Entrevista a Paola Egusquiza

“¿Cuál es el temor que tienen con los inspectores? Que operen a nivel nacional y puedan fiscalizar a las empresas”.

Paola Egusquiza

El sábado 11 de junio, el Sindicato de Inspectores de Trabajo de SUNAFIL Lima Metropolitana publicó un comunicado en el que denunciaba de la precaria situación del sistema inspectivo. Este llevaba la firma de connotados laboralistas como Javier Neves, Wilfredo Sanguinetti, Alfredo Villavicencio, Miguel Canessa, Javier Mujica, entre otros. El pronunciamiento daba cuenta de una serie de problemas relacionados con laudos arbitrales y negociaciones colectivas que no se cumplen; sobre carga de trabajo producto de la insuficiencia de personal; la falta de un local institucional donde atender adecuadamente a los usuarios, la falta de planificación en la actuación inspectiva. “Los inspectores se llevan los expedientes a sus casas ¡en valijas! No tenemos un cajón, un casillero, donde guardar los folios”, nos comenta un dirigente sindical con justificado malestar. Por estos motivos, el Sindicato convocó a una huelga nacional el 23 de mayo último, declarada improcedente por la Dirección General del Trabajo.

La SUNAFIL, por su parte, en comunicado público del 23 de mayo, negó cada una de las denuncias del Sindicato y declaró que se rigen por lo establecido en la Ley. Carlos Benites –el último de los cuatro superintendentes que han pasado por la superintendencia desde su fundación en 2014–, reconoce que el presupuesto recibido “es reducido”, a pesar de haberse incrementado en los últimos años. Sin embargo, se cuida mucho de atribuir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la razón de la falta de recursos financieros. Prefiere recibir estoicamente la arremetida de Patricia del Río y Raúl Vargas, en RPP, antes que chocar con el mandamás de Jirón Junín. Sus razones tendrá.

Quién no se calla las razones que explican la crítica situación del sistema inspectivo es Paola Egusquiza, secretaria general del sindicato de Lima Metropolitana, quien conversó TrabajoDigno.pe sobre la problemática actual del Sindicato.

¿Por qué no aportan las inspecciones a reducir la informalidad?

El primer problema es de planificación. A través de la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva se tendrían que hacer un análisis económico, situacional y geográfico de las áreas y sectores donde abarcar. Segundo, no se cuenta con el recurso humano y tecnológico. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) no tiene acceso de la planilla electrónica y a otras bases de datos, que resulta clave para saber hacia a donde orientar las inspecciones. El MTPE no quiere proporcionar ese acceso. El caso está judicializado. 

¿Se cuenta con los recursos financieros y humanos necesarios para combatir la informalidad?

Para reducir la informalidad, tenemos que tener primero una cultura preventiva. En las áreas donde hay “informalidad pura”, esta es por desconocimiento o por temas económicos. El laboral es el menor costo que tienen las empresas informales. Hay otros costos, como el bancario o tributario, que impiden que se formalicen. Esto no se logra porque SUNAFIL tendría que tener más inspectores, para orientar y fiscalizar. Según la exposición de motivos se necesitaban 2,083 inspectores. A la fecha somos 400 entre inspectores, inspectores auxiliares y supervisores. Nuestras labores implican acciones preventivas, pero como somos tan pocos nos limitamos a lo reactivo: ceses, retenes, huelgas, etc. Estamos sobre cargados.

¿Cómo es la situación en las regiones?

A nivel nacional, solo tenemos dos inspectores de trabajo; el resto son inspectores auxiliares. Solamente tenemos nueve intendencias de SUNAFIL, en el resto de regiones son los gobiernos regionales los responsables de las inspecciones, que deberían seguir la misma política que sigues en Lima. En infraestructura y recursos humanos no tienen la capacidad organizativa para poder hacerlo. En provincia hay mayor desinterés. El MTPE le ha dado mayor importancia al área de empleo, creyendo que el emprendedurismo va a reducir la informalidad, cuando lo que realmente le va a servir al país es tengas un trabajador con seguridad social, pues reduce la pobreza y así el Estado no tiene que dar subsidios a las personas que no cuentan con una pensión. Generar una política de carácter previsional, pero para eso tienes que poner a la gente en planilla. En las provincias se generaran las ordenes, tendremos números, pero no veremos resultados.

