Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno. 22 de mayo 2016)

Los trabajadores peruanos tienen sobradas razones para no votar por Keiko Fujimori. Entre las principales está la política laboral que implementó el gobierno de su padre –hoy preso por corrupción y asesino–, que precarizó e informalizó el empleo como ningún otro, y de la cual su heredera y seguidores no se han desmarcado. Listamos las principales:

• El fujimorismo implementó una de las reformas laborales flexibilizadoras más radicales en la región, según informes de OIT. Eso significó, por un lado, el repliegue del Estado en la función tutelar de los derechos individuales; mientras que por otro un mayor intervencionismo en las relaciones colectivas de trabajo.
• En el primer caso, las reformas flexibilizadoras eliminaron la estabilidad laboral e introdujeron hasta 10 modalidades de contratación temporal, que son las que permiten a las empresas despedir y rotar a su personal discrecionalmente y sin mayor justificación. Actualmente 3 de cada 4 trabajadores trabajan a plazo fijo y una importante proporción lo hace en empresas tercerizadas o como subcontratados, impedidos de ejercer plenamente sus derechos.
• En el segundo caso, las reformas fujimoristas establecieron restricciones a la sindicalización, huelga y negociación colectiva, afectando severamente estos derechos colectivos. Como consecuencia, la tasa de sindicalización –entre 1990 y 2000– bajó de 31% de la PEA privada a tan solo 3%. A su vez, las negociaciones colectivas descendieron de aproximadamente 2000 en 1990, a poco más de 500 al final de la década.
• Con el fujimorismo de los noventa, el trabajo dejó de ser el principal medio individual y colectivo para superar la pobreza. Desde entonces, ésta se “combate” mediante programas sociales, haciendo de los beneficiarios dependientes del asistencialismo estatal.
• Al fujimorismo no le interesa que exista una autoridad regulatoria. Hacia finales de los noventa quisieron desaparecer el Ministerio de Trabajo, convirtiéndolo en una sala más del Poder Judicial. Durante este periodo se redujo significativamente el presupuesto del sector, tendencia que se mantuvo hasta ahora.
• El fujimorismo detesta a los sindicatos y sindicalistas. En 1992, agentes del Grupo Colina –al mando de Fujimori y Montesinos– asesinaron a Pedro Huillca, secretario general de la CGTP, descabezando y mandando una señal de muerte al ya golpeado movimiento sindical.
• El fujimorismo “actual” comparte esta visión del mundo del trabajo y las relaciones laborales. El candidato a vicepresidente, José Chlimper, cuando fue ministro impulsó una normativa (para el sector agroexportador) que lo beneficiaba directamente, a costa de los derechos de sus trabajadores. El congresista Gagó fue denunciado por evadir sus responsabilidades laborales. Una figura prominente e histórica –la congresista Martha Chavéz– facilitó la aprobación de la Ley Pulpin. Y sigue la lista.