también productores bananeros, pero son pequeñas propietarios, ahí no están presente las grandes multinacionales de la producción. En el caso de Uraba, históricamente los sindicatos lograron una negociación por rama de industria, negocian por los 16 ó 17 mil trabajadores en las fincas bananeras un acuerdo marco, y luego se negocia finca por finca, de acuerdo a ese pacto marco.
Luego está la negociación de FECODE (que son los educadores, que están en conflicto). Y antes existía la negociación de SINTRALECOR, que reunía a los trabajadores de generación y transmisión de energía; pero con la privatización en el 1994 de los servicios eléctricos, y de los servicios públicos en general, se debilitó mucho el sindicalismo. En el caso de SINTRALECOR, en la industria eléctrica, desde 1994 se ha privatizado el 80% de la transmisión de energía y han matado a 90 sindicalistas del sector. Antes no mataban. Es lo que algunos llaman (no es el concepto que yo uso) un “Neoliberalismo armado”. La privatización ha significado, en distintos ramos, la entrega de empresas “sin sindicatos” a la multinacional a la cual se le vende. O se cambia la razón social, se busca la forma que el sindicato ya no esté cuando la multinacional asume el control de la empresa. En ese caso existió una negociación por rama de industria, pero no se logró mantener con esa situación. SINTRALECOR es hoy un sindicato débil y no puede generar esas condiciones.
Pero además, no existe una legislación que respalde la negociación por industria. Existen sindicatos de industrias, pero no existe esa situación. Es decir, el predominio es el sindicato de empresa. Y hay una atomización de sindicatos. En el momento existen 5,451 sindicatos. La CUT tiene como objetivo crear 17 sindicatos, pero eso es una fantasía. Porque, además, una forma de defensa de los sindicalistas es el fuero sindical. En una misma empresa puede haber distintos sindicatos que no reúnen el tercio de los trabajadores de la empresa, sumados entre sí, pero al crear varios sindicatos se busca multiplicar el número de fueros sindicales. Y en ocasiones, un trabajador pertenece a un sindicato de empresa y a la vez a uno de industria. Pero el sindicato de industria no tiene un papel relevante en la negociación colectiva y de las relaciones laborales.
“No estamos en una etapa de pos conflicto, sino de posacuerdo”.
[TD] Han pasado seis años de la firma del TLC con los Estados Unidos el 2011. ¿Existen balances de su impacto en términos laborales? Pues los TLCs ofrecían mayores oportunidades de empleo como consecuencia del comercio exterior…
Sí. Se ha detectado la pérdida de unos 50 mil empleos en el sector agrario–agroindustrial y unos 100 mil empleos en la industria manufacturera, que no es poca monta. Ese es como el impacto más fuerte.
[TD] El proceso de paz. ¿Cómo afecta este al mundo laboral, a la situación de los trabajadores? Qué ves al respecto.
Cuando inicia el gobierno de Santos se incrementa la conflictividad laboral. Es decir, al acabar el gobierno de Uribe, que era de poca conflictividad laboral, cambia la estructura de oportunidades. Hoy la estructura de oportunidades es todavía más amplia, porque el Gobierno de Santos es débil. Entonces, la conflictividad laboral se incrementa –según las estadísticas de la ENS–, pero muestra que además que la mitad de trabajadores que no están sindicalizados. Tienes el 2008 un paro muy interesante, que fue de los corteros de caña, en el valle del Cauca. Unos 18 mil corteros de caña que estaban en más de 400 cooperativas de trabajo asociado, pararon. Y pararon porque no había contratos laborales, era una cooperativa de trabajo asociado, con reivindicaciones que parecían mucho a las de las bananeras de 1,928, cuando se dio la masacre que narra García Márquez. Es decir, se alteraban las pesas (los ingenios la alteraban adrede). No tenían ninguna condición laboral, salarial, ni uniformes de trabajo, incluso a veces ni herramientas de trabajo, machetes. Y ellos no están afiliados al sindicato. Lo hacen a través de su organización, la cooperativa. Y logran, entre otras cosas, reducir el número de cooperativas, es decir, a una cooperativa por ingenio. Las 18 cooperativas quedaron en una.
[TD]. ¿Dónde más hay conflictos laborales?
Hay otros conflictos que no están muy registrados, que son los de los trabajadores en la calle. Esos tienen conflictos permanentemente con la policía, con los ambulantes, que no son debidamente registrados en las bases de datos, y eso también ha incrementado bastante. Y acá en Bogotá, el cambio nuevamente hacia un gobierno de derecha, como el de Enrique Peñalosa, ha llevado a que incremente la conflictividad laboral.