¿Qué presupuesto recibe actualmente SUNAFIL?

En el 2015 hemos tenido 88 millones de soles para todas las Intendencias, incluida Lima Metropolitana. Con esto no se ha podido cumplir ni contratar más inspectores ni contar con un propio local. Necesitamos 250 millones para cumplir con nuestras funciones. Como institución nueva SUNAFIL debería contar con exoneraciones presupuestales para implementarse. La crea el Ejecutivo, con la capacidad de gasto, pero al no tenerlo, no cumple con su fin.

¿Dónde está el cuello de botella?

En la caja del Estado, que es el MEF. Pero acá hay un tema. ¿A quién le conviene que no crezca? No creo que a los trabajadores, que en todo momento quieren tener más inspecciones. El gobierno tiene que tener una política clara y el Ejecutivo debe insistir. El MTPE y la PCM debería decirle al MEF, “hay que darle el presupuesto adecuado”. Pero a la fecha no se da. Se mantiene el problema, año tras año. Es como un círculo vicioso: “solamente te doy para que subsistas y mantengas tu casa, pero no puedas crecer en recursos humanos y tecnología”. No tenemos soporte informático, como lo tienen otras superintendencias. Esto nos permitiría no perder el tiempo en la planificación de las inspecciones.

“Nos queda claro que sin presupuesto, no solo vamos a estar sobrecargados, sino sobre todo no vamos a dar una atención rápida al usuario”

¿Por qué son importantes las inspecciones de trabajo?

A nosotros nos queda claro que la razón por la que el gobierno ha visto el tema laboral en los últimos años es porque ha habido una presión interna y externa. Con la aprobación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, en el 2007, se hizo una nueva contratación de inspectores, en un número de 250, creándose la categoría de “inspectores auxiliares”. Con eso creyeron que cumplieron el objetivo. Pero era lógico que no: al crearse la SUNAFIL, existe la necesidad de ascender a los inspectores auxiliares. Ahora son 275 que podrían convertirse actualmente en inspectores de trabajo, con capacidad de inspeccionar a nivel nacional.

Ustedes presentaron una queja ante el departamento de Trabajo de los Estados Unidos por incumplimiento del TLC.

Por dos temas. En el cierre del Presupuesto [General de la República] del 2016 el Superintendente pidió dos cosas: el ascenso de los inspectores auxiliares y el cumplimiento de la negociación colectiva. El Congreso no dio pase a ninguno. ¿Pero cuál es el temor que tienen con los inspectores? Que operen a nivel nacional y que puedan fiscalizar a las empresas. A nosotros nos queda claro que si no nos dan el presupuesto, no solo vamos a estar sobrecargados, sino sobre todo no le vamos a dar una atención rápida al usuario. Por ejemplo, si hay una huelga en provincia, se manda una persona desde acá: gastas tiempo, viáticos, pasajes, a costa del Estado, cuando convendría económicamente tener un inspector allá que brinde una debida atención. Nosotros no somos una actividad económica que genera utilidades: somos un servicio público gratuito. Y con lo congestionado que está el Poder Judicial, el usuario ve en las inspecciones un medio más rápida y célere de lograr justicia. Pero si hay demora en el tiempo, no es justicia.

Nosotros hemos propuesto que se elimine la categoría de inspector auxiliar. Pero esto solamente se podría hacer con un proyecto de ley. Siendo todos inspectores, se podrían ser más los que atiendan una mayor cantidad de inspecciones de trabajo.

¿Cuáles son las recomendaciones planteadas por el Departamento de Trabajo?

