No solo el indulto del expresidente Alberto Fujimori (sentenciado por corrupción y por violar derechos humanos) se estaría cocinando en las altas esferas del poder político. Han trascendido también los acuerdos entre la Primera Ministra, Mercedes Araoz, y las bancadas parlamentarias del Apra y Fuerza Popular, uno de los cuales sería la aprobación –vía facultades legislativas– de cuatro proyectos de ley de corte laboral presentados por el Ejecutivo; todos cuestionados por las Centrales Sindicales por su carácter desregulador, pero particularmente por “saltarse la garrocha” del diálogo (y del consenso) entre los actores involucrados: en este caso, con participación de los trabajadores.

La presentación de la Premier ante el Congreso para recibir el voto de investidura, mañana 12 de octubre, traería consigo  la presentación de este paquete laboral que no pudo aprobarse en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en la legislatura anterior, pero que ahora encontraría una vía expresa mediante  las facultades legislativas. Estos proyectos serían los referidos a la Ley de Empleo Juvenil, los cambios en la regulación de las negociaciones colectivas, el debilitamiento de las inspecciones y el seguro de desempleo.

Y aunque no son estos los temas que más preocupan a los gremios empresariales, se trata de  iniciativas que tienen su venia y respaldo. Pero, ¿cuáles serían las medidas prioritarias para la Confiep y compañía, que con tanta vehemencia exigen al Gobierno y a la “oposición” fujimorista a través de sus “opinólogos” y medios de comunicación? Si nos ceñimos a las columnas de Jaime de Althaus y Roberto Abusada, similares hasta la sospecha con los editoriales de El Comercio, la ofensiva de la derecha económica estaría enfocada en eliminar la supuesta rigidez del mercado laboral. Las baterías de estos dos columnistas (a los que habría que sumar a los Alfredo´s Bullards y Torres) apuntan a desmontar la legislación que regula la contratación, pero sobre todo, el despido laboral. Desde su lectura, la “madre de todos los males” radicaría en la histórica sentencia del Tribunal Constitucional que declaró como válida la reposición del trabajador frente a un despido sin causa objetiva sustentable, instaurando con ello y automáticamente el reino de la informalidad, por lo que resultaría necesario revertir dicho fallo para facilitar la generación de empleo formal y estable (sic).

Quienes defienden esta postura plantean modificar el artículo 27 de la Constitución política, para validar constitucionalmente la indemnización como la única compensación o resarcimiento frente al despido arbitrario. No importa si la culminación discrecional del vínculo laboral es parte de una estrategia antisindical para deshacerse de dirigentes molestosos. O si el carácter de “arbitrario” pasa por alto el derecho al trabajo, amparado en la Constitución que (solo en este punto) se quiere cambiar. De esta forma, alterando el fallo del Tribunal Constitucional se superaría la etapa “oscura” de la “estabilidad laboral absoluta”, “restablecida de facto” –como señala Abusada– por la cuestionada sentencia del Tribunal Constitucional. (Doble “sic”). ¿Desde cuándo una sentencia del máximo órgano constitucional, adquiere el estatus de una mera imposición arbitraria? ¿Cómo queda después de esta aseveración la legalidad y legitimidad del Derecho Constitucional? ¡¿Cómo interpretar el resto de la legislación laboral vigente, que se caracteriza precisamente por ser producto de una reforma flexibilizadora “radical” (como la definieron especialistas de la propia OIT) que fue posible al amparo de un régimen (ese sí) autoritario, como el que tuvimos en los años noventa?!

Pero eso poco importa para la derecha económica. Fueron sus voceros quienes, en los últimos meses y semanas, colocaron en la agenda la idea de un “acuerdo político” entre el Gobierno y la bancada fujimorista, mayoritaria en el Congreso, para aprobar una reforma laboral (…) “que permita que la mayor cantidad de peruanos pueda acceder a un empleo formal, con derechos y mejor pagado”. Y en ese esquema de “acuerdo político” en las alturas, no cabrían más posiciones que la suyas, esto es, la de los intereses que representan. Incluso, se han despachado afirmaciones como que “Es imposible que una economía moderna funcione eficientemente sin flexibilidad para contratar y despedir trabajadores”. O que “Todo lo demás es demagogia o cobardía”, y cosas por el estilo.

En TrabajoDigno.pe hemos debatido en anteriores editoriales el argumento que atribuye a la legislación (o “sobreregulación”) laboral el origen de la informalidad laboral. Hemos puesto a disposición de nuestros lectores diversos materiales que plantean enfoques alternativos para encarar el reto de la formalización; propuestas que transitan la ruta del desarrollo tecnológico, la capacitación, el financiamiento y la promoción activa desde el sector público de los sectores productivos y con mayor demanda de fuerza de trabajo. Por eso, no abordaremos en esta entrega la falacia del índice de competitividad, que algunos “analistas” interesados nos quieren contrabandear para justificar la agenda laboral que pretenden imponernos. Economistas serios han desnudado la debilidad de ese argumento y no vamos a redundar en ello. Incluso han dado pistas sobre cómo encarar el complejo fenómeno de la informalidad sin caer en los facilismos a los que nos tienen acostumbrados ciertos “opinólogos” defensores de intereses particulares.