Y en este preciso momento, hay una serie de conflictos laborales que se unen a conflictos cívicos. La gente siente más confianza al salir a la calle, que no la van a estigmatizar diciendo que están siendo manipulados e infiltrados por la guerrilla. Entonces la gente se atreve a protestar. Están los maestros en paro; están los Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC), que son los guardas de las cárceles. Está el sector Judicial trabajando a media marcha. En general, los empleados públicos, hay conflictos por distintos frentes. Y también los trabajadores están vinculados a movimientos cívicos en regiones olvidadas pero que habían sido de alta conflictividad. Todo el Pacífico colombiano. En Buenaventura, que es el puerto más importante del país. Antes en la Guajira también hubo un paro cívico, que son además zonas de transito del narcotráfico y del conflicto armado.
Entonces, que se reduzca la conflictividad armada, a raíz de la negociación con las FARC, lleva a que se puedan posibilitar los conflictos. Entonces, no estamos en una etapa de pos conflicto, sino de pos acuerdo. Entonces, van a incrementar los conflictos. Y vienen otros conflictos, como los agrarios, que han tenido una serie de movilizaciones desde finales de la década pasada, y en lo que va de esta década ha habido grandes movilizaciones de campesinos, de indígenas, de afro descendientes. Donde antes tenía una incidencia importante de grupos de la izquierda democrática, tanto las FARC como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), hoy están esperando como se desarrolla la implementación el Punto de Tierras, para volver a la escena de la movilización por reivindicaciones que no quedaron contempladas en el acuerdo con las FARC (no tenían por qué haber sido contempladas ahí); y que han sido incluidas por el gobierno de Santos en el pasado y que ingenuamente esperan que esto se pueda solucionar con el acuerdo con las FARC. Y sin embargo, a la vez que se hace el Acuerdo de tierras, se implementan políticas agrarias que llevan a una mayor concentración de la propiedad, a una “extranjerización” de la tierra (las zonas que se llaman las ZIDRES, Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, fueron aprobadas al momento que se estaba negociando el acuerdo de La Habana). Y no queda claro tampoco cómo se van a dar garantías a los derechos de los trabajadores en el sector agrario.
Es una situación muy compleja, el conflicto armado no podía seguir. No era favorable a los movimientos sociales. Pero después del conflicto armado, la conflictividad laboral tampoco se tiene un escenario claro de soluciones, así sean parciales (pues siempre serán parciales) de esos conflictos.
“Eso es precisamente lo que ataca la violencia contra los sindicalistas. El liderazgo no solo en lo sindical, sino un liderazgo cívico y político”
[TD] Mencionaste que los sindicatos se involucran en procesos que involucran demandas cívicas. Escribiste un libro sobre Sindicatos y territorios (Medellín, ENS, 2004). ¿De qué va la tesis?
Sí, los sindicatos siguen en esa brega. Lo que pasa es que su debilidad no les permite avanzar más. Ahora mencionaba SINTRINAGRO, que es un caso muy complejo. Efectivamente, en los años 1970 y 1980 los sindicatos bananeros eran muy influenciados o lograron subsistir en una zona donde la presencia estatal era militar, donde las vía de acceso eran muy primitivas. Era una zona de colonización. Esos sindicatos fueron posibles en esas 18–20 mil hectáreas de banano, en parte por la presión de las guerrillas de las FARC y del Ejército Popular de Liberación (EPL). Luego se de la negociación del ELN y las FARC tratan de copar ese territorio. Y los paramilitares sacan al partido más simpatizante de las FARC, que es la Unión Patriótica, matan a muchísimos militantes de ellos; las FARC también matan a mucha gente del EPL, los acusa hasta el día de hoy de paramilitares. Efectivamente, hubo gente del EPL que después de la negociación se fueron para los militares; hubo sectores o grupos que se fueron para los paramilitares. Muchos trabajadores apoyaron eso, porque se sintieron amenazados por las FARC. Pero el sindicato ha incidido en los gobiernos municipales del eje bananero, a través de distintos líderes (al principio, a través de un partido Esperanza, Paz y Libertad) y luego eso se ha fragmentado bastante. EPyL ya no existe. Los líderes sindicales actúan a través de distintos partidos: el Partido Verde, el Polo Democrático, la Alianza Social Indígena, pero también partidos “tradicionales”, el Partido de la U (Partido Social de la Unión Nacional), especialmente; e incluso un grupo más pequeño, como el Centro Democrático de Álvaro Uribe.
