Enrique Fernández – Maldonado Mujica

Esta semana el Estado peruano fue objeto de una queja ante el punto de contacto de la Unión Europea. La razón: incumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos laborales. No es la primera vez que ocurre.

En marzo del 2015 siete organizaciones sindicales peruanas presentaron un documento similar al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), por los mismos motivos: no garantizar el respeto y ejercicio de derechos laborales fundamentales (como la libertad sindical y la negociación colectiva), en sectores económicos beneficiados por las ventajas arancelarias del TLC entre ambos países. Al igual que ahora, en aquella oportunidad la queja hacía referencia a actividades reguladas por la Ley de Exportación No Tradicional (N° 24342) y la Ley de Promoción del Sector Agrario (N° 27360), regímenes laborales cuestionados por facilitar prácticas antisindicales y establecer un doble estándar para los trabajadores y sus organizaciones.

Las quejas presentadas ante los EEUU y la UE dan cuenta de violaciones sistemáticas a los derechos colectivos e individuales en el rubro textil–confecciones y el agroexportador. Ambos sectores registran una cantidad enorme de denuncias contra empresas que usan los contratos temporales para debilitar la capacidad organizativa de los trabajadores e inhibir la afiliación sindical.

Como consecuencia de la queja presentada por los sindicatos peruanos, USDOL emitió sendas comunicaciones al Gobierno peruano. En la primera, de marzo del 2016, plantea seis recomendaciones de política para levantar las observaciones dirigidas a la legislación y el proceso inspectivo. En la segunda, remitida el 18 de diciembre del 2016, como parte del “primer examen periódico de progreso”, USDOL reafirmó su disposición para “participar con el Gobierno del Perú para identificar un camino hacia estas cuestiones y preocupaciones”, señalando que USDOL, USTR (Representante de Comercio) y el Departamento de Estado de EEUU “continuarán supervisando y evaluando el progreso del gobierno peruano para abordar estos asuntos durante los próximos seis meses”.

Sin embargo, agotados los plazos iniciales fijados por USDOL, el Gobierno peruano ni el Congreso de la República parecen haber tomado nota de estas recomendaciones. A la fecha, y luego de la segunda y última misión de investigación conjunta de USDOL y USTR, no se conocen señales estatales en la dirección de corregir los aspectos normativos e institucionales que son objeto de cuestionamiento. Si bien el Gobierno viene anunciando la ampliación de más intendencias de la SUNAFIL, todavía está verde la meta comprometida con los Estados Unidos al firmar el TLC, como es garantizar la plena operatividad del sistema inspectivo en todo el territorio nacional.

Asimismo, lejos de adecuar la legislación laboral al estándar establecido en los Convenios y Tratados internacionales convocados en el TLC, el gobierno de PPK busca implementar medidas que apuntan a desregular la contratación y despido de trabajadores, a reducir la capacidad fiscalizadora de las inspecciones de trabajo, y de paso limitar las posibilidades de negociación colectiva a través del arbitraje potestativo.

Por si fuera poco, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aún no agenda los dictámenes elaborados por la anterior presidencia, y que apuntan a derogar los regímenes laborales “promocionales” que dieron lugar a las denuncias contra el Estado peruano. Al parecer, para el congresista Justiniano Apaza, actual presidente de la Comisión, el tema no está entre sus prioridades.

En ese plan, los plazos para que el Gobierno atienda las recomendaciones de USDOL vencieron, el primero en diciembre del 2016, y el segundo en junio del presente año, sin que las instancias competentes (incluido el Congreso) hayan considerado atender las correcciones sugeridas por su contraparte comercial.

Se reactiva la queja

El último 8 de septiembre las Centrales Sindicales peruanas enviaron una nueva comunicación a Robert Lighthizer y Mark Mittlehauser, funcionarios de la Secretaría de Asuntos Internacionales de USDOL, así como a los ministros peruanos de Trabajo (Alfonso Grados Carraro) y de Comercio (Eduardo Ferreyros), con copia al senador Sander Levin (demócrata) y a la Directora de Asuntos Internacionales de la AFL-CIO, Cathy Feingold, reiterando su preocupación por la inactividad (¿falta de voluntad?) del Gobierno peruano para recoger e implementar las observaciones a la legislación, las inspecciones y el sistema de justicia laboral, anunciando –por el contrario– iniciativas que van en sentido contrario a los reclamos de las organizaciones sindicales y la propia USDOL.

La comunicación de las organizaciones peruanas tuvo eco en la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL–CIO), que a su vez replicaron a USDOL, explicitando su inquietud por la desatención del Gobierno peruano (y también del colombiano, sobre el que pesa una queja por incumplir con los estándares laborales del TLC entre ambos países) para implementar las correcciones recomendadas meses atrás.

Es más: la AFL–CIO solicita expresamente que de no darse respuestas satisfactorias por parte del Estado peruano, se pase a la siguiente etapa contemplada por el capítulo 21 del acuerdo comercial, como es la activación de un proceso de solución de controversias por incumplimiento de sus cláusulas. Llegado a este punto, esto es, de persistir la vulneración a los derechos fundamentales afectados y si el Gobierno peruano no adopta las medidas correctivas para cumplir con los estándares comprometidos, el siguiente paso podría ser la activación de los mecanismos que dan lugar a sanciones comerciales (como es la suspensión de las ventajas arancelarias al país infractor).

Se trata, ciertamente, de un proceso abierto y de resultado incierto, pero que hasta el momento va en marcha, que ya es bastante (trabajodigno.pe).