El tema laboral vuelve a estar en agenda. En el marco de la campaña electoral, algunos candidatos a la presidencia han ofrecido aumentar la remuneración mínima vital en caso llegar al gobierno. El diario La República presentó una mirada comparativa de cada uno de los ofrecimientos (http://larepublica.pe/impresa/en-portada/735972-subir-el-sueldo-minimo-es-promesa-de-casi-todos-los-candidatos), destacando el consenso casi total de los contendientes en torno a la pertinencia de esa medida. Aunque sobre el monto existan más bien diversas opciones (que van de los 900 a 1500 soles).
Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta medida. La propuesta electoral fue rápidamente atajada por el gran empresariado, que se opone a un aumento. “Hemos solicitado prudencia en sus propuestas, ya que un incremento del sueldo mínimo perjudicaría a las pequeñas y medianas empresas, llevándolas a la informalidad o haciendo que desaparezcan. Son las que generan el 80% del empleo en el país”, sostuvo Martín Pérez, presidente de la CONFIEP, consultado por La República.
En la misma línea se manifestó César Peñaranda, director del Instituto de Economía de la Cámara de Comercio de Lima, quien declaró: “Esas propuestas responden al deseo de ganar votos. Hay que mirar cifras: 75% de trabajadores es informal, 99% de empresas son mypes, la economía crece en 2%. Debemos hacer que crezca la economía”.
Sobre estos temas TrabajoDigno.pe se ha manifestado anteriormente (ver Editorial 24 de agosto 2015). Esta vez quiere llamar la atención sobre la falta de rigurosidad, en algunos casos, de los análisis difundidos y en otros la ideologización con que se plantean las posibles soluciones.
Respecto del salario mínimo, consideramos que el próximo gobierno debe apuntalar la institucionalización del cálculo del aumento y la aplicación del mismo. Hace apenas unos años, el 2007, el Consejo Nacional del Trabajo –instancia tripartita adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo–, aprobó una fórmula para calcular el nivel del ajuste, basada en la ponderación de dos variables: la inflación y la productividad. El próximo gobierno deberá aplicar dicha fórmula de manera periódica y acompañarla de otras medidas de promoción y fortalecimiento económico para las empresas, a fin de que puedan asumir el aumento en mejores condiciones productivas y comerciales.
Sobre el problema de la informalidad, encontramos problemas de enfoque en los candidatos. La mayoría confunde (¿tendenciosamente?) la informalidad empresarial con la informalidad laboral, que sin duda tienen elementos en común pero que no son lo mismo. La primera hace referencia a la ausencia de legalidad tributaria y económica (cumple o no cumple con los requisitos administrativos y legales). La segunda tiene que ver con una determinada condición contractual, en el marco de una relación asalariada y de dependencia (es decir, donde hay empleador y trabajador).
Desde este punto de vista, la informalidad laboral abarcaría al universo de trabajadores asalariados (públicos y privados) que laboran al margen de la ley. Al año 2014 este sector representaba el 55% en los asalariados del sector privado (siendo de 88% en las microempresas). No son, por tanto, certeros Peñaranda y otros analistas, cuando dicen que la informalidad laboral abarca al 75% de la PEA, puesto que confunden los planos de análisis para ofrecer “falsas soluciones” al problema del subempleo e informalidad laboral.
En el saco de la informalidad laboral no se puede ni debe incluir a los llamados “independientes” o “autoempleados”. A este sector algunos lo incluyen junto a los micro empresarios como parte del segmento de “emprendedores”. Los trabajadores autónomos e independientes al no depender de ningún empleador, no tienen relación laboral que formalizar. En el Perú, a diferencia de otros países de la región, los autónomos e independientes no cuentan con seguro social de salud, sistema de pensiones, ni derechos laborales. Es decir, independientemente de su condición de formal e informal no contarían con estos derechos sociales. Por ello, no es correcto considerarlos en la medición de la informalidad laboral. Para este sector existen otras categorías: subempleo, exclusión social. Y por lo mismo, la situación de vulnerabilidad social debe ser abordada con otros instrumentos o políticas públicas. Nada que ver con los “sobre costos” o la “rigidez laboral”.
El problema de la informalidad –empresarial y laboral– responde a varios factores, pero los principales son la baja productividad de las empresas (principalmente en las micro y pequeñas empresas, que les dificulta alcanzar mayor rentabilidad); y los costos administrativos y tributarios (especialmente el Impuesto General a las Ventas) que hacen engorroso y costoso el registro y formalización empresarial.
Para aumentar la productividad de las empresas, se requiere invertir (en serio!) en capacitación y formación de la fuerza de trabajo; en mejorar el acceso a mercados y a tecnologías sostenibles; en abaratar el costo del crédito, entre otros. Y en el marco de las políticas públicas, la simplificación administrativa puede ser una vía que permita a las empresas superar las dificultades de “contexto” (por ejemplo la competencia desleal que supone la importación subsidiada en aplicación de los TLC con las economías desarrolladas).
Estos factores, o mejor dicho: su debilidad o ausencia, explican la baja productividad y rentabilidad de un sector importante de empresas peruanas. Achacarle la culpa a los “sobre costos laborales” es perder el foco y vender soluciones engañosas.
En las próximas semanas TrabajoDigno.pe ofrecerá un análisis de las propuestas electorales en materia laboral, empleo y seguridad social, y regresará sobre este y otros temas.
Lima, 30 de enero de 2016