Hoy, es interesante que uno de los lugares donde fue a reconocer sus culpas por masacre las FARC fue Urabá. La “masacre de la chinita”, un barrio obrero, donde habitaban fundamentalmente trabajadores de EPyL, una masacre muy grande en el 1996. El sindicato no está con las políticas del Centro Democrático, ni con la orientación de los paramilitares. Está apoyando el proceso de paz. Está hablando con las FARC, tiene una vocación de reconciliación e incidencia territorial para recomponer el tejido social en Urabá y que el sindicato pueda ser protagónico ahí, más allá de lo laboral. Su existencia e importancia en lo laboral depende de su capacidad de incidir societalmente.
Luego otro caso que mencionaba en esa tesis es el de SINTRENAL (Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Salud). Todavía no se han podido privatizar las empresas públicas de Cali; esto en buena parte por la acción del sindicato, que se ha desplegado políticamente. Tiene un senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López, que tiene incidencia en la vida política de Cali y ha apoyado la lucha de las madres comunitarias en todo el país. Es el abanderado de hacer un reconocimiento a ese trabajo como laboral, que merece no solo un salario sino también seguridad social. Esas alianzas que logran con otros grupos de trabajadores y con la población en los territorios se han mantenido.
Luego están los trabajadores de los servicios públicos en general. Acá la incidencia de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) muy importante en la campaña mundial de la defensa del agua, donde han sido neurálgicos. Y en el caso de la Unión Sindical Obrera (USO), que son los petroleros, también comienzan a incursionar en la defensa del medio ambiente, en oposición al fracking. Desde antes, en Barranca Bermeja promovieron la organización de otros sectores sociales; por ejemplo, la Asociación de Mujeres Populares de Barranca Bermeja. Han comenzado con el proceso de paz a penetrar en otros territorios donde los paramilitares no los dejaban; por ejemplo, en la explotación petrolera en Puerto Gaitán, que antes era la explotación de Pacific Rubianes (PR), en Vendetta, una multinacional canadiense–venezolana. Han logrado afiliar a muchos de los trabajadores subcontratados y negociar, primero, con la multinacional; y luego con Ecopetrol, a la que han logrado presionar para que eso no vuelva a PR. Acabado el contrato con PR, la explotación está en manos de Ecopetrol. Y mantener el 55% de las acciones de Ecopetrol en manos del Estado es producto de las alianzas que hace con otros sectores sociales, en los territorios. Han hecho múltiples asambleas por la paz; está muy comprometida la USO en todo el país. Y eso está en la convención colectiva.
Y los maestros, igualmente tienen una acción territorial en sus reivindicaciones. Siempre el Ministerio trata de deslegitimarlos diciendo que “los maestros están dejando sin educación a los niños por intereses particulares y salariales”. Pero los maestros, desde hace un tiempo y en el contexto actual del conflicto, dicen que el problema no es solo salario. El problema es que no hay buenas instalaciones educativas, no hay para la alimentación y transporte de los niños. El tema no es solamente el salario. Han logrado también concitar alianzas en los territorios con los padres de familia y con la propia comunidad educativa, los niños y los jóvenes. Y en muchos lugares, tienen concejales. A nivel nacional son la columna vertebral de los partidos electorales de izquierda.
Ser líder sindical, especialmente en municipios de menos de 20 mil o 10 mil habitantes, ser sindicalista es ser uno de los líderes más importantes “de los de abajo”. Y eso es precisamente lo que ataca la violencia contra los sindicalistas. El liderazgo no solo en lo sindical, sino un liderazgo cívico y político. Y eso lo mostramos en otra investigación.
“La Sociología del Trabajo ha aportado las particularidades del Trabajo. Y solo desde las particularidades es que se pueden hacer políticas públicas”.
[TD] Estás presidiendo el ALAST. ¿Cuál es el aporte de la Sociología del Trabajo en la situación laboral de un país, en una sociedad, en el diseño de políticas públicas? ¿Cómo los sociólogos del trabajo incidimos en la realidad que estudiamos?
