Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno. 29 de mayo 2016)
Esta semana miles de sindicalistas y ciudadanos franceses (se habla de 300 mil) se movilizaron para protestar contra la reforma laboral que el gobierno de Francois Hollande impulsó recientemente en la Cámara Baja.
Según informa El País, la huelga general comprendió a gremios de “camioneros, ferroviarios, controladores y empleados del sector de la energía”, llevando a que “más de un tercio de trenes no haya cubierto sus destinos ni tampoco el 15% de los vuelos previstos”. Diecinueve centrales nucleares, de las que depende el 75% de la producción eléctrica del país, se han sumado al paro. Seis de las ocho refinerías de carburantes fueron total o parcialmente paralizadas, según la Unión Francesa de Industrias Petroleras (UFIP). Esta situación llevó al gobierno a usar –por primera vez en seis años– la reserva estratégica de combustibles. La situación, por donde se mire, es crítica.
El principal cuestionamiento de la protesta gira en torno al artículo 2° del proyecto de ley defendido por la joven ministra de Trabajo, Myriam el Khomri. Este busca modificar la legislación laboral para dar primacía a los acuerdos que se negocien a nivel de empresa, en desmedro de la negociación por sector o actividad económica. Como muy bien sabemos en el Perú, al circunscribir el ámbito de negociación a la empresa, se refuerza el poder de negociación del empleador, en desmedro de los trabajadores.
Por lo pronto, el conflicto –que ya lleva casi dos meses– no da visos de solución. La posición de la CGT –el principal gremio sindical con 600.000 afiliados– es mantener el “bloqueo de Francia” en caso el gobierno no retire el proyecto de ley. Al interior del oficialismo existen posiciones discordantes. Por un lado, el parlamentario socialista Bruno Le Roux, deja entrever la posibilidad de revisar el artículo cuestionado; mientras que por otro, el primer ministro, Manuel Valls, cierra filas con la posición del gobierno y sentencia “Ni retirada ni cesiones”.
A nivel de la opinión pública, un 62% de los franceses apoya la protesta laboral contra el Gobierno, según recientes encuestas. Esto a pesar del desabastecimiento y racionalización del consumo de hidrocarburos, por efecto del bloqueo de refinerías.
La urgencia por solucionar el conflicto va más allá de su impacto económico. En menos de dos meses Francia será sede de la Eurocopa. La convulsión social no es el mejor escenario para recibir la visita de miles de turistas, menos con la amenaza latente del terrorismo yihadista. Hollande deberá plantear una salida que satisfaga a las partes, incluidas propuestas para superar el paro laboral juvenil (en este momento equivalente a 24% en los menores de 25 años).
Queda claro que las tesis flexibilizadoras del empleo han caído en el descrédito de la ciudadanía. En Francia, España, Argentina y en otros países más, los trabajadores se oponen a pagar los costos de la desaceleración económica. En el Perú fueron los jóvenes movilizados contra la Ley Pulpín quienes resistieron la ofensiva neoliberal, en este caso con éxito.
Notas relacionadas:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-300299-2016-05-26.html
http://elpais.com/elpais/portada_america.html