Acá queremos plantear más bien las implicancias de lo que está en juego. La posibilidad de aprobar una reforma laboral (aunque sea mínima) que reduzca derechos laborales o recorte las facultades de la Autoridad de Trabajo, tanto para regular como para fiscalizar las condiciones de trabajo. La viabilidad de una medida como esta dependerá tanto de la estrategia que utilice el Gobierno –y sus “aliados” en el Congreso– para legislar una medida antipopular por antilaboral, como de la capacidad de los actores sociales y sindicales para resistirla. Y si bien el sindicalismo peruano está lejos de ser un actor central en el proceso político, no son los únicos movimientos en condiciones de enfrentar una nueva ofensiva neoliberal antilaboral. La lucha de los jóvenes contra la Ley Pulpín es un ejemplo reciente (y sobre todo exitoso) que está muy presente entre la clase política.

Así las cosas, a esta intentona de la derecha económica no le quedan sino dos opciones (o hasta tres, asumiendo la inacción como la tercera). La primera: el Gobierno utiliza las facultades legislativas otorgadas por el Congreso para aprobar los proyectos presentados, con apoyo de la mayoría fujimorista, abriendo una veta para iniciativas más osadas que apunten a desmontar lo poco que queda del derecho laboral garantista. El costo de esta opción es una mayor conflictividad laboral (hasta el momento leve), así como la enemistad total con las Centrales y el movimiento sindical. A esto habría que sumarle las implicancias que tendrían medidas como las adelantadas, en el marco de los acuerdos de libre comercio firmados con países como Estados Unidos y Canadá, o con bloques como la Unión Europea, con quienes el Estado peruano asumió compromisos laborales que ahora son monitoreados por los Departamentos de Trabajo respectivos, con el riesgo de ser sancionados si el Gobierno peruano no atiende las recomendaciones y correctivos planteados.

La segunda opción que tiene el Gobierno es apostar por un “pacto social” que involucre a los actores sociales directamente implicados en la agenda laboral y empresarial. Ciertamente, este camino puede resultar menos expeditivo que la aprobación de una reforma sin consenso. Pero a la larga puede resultar sostenible e incluso apuntalar un proceso de diálogo social institucionalizado, que buena falta hace en nuestro país. Y aunque en nuestra historia republicana reciente este tipo de acuerdos son más bien escasos o inexistentes, nunca es tarde para intentar construir un sistema de relaciones laborales democrático e inclusivo que favorezca a los sectores menos favorecidos.

No faltará quienes aleguen que las centrales sindicales son las que boicotean el diálogo al retirarse del Consejo Nacional del Trabajo (CNTPE) en el primer semestre de este año. Acá será preciso recordar que esa decisión se dio precisamente porque el Gobierno incumplió su compromiso de fortalecer el foro tripartito y de dotarle de una funcionalidad acorde con su importancia. Lo cual pasaba por convertirlo en el espacio de debate y consenso del cual salieran las principales medidas normativas que aprobaría la actual gestión. Pero no. No fue así. Sucedió todo lo contrario: el Gobierno envío directamente al Congreso su propuesta de Ley de Empleo Juvenil que prendió las alarmas en el movimiento juvenil y sindical. El resto es historia conocida.

Por eso, la descalificación que hace El Comercio de las demandas de la bancada de Nuevo Perú a la nueva Premier Araoz, son tan inoportunas como las de la propia Premier acerca del indulto. Según el Decano, que los congresistas de Nuevo Perú condicionen su voto de confianza al envío de los proyectos de ley laborales al CNTPE, como han planteado las centrales sindicales al propio PPK, se trataría “de un intento de imponerle su agenda política al Gobierno en un momento de necesidad para este. Una agenda que, como se sabe, fue derrotada en las urnas el año pasado, y cuyo avance no puede ser conseguido en manifestaciones turbulentas en las calles ni a través de embestidas como la que esta suerte de ‘ultimátum’ sugiere”.

¿Olvida acaso El Comercio que fue el candidato PPK, en mayo del año pasado, quien suscribió sendos compromisos políticos con diversos movimientos sociales, entre otros con la CGTP y otros sindicatos, donde afirmó que respetaría los derechos laborales y que promovería el diálogo social como el principal mecanismo para cualquier reforma que se intentase impulsar?

Es importante que el Gobierno –y particularmente el Presidente Pedro Pablo Kuczynski– pondere adecuadamente sobre qué piso transita, y el costo político y social de cada una de las decisiones políticas que asume. No vaya a ser que termine poniéndose la soga al cuello, cándidamente, alentado por quienes aspiran a ocupar su cargo. Esa historia también es conocida.