Es una pregunta difícil. Porque, el monopolio sobre las políticas públicas laborales, en términos tradicionales, lo tienen los abogados y los economistas. Y los sociólogos estamos mostrando lo que ellos no pueden mostrar: cómo se constituyen las asimetrías; las relaciones de poder; cómo está imbricado los modelos productivos con las relaciones sociales; los cambios tecnológicos con las relaciones laborales; y cómo se podría hacer pues pensar desde un lado una mayor productividad, con relaciones laborales más inclusivas, “inclusión negociada” de los trabajadores y trabajadoras. Cómo se podría generar un mayor estímulo a los trabajadores para aumentar la productividad y no solo a cambio de salario, sino también a cambio –como lo llaman en las zonas indígenas– el Buen Vivir; un Bienestar que ya no se puede medir solo en consumismo, sino en una mejor calidad de vida en términos de disponer de más tiempo para otras actividades. Somos países donde la productividad en relación a la productividad de las mismas actividades en los países más avanzados, es de cinco veces –en el mejor de los casos, dos veces– menos productivos que esos países. Eso hace difícil pensar en reivindicaciones como las que se hacen en Suecia de la jornada de 32 horas. O las que se han logrado y que siguen en pelea, como en Francia de 35 horas.
Descubrir esa heterogeneidad del mundo del trabajo no lo pueden hacer los economistas, ni los abogados, porque no tienen los conceptos. Los meten en categorías como “informalidad”, o “deslaboralización”. Pero las particularidades del Trabajo es lo que ha aportado la Sociología del Trabajo. Y solo desde las particularidades que se pueden hacer políticas públicas, no se pueden hacer políticas públicas desde generalidades. Y la Sociología del trabajo está insistiendo en eso permanentemente: en mirar esas particularidades para promover políticas que aumenten la productividad, pero a la vez mejoren la vida de la gente, más allá del consumismo y el salario.
Esa es la bandera de la Sociología del Trabajo: introducir temas como el “trabajo del cuidado”, el problema del género, visibilizar el trabajo doméstico; el trabajo de las enfermeras. Es decir, no se puede ver el trabajo de las enfermeras como se ve el trabajo en una planta fabril, y tratar de estandarizar ese trabajo. Cada enfermo requiere un tiempo y una dedicación distinta. El valor del Trabajo ahí es el valor del afecto; esos otros valores que no los puede ver la economía ni el derecho: el valor del afecto, el valor de la comunicación de la información, el valor de la comunicación, el valor del conocimiento. Por más que los traten de matematizar, o codificar, esos valores se resisten a ese tipo de camisas de fuerza. Y eso es lo que la Sociología ha venido insistiendo en mostrar.
[TD] Pareciera que en contextos culturales bajo el Neoliberalismo, no solo el Trabajo perdiera centralidad sino también las implicancias materiales y políticas del trabajo académico e intelectual.
Tiene algunas incidencias en algunos campos. En el trabajo del cuidado, por ejemplo, ha incidido mucho en los últimos tiempos, gracias al movimiento feminista, que es un movimiento que se ha mantenido mucho más activo que el mismo movimiento sindical, y ahí el sindicalismo que tiene mucho que aprender. Y las feministas tienen que saber que el movimiento sindical puede aprehender de ellas.
Existen ese tipo de reticencias. El problema racial, la discriminación racial en nuestros países sigue siendo muy invisibilizada; no se ve en las estadísticas laborales. No está suficientemente implementada en la legislación, está presente de forma muy general. En Colombia coincide que los sectores no solo más pobres sino también los más discriminados y segregados laboralmente, son los sectores afrodescendientes; luego los sectores indígenas; los mestizos están, dentro de lo mal, mejor. Hay una asimetría racial muy importante en el mundo laboral que también la sociología ha ayudado a mirar. Lo que hablábamos de la diferencia entre el trabajo rural y el trabajo urbano, todo eso lo ha ayudado a mostrar la sociología. Las diferencias en oportunidades educativas, son también aportes de la sociología del trabajo, el mercado laboral está segregado por las oportunidades educativas que tienen los jóvenes y niños, y que obviamente está atravesado por lo de género y raza.
En el proceso mismo de trabajo, la Sociología de Trabajo es más radical, pensamos algunos que se tiene el papel de mostrar que las reivindicaciones no se deben centrar, el primer plano no estar en la distribución, es decir, en la lucha por el salario, sino en la lucha por el control mismo de la producción. En los procesos fabriles el proceso de trabajo, en los lugares de trabajo más amplio, más allá de los espacios fabriles, que tiene que ver con la salud ocupacional, que los trabajadores incidan en el cambio tecnológico, en la jornada laboral, en la productividad, en la gestión misma de las empresas. Esa es una vertiente de la Sociología del Trabajo que todavía tiene gran vigor de América Latina, en Colombia también. Es pues, de una Sociología ya no pensada solamente en términos de políticas públicas sino también en términos de la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras (TrabajoDigno.pe).