La queja que presentamos, que adherimos a la presentada por los textiles y agrarios, fue porque no había sistema inspectivo en regiones. En Arequipa, Ica, Trujillo, San Martín, no tienen juzgados laborales ni inspectores. Necesitamos fortalecer el sistema inspectivo. El sistema te dice que hay tener más inspectores, ascendiendo a los auxiliares; y fortalecimiento con la creación de las intendencias. Pero como me dijo el representante del gobierno norteamericano, eso no soluciona el problema. Hay que fortalecer estas instancias, dotarles de infraestructura adecuada, organizativa y los recursos humanos, tecnológicos y económicos, para que hay un sistema que pueda atender al usuario. Hay casos terribles, como San Martín: en el gobierno regional no tienen inspector, no hay intendencia, no tienen juzgados de paz letrados. Están abandonados por el Estado. En Trujillo no se dan abasto con las denuncias porque cuentan con un único inspector.

“Es una pena que todo lo que hemos logrado siempre ha sido por esta vía. Ningún ministro o viceministro ha podido lograr nada a través del diálogo”.

¿Por qué no se ha cerrado su negociación colectiva?

Somos un sindicato mayoritario en el establecimiento que estamos. Para el tema de la negociación colectiva, hemos cumplido con todos los requisitos establecidos en la norma de Servir: la presentación del pliego. Pero no han fijado comisión negociadora. Presentamos al MTPE una solicitud de conciliación, pero SUNAFIL no asistió. Luego rompimos la negociación y presentamos solicitud de un arbitraje potestativo. No negocian, no nombran su árbitro. Nosotros estamos a la espera que la Dirección General de Trabajo nombre nuestro árbitro por la lista.

¿Qué acción tomarán si se dilata este nombramiento…?

Siempre hemos salido a protestar por nuestros derechos. Agotamos primero todas las vías de lo normativo, pero siempre tenemos acciones de lucha. Es una pena que todo lo que hemos logrado siempre ha sido por esta vía. Ningún ministro o viceministro ha podido lograr nada a través del diálogo.

“Esperemos que el nuevo gobierno realmente proteja los derechos de los trabajadores y brinde un mayor presupuesto que permita a la Sunafil fortalecerse”

Han tenido algún acercamiento con Peruanos Por el Kambio.

Sí. Le hemos entregado la queja del TLC al asesor del vicepresidente. Sí le importaba el fortalecimiento del sistema, por ser parte de su campaña. Pero si nos preocupa cuando declaró que iba a disminuir ministerios o instituciones. Nos hizo acordar cuando el fujimorismo quiso desaparecer el ministerio de Trabajo o adherirnos a SUNAT, cuando nuestras formas de trabajo y normas son diferentes. Nosotros vemos un tema más social y ellos económico, tributario. Nosotros vemos vida, ellos dinero.

Los objetivos y expectativas cuando formaron el Sindicato, respecto de lo que sucede el día de hoy.

Siempre fuimos un sindicato que pertenecía al MTPE. Al crearse el SUNAFIL, particularmente con la primera Intendencia de Lima Metropolitana, se forma el sindicato. Nacimos el 2014 con 27 afiliados, y ahora somos 127. A partir de esta intendencia, debemos fortalecerla para ser el ejemplo para el resto. Pero acá tiene problemas de espacio, directivas, hay mucho trabajo que hacer y mejorar. La Intendencia de Lima Metropolitana no tiene directivas y el Tribunal de Fiscalización Laboral no ha sido creado. Este es importante porque evita la corrupción y el subjetivismo; va a hacer que las fiscalizaciones tengan criterios claros, fijos. No tenemos una visión nacional de la institución. La visión general del MTPE siempre fue que todo fuera uno, para proteger a los funcionarios de las provincias de las presiones cuando se elijan a los gobiernos regionales, donde las campañas electorales son hechas por las empresas de la zona.

Los gobiernos regionales no deben quedarse con las inspecciones de trabajo. Nunca en su vida hicieron nada ni pidieron presupuesto para contratar un solo inspector. Les importó cuando se creó Sunafil. Antes no les importó. ¿Dónde está que les importa el servicio? Ahora sacan la bandera de la descentralización. Más les importaba empleo que trabajo. La única razón por las que reclaman que se queden las intendencias en los gobiernos regionales son las multas; el 30% que se quedan con las infracciones registradas.